Documentos: "El desarrollo, el crecimiento y la deuda social"

Con la potente y casi inédita crisis financiera y especulativa del 2008, que terminó afectando a la economía más real (la productiva, esa que crea trabajo y consumo, bienestar y esperanza entre los trabajadores) vemos como cada día y a cada hora el Estado de Bienestar europeo, del que el más antiguo continente tanto se enorgulleció, se hundió inexorablemente, y a paso más o menos acelerado, por las consecuencias mismas de la timba global, es decir, por los gravísimos errores cometidos por la banca, por el desenfreno de la ganancia fácil, de corto plazo, de los especuladores financieros a expensas, siempre, de los trabajadores porque simplemente son esos trabajadores el sector social más vulnerable al contar solo, para su supervivencia, con su fuerza de trabajo como capital exclusivo. En ese sentido, es necesario entender el clima de malestar que se insinuó y se expresó, cada vez con más fuerza, en las fábricas, en las industrias y, en general, en cada uno de los centros de trabajo y también en la calle, en los negocios, en los barrios más poblados, los más populares, de la periferia de los grandes centros urbanos, en las ciudades-dormitorios de las zonas más carenciadas, donde los niveles de desempleo siempre son más altos, más urgentes y graves y donde miles de jóvenes desocupados están a la deriva.

Desde esta nueva perspectiva político e histórica de crisis, de ajustes pero también de consolidación, en nuestro continente, de regímenes políticos inclusivos, nacionales y populares, es urgente resolver la crisis y la deuda social que los países europeos y los Estados Unidos, que los países del Asia y de nuestra propia Latinoamérica aún tienen con sus trabajadores. Es decir, se vuelve urgente eliminar esa tremenda brecha que existe entre los niveles de alimentación, de educación y salud, de acceso a la vivienda y al trabajo que son necesarios para un mayor bienestar de los trabajadores, más aún, en estos convulsionados tiempos de crisis y de neoliberalismo.

Esta brecha, cada vez más profunda y amplia, se manifiesta en el desempleo sistemático, endémico y sistémico, en la pobreza, la marginación y la exclusión, en la insuficiencia del acceso al empleo de calidad que así cede su lugar al trabajo precarizado por lo menos en los países en que aún perdura la lógica más reaccionaria del neoliberalismo. Esta crisis y esta deuda social, entonces, se expresan en esos regímenes neoliberales a través de la fractura del mercado del trabajo y del consumo, a través de la caída del ahorro y la inversión interna, el déficit fiscal y de balanza de pagos, se manifiesta en el elevado número de trabajadores potenciales que viven de la miseria y, en fin, en la desigualdades existentes en la distribución del ingreso y el acceso a las oportunidades de progreso, de crecimiento, de igualdad, justicia y fraternidad.

El problema es global porque, a pesar del extraordinario avance de la ciencia y la tecnología, a pesar de la multiplicación de los bienes y servicios de todos los tipos que satisfacen nuestras necesidades básicas pero también suntuarias, una gran parte de los hombres todavía viven en condiciones extraordinariamente miserables lo que, en definitiva, solo profundiza a nivel alarmante la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso al interior de cada uno de los países, desarrollados o periféricos, pero también entre cada uno de esos países que, a través de sus intercambios comerciales y políticos, de tráfico de influencias y poder, integran el sistema comercial global. En el caso concreto de las Naciones Unidas, el problema de la deuda social de los países se manifestó, por ejemplo, en la aprobación de todos los países integrantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que incluye derechos sociales de primera importancia como el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.

Por otra parte, siempre a nivel global, existen una multiplicidad de medidas y de programas multilaterales, regionales y bilaterales, de apoyo al desarrollo social, humano y también al crecimiento económico e institucional de los países más vulnerables estructuralmente para intentar paliar, en definitiva, las consecuencias más gravosas de esa crisis y deuda social, sin embargo, son de ínfima significación frente a la magnitud y naturaleza de los problemas determinantes de la deuda social global.

En otras palabras, por la modestia de sus prerrogativas políticas o la insuficiencia de recursos, no solo económicos sino también humanos, son programas que están muy lejos de cumplir con sus objetivos. Lo peor es que en el futuro más previsible, es decir, en el más corto plazo, no cabe esperar un cambio sustantivo en el comportamiento de los países centrales, los que son los más desarrollados, frente a estos dramas y deuda social a nivel global pero tampoco a nivel nacional. Así lo demuestra el comportamiento que tuvieron, tanto a nivel nacional como global, sus respectivos regímenes políticos en relación a la crisis desatada a fines del 2007- 08 por la especulación financiera en los Estados Unidos. No solo no defendieron las fuentes de trabajo, mucho menos la producción y el mercado interno sino que, una vez más, a través de los organismos de crédito globales como el FMI o el Banco Mundial insistieron en el ajuste y la contracción de la producción y de la economía real en general.

La crisis del 2007- 08 nos mostró y demostró que la cooperación a nivel global se limita a salvar al sistema financiero y a los especuladores de las consecuencias de sus mismas acciones, comprometiendo billones de dólares en el rescate de esos grupos de intereses aún a costa del bienestar de los trabajadores y aún a costa de profundizar la brecha entre los que más y los que menos tienen. Aún a costa de profundizar y agravar la deuda social que, en definitiva, fue una de las más graves consecuencias de esa crisis. Entonces, cuando de lo que se trata es resolver esa gran deuda social, nacional y global, la cooperación entre los diversos países es muy marginal o prácticamente inexistente.

Esto nos dice que cada país, con sus respectivos regímenes políticos, tiene que hacerse cargo y responsable de su propia deuda social sin esperar nada de los otros países. Esto nos dice, a su vez, que cada país tiene que hacerse responsable de su propio proyecto de desarrollo y de crecimiento en la búsqueda del bienestar de las mayorías a través de la inclusión, la generación y defensa del trabajo y la industria y la producción nacional. Por lo tanto, en el contexto de un proyecto nacional en lo político, popular en lo cultural y soberano en lo económico, que logre saldar esa deuda social, es necesario primero analizar a fondo las responsabilidades de los diversos sectores y grupos sociales en el origen de esa deuda para, desde ahí, realizar el mejor diagnóstico para proceder en consecuencia.

En el caso concreto de Latinoamérica, aún en los países donde se consolidan regímenes y gobiernos más radicales políticamente y socialmente más inclusivos, todavía hace falta una estructura productiva suficientemente capaz de gestionar el saber y el conocimiento para aplicarlo en la totalidad del tejido económico y social, generando así la primera y fundamental meta de todo gobierno que se precie de progresista, radical, nacional o popular, inclusivo y soberano, a saber, el pleno empleo de la fuerza de trabajo, de los trabajadores a niveles crecientes de productividad. Para este fin necesitamos de una estructura productiva que se encuentre integrada y sea abierta, que sea inclusiva en relación a cada una de las regiones y zonas, ciudades y provincias que constituyen el territorio nacional, que se funde en el agregado de valor para los distintos bienes y recursos naturales y que, además, integre decididamente el sistema industrial múltiple, diversificado y complejo, con el sector de los recursos naturales como puede ser la industria agroalimentaria, la minería o el sector energético dependiendo de a qué país latinoamericano nos estemos refiriendo.

Necesariamente, la estructura productiva del país tiene que incorporar todas las actividades de frontera del conocimiento, incluyendo la producción de bienes y recursos naturales como los de capital. Solo sobre estas bases es posible avanzar en procesos de largo plazo de acumulación de tecnología, de capital, de la capacidad de administración y gestión pública de los recursos y el consecuente desarrollo de todo el potencial disponible de recursos a nivel creciente de productividad.

En este punto, hay que entender que como el desarrollo económico, político, institucional y social se registra, en primer lugar, en el espacio nacional, es decir, al interior de nuestros países, requiere la convergencia y el consenso para aplicar una serie de políticas públicas y de comportamientos privados para la plena movilización de los recursos propios. Esto implica la autonomía y la soberanía de nuestros regímenes políticos nacionales, tanto en política como en económica, frente a los diversos actores y sujetos de poder globales, para que estemos en condiciones reales de planificar, a partir de un proyecto político coherente, el propio destino de nuestros países que se relacionan, de todas maneras, con el bienestar y una mejor calidad de vida para todos los trabajadores.

En ese contexto, un proyecto de desarrollo y de crecimiento, en los términos de inclusión y de defensa del trabajo y la producción nacional, necesita como base mínima, para ser viable en el largo plazo, contar con sólidos índices y equilibrios del tipo macroeconómicos relativos a las finanzas públicas y los pagos internacionales, es decir, superávit fiscal y de balanza de pagos con una razonable estabilidad de precios.

En la búsqueda de una estructura productiva integrada y abierta, donde confluyen en los mismos intereses de desarrollo y crecimiento nacional tanto el sector industrial como el de los bienes y servicios relacionados con las materias primas, que logre crear nuevos nichos productivos a partir del desarrollo y defensa del mercado interno y de la producción nacional, que defienda el trabajo y busque el pleno empleo como medida primera y fundamental (…) es bastante relevante plantear, con el mayor grado posible de consenso entre los sectores y actores sociales y políticos que componen el campo popular, un tipo de cambio bien competitivo, de equilibrio desarrollista que demostró toda su vialidad en el modelo nacional y popular vigente desde el 2003 en Argentina que, entre otros logros, fue capaz de producir una muy buena performance en el ámbito económico, con fuertes índices de crecimiento y creación de empleo, ahorro e inversión.

La defensa de las industrias y de la producción de bienes y servicios nacionales fueron algunas de las políticas y medidas más importantes y populares que caracterizan el exitoso modelo competitivo productivo que se inició con la presidencia de Néstor Kirchner y que continuará con Cristina Fernández. Esto, como contracara de la desarticulación sufrida en la época del neoliberalismo en especial durante los años ’90, y aspirando a cierta estructura económica y productiva más sana, más equilibrada e integrada, sustentada en la decidida complementación entre la industria y los productos agroalimentarios.

El nuevo período de defensa de la industria y la producción nacional es estratégicamente fundamental en este nuevo contexto y, por lo mismo, tiene que seguir profundizándose y entroncando con el desarrollo de los otros sectores de la economía y la producción nacional porque, en realidad, solo un proyecto político de este tipo es capaz de garantizar la integración productiva con creación de empleo. Por eso, la política industrial argentina exige el empalme y el equilibrio entre la dimensión macroeconómica a favor del desarrollo, cuyo gran pilar es el tipo de cambio de equilibrio desarrollista, que puede ser concebida como una política horizontal, con las políticas de orden más sectorial, vinculadas a las cadenas de valor y atinentes a la dirección del poder de compra del régimen político para incentivar, por ejemplo, la inversión de los actores y sujetos o grupos de intereses privados.

Como nos lo demuestra nuestra experiencia histórica más reciente, la dependencia del financiamiento externo, el desequilibrio fiscal y del balance de pagos junto con el desorden inflacionario, impiden inexorablemente el desarrollo y multiplican la deuda social de nuestros regímenes políticos en relación con la calidad y bienestar de los trabajadores. Basta con ver las graves consecuencias de las políticas de los años ’90 que, a través de la convertibilidad, de la política de privatizaciones, la liberalización económica, financiera y de capitales, conjuntamente con la primacía de lo financiero y especulativo sobre la producción, condujo a la Argentina y, en general, a todos los países latinoamericanos, a crisis de proporciones que, en definitiva, solo lograron ensanchar la brecha entre los sectores más pudientes y los más vulnerables, es decir, que acrecentaron esa deuda social que todos nuestros regímenes políticos aún mantienen con los sectores y grupos más castigados con el neoliberalismo.

Desde esta perspectiva, la transformación orientada a remover las deudas estructurales de nuestros regímenes, íntimamente relacionada con la cuestión de la gobernabilidad y de la soberanía política, reclama la existencia de otro orden institucional que es necesariamente más estable y que tiene que proporcionar, para ser viable, reglas de juego consensuadas para resolver los conflictos que son inherentes a proceso de cambios y de transformaciones pluralista y democrático. Como también lo demuestra la experiencia histórica de Argentina y de Latinoamérica en general, la inestabilidad en el ámbito institucional es un importante obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.

De todas maneras, en la última década del Segundo Centenario y la primera del siglo XXI, se registraron una serie de avances fundamentales en aspectos que hacen al desarrollo y el crecimiento de nuestros países. Entre éstos tenemos la capacidad real de resolver los diversos conflictos en el marco de la ley y de las reglas establecidas a través de la Constitución, la remoción de las restricciones fiscal y externa a través del superávit de la balanza de pagos y también fiscal, el encuadre de la deuda en límites mucho más manejables que hace unas décadas, la ampliación de la autonomía y soberanía de la política económica y la salida de la crisis del 2001/2 con recursos propios generados por el trabajo genuino y el sacrificio de todos. (1)

El modelo de desarrollo nacional, soberano y popular que es, por lo mismo, competitivo, inclusivo y productivo, que tan exitoso se muestra en Argentina desde el año 2003 en adelante, como contracara del modelo de desarrollo neoliberal con su correspondiente convertibilidad, llegado a cierto punto necesariamente tiene que crear una línea más democrática y flexible en relación al crédito para las pequeñas y medianas empresas para, de esa manera, incentivar genuinamente la inversión interna de esas empresas que son las que, en realidad, generan la mayor parte del empleo, la producción y el ahorro interno.

En ese sentido, las pequeñas y medianas empresas nacionales son las que más protagonismo tienen en la generación y creación de empleo siendo responsable, por lo menos de un 80% de éste, sin embargo, sólo reciben el 33% del crédito a nivel nacional. Esa situación política y económica es producto de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central efectuada en la época de Menem. No es ésta una novedad porque cada modelo económico, en este caso el neoliberal, tiene su propio sistema financiero que así es acorde a las directrices de ese modelo. Por lo tanto, si un gobierno nacional y popular, más radical en sus fundamentos, se plantea un modelo de inclusión, crecimiento y desarrollo, de industrialización y defensas de los diversos recursos de nuestros países, incluida la fuerza de trabajo, indefectiblemente tiene que plantear otra lógica en relación a la estructura y las políticas del Banco Central que, en este contexto, no puede ser autónomo de la política económica y los objetivos del crecimiento y desarrollo nacional. Por lo tanto, una reforma financiera que sea integral, es decir, que se plantee un modelo de desarrollo basado en un tipo de cambio de equilibrio desarrollista, en claro beneficio de los intereses de los trabajadores debe incluir una profunda reforma de la carta orgánica del banco central.

En definitiva, solo la consolidación política de estos avances configura la plataforma necesaria para generar el máximo de empleo necesario en un régimen político humanista, el pleno empleo, a niveles cada vez mayores de productividad y de bienestar de los trabajadores que constituye la condición necesaria para erradicar definitivamente la deuda social que nuestro Estado capitalista generó durante toda nuestra historia como países nominalmente independientes pero estructuralmente dependientes de los centros globales del poder.

Notas:

Cuando me refiero a restricciones fiscal y externa para el desarrollo de nuestros países estoy diciendo que no es posible el desarrollo y crecimiento de nuestros países en el ámbito de déficit fiscal y de la balanza de pagos porque esto nos lleva, más temprano que tarde, a financiarnos con recursos externos a través de la toma de crédito a través de los organismos de créditos globales lo que, en fin, nos resta independencia y soberanía en el ámbito de la economía y de planificación de un modelo de desarrollo nacional y autónomo como bien nos lo demuestra la historia más reciente.

En ese contexto, el desarrollo y el crecimiento de nuestros países solo es posible a través del superávit fiscal y de la balanza de los pagos internacionales que son los que generan recursos genuinos para el financiamiento de ese mismo desarrollo. Recursos propios significa independencia y soberanía mientras que, muy por el contrario, deuda y créditos venidos desde el exterior significan dependencia política y económica.

Autor: Alfredo Repetto.

Referencias bibliográficas:

Montoya, Roberto: “Se desploma el Estado de Bienestar europeo”, Miradas al Sur edición del 20 de junio del 2010, página 18.

Galand, Pablo: “Las entidades financieras tendrán una nueva ley”, Miradas al Sur de la edición del 20 de junio del 2010, página 13.

Ferrer, Aldo: “La deuda social” en Revista Argentina Económica de la edición del 20 de junio del 2010, página 6.

Curia, Luis Eduardo: “Aspectos de la sustentabilidad de la expansión” en Revista Argentina Económica de la edición del 20 de junio del 2010, página 7.

Política: "El libro que relata el despojo de Papel Prensa"

Un adelanto de Silencio por Sangre, de Daniel Cecchini y Jorge Mancinelli, que iniciará el domingo próximo la colección de investigación periodística de Miradas al Sur. Silencio por Sangre es un libro urgente, resultado de una larga y exhaustiva investigación –parte de la cual fue publicada por Miradas al Sur durante el último año– que aún continúa, pero escrito contra reloj.

Su objetivo es explicar cómo, durante la última dictadura, los dueños y directivos de los tres diarios más importantes de la Argentina se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la empresa que les permitiría monopolizar la producción del papel de diario.

Esa maniobra de apropiación formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos económico-mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión.

Entre fines de 1976 y la primera mitad de 1977, el Grupo Graiver fue despojado ilegalmente de Papel Prensa S.A., en una operación que –más allá de sus motivaciones políticas y económicas– desnudó el feroz antisemitismo de los militares en el poder. Para lograr sus objetivos, los dictadores utilizaron presiones, amenazas, secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos. Paralelamente –y en pleno conocimiento de la utilización de estos instrumentos del terrorismo de Estado–, los propietarios de los tres diarios crearon una empresa fantasma con la única finalidad de quedarse con las acciones de Papel Prensa que los herederos y socios de David Graiver fueron obligados a entregar.

Transferencia bajo presión.

Las acciones en poder de la sucesión que la familia Graiver fue obligada a transferir eran 958.907 acciones de clase “C” y 3.800.000 acciones clase “E”, más todos los derechos de preferencia para futuras emisiones, revalúos acordados y a acordarse, “e incluso adelantos que existieren para futuras emisiones”. El precio que le fijaron a la transferencia no consentida libremente fue de 996.000 dólares. El grupo fundador, es decir David Graiver por sí y terceros, había invertido desde el mes de abril de 1972 hasta octubre de 1976, 15 millones de dólares, aproximadamente, importe que al momento de arrebatárseles a sus familiares las acciones a nombre de la sucesión, estaban incrementados por el valor comercial de la empresa. Algunas estimaciones que han dado vuelta alrededor del valor de Papel Prensa al momento de su apropiación, oscilan entre tres y cinco veces los fondos invertidos.

(…) La sola lectura del contrato muestra que se trató de un despojo, y como tal, nunca consentido. Veamos: con 7.000 dólares de seña, el pagador adquiere el título de comprador del bien que él mismo valúa en 996.000 dólares. Lo dice sin ningún atisbo de vergüenza: esos 7.000 dólares de seña tienen “el carácter de principio de ejecución del contrato, formando parte del precio y declarando expresamente ambas partes que la operación es firme e irreversible”. Dos reconocimientos fundamentales que le hace el “vendedor” al “comprador”: la operación no se podrá echar atrás y el “contrato”, gracias a esos 7.000 dólares, es ejecutable; es decir, el bien que “se vende” pasa a manos del “comprador”.

(…) La respuesta a la falsa condición suspensiva está en el numeral sexto del “boleto de venta” que le hicieron firmar a la familia Graiver: “Este contrato es transferible... sin necesidad de consentimiento ni conformidad alguna del vendedor”. Con premeditación, los apropiadores obligaron a los “vendedores” “a asistir a la Asamblea a convocarse a los efectos del artículo 9º del Estatuto de Papel Prensa S.A. y votar favorablemente con todos sus votos para aprobar la presente operación e igualmente a realizar los actos y gestiones y otorgar cuantos instrumentos fueren necesarios a los efectos del presente contrato”. Faltó la firma de Al Capone.

Operación “Amigo”.

El 14 de marzo de 1977, un grupo de tareas secuestró a Lidia Papaleo de Graiver. Ese día también fueron secuestradas Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi. Tres días más tarde fueron secuestrados Juan Graiver –padre de David–, su mujer, Eva Gitnacht de Graiver; Isidoro Graiver –hermano menor de Dudi–, y el apoderado de la familia en la sucesión, Jorge Rubinstein.

Los llevaron al centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco.

A principios de abril, Rafael Ianover fue citado en las oficinas del diario La Nación para entrevistarse con Campos Carlés, representante de La Nación; Bernardo Sofovich, abogado de la viuda de Noble y hombre de Clarín , y Patricio Peralta Ramos, de La Razón . Este último le exigió que les firmara la cesión de sus acciones. Antes de hacerlo –aterrorizado por la desaparición de los Graiver–, Ianover le pidió seguridades para él y su familia. “No le va a pasar nada, firme”, le aseguró Peralta Ramos.

Ianover fue secuestrado el 12 de abril de 1977. También lo llevaron a Puesto Vasco.

El objetivo de los secuestros fue que ni los Graiver ni sus socios cobraran jamás el precio vil que habían debido aceptar por las acciones.

Los operativos de que fueron víctimas recibieron un sugestivo nombre por parte del hombre que los comandó, el coronel Ramón Camps, entonces jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: “Operación Amigo”, los llamó.

Peleas entre dictadores.

El tándem Martínez de Hoz-Videla confrontó con Massera. Los negocios se dirimieron al interior de la dictadura y con la metodología mafiosa que asumió ese proyecto económico y político desde sus inicios. Las facturas se saldaban con desapariciones, atentados y muertos de uno y otro bando, tales como el atentado a Guillermo Walter Klein. Papel Prensa no estuvo fuera de la disputa que perdió Massera a manos de Martínez de Hoz y Raymundo Podestá, el secretario de Desarrollo Industrial que puso el Banco Nacional de Desarrollo al servicio de los apropiadores. El desquite de Massera llegó medio año después de consumado el despojo que hizo propietarios de Papel Prensa a los tres diarios, y aunque tarde y sin efecto alguno sobre el negocio que le habían birlado Joe Martínez de Hoz y Videla; pudo hacer nombrar un “veedor-interventor” en la empresa, el capitán de navío Alberto D’Agostino. El hombre se tomó las cosas en serio, y de los papeles que dejó y pudieron ser rescatados, se encontraron unas notas sobre la situación en que había quedado la cesión de las acciones en cabeza de la sucesión de David Graiver. El boleto de venta que obligaron a firmar a la familia incluía un anticipo en efectivo a cuenta de futuras emisiones de acciones por 1.500.000 de dólares. Ese fondo más los títulos es lo que Fapel, es decir, Magnetto, Mitre, Peralta Ramos y Campos Carlés, le arrancaron a la familia Graiver con 2.000 dólares de seña.

D’Agostino se empecina en el seguimiento de esa cesión, comprobando que las acciones apropiadas no podían aparecer como vendidas, ya que su venta estaba suspendida por tres años debido a que habían sido afectadas por la obtención del beneficio de un diferimiento impositivo. Sólo se podrían haber vendido si previamente se pagaban los impuestos postergados. A pesar de semejante objeción, los diarios decidieron depositar en una escribanía los pagos que ellos mismos habían decidido por las acciones apropiadas, demostrando así voluntad de pago y capacidad de disposición de esos títulos.

La complicidad periodística.

Los ejemplos del apoyo editorial de Clarín al terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura se multiplican con sólo mirar cualquier ejemplar de aquellos días. Verbigracia, en la nota publicada en agosto de 1976 titulada El principio del fin . Allí está escrito: “No hay tercería posible porque, admitido que estamos en guerra, imperan sus leyes. Es la Nación la que está en armas para vencer al enemigo (…) La fuerza, monopolizada por el Estado, y la razón, que legitima la autoridad y le proporciona el consenso, son los atributos fundamentales del Gobierno (…) La marcha hacia el monopolio de la fuerza avanza por caminos convergentes. Ha sido un reclamo formulado por distintas voces y que alcanza mayor vigor en boca de la Iglesia. Lo construyen las propias Fuerzas Armadas y sus hombres de gobierno al asociar a los distintos sectores en la lucha permanente contra la subversión”.

Por entonces, los desaparecidos en la Argentina se contaban por miles, entre ellos no pocos periodistas y trabajadores gráficos que habían pasado por Clarín en algún momento de sus carreras, como Francisco Paco Urondo, Carlos Alberto Pérez, Enrique Raab, Luis Rodolfo Guagnini, Conrado Guillermo Ceretti, Daniel Alberto Daroqui, Ernesto Luis Fossati y Jorge Rodolfo Harriague. Durante esos años, el diario donde habían trabajado silenció sus nombres, los desapareció también en sus páginas. Otros medios, como The Buenos Aires Herald o La Prensa , denunciaron estos secuestros y estas muertes a pesar de la censura y la represión.

Más de una vez, la propia directora estampó su firma en los editoriales, defendiendo a los dictadores aun cuando las violaciones de los derechos humanos y el desastre económico eran ya evidentes: “Las Fuerzas Armadas, que tienen en su haber el triunfo contra la subversión al costo de enormes sacrificios, están en condiciones de realizar esa convocatoria. Se les presenta una alternativa en que la crisis económica puede llegar a minar los logros que han alcanzado en ese terreno y en que superar esa crisis puede dar la consolidación definitiva de la victoria y la realización de los objetivos que se trazaron al asumir el poder…”. E, incluso, después de la derrota en la aventura de Malvinas, siguió apoyando a la dictadura: “Repensar el país significa, hoy, también repensar a las Fuerzas Armadas. No nos conforma la idea de unas Fuerzas Armadas políticamente rechazadas y refugiadas en la especificidad de sus tareas. En países como la Argentina, cuya cuestión nacional se resume en el imperativo de crecer y desarrollarse, las Fuerzas Armadas son necesarias para sostener esa batalla contra el statu quo aparentemente incruenta, pero en realidad tan ardua como cualquiera otra guerra convencional…”. Más de un cuarto de siglo después de terminada la dictadura, Clarín sigue sin publicar autocrítica alguna sobre su posición editorial y su apoyo explícito al terrorismo de Estado.

Delito de lesa humanidad.

En capítulos anteriores se ha relatado exhaustivamente y se han citado testimonios sobre las condiciones en que los herederos y socios de David Graiver firmaron el boleto de venta de sus acciones en Papel Prensa S.A., antes y durante las detenciones ilegales de las que fueron víctimas en 1977 en los campos clandestinos de concentración conocidos como Puesto Vasco y Pozo de Banfield. También, mediante qué operaciones pasaron a manos de Clarín, La Nación y La Razón . “Yo vi a los tres grandes diarios de este país saquear una empresa de un grupo familiar cuyos miembros estaban todos presos, juzgados por un tribunal de guerra y condenados. Un tribunal que les sacó declaraciones bajo tortura”, denunció Osvaldo Papaleo, quien también fue detenido por los dictadores.

En una entrevista concedida al periodista Agustín Álvarez Rey, el hermano de Lidia, la viuda de Graiver, reconstruyó toda la operación de saqueo: “Si bien Papel Prensa era uno de los activos más importantes de Graiver, no era éste su único negocio. Entre agosto del ’76 y marzo del ’77, cuando la familia estaba liquidando sus activos, recibió algún tipo de oferta por parte de Clarín, La Razón y La Nación para comprar Papel Prensa. De hecho, la tarde del día en que detienen a la mayoría de la familia, mi hermana, Lidia Papaleo de Graiver, asistió junto a Isidoro Graiver a una reunión con representantes legales y algunos miembros de los directorios de estas empresas para ver si se podía firmar una carta de intención para comprar la empresa. Esa noche son detenidos”, relató.

Monopolio y consecuencias.

Con el pacto de sindicación de acciones, las tres empresas periodísticas lograron un control absoluto de Papel Prensa. Ese manejo fue compartido inicialmente, pero cambió en consonancia con las transformaciones ocurridas al interior del grupo, producto de los distintos escalamientos de poder que cada uno de sus integrantes logró hacer. Primero fue la quiebra de La Razón a mediados de los ’80 y luego se produjo la consolidación de Clarín , a partir de los ’90, como el conjunto de medios más concentrado –en propiedad y dirección–, y extendido –en cobertura del mercado– de la Argentina. Esos cambios posibilitaron el manejo hegemónico que tiene Héctor Magnetto sobre la única productora de papel de diario del país. Su gestión no deteriora a La Nación , pero beneficia más a Clarín y perjudica a la empresa como ente societario que debe tener igual cuidado por los intereses de todos sus socios. Y presiona a los medios periodísticos con sus maniobras en el manejo de cantidades y precios del papel de diario. Por lo pronto, expertos en el sector sostienen que Papel Prensa habría estado subsidiando a Clarín mediante dos formas: un precio de venta de la bobina de papel menor a su costo de producción y la compra de la devolución de diarios a un precio que las fuentes consultadas llamaron insólito. El calificativo utilizado para aludir al precio de los diarios rechazados por los canillitas que Clarín vende a Papel Prensa, da a entender que está más relacionado con el precio de tapa que con el valor de un diario de descarte.El grueso del subsidio se origina en el precio del papel. Un estudio de costos y mercado que ha llegado a manos de los directores del Estado Nacional en Papel Prensa, muestra que las empresas editoriales que no accedieron durante los últimos seis años al precio cobrado por esa empresa a Clarín y La Nación , tuvieron que pagar 58 por ciento más caro el papel que necesitaron para sobrevivir. Ese sobreprecio fue la diferencia entre el promedio de los importes abonados por las editoriales obligadas a importar y el costo privilegiado que tuvieron los dos accionistas del monopolio del papel de diario.

Fuente: Miradas al Sur de la edición del domingo 27 de Junio del 2010.

Investigación: "El dolor de los enfermos"

La muerte de un bebé en el Penna y el procesamiento a tres médicos del Santojanni actualizaron un problema que se torna cada vez más dramático: la ausencia de anestesistas en los hospitales porteños. Edimburgo, diciembre, 1847. Un obstetra llamado James Simpson se acerca a su paciente embarazada y le coloca una mascarilla sobre el rostro. La paciente inhala: es cloroformo. En pocos segundos su cuerpo se relaja, se duerme y se torna distante. Lejos del dolor, la paciente da a luz una niña. Cuando despierta del parto, echa por tierra todos los nombres y se queda con uno: “Va a llamarse Anestesia”, dice.

Y se llama Anestesia.

Pasó más de un siglo y medio desde entonces. Pero no para todo el mundo. Y es que cinco generaciones después de la llegada de Anestesia, buena parte de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires lo hacen a la vieja usanza: sin sedación. ¿La razón? Prácticamente no hay anestesistas. Los 33 centros de salud municpales muchas veces deben compartir un único profesional. ¿La consecuencia? Los casos de urgencia –entre ellos, cesáreas– no pueden ser operados; se postergan intervenciones programadas con meses de anticipación; las mujeres dan a luz como a principios del siglo XIX y alguna gente se muere.

Eso quedó en claro con dos episodios que se dieron este mes de junio: por un lado, la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento contra tres médicos del Hospital Santojanni por no haber practicado una cesárea en el año 2008 –dada la falta de anestesiólogo– lo que derivó en la muerte del bebé. En segundo lugar, según revelaron algunos medios esta semana, otro niño habría fallecido semanas atrás en el Hospital Penna por idénticos motivos.

Estos episodios de abandono de persona devolvieron a la agenda mediática un tema que en rigor no es nuevo. Hoy, y desde hace varios años, cualquier paciente que deba operarse en un hospital porteño quedará en el medio de una batalla ajena y potencialmente definitiva: la que involucra al Gobierno de la Ciudad y a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (Aaarba). Por un lado, la voz oficial denuncia que Aaarba certifica pocos especialistas por año, una dosificación que –pura ley de oferta y demanda– permitiría a la corporación exigir salarios más altos que los del resto de los médicos. Por otro lado, desde la Aaarba aseguran que la falta de anestesiólogos en la órbita pública se debe a la lentitud con la que salen los nombramientos y a los brutales atrasos con los que el Estado paga algunas de sus obligaciones.

“El año pasado, catorce anestesiólogos pasaron a trabajar como suplentes de guardia para hacerse cargo de las guardias desocupadas, y un año después aún no cobraron esas guardias”, dijo el jueves pasado Marcelo Campos, vicepresidente de la Aaarba, durante su única presentación pública, ocurrida en el programa El Juego Limpio de Nelson Castro.

“Es que hay muy pocos anestesistas. Voy a pedirle a Jorge Lemus que hable con la gente de la Asociación (de Anestesistas) a ver si tienen alguna idea de cómo agilizar los plazos” se desvinculó el miércoles 23 de junio el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entrevistado por Radio Mitre.

Y en el medio la gente se muere.

Bueyes solos.

Los anestesiólogos son gente solitaria. El estado de ánimo no es una consecuencia del azar, sino de un hecho muy concreto: a diferencia de otros médicos, el anestesiólogo –cuando trabaja– no puede abandonar a su paciente ni un minuto. Su función consiste no sólo en elegir el mejor método de sedación para el paciente, sino también en controlar goteo, saturación de oxígeno y signos vitales mientras esté bajo efectos de la anestesia. “Si un anestesiólogo se integra socialmente, es porque no está haciendo bien su trabajo”, define un médico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Y sugiere que esta dinámica laboral podría entenderse como el origen de un sistema corporativo que hace del comportamiento antisocial su mayor fortaleza.

La Aaarba es la única asociación que negocia sus convenios laborales por separado dentro del universo médico gremial. A diferencia de las otras especialidades, el 95% de los anestesistas cobra a través de la Asociación, bajo criterios muy particulares: la Aaarba les retiene casi un 20% de su sueldo –mientras que a las otras especialidades se les retiene un 6%– pero a cambio les ofrece negociar salarios que triplican los de un médico común y fija un arancel que impide la competencia desleal entre profesionales de la misma especialidad. La mayoría acepta el trato sin mucho entusiasmo: no hay opción. De lo contrario, quedan condenados a trabajar en lugares desprestigiados y pequeños, una dinámica que llevó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a acusar a la Aaarba de “abuso de la posición dominante y actitud monopólica”.

Este sistema sólo puede sostenerse con una cantidad moderada de profesionales bajo el ala de la Aaarba. “Entre las varias potestades de la Asociación, está la de decir ‘este año formamos equis cantidad de anestesiólogos’ –explica Guillermo Muñiz, médico psiquiatra del Hospital Álvarez y miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales–. La consecuencia es significativa. Si nosotros necesitamos 500 anestesiólogos ya, ellos presentan 50 y, a escasez de oferta, negocian mejores aranceles. El criterio de la Aaarba es mercantilista y no tiene nada que ver con la preservación de salud de la población. El problema es que esto está avalado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.

El dolor es estatal. Se estima que hay 20 anestesiólogos habilitados para una residencia por año. Sin embargo, esta aparente escasez no se siente en los sistemas de salud privada, lo que hace pensar que más que un tema de número hay un problema de gestión por parte del gobierno de Mauricio Macri. Por un lado, hay quejas respecto de la lentitud de los nombramientos: un anestesiólogo puede tardar un año en ser nombrado, y eso lleva a priorizar un cargo en el sector privado.

En segundo lugar, se reclama que el gobierno, ante el monopolio de la Aaarba en la formación de anestesiólogos, no arme escuelas de formación que puedan romper esa dinámica.

Y en tercer lugar están los atrasos en los pagos, un problema que quedó al descubierto el año pasado, cuando el Ministerio de Salud hizo un acuerdo con la Aaarba para que garantizaran un mínimo de 50 anestesiólogos en las guardias del sector público. Esas guardias aún no fueron abonadas. “El gobierno no cumplió, y eso hace que naturalmente se caiga todo tipo de acuerdo –opina el doctor Guillermo Muñiz–. Las demoras en los pagos no son demoras: son hechos políticos. Por este motivo, en muchos hospitales varios días de la semana no hay anestesiólogos. Sólo que la gente se entera cuando sucede alguna situación complicada. Estoy en contra de las corporaciones, pero acá la mayor responsabilidad le cabe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene a todos los profesionales de la salud trabajando por sueldos miserables”.

Este tipo de desinteligencias tiene consecuencias concretas y habituales. Una de ellas la explica un médico del Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez: “Si un anestesiólogo tiene que operar a dos chicos, pero luego de operar al primero ve que su horario de trabajo va a terminar en la mitad de la operación siguiente, se niega a hacer la segunda operación”. La consecuencia es que hay miles de niños en lista de espera para ser atendidos. Estos retrasos no afectan sólo el área quirúrgica: las tomografías computadas, por ejemplo, se hacen con sedación en el caso de los bebés. “Se puede entender la lógica con la que funcionan: al no poder vivir con un sueldo público y tener un empleo también en otra clínica, evidentemente deben cumplir con ese horario –reflexiona el médico del Hospital Gutiérrez–. Pero, de todas formas, más allá de las formalidades, si te ponés a pensar no entendés cómo hacen para irse”.

En el medio de esa confusión, en la ciudad de Buenos Aires aumentó el índice de mortalidad infantil por primera vez en cinco años.

 

Por: Josefina Licitra en Miradas al Sur de la edición del domingo 27 de Junio del 2010.

Actualidad política: "Un año de represión y muerte en Honduras"

Hoy habrá movilizaciones en todo el país recordando el aniversario del golpe de Estado. El movimiento popular de la resistencia denuncia que continúan los asesinatos selectivos de dirigentes. Se instalará una comisión de la verdad.

Hace un año, el presidente Manuel Zelaya era arrancado del poder a punta de fusil. La comunidad internacional alzaba la voz en repudio. Honduras era expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estados Unidos pasaba de condenar el golpe a legitimar las nuevas elecciones que se realizaban bajo un manto autoritario. Entonces fue electo Porfirio Lobo, quien asumió en enero pasado con el beneplácito de Washington, la mayoría de los países centroamericanos y dos de sus aliados sudamericanos: Perú y Colombia, que piden el regreso de Honduras a la OEA. Hoy la represión y los asesinatos selectivos siguen tan vigentes como durante el régimen de Roberto Micheletti, señalan los líderes de la resistencia.

El 10 de junio Lobo denunció que en su país se respiraba un “clima de golpe”. Ello no impidió que partiera a ver el Mundial –su viaje duró lo que la selección en Sudáfrica–. La fiscalía le pidió a Lobo que presentara pruebas. No se supo más del asunto. Según Carlos Reyes, uno de los principales representantes del Frente Nacional de la Resistencia Popular, detrás de la denuncia se esconde una maniobra de Estados Unidos. “El embajador norteamericano, Hugo Llorens, se reunió con dirigentes de organizaciones de derechos humanos y les dijo que el gobierno de Lobo es débil y que necesita respaldo. Y el señor que dice estar amenazado se va a Sudáfrica a ver el Mundial. Todo esto es parte de un guión que pretende aplicar la embajada norteamericana.”

Reyes señala en diálogo telefónico con Página/12 que en su país se instaló una segunda base militar estadounidense. “Lobo inauguró en abril pasado una Base Naval en la zona de La Mosquitia, rica en agua y petróleo. Estados Unidos ya tiene la base Palmerola.”

Manuel Zelaya, exiliado en República Dominicana, suscribe a esta idea de guión. Asegura que su derrocamiento fue “planificado en la base de Palmerola por el Comando Sur de Estados Unidos y que Porfirio Lobo no procede contra los golpistas por subordinación a Washington”. Y agrega a la agencia Telam: “Los militares (hondureños) sólo son ejecutores de la parte violenta del golpe de Estado, igual que (el ex presidente de facto, Roberto) Micheletti es un testaferro; ninguno de ellos tiene capacidad de organizar un golpe de Estado”.

Tanto la administración Obama como los gobiernos de Centroamérica, Colombia y Perú abogan por el regreso de Honduras a la OEA. En la última asamblea general del organismo realizada en Perú, la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, enfatizó que el gobierno de Lobo “cumple con sus obligaciones bajo los acuerdos Tegucigalpa-San José” –que incluyeron la formación de un gobierno de reconciliación nacional y una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el golpe–.

Pero estas medidas no impresionan a aquellos países que se niegan a reconocer a un gobierno que, consideran, es el resultado de unas elecciones celebradas en un marco de ruptura democrática y que reclaman que la situación de Zelaya sea resuelta. Exigen que el derrocado presidente vuelva a Honduras con todos sus derechos y sin ser “perseguido”, una condición sine qua non para los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Esta última rechazó la presencia de Lobo en la cumbre Unión Europea-América latina que se realizó en Madrid en mayo pasado.

Reyes afirma que hoy habrá movilizaciones en todo el país y que se instalará una Comisión de la Verdad paralela (ver recuadro). “La Comisión de la Verdad avalada por la OEA y Estados Unidos tendrá resultados en 10 años. Sólo se busca blanquear el golpe. El gobierno intenta invisibilizar la resistencia y la represión.”

El dirigente de la resistencia denuncia ataques y asesinatos selectivos. “La persecución continúa contra el movimiento popular organizado. Es una represión selectiva. La semana pasada un compañero maestro fue amenazado por gente armada en un carro. A otra compañera del magisterio también la amenazaron. Hace unos días asesinaron a un dirigente campesino en la zona del Aguán, donde existe un conflicto de tierras.”

Fuente: http://visionesalternativas.com/.

Por Mercedes López San Miguel (Página 12)