Juntos venimos mal.

Macri y la política privatista del arte: el desconocimiento, el mal trato y la persecución a los centros culturales no oficiales derivó en el Movimiento de Espacios Culturales y Alternativos (MECA). Ya presentaron dos proyectos de ley.

Llegaron unos inspectores del Gobierno de la Ciudad y clausuraron el lugar al son de un acta que decía: “Se constata la presencia de 20 personas leyendo poesía”. (Es inevitable no pensar en uno de los ciclos de poesía itinerantes de la ciudad que lleva por nombre la consigna clave: “Más Poesía Menos Policía”.) Los inspectores deben haber pensado en algo peligroso. Fue el mes pasado en La Usina Cultural del Sur, un espacio autogestionado en el barrio de Almagro sobre la calle Bulnes donde se dan talleres de arte y se realizan lecturas de poesía y narrativa.
No hay una sistematización de la cantidad de centros culturales no oficiales clausurados, desalojados y perseguidos durante la gestión de Mauricio Macri. No es novedad que el vacío jurídico sobre los centros los deja a la intemperie, resistiendo frente a una política vacía, de mal trato y desconocimiento de la cuestión cultural.
La legislación porteña no contempla este tipo de espacios y, al momento de ser clausurados, el centro cultural en cuestión se encuentra frente a la paradoja de no existir para la ley pero, sin embargo, ser clausurado por no contar habilitación para funcionar como tal. Insólito, pero real.

Esconderse para hacer arte.

La Usina Cultural, el lugar clausurado por tráfico de poesía, surgió como consecuencia de una agrupación juvenil de la Ciudad, del mismo nombre, que realiza trabajo social en las villas de emergencia de Retiro y Barracas.
“Parece una locura, pero, actualmente, los centros culturales deben habilitarse como algo que no son para que no los clausuren”, dice Florencia Minici, de la Usina Cultural y una de las redactoras de los dos proyectos de ley elaborados por el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) enviados a la legislatura la semana pasada.
Miradas al Sur pudo acceder a los proyectos que esperan ser tratados en la Comisión de Cultura. El primero plantea la urgencia de crear la figura de Centro Cultural y Social para así garantizar un marco de derechos a partir del cual establecer los requisitos habilitatorios. El segundo tiene que ver con la subsistencia económica de esos espacios a través de la creación de un Régimen de Concertación para la actividad de los CCySS. La idea es que los inscriptos sean eximidos del pago de impuestos municipales y reciban asesoramiento técnico, y asistencia legal y económica por parte del Estado.
Según calculan los organizadores del MECA, en la ciudad existen entre 40 y 60 centros culturales no oficiales que funcionan a puertas cerradas, sin habilitación. El MECA se plantea como un movimiento amplio desde donde poder discutir una nueva agenda para la política cultural de la Ciudad. “Nos organizamos porque entendemos que es el único camino racional para frenar la persecución. Pero también para aportar en la construcción de una ciudad diferente, popular, inclusiva y justa”, dice Minici.
La actividad de dichos centros es sin fines de lucro: “No somos bares ni boliches ni locales comerciales. Somos los espacios que hacen que Buenos Aires sea una de las capitales culturales del mundo”, resume el manifiesto del movimiento que busca funcionar como alternativa al circuito artístico oficial.

Una política de negocios.

Durante los cuatro años de gestión macrista, el sector cultural fue perseguido y atacado sistemáticamente a través de distintas medidas: recortes presupuestarios, cierre de diversos espacios culturales y avances en beneficio de intereses privados sobre los lugares destinados al desarrollo del arte, la educación y la cultura.
No se sabe qué hace el ministro de Cultura del PRO Hernán Lombardi –ex radical, ex ministro de De la Rúa– ante el desmantelamiento del teatro Colón, la no paga a los trabajadores del teatro San Martín, la persecución política que recibe el colectivo que autogestiona la Sala Alberdi, la privatización del mismo teatro, las denuncias por supuesto intento de privatización del Planetario, etcétera, etcétera.
Cuando se habla de privatización de lo público, se habla de gobernantes que actúan creyéndose dueños de los lugares a los que llegan para servir y no para servirse a ellos.
Al respecto, Minici señala: “La causa de estos verdaderos bochornos de la gestión macrista radica en la esencia misma del PRO: el privilegio de los que más tienen, la vocación privatista (no es vano recordar la propuesta de Carlos Pirovano, funcionario de la Ciudad: ‘¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata les pagamos a los chicos una buena escuela privada?’), la xenofobia, la restricción de derechos y una política cultural empresaria, fuertemente orientada al turismo”.

Centro Cultural vs. Comisaría.

Otro ejemplo de la política macrista es el caso del Espacio Cultural Bonpland, un viejo mercado en desuso que los vecinos de Palermo hicieron propio con el florecimiento de las asambleas barriales nacidas en 2001. A principios de 2009, se vence por primera vez el papel que da al espacio cultural el permiso para utilizar el lugar. Luego de un año de idas y venidas, el Gobierno de Macri manda la inspección al Bonpland. Por una garrafa y dos matafuegos, el predio no sólo fue clausurado sino que también fue multado con 26 mil pesos. Luego de reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, quedaron sobre la mesa los entretelones de la intención política. El Gobierno de la Ciudad planea instalar una comisaría de la Policía Metropolitana y así desmantelar el centro cultural, el comedor y la biblioteca popular.
“En plena lucha, nos cerraron dos blogs donde colgábamos youtubes de los artistas que brindaron su palabra de apoyo para el no cierre del Espacio. A fines del año pasado llegamos a juicio y se falló a favor nuestro. No hay ley que nos ampare en tanto centro cultural. Todo se resume a una cuestión de palabra: si querés que me vaya de acá, vení a sacarme que no va a ser muy fácil”, remata Carolina Arentio, del Bonpland.
“Para clausurarnos, alegaron una barbaridad de cuestiones. Por ejemplo, mencionaron que tenemos una garrafa en el comedor. Pero bueno, si no querés que tengamos una garrafa, poné gas, es su deber asistir al comedor que abandonan…”, cuenta Arentio.
Contradicciones constantes, excusas que en definitiva buscan el cierre de los espacios por cuestiones políticas y/o empresariales. En el caso del Espacio Cultural Bonpland, era claro: el terreno había sido pedido por la Policía Metropolitana.

Efecto Cromañón.

La mayoría de los centros culturales no oficiales llevan cinco años de funcionamiento. Todos los centros culturales, teatros independientes y demás espacios artísticos se vieron en serios problemas tras el efecto Cromañón y tiempo después tras la tragedia del derrumbe del entrepiso del boliche Beara, que en 2010 causó la muerte de dos jóvenes.
Hay que recordar el Musicalazo, la forma en la que los artistas salieron a la calle para manifestar la pérdida de la fuente de trabajo y la libertad de expresión. Desde 2004, se hace casi imposible para muchos grupos musicales encontrar un lugar para tocar.
Desde Actitud menos Arte, un grupo de artistas organizados declaran: “La música en vivo se ve limitada a la voluntad del Gobierno y a megafestivales patrocinados por grandes empresas, generando un monopolio y el control de la expresión artística. El verdadero arte no sale de las empresas ni del Gobierno. Sale de los sótanos y de la calle”.
Cromañón también significó desde muchos medios de comunicación, la vinculación entre la cultura, la inseguridad y la juventud. Desde MECA, Florencia Minici manifiesta: “Cromañón fue un hecho que demostró la convivencia de funcionarios del Estado con empresarios inescrupulosos que privilegian el carácter mercantil de la cultura por sobre los derechos humanos. El episodio de Beara demostró empíricamente que, a pesar de estar habilitado, un lugar no puede ser seguro si existen empresarios que gozan de vía libre para hacer negocios con la vida humana”.
Muchos establecimientos de la Ciudad post-Beara se disfrazaron de casas de fiestas privadas cuando en realidad son boliches sin ningún tipo de control. Desde el MECA diferencian: “El Estado debería clausurar estos espacios. De igual forma, los más castigados seguimos siendo los centros culturales que, además, solemos tener mayor conciencia y recaudo que los ‘empresarios de la noche’. Los centros culturales y sociales no somos ese tipo de empresarios, sino que cumplimos la función social de acercar a los barrios y a toda la ciudad con la cultura emergente”.
Los centros culturales no oficiales están organizados para darse colectivamente un marco legal que los contenga y los fomente. Es desde allí donde se construye la cultura popular de la ciudad. En esos lugares circulan los artistas emergentes que no forman parte del circuito formal de la industria cultural. En esos lugares hay jóvenes trabajando por la cultura, cotidianamente, autogestivamente. Vale la pena.

Fuente: Arnolfi, Jimena. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.

Las alternativas de la democracia.

Análisis sobre el concepto de la democracia y sobre el sentido que adquiere para los distintos sectores, grupos y clases sociales que pugnan por imponer sus propios intereses, cultura y formas de vida.

Tanto el Fondo Monetario Internacional como representante primero y central de los organismos globales de crédito, como representante de la especulación y de la economía financiera que reivindica el automatismo de los mercados que es, en fin, el responsable directo de la crisis actual a nivel del sistema comercial globalizado en los términos y bajo la lógica, los intereses y las directrices de los neoliberales, junto con la dictadura cívico-militar, las de la seguridad nacional que tanto error y horror político trajeron a nuestra Latinoamérica y los mismos años noventa con la imposición de las políticas de apertura, desregulación y privatizaciones que también hicieron de las suyas, en la actual coyuntura política de cambios en el sentido de las nuevas democracias de la inclusión social y de los gobiernos tanto nacionales como populares y soberanos, cedieron centralidad ante un actor concreto: las corporaciones. De ahora en más, son las grandes corporaciones quienes, en el diario trajinar que busca defender sus propios intereses, se convierten en actores centrales como sujetos opositores a los cambios auspiciados desde el sector público y los diversos sujetos políticos que representan los intereses de los trabajadores. En esas circunstancias, también los medios masivos de comunicación y de información, en la medida en que son controlados por esas mismas corporaciones, son un terreno que se torna fundamental en la lucha por imponer la hegemonía propia. Entonces, lo que vemos ahí, la característica primera del proceso de lucha actual es precisamente el surgir de una fuerte confrontación entre el poder de las corporaciones y el poder que generan los sectores populares.
Realmente todo esto, el hecho de que se produzca esa confrontación entre intereses que en la práctica son opuestos, que además en el fondo son irreconciliables, no es novedad porque quien se compromete en un proceso de transformaciones, cuando son estructurales, deberá producir, quieralo o no, ciertas polarizaciones que en general no son menores ni superfluas. De hecho, en determinado momento, en la medida en que el proceso avance en favor de la igualdad y en la distribución de las riquezas, todos los actores y todos los sujetos y actores políticos involucrados, como representantes de ciertos sectores, de algunos grupos de interés y clases sociales, se juegan el todo por el todo. Es que los sectores que se beneficiaban de la situación anterior no pueden dejar el poder de manera voluntaria. Nunca pasó de esa manera en la historia del hombre. Todos y cada uno de los grupos de poder luchan, hasta el fin, en defensa de sus modos de vida. Es que están en juego intereses, formas de pensar, una lógica, cierta cultura y determinadas formas de vida que definen la pertenencia social de cada uno. Entonces, así como existe un discurso libertario, del humanismo más excelso, existe también un discurso de lo político que es meramente formal, abstracto e institucionalista. Esa forma de vivir la democracia, formalista, abstracta e intitucionalista, frente a los cambios en favor de la justicia social y en favor de la concreción de los derechos y de las garantías constitucionales, solo le queda insistir en la defensa del momento institucional porque es ese momento la base del estatus quo. El problema para esos grupos, directamente ligados a la ley y al orden de los neoliberales, es que ignoran que las instituciones no son ni pueden ser entidades neutrales. Muy por el contrario, las instituciones políticas, que son parte de las estructuras y de las bases del régimen político, en cuanto tales son la cristalización de una relación de fuerza. Dicho de otro modo: defender puramente el sistema institucional es cerrarse a toda perspectiva de cambio y por ello insisten en la ley, en el orden y en el estatus quo. En realidad, el cambio no tiene porque darse contra las instituciones, pero todo proceso de cambios necesariamente altera el equilibrio político e institucional porque altera la lógica, las verdades, las definiciones y las actuaciones del régimen político. Por eso, si bien es importante la continuidad de las instituciones, en el sentido de militar en favor de la previsibilidad de los conceptos y valores de la democracia, lo fundamental es ser capaces de combinar la continuidad institucional con el proceso de transformación de las instituciones en favor de una gestión más democrática del régimen político.
En relación al proceso de polarización política al que me acabo de referir, lo importante es que ese proceso se efectúe ganando el consenso de otros sectores progresistas. En concreto, para que los sectores democráticos y populares logren primar por sobre los sectores más reaccionarios, por sobre la clase de los patrones, tienen que consensuar con quienes estén dispuestos a defender y luchar por el bien de las mayorías más allá de las condiciones sociales de cada cual. Hasta hoy, en los diversos países latinoamericanos que se han jugado en favor de los trabajadores, por primera vez en la historia, este proceso no se dio en forma autoritaria y por eso los gobiernos populares consiguieron un grado bastante importante de consenso donde si bien, como ya dije, los conflictos son inevitables, el momento de consenso que vivimos es mayor que en cualquier otra etapa de la historia latinoamericana. Es que este nuevo proceso de consenso se basa en una especie de auto conciencia de los trabajadores. Si bien es cierto que no es nada común que un movimiento nacional y popular tenga el acompañamiento de los intelectuales estamos en presencia de una revolución cultural que se basa, ni más ni menos, en la toma de conciencia de las mayorías. Y quien tiene conciencia histórica de lo que pasa puede orientarse y orientar esa realidad a partir de sus propias acciones y militancia. Conocer cuales son las alternativas políticas frente a las diversas encrucijadas históricas, conocer las fuerzas y sectores sociales en pugna por el control del régimen político y conocer la lógica de funcionamiento del mismo, hace la gran diferencia porque nos evita vivir las crisis como meras coyunturas cuando en realidad, la mayor parte de las veces, esas crisis tienen directa relación con las formas y las políticas del propio Estado capitalista que se expresa a través del régimen.
Sin embargo, ese conocimiento de la realidad, esa auto conciencia y esa nueva cultura en términos populares, que defiende el bien común, no es una tarea fácil porque difícilmente encontraremos un concepto más amplio y vago, que se use de tan distintas maneras, como el de la democracia. En verdad, este concepto es usado tanto como sustantivo y adjetivo, lo usamos para hablar de una persona, para decir si es o no democrática, y también al referirnos a una institución. En el ámbito de la política se usa para reivindicar los derechos humanos como también para defender el terrorismo de Estado, se usa para profundizar en la igualdad de oportunidades pero también como excusa para invadir países y apropiarse de sus recursos. Lo usan los sectores dominantes para proteger sus intereses incluso a partir de teorías y formas de acción política que se pretenden progresistas. El caso más emblemático al respecto es el reformismo político como fin mismo que en los países más desarrollados, una vez que logran renegar del radicalismo político, se expresa en la socialdemocracia y en el llamado socialismo. Tanto es así que éste, el socialismo, siempre bajo la forma socialdemócrata, nos plantea como eje rector de su ideología que la decadencia del capitalismo es improbable porque el mismo tiene armas de defensa que le permitirían autorregularse ante la llegada de cualquier crisis. Por supuesto que ellos no ven la crisis como consecuencia de la caída de la tasa media de las ganancias del capital. En todo caso, las armas que el Estado capitalista tiene a su alcance para resguardarse de lo que él mismo considera las utopías igualitarias son, entre otras tantas, la posibilidad de obtener créditos y la capacidad de maniobra de las llamadas patronales, que se organizan políticamente en las cámaras de comercio y de empresarios desde donde defienden los intereses de los dueños del capital para así poder acceder con ventajas comparativas y en términos de dominio, control y monopolio, a los diversos mercados que componen y estructuran las formas de la producción y distribución de bienes y servicios. Es decir, para los socialdemócratas, el Estado en su acepción capitalista se encuentra blindado por lo que, a lo más, simplemente podemos aspirar a la lucha por mejorar la organización y la administración del régimen político donde desde siempre rigen las leyes de la oferta y de la demanda. Por eso, la socialdemocracia en Europa, ante sus propias frustraciones y límites, deriva en el neoliberalismo que radicaliza esa idea de la oferta y de la demanda llevándola a los extremos del automatismo de los mercados que rige en esos países. En esas condiciones, la democracia no tiene mucho que ver con la igualdad y con los derechos y conquistas sociales fundamentales que hacen a la justicia social.
Entonces, desde la perspectiva de los socialdemócratas, ya no importa ni tiene mucho sentido luchar por la igualdad o por la justicia social llegado a determinado punto de desarrollo del Estado capitalista, cuando se consolida el neoliberalismo, cuando se consolida la guerra de civilizaciones, el fin de las ideologías y de la propia historia. Así, y hasta cierto punto, traicionan sus propios ideales, los que alguna vez pretendieron reivindicar en favor de la libertad, de la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, de alguna manera, más allá de esa sobrecarga que asume el concepto de democracia en sus diversas acepciones, que tienen que ver con el desarrollo y evolución de la lucha de clases, sigue teniendo y manteniendo una fuerte impronta de lo que fue la idea original del concepto, es decir, como promesa que siempre estuvo ligada directamente a la idea de igualdad de oportunidades y de distribución de la riqueza. Es que la realidad nos muestra que los cambios en términos de la gestión popular como genuina expresión de los intereses, de las necesidades y urgencias de los trabajadores, de una o de otra manera, se hace camino al andar, supera todos los límites y se impone porque, en fin, la (r) evolución es un acto de creación y de acción política, mientras que la legislación, las leyes y el orden que tanto defienden los neoliberales, antes que ser inmutable es la expresión política de la vida de una sociedad que ya existe, es decir, es expresión de la lucha entre los diversos grupos de intereses que representan a ciertos sectores y clases sociales que son antagónicas en sus aspiraciones finales. Muy por el contrario, el reformismo político, que decididamente nos plantea la reforma y la administración, el asistencialismo y las políticas del régimen benefactor antes que la inclusión a partir de la creación de derechos y la defensa de lo ya conquistado por los sectores populares, no posee una fuerza propia, independiente de los cambios en términos estructurales. Es que en cada período histórico de cambios y transformaciones fundamentales, la obra de los reformistas queda supeditada a la dirección que le imprime el ímpetu de la última (r) evolución, y prosigue mientras el impulso de la última (r) evolución se haga sentir. En palabras un poco más simples, la obra de los reformistas de cada período histórico de cambios que son estructurales se realiza únicamente en el marco de la forma social y del contexto político, social, económico, comercial y cultural creado por la misma (r) evolución.
La democracia como proyecto, como idea fuerza y rectora de los intereses populares, en la medida en que se impone una lógica superadora del egoísmo típico del capitalismo, en la medida en que se impone el bien común y en la medida en que se impone a los preceptos ideológicos del reformismo político como fin mismo, donde la socialdemocracia es apenas una de las formas en que se manifiesta, siempre reaparece una y otra vez a lo largo de la historia, aunque muchas veces de forma caótica y diversas. Es que, de una o de otra manera, ha vuelto una y otra vez metiéndose por la ventana de las construcciones políticas que se fueron armando en cada tiempo distinto. El desafío del concepto de democracia es que quienes pensaron las actuales instituciones políticas, Francia, su revolución, el Iluminismo y la Ilustración, Estados Unidos e incluso la mayoría de quienes hablaron y lucharon por la independencia de nuestros países, algunos de nuestros propios libertadores y sus ejércitos, que a veces incluso constituyeron el pueblo en armas, todos, cuando diseñaban nuestras actuales acciones de gobierno y políticas públicas, muchas veces no las entendían como democráticas, precisamente porque ellos no la pensaron en términos de militar en favor de la igualdad de oportunidades o de distribución de la riqueza. Hoy, frente a los cambios en curso, es ineludible referirse a la cuestión de la igualdad de oportunidades, de la generación y distribución de la riqueza, del bien común y de la satisfacción de las necesidades de las mayorías. Ese es el gran cambio del nuevo siglo por lo menos en la mayor parte de Latinoamérica.

Referencias bibliográficas:

Zanini, Carlos: “La clave: el retorno de la película”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 26 de junio del 2011.
Bencivengo, Gabriel y Balázs Francisco: “Defender la pureza institucional es cerrarse al cambio”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 26 de junio del 2011.
Trsitán, Rosa: “El devenir de la socialdemocracia” Publicado en Debate Socialista de la edición del 15 y 17 de octubre del 2010, #117.

Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.

Noticias de la semana:

Campaña sucia: allanan firmas de Durán Barba, el asesor de Macri.

Daniel Filmus denunció que existe conexión entre algunas empresas que hicieron la encuesta trucha antes de las elecciones porteñas y el consultor Jaime Durán Barba. El PRO dijo que fue un “manotazo de ahogado”.

Los esfuerzos del macrismo por conquistar la Web y el mundo 2.0 están a un paso de engrosar la causa federal que instruye desde hace dos semanas el juez Ariel Lijo. Contra todos los pronósticos, la investigación judicial que indaga la campaña sucia contra la candidatura del senador Daniel Filmus comenzó a dar sus frutos en Buenos Aires, pero muy lejos de Miami, la ciudad donde un cliente, hasta ahora desconocido, contrató a una empresa extranjera para poner en marcha, antes de la primera vuelta, una serie de encuestas que vinculaban al padre del candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo como proveedor de Sergio Schocklender. Luego de radicar la denuncia ante la justicia electoral, Filmus desmintió que su padre tuviera alguna relación con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y pidió a los tribunales que investigaran quién y cómo contrató un servicio para que miles de votantes porteños recibieran una tormenta de llamadas con preguntas basadas en datos falsos para forzar su voto. Al principio, la contratación del servicio en los Estados Unidos entorpeció el descubrimiento de la ruta del dinero, pero no impidió la investigación para esclarecer la conexión local, es decir, para lograr la indentificación de las empresas que trabajaron localmente para llevar adelante la encuesta telefónica. Con ese objetivo, el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Gendarmería Nacional que realizara siete allanamientos, entre ellos los de las empresas Connectic SRL, ubicada en Talcahuano 446; NSS, con domicilio en la calle Virrey Ceballos 422; y TAG Continental, con sede central en el 1240 de la calle Libertad. Según el juez, las tres firmas forman parte de la respuesta que entregó Telecom de Argentina cuando Lijo decidió avanzar sobre la pista local de la operación que, según la denuncia, contó con decenas de miles de llamadas, la pegatina de una serie de afiches apócrifos y la construcción de una página web cuyo dominio también fue registrado en los Estados Unidos. Durante los procedimientos, los gendarmes secuestraron documentación y los servidores de donde se habrían realizado los llamados por cuenta de una empresa norteamericana.
Cuando la justicia confirmó el hallazgo, los dos protagonistas de la segunda vuelta del 31 de julio comenzaron una polémica pública que todavía no ha terminado. Por la tarde, Filmus se presentó junto a su padre Salomón Filmus, de 88 años, y a su compañero de fórmula, Carlos Tomada, en el salón Arturo Illia del Senado de la Nación, y allí acusaron a Jaime Durán Barba y a Mauricio Marci de ser los responsables de la “campaña sucia”. “Estamos acá porque mi papá ha sido objeto de calumnias e injurias a través de un sistema telefónico. Durante un largo mes, cientos de miles de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires recibieron llamados que repetían una y otra vez que él era arquitecto, que trabajaba en negocios turbios. Y nosotros nos vimos obligados a hacer una denuncia por esta campaña sucia, porque como lo he aclarado otras veces ya, mi padre ni siquiera es arquitecto.” A su costado, el ministro de Trabajo de la Nación y compañero de fórmula de Filmus amplió los detalles de la causa y confirmó que, dentro de los informes de Telecom, aparecía la empresa Tag Continental, una empresa vinculada a Rodrigo Lugones, director ejecutivo de Durán Barba y Asociados. Cuando los voceros del PRO advirtieron la dimensión de la denuncia, convocaron de inmediato a una conferencia de prensa en la sede de gobierno porteño, pero media hora después la mudaron al local que tiene el PRO en la calle Venezuela. Allí Horacio Rodríguez Larreta encabezó la conferencia del macrismo, junto a Durán Barba y al secretario general Marcos Peña. Visiblemente desencajado, el jefe de Gabinete porteño calificó la denuncia por la campaña sucia como un “manotazo de ahogado”, mientras que el consultor ecuatoriano aseguró que no tiene ninguna empresa radicada en el país.
Cuando los periodistas le consultaron sobre la relación con Lugones, Durán Barba reconoció que fue su alumno, y actualmente es su socio. “Que yo sepa no”, contestó el experto cuando le preguntaron si Lugones utilizó esa consultora para hacer la campaña sucia. “Le pregunté si tenía acciones, y lo aclaro, no estoy esquivando el cuerpo, pero esa empresa no es de Lugones. No creo que lo hayan hecho. Probablemente, además, son inocentes”, dijo el gurú. Había omitido un dato: Lugones aparece como socio de Guillermo José Garat, quien figura como miembro del directorio de las otras empresas investigadas. Quizás, la punta de un iceberg que aparece en medio de una campaña que a partir de ahora promete ser imprevisible.

Fuente: Por Carlos Romero y Agustín Alvarez Rey en Tiempo Argentino de la edición del 22 de julio del 2011.

Los empresarios destacaron la marcha positiva de la economía.

En La Rural almorzaron representantes de once entidades patronales. También hablaron del salario, los precios, las elecciones y el dólar.

Los referentes de las principales cámaras empresarias del país mantuvieron ayer al mediodía un encuentro de carácter informal, de una hora y media, en el predio de La Rural, en Palermo, donde se lleva a cabo la 125 Exposición anual de la Sociedad Rural Argentina. Durante el almuerzo, los gremialistas empresarios trataron una serie de temas que ya vienen siendo parte de sus diálogos, especialmente en el marco del Grupo de los 6.
Jorge Brito, titular de la Asociación de Bancos nacionales (Adeba) fue de los primeros en dar a conocer su opinión, en su caso a través de un comunicado. El banquero remarcó que “tuvimos la oportunidad de compartir entre amigos y de intercambiar nuestra visiones sobre la situación general de la economía del país, a la que percibimos que está en una etapa de grandes oportunidades para las inversiones, debido tanto a las ventajas que nos ofrece el contexto global como al fuerte impulso del consumo interno”.
En la misma línea, Carlos de la Vega, de la Cámara Argentina de Comercio, sostuvo que “el comercio está vendiendo muy bien y, afortunadamente, se mantienen los niveles de demanda; eso es un hecho positivo”. Asimismo, se pronunció en contra de “aplicar de ninguna manera medidas que sean recesivas” para tratar el alza de los precios, para lo cual pidió la realización de un “plan gradual”.
José Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina, y Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, manifestaron su oposición al pedido de aumento del salario mínimo de la Confederación General del Trabajo. Para Gabbi, el planteo es “exagerado”.
Ambos empresarios también se refirieron al dólar. Respecto de la compra de dólares, de Mendiguren señaló que “en otra etapa me preocuparía, hoy preferiría que no fuera así; pero no creo que haya justificación para hacerlo, porque la Argentina hoy está generando dólares”.
Del encuentro participaron, además de Biolcati, Brito, De la Vega, De Mendiguren y Gabbi, Carlos Wagner, de la Cámara de la Construcción; Jaime Campos, de la Asociación Empresaria Argentina; Pablo Taussig y Luis Bameule por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas; Claudio Cesario, por los bancos de capital extranjero; Arturo Llavallol, por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción; y Claudio Rodríguez, por IDEA.
En otras mesas, fueron vistos el titular de Coninagro, Carlos Garetto; Alejandro Delfino y Daniel Pellegrina, presidente y director de La Rural, respectivamente; y Mario Llambías, titular de CRA, a quien acompañó Elisa Carrió.

Fuente: Publicado en Tiempo Argentino de la edición del 22 de junio del 2011.

Los desafíos pendientes.

Algunos de los desafíos pendientes del gobierno de Cristina para un eventual segundo gobierno que, a partir de diciembre, tendrá la tarea de profundizar en los cambios a favor de la consolidación del modelo de crecimiento y de desarrollo en curso.

A estas alturas creo que tendría que quedar más o menos en claro que profundizar el modelo nacional y popular quiere decir continuar, de la manera más decidida posible, en el camino del desarrollo y del crecimiento económico, político y social. Quiere decir trabajar en el desarrollo de cada uno de los mercados internos que estructuran la producción y la economía nacional y tener una fuerte política en materia de exportaciones con valor agregado para crear trabajos de calidad, es decir, que defiendan los derechos de los trabajadores, sus necesidades y que a la vez puedan cumplir, por lo menos en parte en esta etapa de transición, con las grandes expectativas que todos tenemos en relación a mejorar la calidad de vida de la población. También quiere decir poder sostener el desendeudamiento con superávit fiscal y comercial, el llamado superávit gemelo, lo que a su vez implica una serie de definiciones políticas, económicas y comerciales que también tienen relación con las transformaciones en curso, en el sentido que precisamente políticas como el tipo de cambio, de equilibrio desarrollista para el caso, sobre la definición del gasto público como inversión y las formas en que se compone el ahorro interno que busca sostener la inversión, etc., son todas medidas que definen el tipo de régimen político que estamos dispuestos a sostener y defender políticamente. Por otro lado, ya sabemos la posición que al respecto ha sostenido en todos estos años el gobierno de Cristina Fernández, definición que finalmente funciona como una síntesis de las acciones y de lo concretado por el kirchnerismo, pero que también ratifica la decisión de institucionalizar los cambios estructurales que nos han permitido que durante todos estos años el Producto Interno Bruto creciera a un ritmo anual del orden del 8%. El modelo, admiten en el Gobierno, requerirá de una mayor sintonía fina para perforar los núcleos más duros de pobreza que dejó la valorización financiera y especulativa que irrumpió con la dictadura cívico-militar y que luego perfeccionó el menemismo en su tarea de consolidar el neoliberalismo militante. Y las políticas que nos permitirán perforar los núcleos más duros de la pobreza, que a su vez nos permitirán terminar con la marginación y la exclusión de manera definitiva, son políticas y medidas de segunda generación, son medidas estructurales mucho más radicales que por lo mismo requieren la ineludible tarea de profundizar y ampliar las alianzas políticas y sociales en favor del gobierno que es nacional y popular porque basa su accionar en la soberanía política que se fundamenta necesariamente en la soberanía, en la movilización, en la gestión y la participación popular, de los trabajadores.
Entonces, los trabajadores en tanto tales y en la medida en que deciden organizarse en la búsqueda no solo del cambio social sino también en la profundización del modelo vigente en términos del humanismo militante, en la medida en que participan en los diversos movimientos sociales que buscan representarlos y solucionar sus necesidades más urgentes, en la medida en que por lo menos tengan en consideración quienes defienden sus derechos, quienes batallan en favor de esas nuevas conquistas que reivindican el bien común y en la medida en que buscan, en coalición con el gobierno popular, terminar con los núcleos más duros de la pobreza, de la marginación y de la exclusión de vastos sectores soiales, no pueden limitar su participación y su organización a un frente meramente político, mucho menos a un frente electoral. No pueden limitarse, en tanto clase social que es mayoritaria, a un conglomerado político, ni a los partidos y otras organizaciones políticas, no. Es que mucho más allá de los partidos o de los frentes electorales existe un país social que no milita y no le interesa hacerlo pero que sí acompaña y defiende al gobierno popular y no tenemos por qué aspirar a que militen en ningún partido a pesar de que son una cantidad muy grande de trabajadores. Desde ya, la tarea primera, antes que la obsesión de querer que todos militemos en los partidos políticos, es que los líderes de los movimientos y organizaciones sociales junto con los trabajadores se unan en toda la diversidad, en el debate, en la discusión, que se unan con la clase media, que se unan todos los trabajadores , las amas de casa, la juventud, los campesinos y los obreros de todos los tipos más allá de los partidos, porque en realidad la solución va más allá de los partidos en el sentido que los excede en sus funciones porque, en definitiva, si bien los partidos políticos son parte centrales en las soluciones en términos populares, en la posibilidad de acciones y de participación, esas soluciones no pueden circunscribirse ni apoyarse prioritariamente en partidos y organizaciones políticas. Entonces, las soluciones integrales a los múltiples problemas de los trabajadores pasa por la participación de éstos, en el sentido de que esa participación es fundamental en el ejercicio del poder real, en la gestión de la agenda pública, sin embargo, esa participación y el propio compromiso de los trabajadores va más allá de los partidos políticos para enriquecerse en la participación a través de los movimientos sociales, de base y en los diversos movimientos barriales (…) que están mucho más cerca de los trabajadores, de sus necesidades y eventualmente de la posibilidad de solucionar sus problemas más urgentes, los que son parte de la cotidianidad de éstos. Por eso, la participación de los trabajadores es un trabajo que pasa por la unidad en todos los frentes, es decir, en el frente político, en lo electoral y en lo social, sin desmerecer ninguno de ellos pero tampoco sin colocar a ninguno como prioritario. En la medida en que los cambios se conquistan y en la medida en que el proceso se radicaliza en favor de los trabajadores, éstos van canalizando sus necesidades y su participación de diversas maneras, la mayor parte de las veces de forma original y hasta inusual. Eso es lo que importa.
En otras palabras, el peronismo histórico, al igual que el kirchnerismo y la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, significó la entrada de nuevos sectores y actores sociales a la esfera de la gestión pública. Sin embargo, en el peronismo se dio a través de una manera dominante que tomó la forma del sindicalismo. En el kirchnerismo actual, esa forma sindical sigue pesando de manera decisiva, pero en un contexto de pluralidad que incluye otras formas de movilización y democracia de base que son las que permiten profundizar la política del gobierno popular en la cual están comprometidos los sectores representantes de los intereses de los trabajadores y que no pueden limitarse a la construcción de un frente electoral o a la militancia en los partidos políticos. Así, el kirchnerismo representaría un momento más avanzado en el afianzamiento de los objetivos populares. En ese contexto, la idea de la soberanía política de nuestros países, en este caso particular de Argentina, es central y prioritaria porque en realidad si bien llevamos doscientos años discutiendo si vamos a ser un país industrial o agrícola-ganadero, los sectores populares ya hemos dado en parte nuestra respuesta, es decir, que podemos ser las dos cosas a la vez, y no en términos discursivos, sino concretos. Es decir, la soberanía política no solo significa sostener y profundizar el modelo a partir de que Argentina mantenga su capacidad para tomar decisiones en materia económica, en materia política, social y cultural sino que también significa defender la propia industria y la producción nacional incorporando a todos los sectores productivos a la economía nacional. Significa que la producción agrícola y ganadera deje de ser un apéndice del sistema comercial globalizado y se incorpore plenamente a los objetivos, las metas y las definiciones adoptadas por una economía nacional en equilibrio, en crecimiento y en desarrollo en favor de los intereses nacionales. Así, a pesar del éxito del modelo, tanto en el ámbito económico y también en el ámbito político e institucional, en el sentido de la nueva hegemonía que despliega el gobierno nacional frente a la inoperancia y la falta de perspectivas de un proyecto creíble y alternativo opositor a las políticas inclusivas del gobierno popular, todavía está la necesidad de mejorar la calidad de la estructura económica, política e institucional.
En el ámbito económico, la macroeconomía hizo lo suyo, aportó la necesaria estabilidad y saneamiento de las cuentas fiscales incentivando el ahorro interno, la producción nacional y el crecimiento del consumo de los trabajadores (...) por lo que los próximos años serán parte de un proyecto de profundización y radicalización de los cambios, es decir, serán los años de recuperación de más fábricas junto con la creación de los empleos necesarios para terminar con la pobreza, la marginación y la exclusión estructural.
En el ámbito de la producción, entonces, se tratará de definir el tipo de desarrollo tecnológico que adoptaremos junto con las decisiones acerca de cuál es el tipo de especialización concreto de nuestra economía que puede tornar sustentable en el largo plazo el crecimiento en beneficio de todos. Esta visión implica no solo apostar por la tecnología conveniente sino que, en la medida en que esto sea así, replantear que tipo de intervención del sector público adoptaremos de ahora en más. Es que la intervención del sector público en la economía nacional necesariamente no puede provenir ya del esquema que caracterizó la mera sustitución de importaciones típicas de un Estado de bienestar que simplemente fracasó. Por lo mismo, la política industrial de los años por que están por venir tiene que ser parte de una estructura tecnológica y económica, comercial, política e institucional consolidada donde un sector público más eficiente, mucho más inteligente, moderno e inclusivo, que a su vez articula los intereses de los diversos grupos y sectores sociales en pugna, eso sí siempre teniendo como horizonte el bien de las mayorías, de los trabajadores, protege áreas sensibles e impulsa el mercado y el ahorro interno como mejor forma de inclusión.
Por último, dada la extranjerización de la economía argentina que es elevadíssima, y que además se afianzó en los últimos años, es necesario actuar al respecto siempre en favor de los intereses nacionales que son los intereses de las mayorías. Lo digo porque desde muchos ámbitos, incluso de algunos que son oficiales, se señala que se trata de una tendencia ineluctable, por lo cual no es posible hacerle frente, sino que muy por el contrario conviene estimularla. Pero la experiencia de muchos países en desarrollo, de Argentina inclusive, indica que no es así, y que se puede y se debe regular la operatoria del capital extranjero en nuestras economías nacionales. Al respecto, sería importante poder instrumentar un registro de inversores y empresas foráneas, dada la permisividad de la legislación aún vigente en lo que se refiere a la remisión de utilidades y la repatriación de capitales a las casas matrices de las grandes transnacionales que operan en territorio nacional. También sería importante un conjunto de medidas tendientes a reducir lo más posible la considerable propensión importadora que caracteriza a las firmas extranjeras, así como el constante drenaje de divisas que realizan en la forma de giro de utilidades, del pago de regalías e intereses y otras tantas maniobras que perjudican el crecimiento y hasta la estabilidad del modelo que nuevamente se pondrá a consideración de los trabajadores en octubre. Todo ello, vía el establecimiento de limitaciones al giro de utilidades, la imposición de niveles mínimos de las ganancias que deben reinvertirse en el país con vistas a la generación de superiores capacidades productivas, el cumplimiento del compre nacional y el desarrollo y apoyo a los proveedores locales.
Finalmente, en lo referido a la búsqueda del ahorro interno y de las inversiones tan necesarias para financiar el crecimiento y el desarrollo en los términos de equilibrio entre los diversos sectores que son parte integrante de la producción comprometidos en esta tarea, el sector de la industria y el agro- ganadero y dada la elevada extranjerización del aparato productivo local, considerando que buena parte de la inversión extranjera directa se dirigió hacia esos rubros que se ubican en las primeras etapas del procesamiento (con escasas articulaciones con el resto de los sectores del entramado económico), habría que estimular una mayor agregación de valor en el país. Todo esto para propiciar un nuevo perfil de especialización de la producción nacional, que ahora busca un equilibrio con los sectores agro y ganaderos vía tecnología conveniente que implica estar mucho menos comprometido con aprovechar los recursos naturales como tarea prioritaria para vincularse con las actividades ubicadas al final del proceso productivo.

Referencias bibliográficas:
Chávez, Hugo: “La propiedad Patria” en Aló Presidente #365, El Consejo, Estado Aragua, 10 de octubre del 2010, fragmentos.
Bencivengo, Gabriel: “Sintonía fina y gestión, dos claves para seguir creciendo”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 26 de junio del 2011.
Schorr, Martín: “Cinco medidas para frenar la extranjerización”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 26 de junio del 2011.
Zanini, Carlos: “La clave: el retorno de la película”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 26 de junio del 2011.

Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.