Fábricas autogestionadas
Empresas recuperadas de la Ciudad. El gobierno de Mauricio Macri no cumple con las distintas leyes de expropiación sancionadas por la Legislatura porteña. Los múltiples problemas que enfrentan las cooperativas por esta demora.
“…Y vuelvo a la fábrica / vuelvo a creer / Obrero soy sin patrón / que esta fiebre se haga ley…” Cantaban frente a la Legislatura los músicos de Arbolito. El pasado 26 de agosto, los acompañaron a coro unas 300 personas, militantes de organizaciones sociales, público en general y trabajadores de varias empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires que están esperando que algún día la Ley 1.525 de expropiación, sea cumplida por el gobierno de Mauricio Macri.
A ras del piso se había armado un muy improvisado escenario y las banderas de las diferentes cooperativas de trabajo y organizaciones que las acompañaban completaban el marco. Varias mujeres se sumaron al zarandeo de la chacarera, algunos pocos hombres se animaron al zapateo, y por un ratito quedaron flotando en el aire algunos jirones de peña folclórica. La alegría se disipó poco a poco cuando la banda terminó de tocar dejando un regusto amargo ante la sensación de escasa receptividad por parte del gobierno de la Ciudad y la importancia que los trabajadores asignan al futuro de sus emprendimientos.
“Hicimos la movilización a la Legislatura porque todavía hay legisladores de los que votaron la Ley en el 2004. Queríamos que sepan que el gobierno de la Ciudad no hace caso a su decisión. Es como que les están tomando el pelo a ellos también”, afirma Plácido Peñarrieta, presidente de la Cooperativa Chilavert y de la Red Gráfica Cooperativa que nuclea a más de 10 empresas del sector. A su tiempo, Hugo Fucek, trabajador de la Empresa Recuperada Viniplast Cooperativa de Trabajo Limitada, sostuvo que la decisión de ir a la Legislatura se debe a que “la relación con el gobierno de la Ciudad es conflictiva. Una cosa es la relación con la Legislatura, donde tenemos un marco de discusión, aun con el bloque del macrismo, y otra cosa es la relación con el Ejecutivo. Una cosa es la política y otra cosa es lo que hace Macri. Nuestro reclamo sólo puede ir por el lado de la política”.
Los distintos movimientos de fábricas recuperadas han impulsado en su historia varias movilizaciones mucho más numerosas. Con su esfuerzo lograron mantener las fábricas abiertas, produciendo y, en muchos casos, aumentar su empleabilidad. En promedio, lograron aumentar los puestos de trabajo en al menos un 70%, cuestión no menor cuando se piensa que la mayoría surgieron en medio de graves crisis financieras que en el mundo privado se pagaron con reducción de sueldos y despidos masivos.
Con sucesivas movilizaciones entre otras estrategias de defensa de su fuente de trabajo y, sobre todo, mucha convicción en sus proyectos de fábricas sin patrón, 13 empresas lograron que en el 2004 la Legislatura porteña aprobara la Ley 1.529 que les otorga la expropiación definitiva de sus bienes, implementada a título oneroso con un plazo de pago de hasta 20 años.
En el 2008, ante la no ejecución de las expropiaciones, se les otorgó una prórroga a través de la Ley 2.970. En esta instancia se sumaron, además, otras seis recuperadas, con la tenencia temporaria vencida, que solicitaban también la expropiación definitiva. Otras empresas como la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo –ex Impa–, tienen desde la misma época su propia ley de expropiación pero a pesar de ello no han logrado mayor avance.
Desde 2007 varias veces se les ha asignado presupuesto a estas leyes. Aun así, no se ha ejecutado ni una sola de las expropiaciones correspondientes. “Hay falta de decisión del Poder Ejecutivo. No quieren ejecutar el presupuesto que ellos tienen para las recuperadas porque no creen que la expropiación sea una solución. En el 2007 tuvieron $7.000.000; en el 2008 se asignaron para ejecutar en el 2009 $11.000.000; y en el 2009 para ejecutar en el 2010 otros $11.000.000. De todo ese dinero no utilizaron un solo peso en las expropiaciones. Hoy dicen que la plata no está y no sabemos en qué la gastaron”, se indigna Perrieta, de la gráfica Chilavert. Por su parte, Francisco López, Tesorero de la Cooperativa de Fletes Rabbione, dice al respecto, “nosotros queremos que los legisladores se aseguren que las partidas de dinero que ellos votan para las expropiaciones se ejecuten, pero lo que pasa es que no le dan bola y la plata se gasta en otra cosa”. Las recuperadas de la Ciudad Autónoma. Según un Informe del Observatorio Social de Empresas Recuperadas Autogestionadas del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en la Ciudad existen en la actualidad unas 41 empresas recuperadas, la mitad de las cuales surgieron después del 2004. En su conjunto, pocos antes de la fecha mencionada, involucraban a unos 570 trabajadores y hoy tienen más de 2.000. El 54% de estas autogestionadas tiene entre 11 y 50 integrantes.
Los datos del Observatorio muestran que de las 24 empresas que se recuperaron antes de 2004 y que comenzaron a producir, sólo tres cerraron y las 18 que consiguieron un marco legal para su expropiación aún siguen produciendo. No es un dato menor cuando se discute la importancia de las expropiaciones y su impacto en la sustentabilidad de las cooperativas.
Según Rodrigo Salgado, sociólogo, e integrante del Observatorio, “éste es un tema central que urge en las empresas recuperadas. El Ejecutivo porteño avanzó en la expropiación efectiva de sólo 4 de esas 18 empresas gracias al pago de los depósitos judiciales correspondientes. Teniendo en cuenta que las expropiaciones estipulan plazos, resulta necesario que el Ejecutivo efectivice las expropiaciones con el pago correspondiente y dé cumplimiento a las leyes antes de que venzan”. La desidia. Desde el momento en que Mauricio Macri ganó las elecciones para jefe de Gobierno, los trabajadores de las empresas recuperadas porteñas sabían que el panorama que les esperaba era difícil. El ingeniero nunca había tenido ningún tipo de acercamiento a este tipo de empresas y sus declaradas convicciones y prácticas en la gestión privada, siempre lo colocó del lado opuesto del mostrador.
En un primer momento, cuando aún Macri tenía cierta buena imagen en la díscola clase media porteña y contaba con el impulso de su victoria electoral, se vieron en la Ciudad unos muy tristes avances sobre algunos centros de gestión ciudadana. Los desalojos y la represión de la Huerta Orgázmika de Caballito, del comedor de la asamblea de Almagro, de la cooperativa de cartoneros en Belgrano y las incontables acciones ilegales de la parapolicial Ucep, expusieron en carne viva la política del gobierno de la Ciudad sobre quienes hacían realidad otra forma de construir el espacio público. Que Rodríguez Larreta se permita decir a los medios que “despacito, en silencio, se van haciendo desalojos”, mostró el orgullo que tenía la gestión en su avanzada. Respecto de las empresas recuperadas hicieron una gran gambeta sobre la Ley y afirmaron sus funcionarios que para efectuar la expropiación “analizarían caso por caso”.
“Tenemos que reconocer que en la Legislatura la mayoría de los diputados votaron en favor de la expropiación. Lamentablemente, el Ejecutivo no ha avanzado con el proceso expropiatorio definitivo y la situación quedó en un limbo”, sintetiza Eduardo Vasco Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y trabajador de la ex Impa. “Desde un principio, el gobierno de Macri dio a conocer que no tiene intención de hacer el pago de ninguna expropiación”, recuerda López, de la Cooperativa de Fletes Rabbione. “No se puede vivir prorrogando leyes.” Existen varios problemas que se acumulan dolorosamente entre las empresas recuperadas por la no ejecución de las expropiaciones; el traspaso de la titularidad, y los permisos de funcionamiento necesarios.
Común a todos es la falta de acceso al crédito para la compra de maquinaria, la refacción edilicia –que a veces exige el propio gobierno de la Ciudad– o la financiación de deudas. “No calificamos para el crédito porque no tenemos la titularidad de la empresa”, afirma Hugo Fucek, de Viniplast, y por su parte Francisco López, de Fletes Rabbione, agrega: “Nosotros queremos que se paguen las indemnizaciones para poder trabajar. A las cooperativas surgidas de las empresas recuperadas nadie les da crédito. Nosotros tenemos trabajo, y podemos tener mayor cantidad de gente trabajando pero no tenemos financiación. No tenemos cómo comprar más camiones, porque lo nuestro son los rodados y al parque automotor hay que actualizarlo”.
“No podemos vivir prorrogando leyes. Se vuelve complicado llevar adelante la empresa así”, dice Peñarrieta, de la Gráfica Chilavert; “como no tenemos los papeles en orden, no tenemos el capital para lograr los estándares que el mismo gobierno de la Ciudad pone para medio ambiente o para la manutención edilicia. Es mucha estructura la que hay que tener para cumplir, y al no tener acceso al crédito nuestra producción se realiza muy precariamente. Por su parte, los privados sí se están capitalizando y están accediendo a créditos. Así están entrando en el mercado más chico, que es nuestro mercado. Por eso, además de la expropiación, necesitamos una ley de financiamiento para las empresas recuperadas.”
Por su parte, José Sancha de Diego, presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo –Cnct– explica: “No se ha tomado conciencia por parte de los funcionarios de las consecuencias que este problema tiene para el Estado. La solución es tasar, negociar y pagar las indemnizaciones. Si no, el peligro es que fracasen las expropiaciones y que los bienes vuelvan a caer en la quiebra o que le hagan juicio al Estado por daños y perjuicios por cifras millonarias, montos mucho mayores que los propios valores de las empresas”. Amenazas de clausura y desalojo. A los problemas económicos se suman los legales para las recuperadas. Hoy, en la Ciudad, varias cooperativas ya tienen amenazas de clausura. Es el caso de Viniplast que, por decisión del Juez Contravencional y de Faltas del Juzgado Nº 17 de la Ciudad, Norberto Tavosnanska, tiene dictada la clausura por la no transferencia de habilitación correspondiente a manos de los trabajadores. La cooperativa ha interpuesto un recurso legal para seguir trabajando. Lo mismo sucede con la Cooperativa Rabbione, que tiene una orden de desalojo del Juzgado Nº 1 también detenido a partir de la interposición de un escrito.
Quizás el caso más llamativo sea el de la ex Impa a partir de la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que declaró la “inconstitucionalidad” de la Ley Nº 2.969 de expropiación de la planta. “Es un caso extraño ya que existen 26 leyes de expropiación en la Ciudad de Buenos Aires que son muy similares y sólo ésta fue declarada inconstitucional”, comenta Murúa, quien en una gacetilla reciente comentó sobre los jueces del fallo: “Los dinosaurios también se meten con la mayoría absoluta de los Diputados de la Ciudad calificando la Ley que votaron de arbitraria. Además, aconsejan a los legisladores que nos digan que vayamos a pedir planes sociales. También los tratan de ignorantes que no conocen la letra de la Constitución”. Por su parte, Plácido Peñarrieta opinó que “si los jueces declararon anticonstitucional esta ley estamos ante un grave problema. Ponen como prioritario el derecho a la propiedad y no el derecho a trabajar”. No sólo en la Ciudad. “El problema de las expropiaciones no sólo sucede en Capital Federal. En la provincia de Buenos Aires hay más de 40 empresas que tienen la declaración de interés público sujeto a expropiación por parte del gobierno provincial que tampoco tienen la expropiación efectiva”, afirma José Sancha de Diego.
Según uno de los informes del Observatorio Social de Empresas Recuperadas Autogestionadas, en la provincia de Buenos Aires se ubican el 50% de las de empresas recuperadas del país. Por su parte, los datos del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas sostienen que son más de 10.000 los trabajadores involucrados en este tipo de gestión en la provincia gobernada por Scioli.
Es por ello, quizá, que el caso de la provincia es tanto o más importante que el de la Ciudad de Buenos Aires. Son empresas que sufren los mismos problemas que sus vecinas porteñas pero por distintas razones no logran una mejor visibilización. Por tal motivo, distintos movimientos de empresas recuperadas bonaerenses confluirán el próximo miércoles 29 a las 11 de la mañana en una movilización a la casa de la Provincia de Buenos Aires en la Capital, en reclamo de las expropiaciones que ya fueron dictaminadas por ley. Ley Nacional. A fines del pasado mes de agosto, el Ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó respecto del proyecto de reforma a la Ley de Concursos y Quiebras (24.522) que promueve el Ejecutivo: “Tiene que ver con la protección y el cuidado de los puestos de trabajo en la República Argentina y, como modificación principal, presenta la posibilidad institucionalizada de la conformación de cooperativas de trabajo para la autogestión de las firmas”.
Al respecto, hay opiniones encontradas por parte de los principales representantes de las recuperadas. La modificación tiene el impulso del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas y su presidente, Luis Caro, la rotula como “una verdadera conquista”. Por su parte, Sancha de Diego, de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, entiende que “dentro de los marcos actuales, la reforma es una medida a favor, un avance. Me parece interesante que los créditos laborales puedan servir tanto para el concurso como para la compra definitiva de los bienes. Lo que no queda claro es cómo se implementará”.
Por otro lado, Plácido Peñarrieta, de la Red Gráfica Cooperativa, explicó que la reforma “beneficia a las empresas que vendrán. No contempla a las empresas que ya estábamos” y agregó que las cooperativas, al hacerse cargo de la deuda de la empresa privada, “están comprando un problema que hará mucho más difícil sostener la producción. Así, de entrada, los trabajadores ya están siendo hipotecados”. Asimismo, Eduardo Murúa, del Mner, considera que la reforma “sólo deja el poder de decisión de la recuperación de la empresa a los jueces, que del único derecho que hablan es de la propiedad privada” e insistió en que “la verdadera solución para las empresas recuperadas es una ley nacional de expropiación de unidades productivas que salve la desidia de los gobernantes que no aplican las leyes de expropiación ya votadas”.
En cuanto a las políticas del Gobierno, la mayor parte de las empresas consultadas por este medio resaltaron el papel del Ministerio de Trabajo de la Nación a través de su programa de asistencia a empresas autogestionadas. “Son los únicos que más o menos nos escuchan” dice Peñarrieta. A partir de este programa, la mayoría de las recuperadas participantes lograron mejorar las situaciones de seguridad e higiene en la producción, tema no menor, teniendo en cuenta que es uno de los principales argumentos de las inspecciones del Gobierno de la Ciudad que pueden concluir en pedidos de clausura. El programa también fue elogiado por su asistencia a las empresas recuperadas en la preparación de sus planes de negocios, su organización productiva y la formación de sus trabajadores, entre otros aspectos. Falta de unidad. Ante el paso del tiempo y la falta de pago de las expropiaciones, la gran mayoría de los dirigentes de los distintos movimientos de empresas autogestionadas también hacen un mea culpa. “Tenemos que reconocer la falta de poder para arrancarle políticas al Estado”, afirma Murúa. Por su parte, Sancha de Diego agrega: “Hubo muchos intentos de conciliación, pero es muy difícil. No creo que tenga que ver con la ideología ni con la política, sino más bien con un afán de liderazgo personal de algunos compañeros”. Por último, Peñarrieta agregó: “Hay algunos compañeros que quieren llevar la bandera de la verdad y de la lucha que terminan encerrándose en sus deseos personales. Si nos dejamos llevar por estos gestores de la pobreza vamos a terminar muy divididos. Por eso, hoy estamos tratando de juntarnos sin siglas y sin banderas. Aunque sí con las convicciones que hicieron posible que las fábricas quebradas por la gestión privada, hoy sigan funcionando a partir del talento y las convicciones de sus trabajadores.”
Fuente: Por Sáenz, Ramiro en http://sur.elargentino.com.
Expropiación de Inmuebles y Bienes de Empresas Recuperadas
Sobre la ley 1.529
El 25 de noviembre de 2004, la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 1.529 sobre Expropiación de Inmuebles y Bienes de Empresas Recuperadas. Ésta es una norma muy importante en términos de promoción y fomento del empleo que, sin embargo, aún no ha logrado cumplimiento total y efectivo siendo que es una norma, eminentemente, operativa.
¿Qué dispone la Ley 1.529?
Simple y concreto: declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles e instalaciones de empresas recuperadas en las que funcionan las cooperativas de trabajo Vieytes, Chilavert Artes Gráficas, La Nueva Esperanza, inmuebles Diógenes Taborda, Cooperpel Envases Industriales, Viniplast, 18 de diciembre, Gráfica Patricios, La Argentina, Fénix Salud, Maderera Córdoba, Lácteos Montecastro, Artes Gráficas El Sol, La Nueva Esperanza, Rabbione Su Transporte, Standard Motor Argentina y Trabajadores de Mac Body Ltda.
¿Qué debe hacer el gobierno de la Ciudad y cómo es la transferencia del inmueble?
Debe expropiar los inmuebles e instalaciones de las empresas recuperadas, hoy devenidas en las cooperativas de trabajo mencionadas, conforme al procedimiento que la propia ley establece. Los inmuebles, una vez expropiados por el gobierno de la Ciudad tienen que ser vendidos a las cooperativas con la condición de que los trabajadores continúen explotando “las unidades productivas, persiguiendo sus fines solidarios, autogestionarios y cooperativos y de cumplir con las obligaciones que se establecen en las leyes particulares”. Esta condición es resolutoria y opera hasta la cancelación total del precio de venta.
El monto a abonar por las cooperativas se determina por la suma ofrecida por el gobierno de la Ciudad en concepto de indemnización expropiatoria, habiendo previamente agotado todas las instancias para obtener la compensación de créditos fiscales contra los titulares de los inmuebles sujetos a expropiación. Dicho monto deberá efectivizarse en un plazo de hasta veinte (20) años, en cuotas semestrales consecutivas, correspondiendo pagarse la primera de ellas a los tres (3) años de celebrarse la venta.
¿Qué ocurre con los bienes de las empresas sujetas a expropiación?
Los bienes, materiales e inmateriales, deben ser donados a las empresas recuperadas, por lo que éstas no deben abonar absolutamente nada por ellos, pasando a ser de su propiedad a título gratuito.
¿La Ley, así como está, puede ejecutarse?
Sí, por como está delineada no necesita reglamentación, es netamente operativa. Por lo que no existen motivos para su incumplimiento.
Fuente: Marín, Carlos en http://sur.elargentino.com.
