Con la potente y casi inédita crisis financiera y especulativa del 2008, que terminó afectando a la economía más real (la productiva, esa que crea trabajo y consumo, bienestar y esperanza entre los trabajadores) vemos como cada día y a cada hora el Estado de Bienestar europeo, del que el más antiguo continente tanto se enorgulleció, se hundió inexorablemente, y a paso más o menos acelerado, por las consecuencias mismas de la timba global, es decir, por los gravísimos errores cometidos por la banca, por el desenfreno de la ganancia fácil, de corto plazo, de los especuladores financieros a expensas, siempre, de los trabajadores porque simplemente son esos trabajadores el sector social más vulnerable al contar solo, para su supervivencia, con su fuerza de trabajo como capital exclusivo. En ese sentido, es necesario entender el clima de malestar que se insinuó y se expresó, cada vez con más fuerza, en las fábricas, en las industrias y, en general, en cada uno de los centros de trabajo y también en la calle, en los negocios, en los barrios más poblados, los más populares, de la periferia de los grandes centros urbanos, en las ciudades-dormitorios de las zonas más carenciadas, donde los niveles de desempleo siempre son más altos, más urgentes y graves y donde miles de jóvenes desocupados están a la deriva.
Desde esta nueva perspectiva político e histórica de crisis, de ajustes pero también de consolidación, en nuestro continente, de regímenes políticos inclusivos, nacionales y populares, es urgente resolver la crisis y la deuda social que los países europeos y los Estados Unidos, que los países del Asia y de nuestra propia Latinoamérica aún tienen con sus trabajadores. Es decir, se vuelve urgente eliminar esa tremenda brecha que existe entre los niveles de alimentación, de educación y salud, de acceso a la vivienda y al trabajo que son necesarios para un mayor bienestar de los trabajadores, más aún, en estos convulsionados tiempos de crisis y de neoliberalismo.
Esta brecha, cada vez más profunda y amplia, se manifiesta en el desempleo sistemático, endémico y sistémico, en la pobreza, la marginación y la exclusión, en la insuficiencia del acceso al empleo de calidad que así cede su lugar al trabajo precarizado por lo menos en los países en que aún perdura la lógica más reaccionaria del neoliberalismo. Esta crisis y esta deuda social, entonces, se expresan en esos regímenes neoliberales a través de la fractura del mercado del trabajo y del consumo, a través de la caída del ahorro y la inversión interna, el déficit fiscal y de balanza de pagos, se manifiesta en el elevado número de trabajadores potenciales que viven de la miseria y, en fin, en la desigualdades existentes en la distribución del ingreso y el acceso a las oportunidades de progreso, de crecimiento, de igualdad, justicia y fraternidad.
El problema es global porque, a pesar del extraordinario avance de la ciencia y la tecnología, a pesar de la multiplicación de los bienes y servicios de todos los tipos que satisfacen nuestras necesidades básicas pero también suntuarias, una gran parte de los hombres todavía viven en condiciones extraordinariamente miserables lo que, en definitiva, solo profundiza a nivel alarmante la desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso al interior de cada uno de los países, desarrollados o periféricos, pero también entre cada uno de esos países que, a través de sus intercambios comerciales y políticos, de tráfico de influencias y poder, integran el sistema comercial global. En el caso concreto de las Naciones Unidas, el problema de la deuda social de los países se manifestó, por ejemplo, en la aprobación de todos los países integrantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que incluye derechos sociales de primera importancia como el acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda.
Por otra parte, siempre a nivel global, existen una multiplicidad de medidas y de programas multilaterales, regionales y bilaterales, de apoyo al desarrollo social, humano y también al crecimiento económico e institucional de los países más vulnerables estructuralmente para intentar paliar, en definitiva, las consecuencias más gravosas de esa crisis y deuda social, sin embargo, son de ínfima significación frente a la magnitud y naturaleza de los problemas determinantes de la deuda social global.
En otras palabras, por la modestia de sus prerrogativas políticas o la insuficiencia de recursos, no solo económicos sino también humanos, son programas que están muy lejos de cumplir con sus objetivos. Lo peor es que en el futuro más previsible, es decir, en el más corto plazo, no cabe esperar un cambio sustantivo en el comportamiento de los países centrales, los que son los más desarrollados, frente a estos dramas y deuda social a nivel global pero tampoco a nivel nacional. Así lo demuestra el comportamiento que tuvieron, tanto a nivel nacional como global, sus respectivos regímenes políticos en relación a la crisis desatada a fines del 2007- 08 por la especulación financiera en los Estados Unidos. No solo no defendieron las fuentes de trabajo, mucho menos la producción y el mercado interno sino que, una vez más, a través de los organismos de crédito globales como el FMI o el Banco Mundial insistieron en el ajuste y la contracción de la producción y de la economía real en general.
La crisis del 2007- 08 nos mostró y demostró que la cooperación a nivel global se limita a salvar al sistema financiero y a los especuladores de las consecuencias de sus mismas acciones, comprometiendo billones de dólares en el rescate de esos grupos de intereses aún a costa del bienestar de los trabajadores y aún a costa de profundizar la brecha entre los que más y los que menos tienen. Aún a costa de profundizar y agravar la deuda social que, en definitiva, fue una de las más graves consecuencias de esa crisis. Entonces, cuando de lo que se trata es resolver esa gran deuda social, nacional y global, la cooperación entre los diversos países es muy marginal o prácticamente inexistente.
Esto nos dice que cada país, con sus respectivos regímenes políticos, tiene que hacerse cargo y responsable de su propia deuda social sin esperar nada de los otros países. Esto nos dice, a su vez, que cada país tiene que hacerse responsable de su propio proyecto de desarrollo y de crecimiento en la búsqueda del bienestar de las mayorías a través de la inclusión, la generación y defensa del trabajo y la industria y la producción nacional. Por lo tanto, en el contexto de un proyecto nacional en lo político, popular en lo cultural y soberano en lo económico, que logre saldar esa deuda social, es necesario primero analizar a fondo las responsabilidades de los diversos sectores y grupos sociales en el origen de esa deuda para, desde ahí, realizar el mejor diagnóstico para proceder en consecuencia.
En el caso concreto de Latinoamérica, aún en los países donde se consolidan regímenes y gobiernos más radicales políticamente y socialmente más inclusivos, todavía hace falta una estructura productiva suficientemente capaz de gestionar el saber y el conocimiento para aplicarlo en la totalidad del tejido económico y social, generando así la primera y fundamental meta de todo gobierno que se precie de progresista, radical, nacional o popular, inclusivo y soberano, a saber, el pleno empleo de la fuerza de trabajo, de los trabajadores a niveles crecientes de productividad. Para este fin necesitamos de una estructura productiva que se encuentre integrada y sea abierta, que sea inclusiva en relación a cada una de las regiones y zonas, ciudades y provincias que constituyen el territorio nacional, que se funde en el agregado de valor para los distintos bienes y recursos naturales y que, además, integre decididamente el sistema industrial múltiple, diversificado y complejo, con el sector de los recursos naturales como puede ser la industria agroalimentaria, la minería o el sector energético dependiendo de a qué país latinoamericano nos estemos refiriendo.
Necesariamente, la estructura productiva del país tiene que incorporar todas las actividades de frontera del conocimiento, incluyendo la producción de bienes y recursos naturales como los de capital. Solo sobre estas bases es posible avanzar en procesos de largo plazo de acumulación de tecnología, de capital, de la capacidad de administración y gestión pública de los recursos y el consecuente desarrollo de todo el potencial disponible de recursos a nivel creciente de productividad.
En este punto, hay que entender que como el desarrollo económico, político, institucional y social se registra, en primer lugar, en el espacio nacional, es decir, al interior de nuestros países, requiere la convergencia y el consenso para aplicar una serie de políticas públicas y de comportamientos privados para la plena movilización de los recursos propios. Esto implica la autonomía y la soberanía de nuestros regímenes políticos nacionales, tanto en política como en económica, frente a los diversos actores y sujetos de poder globales, para que estemos en condiciones reales de planificar, a partir de un proyecto político coherente, el propio destino de nuestros países que se relacionan, de todas maneras, con el bienestar y una mejor calidad de vida para todos los trabajadores.
En ese contexto, un proyecto de desarrollo y de crecimiento, en los términos de inclusión y de defensa del trabajo y la producción nacional, necesita como base mínima, para ser viable en el largo plazo, contar con sólidos índices y equilibrios del tipo macroeconómicos relativos a las finanzas públicas y los pagos internacionales, es decir, superávit fiscal y de balanza de pagos con una razonable estabilidad de precios.
En la búsqueda de una estructura productiva integrada y abierta, donde confluyen en los mismos intereses de desarrollo y crecimiento nacional tanto el sector industrial como el de los bienes y servicios relacionados con las materias primas, que logre crear nuevos nichos productivos a partir del desarrollo y defensa del mercado interno y de la producción nacional, que defienda el trabajo y busque el pleno empleo como medida primera y fundamental (…) es bastante relevante plantear, con el mayor grado posible de consenso entre los sectores y actores sociales y políticos que componen el campo popular, un tipo de cambio bien competitivo, de equilibrio desarrollista que demostró toda su vialidad en el modelo nacional y popular vigente desde el 2003 en Argentina que, entre otros logros, fue capaz de producir una muy buena performance en el ámbito económico, con fuertes índices de crecimiento y creación de empleo, ahorro e inversión.
La defensa de las industrias y de la producción de bienes y servicios nacionales fueron algunas de las políticas y medidas más importantes y populares que caracterizan el exitoso modelo competitivo productivo que se inició con la presidencia de Néstor Kirchner y que continuará con Cristina Fernández. Esto, como contracara de la desarticulación sufrida en la época del neoliberalismo en especial durante los años ’90, y aspirando a cierta estructura económica y productiva más sana, más equilibrada e integrada, sustentada en la decidida complementación entre la industria y los productos agroalimentarios.
El nuevo período de defensa de la industria y la producción nacional es estratégicamente fundamental en este nuevo contexto y, por lo mismo, tiene que seguir profundizándose y entroncando con el desarrollo de los otros sectores de la economía y la producción nacional porque, en realidad, solo un proyecto político de este tipo es capaz de garantizar la integración productiva con creación de empleo. Por eso, la política industrial argentina exige el empalme y el equilibrio entre la dimensión macroeconómica a favor del desarrollo, cuyo gran pilar es el tipo de cambio de equilibrio desarrollista, que puede ser concebida como una política horizontal, con las políticas de orden más sectorial, vinculadas a las cadenas de valor y atinentes a la dirección del poder de compra del régimen político para incentivar, por ejemplo, la inversión de los actores y sujetos o grupos de intereses privados.
Como nos lo demuestra nuestra experiencia histórica más reciente, la dependencia del financiamiento externo, el desequilibrio fiscal y del balance de pagos junto con el desorden inflacionario, impiden inexorablemente el desarrollo y multiplican la deuda social de nuestros regímenes políticos en relación con la calidad y bienestar de los trabajadores. Basta con ver las graves consecuencias de las políticas de los años ’90 que, a través de la convertibilidad, de la política de privatizaciones, la liberalización económica, financiera y de capitales, conjuntamente con la primacía de lo financiero y especulativo sobre la producción, condujo a la Argentina y, en general, a todos los países latinoamericanos, a crisis de proporciones que, en definitiva, solo lograron ensanchar la brecha entre los sectores más pudientes y los más vulnerables, es decir, que acrecentaron esa deuda social que todos nuestros regímenes políticos aún mantienen con los sectores y grupos más castigados con el neoliberalismo.
Desde esta perspectiva, la transformación orientada a remover las deudas estructurales de nuestros regímenes, íntimamente relacionada con la cuestión de la gobernabilidad y de la soberanía política, reclama la existencia de otro orden institucional que es necesariamente más estable y que tiene que proporcionar, para ser viable, reglas de juego consensuadas para resolver los conflictos que son inherentes a proceso de cambios y de transformaciones pluralista y democrático. Como también lo demuestra la experiencia histórica de Argentina y de Latinoamérica en general, la inestabilidad en el ámbito institucional es un importante obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestros pueblos.
De todas maneras, en la última década del Segundo Centenario y la primera del siglo XXI, se registraron una serie de avances fundamentales en aspectos que hacen al desarrollo y el crecimiento de nuestros países. Entre éstos tenemos la capacidad real de resolver los diversos conflictos en el marco de la ley y de las reglas establecidas a través de la Constitución, la remoción de las restricciones fiscal y externa a través del superávit de la balanza de pagos y también fiscal, el encuadre de la deuda en límites mucho más manejables que hace unas décadas, la ampliación de la autonomía y soberanía de la política económica y la salida de la crisis del 2001/2 con recursos propios generados por el trabajo genuino y el sacrificio de todos. (1)
El modelo de desarrollo nacional, soberano y popular que es, por lo mismo, competitivo, inclusivo y productivo, que tan exitoso se muestra en Argentina desde el año 2003 en adelante, como contracara del modelo de desarrollo neoliberal con su correspondiente convertibilidad, llegado a cierto punto necesariamente tiene que crear una línea más democrática y flexible en relación al crédito para las pequeñas y medianas empresas para, de esa manera, incentivar genuinamente la inversión interna de esas empresas que son las que, en realidad, generan la mayor parte del empleo, la producción y el ahorro interno.
En ese sentido, las pequeñas y medianas empresas nacionales son las que más protagonismo tienen en la generación y creación de empleo siendo responsable, por lo menos de un 80% de éste, sin embargo, sólo reciben el 33% del crédito a nivel nacional. Esa situación política y económica es producto de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central efectuada en la época de Menem. No es ésta una novedad porque cada modelo económico, en este caso el neoliberal, tiene su propio sistema financiero que así es acorde a las directrices de ese modelo. Por lo tanto, si un gobierno nacional y popular, más radical en sus fundamentos, se plantea un modelo de inclusión, crecimiento y desarrollo, de industrialización y defensas de los diversos recursos de nuestros países, incluida la fuerza de trabajo, indefectiblemente tiene que plantear otra lógica en relación a la estructura y las políticas del Banco Central que, en este contexto, no puede ser autónomo de la política económica y los objetivos del crecimiento y desarrollo nacional. Por lo tanto, una reforma financiera que sea integral, es decir, que se plantee un modelo de desarrollo basado en un tipo de cambio de equilibrio desarrollista, en claro beneficio de los intereses de los trabajadores debe incluir una profunda reforma de la carta orgánica del banco central.
En definitiva, solo la consolidación política de estos avances configura la plataforma necesaria para generar el máximo de empleo necesario en un régimen político humanista, el pleno empleo, a niveles cada vez mayores de productividad y de bienestar de los trabajadores que constituye la condición necesaria para erradicar definitivamente la deuda social que nuestro Estado capitalista generó durante toda nuestra historia como países nominalmente independientes pero estructuralmente dependientes de los centros globales del poder.
Notas:
Cuando me refiero a restricciones fiscal y externa para el desarrollo de nuestros países estoy diciendo que no es posible el desarrollo y crecimiento de nuestros países en el ámbito de déficit fiscal y de la balanza de pagos porque esto nos lleva, más temprano que tarde, a financiarnos con recursos externos a través de la toma de crédito a través de los organismos de créditos globales lo que, en fin, nos resta independencia y soberanía en el ámbito de la economía y de planificación de un modelo de desarrollo nacional y autónomo como bien nos lo demuestra la historia más reciente.
En ese contexto, el desarrollo y el crecimiento de nuestros países solo es posible a través del superávit fiscal y de la balanza de los pagos internacionales que son los que generan recursos genuinos para el financiamiento de ese mismo desarrollo. Recursos propios significa independencia y soberanía mientras que, muy por el contrario, deuda y créditos venidos desde el exterior significan dependencia política y económica.
Autor: Alfredo Repetto.
Referencias bibliográficas:
Montoya, Roberto: “Se desploma el Estado de Bienestar europeo”, Miradas al Sur edición del 20 de junio del 2010, página 18.
Galand, Pablo: “Las entidades financieras tendrán una nueva ley”, Miradas al Sur de la edición del 20 de junio del 2010, página 13.
Ferrer, Aldo: “La deuda social” en Revista Argentina Económica de la edición del 20 de junio del 2010, página 6.
Curia, Luis Eduardo: “Aspectos de la sustentabilidad de la expansión” en Revista Argentina Económica de la edición del 20 de junio del 2010, página 7.
