Algunas claves sobre el conflicto de la educación en Chile y el modelo argentino como opción válida en la profundización de la democracia.
En países como Colombia el examen de admisión para la universidad pública es simple y extremadamente excluyente y elitista. Por ejemplo, en el 2005 se inscribieron algo más de 8.000 aspirantes a Medicina en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, una carrera muy bien valorada a nivel global, y apenas entraron 120 estudiantes. Mientras tanto, la Universidad de Caldas tiene un costo aproximado de 360 dólares por cada semestre lo que constituye, ni más ni menos, más de un sueldo promedio de los trabajadores que además hay que pagar durante los seis meses que dura cada semestre. Esto, para la inmensa mayoría de los hijos de los trabajadores colombianos es imposible ante la realidad de tener que cubrir otras necesidades, mucho más básicas y primarias, como la alimentación, la vivienda y la salud. De esa manera es como el sistema educativo en Colombia, al igual que en otros países de la región, queda fuertemente estratificado. De hecho, el capital cultural que tiene cada persona en Colombia es definitorio para entrar a la universidad pública. Es evidente que para las clases más desfavorecidas es imposible tanto por cuestiones de nivel de preparación como por cuestiones económicas. Ni hablar de la población que vive en el campo. En el caso colombiano, la opción de estudiar en una universidad privada es también casi prohibitiva. La Universidades como la de la Sabana pueden llegar a cobrar hasta unos 2000 dólares por semestre y en universidades como la de Los Andes pueden llegar hasta los 6.000 dólares. Además, en Colombia, en caso de que el hijo de un trabajador promedio pueda acceder al financiamiento de su educación, que es una herramienta central para el ascenso social, éste es tan tiránico como en Chile. Simplemente se llegan a pagar tasas anuales de casi un 20% por lo que la vida de ese estudiante queda hipotecada por unas dos décadas siempre que también se tenga la posibilidad real de acceder a un buen trabajo. De todas maneras, como contraparte, desde el 2010 Colombia adoptó el sistema de discriminación positiva parecido al que existe en los Estados Unidos por el cual se fijó que la Dirección Nacional de Admisiones ofrecerá inscripciones gratuitas en algunos casos concretos pero que en definitiva no soluciona los problemas de fondo.
Por otro lado, las restricciones para el ingreso a las universidades públicas en Perú tienen sus particularidades pero, en definitiva y a grandes rasgos, éstos no distan mucho de los de Colombia. En Perú, el examen de ingreso es un trauma que te puede durar hasta tres años. Como las escuelas tienen muy bajo nivel educativo, al igual que en países como Chile, existen ciertas academias, conocidos como preuniversitarias, que preparan a los alumnos en los exámenes de admisión que son requeridos para ingresar en las universidades. Hay de todo y para todos los gustos. Las más caras son las de las universidades que cuentan con un examen de bachillerato de validez internacional que permite el acceso directo a la universidad. En general, en Perú, hay alumnos que aspiran a ingresar en las universidades y que dan tres, cuatro, hasta cinco veces el examen de admisión y se quedan fuera lo que genera una tremenda frustración en muchos alumnos. En lo que se refiere a los costos, una carrera tiene tres escalas que pueden rondar entre los 800 y los 1.200 dólares, mientras el sueldo mínimo, al que acceden la amplia mayoría de los trabajadores, es de apenas unos 200 dólares.
En el caso de Chile, que esta semana continúa con su lucha luego de varias décadas de letargo y de pérdida de derechos democráticos de la mano de la imposición del régimen neoliberal, la Ley Orgánica de Enseñanza fue sancionada por la dictadura de Pinochet. La primera reacción contra esta fue lo que hoy conocemos como “revolución de los pingüinos”, donde miles de estudiantes secundarios lanzados a las calles pidieron su derogación en los tiempos de Bachelet que apenas sí pudo formar un Consejo Asesor para la Calidad de la Educación que buscó actualizar la ley, es decir, que simplemente buscó ganar un poco más de tiempo contra las expectativas y necesidades de los estudiantes y a favor de la gobernabilidad bajo los términos de los actores políticos más conservadores y reaccionarios. Las demandas de los estudiantes en esos días de despertar, de marchas y de contramarchas, de lecciones de democracia y de participación por parte de los estudiantes, como el mejoramiento de la calidad de la educación pública, la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el boleto escolar gratuito enfrentaron a los diversos sectores de la Concertación gobernante en ese momento y que integraban la Comisión, culminando con el retiro de los dirigentes que exigían reconocer el sistema escolar y la universidad pública como bienes sociales, restringiendo de esa manera el carácter mercantil y comercial que siempre le otorgó la ley de Pinochet bajo la lógica de los neoliberales. Es decir, en ese momento, la mayor organización sindical del sector educativo- el Colegio de Profesores- y los propios estudiantes se enfrentaron con una postura neoliberal que había calado muy hondo no solo en la derecha sino también en los sectores políticos más conservadores de la Concertación. Estos sectores más conservadores así continuaron defendiendo el llamado modelo chileno, que no es más que el neoliberalismo que además se asienta constitucional y legalmente en la herencia de la institucionalidad de Pinochet, y que es presentado por los diversos organismos globales como modelo al primar en ellos la lógica de la mercantilización de la educación. La reforma de Bachelet se redujo entonces a imponer un mayor control del sector público sobre el uso de los recursos educativos entregados, exigiendo rendición de cuentas y gestión académica sin alterarse el problema de fondo, es decir, el principio de subsidiariedad del Estado. Es que esta subsidiariedad es el eje de la ley impuesta por Pinochet que implica un fuerte antagonismo con la responsabilidad que le corresponde al sector público en el tema educativo y que históricamente rigió el sistema chileno durante un siglo y que se convirtió en sostén de la cultura y la educación de amplios sectores sociales. Incluso, la subsidiariedad del sector público llegó a tal punto, de tal manera fue desvirtuada la lógica y los intereses de la educación pública, que fue restringida a la provisión de educación estatal en los casos concretos en que no hubieran condiciones particulares para hacerlo y definiéndola siempre como promoción de la competencia. Los organismos del sector público, que por esa ley fueron designados para cumplir esa particular función, quedaron restringidos a los municipios que, a su vez, debían tratar de transferir los establecimientos educativos a sujetos privados o sostenerlos con recursos propios que también son muy desiguales a lo largo del país.
La gravedad de esta ley, venida desde los mismos tiempos mismos de la dictadura y sostenida por la complicidad de amplios sectores y actores sociales y gobernantes, esos que en algún momento de la historia, allá por los '90, se pretendieron los grandes paladines de la justicia, de la ética y de la democracia, es que desde el nivel inicial el sistema se desintegró en el mercado. En esas circunstancias, Chile ingresó al mercado de los créditos educativos, que es comparable por ejemplo con el mercado inmobiliario español que creció como una burbuja y estalló siendo uno de los primeros síntomas de la crisis global actual, y que implica que esos mismos créditos educativos se constituyen en la vía única para que los sectores populares eventualmente pudieran acceder a la educación superior. Este modelo,es decir, las formas en que el neoliberalismo se expresa en el ámbito de la educación chilena, se completa decididamente con una cuestión que es claramente cultural, o sea, con la creencia de que la educación privada es de mejor calidad que la pública porque se vincula a los criterios del mercado. Por eso, hoy miles de estudiantes, apoyados por diversos sectores sociales y políticos, por organizaciones sociales y representantes de los intereses de los trabajadores, están en las calles reclamando su acceso a la educación como derecho humano. Ni más ni menos. Mientras tanto, el señor Piñera, como representante de lo peor de la derecha, del autoritarismo y la prepotencia de los sectores sociales y políticos históricamente dominantes, sólo reacciona reprimiendo y profundizando el modelo educativo vigente. Sin embargo, el otro camino, el que es democrático y que es nacional y hasta popular, que está vigente en países como Argentina, es una clara alternativa a los designios, en el campo de la educación, de los sectores neoliberales y su realismo político. Es que a partir de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina, la educación finalmente se comprometió con la cultura popular, con los cambios y con las transformaciones sociales cosa que no ocurre ni en Colombia ni en Perú, ni mucho menos en Chile. En Argentina, la educación es hoy un instrumento de lucha social y por eso en todos estos años de gobierno popular se llevan construidas casi dos mil escuelas y unas cuantas universidades que son públicas, de acceso libre, democráticas y gratuitas. Eso en el resto de las universidades de Latinoamérica no existe. En otras palabras, no es ocioso referirse al sistema educativo en Argentina, a la universidad que es pública, que es libre, gratuita y autónoma porque es un modelo frente a las advertencias que trae la crisis del sistema universitario chileno que, en definitiva, tiene una concepción muy reaccionaria sobre el rol de la educación. Una muestra son las expresiones recientes del señor Piñera. Este volvió a reflejar que para él la educación es un bien de consumo. Son dos modelos totalmente distintos. El de Argentina tiene tres hitos que lo definen. El primero fue la reforma de 1918. El segundo tiene que ver con el 20 de junio de 1949 cuando por una decisión de Perón se suprimen los aranceles en la universidad y el tercer momento es claramente el 2003, cuando el gobierno recién inaugurado de Kirchner destinó 1.800 millones de pesos a la educación universitaria para arrancar desde ahí una nueva idea de la educación al servicio de los intereses nacionales y populares, de inclusión y de ascenso social. De hecho, mientras la Universidad de Buenos Aires tiene unos 300 mil alumnos, donde muchos de ellos son chilenos, colombianos, peruanos, bolivianos (…) la Universidad de Chile tiene apenas unos 23 mil. En Argentina al día de hoy existen 47 universidades públicas y 46 privadas mientras que en Chile existen 47 universidades privadas y apenas 20 públicas en las que también hay que pagar.
Entonces, a la luz de lo que pasa en Chile con el sistema universitario, y en realidad con la educación en general, la universidad no sólo tiene que ser pública sino también debe ser popular. En otras palabras, de lo que se trata es que haya cada vez más primeras generaciones que accedan a una educación universitaria. Entonces, urge la necesidad concreta de plantearnos de qué manera se puede ampliar el marco socio económico de ingreso a la universidad pública en este contexto porque una cosa es la Universidad de Buenos Aires y las grandes universidades que son más tradicionales pero también hay otros casos importantes como la de la universidad en Moreno donde más del 90% de los estudiantes son primera generación. Está el caso de General Sarmiento, que no es una universidad nueva, que está en el medio de barriadas pobres, y que trabaja de una manera muy comprometida para que los jóvenes de esas zonas, estructuralmente más frágiles y vulnerables en todos los sentidos, entren a estudiar a la universidad.
Finalmente, tampoco es ocioso explayarse sobre la excepcionalidad del sistema de educación pública, libre y gratuita de Argentina, aunque todavía existan muchas deudas por saldar. Lo que sí creo que conviene remarcar es que el caso chileno el asunto de la educación y sus problemáticas viene de muy atrás, de mucho más atrás de la dictadura de Pinochet, aunque esto no le resta la responsabilidad que le compete, porque en realidad el problema de la educación en Chile, y en otros tantos países de Latinoamérica, es parte de la estructuración oligárquica del capitalismo de nuestra región posterior a las revoluciones del siglo XIX. Es decir, lo que expresa una de las deudas más flagrantes de la Concertación Democrática, de la derecha política y de los diversos actores y sujetos políticos que componen el régimen político chileno en general, es un panorama mucho más extenso que se relaciona con el hecho de que hoy a la universidad siguen accediendo eminentemente las elites. Entonces, para entender lo que pasa hoy en Chile hay que ir mucho más allá de la cuestión educativa porque la controversia central es sobre las diversas políticas que estructuran y definen el régimen político en el país, es sobre las reglas que rigen en materia de educación, de tributación, de acceso a diversos bienes de consumo, es sobre la igualdad de condiciones y de oportunidades, sobre la lógica que subsiste en materia de democracia y de la crisis de un tipo de representación política que fue inaugurada por la Constitución de 1980 que de por sí está viciada de origen, porque es fuertemente ilegal, autoritaria y elitista.
Referencias bibliográficas:
Siddig, Exequiel: “El elitismo universitario del continente sangra en Chile” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 14 de agosto del 2011.
Siddig, Exequiel: “Cada vez hay más chicos que son primera generación de estudiantes” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 14 de agosto del 2011.
Puiggrós, Adriana: “La verdad sobre el modelo chileno” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 14 de agosto del 2011.
Anguita, Eduardo: “Chile está en rebeldía contra el modelo”Publicado en Miradas al Sur de la edición del 14 de agosto del 2011.
Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.
