viernes, 7 de enero de 2011
Links de interés:
Tercerizados ferroviarios: la causa es justa, el método, inoportuno e inapropiado, por Movimiento Octubres:
Fernando Navarro: “Hay que construir más poder popular”:
Marcha para denunciar la privatización de Canal 13:
Informe:
Empleo: prioridades y logros
Anticipo. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su equipo, realizaron el informe Cambio en la dinámica del empleo y la protección social para la inclusión, período 2003-2010.
Luego de la Segunda Guerra Mundial se implementó en Europa occidental y en otros países con grados de desarrollo medio y alto, el denominado Estado de Bienestar (Boyer, 2006). Este esquema, basado en políticas de desarrollo industrial y el modo de producción fordista, permitió la consolidación de un mercado interno a través del incremento de la demanda doméstica. Como resultado se elevaron sistemáticamente los estándares de vida de la población y mejoró la equidad distributiva en las décadas posteriores, sostenida por compensaciones financieras frente a diversos riesgos “colectivos” y por la fuerte articulación socioeconómica generada por el sistema productivo.
La versión local de la sociedad industrial vinculada a la producción en serie y al Estado de Bienestar también encontraba fuertes anclajes entre el sistema productivo, el mercado de trabajo y los hogares. Si bien existían trabajadores afectados por la informalidad y por lo tanto excluidos de algunos beneficios sociales, éstos constituían una proporción reducida de la población económicamente activa y tenían trazos diferentes a los actuales, en especial con respecto al nivel salarial. En un contexto de pleno empleo, con una elevada tasa de asalarización, el trabajo se constituía en el eje de la integración social y fuente principal de ingresos, un modelo cuyos resultados se manifestaban en altos niveles de cohesión e inclusión social.
Desde el último cuarto del siglo pasado comenzó a transitarse un sendero diferente. Esping-Andersen (1993, 1996 y 2000) clasifica distintos sistemas de bienestar, tomando al liberal (o anglosajón) como el que tiende a individualizar los riesgos fomentando soluciones de mercado con un Estado subsidiario limitado a compensar las necesidades de quienes encuentran dificultades de integración. Si bien este modelo coexistió con el Estado de Bienestar, se podría decir que se profundizó a partir de los años setenta, cuando la globalización y la reconfiguración de la producción mundial, así como la ruptura del esquema definido por el capitalismo fondista, debilitaron profundamente sus bases. En términos sociolaborales, las consecuencias de esta transformación fueron negativas: se desestabilizó la condición salarial, creció el desempleo y se precarizaron las condiciones del trabajo (reducción de costos laborales) y su protección, dando lugar a que un gran número de trabajadores transitara hacia la vulnerabilidad sociolaboral (Castel, 2002).
Si se toma como referencia comparativa la situación laboral en la Argentina hacia mediados del siglo XX, las consecuencias negativas del proceso abierto por la dictadura militar en el último cuarto del siglo pasado fueron más profundas aún que las registradas en Europa occidental. En parte, por un Estado con menor capacidad de respuesta respecto de los Estados de Bienestar consolidados. Pero fundamentalmente como resultado de la aplicación generalizada de políticas de libre mercado, que luego serían profundizadas durante los años noventa por las que recomendara el Consenso de Washington. En este contexto, la política pública imprimió supremacía a las cuestiones económicas por sobre las laborales y las sociales. Abogando por la “estabilidad macro” y una mayor eficiencia, se implementaron severas reformas estructurales y privatizaciones que, sumadas a la creciente exposición internacional, condujeron al desmantelamiento del sistema productivo nacional y al debilitamiento del Estado en su rol de garante de las condiciones mínimas de vida de la población. Como resultado, la desarticulación del modelo laboral consolidado en la Argentina derivó en crecientes niveles de desempleo, precariedad y exclusión social.
La profunda crisis económica, social y política de 2001/02 que emergió como consecuencia de la primacía del mercado, exigía la revisión de las políticas basadas en aquellas ideas, sin embargo muchos proponían reiterarlas e incluso intensificarlas. Frente a este desafío el Gobierno que se hizo cargo de la gestión en 2003 enfrentó la mirada neoliberal y decidió configurar el modelo socioproductivo en vigencia, con el objetivo de armonizar los requerimientos de la economía globalizada, de competitividad y eficiencia, con la necesidad imperiosa de mejorar las condiciones de vida de la población.
Así, entre los ejes que orientaron los cambios se colocó al trabajo de calidad como un determinante de la política pública, y se posicionó al Estado tanto como promotor del desarrollo económico como coordinador de actores y políticas, por ejemplo, a través del estímulo a la inversión y la mejora de la competitividad. En combinación con las medidas para aumentar la productividad se promovió la extensión de la protección social, la determinación de salarios dignos y la ampliación de la formación profesional. También se consideró ineludible para asegurar la cohesión e inclusión social propender a una distribución del ingreso más equitativa, a través del diálogo social, la negociación colectiva y la articulación de la política salarial con la protección social.
Lineamientos de las políticas implementadas a partir de 2003.
La decisión del Gobierno Nacional desde 2003 fue jerarquizar al empleo colocándolo en el centro de las políticas públicas, situando al trabajo como articulador entre la esfera económica y la social, como fuente de dignidad de las personas, como factor básico de ciudadanía. El eje de la política pública se orientó a la creación de empleo decente, es decir, productivo y protegido, con los beneficios que prevé la normativa laboral. De este modo, el trabajo fue considerado el núcleo central para la inclusión social, para la mejora de los ingresos, y el acceso a derechos.
Para ello, no sólo fue necesaria la puesta en marcha de un conjunto de acciones y programas, sino también la recuperación y resignificación del rol del Estado definiendo y articulando las políticas económicas, laborales y sociales. En términos generales, los lineamientos del enfoque socioeconómico desarrollado se podrían sintetizar en los siguientes pilares:
• La instalación de un patrón de crecimiento orientado a la producción nacional y el empleo, a través de la definición de un conjunto coherente de políticas económicas y sociales que permitieron recuperar y mejorar la competitividad del país.
· La implementación de políticas activas de ingresos y de promoción de la negociación colectiva, con el fin de incrementar el salario real y mejorar las condiciones laborales.
• La instrumentación de acciones dirigidas a mejorar las calificaciones de los trabajadores y a generar canales más eficientes para acceder a mejores oportunidades de empleo, a través de políticas de formación, capacitación e intermediación laboral.
• La ampliación del alcance y la cobertura del sistema de protección social con el fin de garantizar prestaciones básicas y transferencia de ingresos especialmente a los grupos y sectores más vulnerables.
La decisión de continuar y fortalecer estas políticas, a pesar de un contexto de crisis global como la desatada a fines del año 2008, y de aplicar un conjunto de medidas económicas y laborales para preservar el empleo existente.
En términos simplificados se podría describir el funcionamiento de este enfoque económico del siguiente modo: la fijación de un tipo de cambio competitivo, la realización de importantes inversiones públicas, y un conjunto de medidas tendientes a sostener el poder adquisitivo de los ingresos familiares expandieron y diversificaron la producción impulsada por el crecimiento de las exportaciones y por la sustitución de bienes importados. El patrón de crecimiento en marcha estimuló las economías regionales y se desarrollaron actividades demandantes de trabajo lo suficientemente diversificadas para permitir que el crecimiento y el desarrollo resultaran inclusivos para la mayoría de la población.
Esta dinámica, sumada a una política activa de ingresos, de fomento de la negociación colectiva y de ampliación de la protección social colaboró, a través del aumento del consumo, a apuntalar el mercado interno. Este afianzamiento dio lugar a un crecimiento importante de la inversión y a una mejora de la productividad laboral. Simultáneamente, la aplicación de políticas de regularización laboral inició un proceso de formalización del trabajo sin antecedentes en la historia reciente de nuestro país.
Estrategia económica.
La estrategia macroeconómica permitió una mejora en la competitividad de la economía, el sostenimiento del superávit externo, la promoción de la inversión pública y privada, y un fuerte impulso a la demanda doméstica como motor del crecimiento económico.
La política de sostenimiento del tipo de cambio real en niveles competitivos ha sido esencial. No sólo permitió aumentar la rentabilidad de las exportaciones sino establecer una protección al sector productivo frente a la competencia de las importaciones. Al sostener una cuenta corriente superavitaria y relajar la restricción externa, que caracterizó históricamente al crecimiento en la Argentina, se logró minimizar la probabilidad de una nuevas crisis de liquidez de divisas.
La demanda global ascendente de productos alimenticios, propiciada principalmente por el crecimiento de países emergentes como China e India, y la mejora en los términos de intercambio para nuestro país a partir del importante crecimiento de los precios de los productos exportados, contribuyeron a la consolidación de una posición externa superavitaria. Complementariamente, las regulaciones a la entrada y salida de capitales de corto plazo y la renacionalización de ciertas empresas públicas de servicios privatizadas contribuyeron a la fortaleza externa.
La política de desendeudamiento a través de la renegociación de la deuda pública, la cancelación de la totalidad de los compromisos que el país tenía con el FMI, junto a un manejo prudente de la política fiscal han sido elementos centrales que otorgaron mayor autonomía a la política económica. El crecimiento económico y la mejora de la acción recaudadora del Estado permitieron un nivel creciente de gasto público, sin resignar el superávit fiscal. Al mismo tiempo, se verificó un impulso importante a la inversión pública, en especial en infraestructura y equipamiento, así como un conjunto de incentivos a la producción nacional, lo cual estimuló la inversión privada llevándola a valores récord.
Por último, otro aspecto esencial para explicar el período de fuerte crecimiento económico registrado desde el año 2003 estuvo relacionado con las políticas activas orientadas a incentivar la demanda doméstica, entre las cuales las de empleo e ingresos han sido centrales. Esta orientación, de fuerte impulso al consumo interno, permitió que gran parte de los sectores productivos pudieran aprovechar los beneficios del tipo de cambio alto y las condiciones externas favorables, evitando que sólo fueran los sectores tradicionalmente exportadores los que se beneficiaran por ello.
Políticas laborales y de ingresos.
En el marco de este nuevo patrón de crecimiento, las políticas laborales en sentido amplio tuvieron una línea acorde. El MTEySS asumió un papel activo interviniendo en ámbitos abandonados por el Estado en los años anteriores, en base a una estrategia de restablecimiento de las instituciones claves del mundo del trabajo, atribuyéndoles una nueva significación en este nuevo contexto.
En este sentido, la revitalización del valor institucional del salario mínimo se constituyó en un importante instrumento para mejorar la equidad en la distribución del ingreso al establecer un piso salarial para los trabajadores de menores recursos, y como política macroeconómica para alentar la demanda agregada.
El salario mínimo es determinado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil integrado por representantes de empleadores y trabajadores, con la presidencia del MTEySS y la participación de otros representantes del Estado a nivel nacional y del Consejo Federal del Trabajo. Este organismo tripartito fue convocado en 2004 después de 11 años de inactividad, retomando su funcionamiento regular y consolidando la institución del salario mínimo a través del diálogo social y el consenso entre los actores involucrados. Un ejemplo palpable del funcionamiento activo de este mecanismo es su evolución en los últimos años: con el último aumento acordado en 2010 el salario mínimo crecerá un 820% con respecto al valor que rigió durante la mayor parte de la década de los noventa.
En materia de relaciones laborales, la sanción en 2004 de la Ley 25.877 de Ordenamiento Laboral proporcionó un conjunto de instrumentos compatibles con las necesidades coyunturales y con el objetivo estratégico y prioritario del gobierno de estimular el desarrollo del trabajo decente y de tomar partido por fórmulas legales que estimulen la negociación colectiva, la preeminencia de las normas más favorables al trabajador y la resolución de los conflictos por acuerdos de partes. Asimismo, la ley facilita el desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas para que creen más empleo, y le da intervención al MTEySS, juntamente con las administraciones provinciales y con la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social.
La reforma laboral revirtió la orientación flexibilizadora de las condiciones de trabajo impuestas en la década de los noventa. La nueva legislación reivindica la negociación colectiva en el nivel de rama de actividad o sector por sobre la de niveles inferiores. Cuando hay superposición en los contenidos de distintas negociaciones, se estipula que prevalece la norma más favorable para el trabajador.
La dinámica de la negociación tuvo diferentes estadios en estos últimos siete años. Al principio fue impulsada por el Estado, que articuló las políticas salariales con las de Promoción de la Negociación Colectiva, al disponer que los aumentos de suma fija no remunerativa fueran incorporados a los básicos de convenio, lo que impulsó la conformación de paritarias entre empresas y sindicatos. Posteriormente, la negociación se fue extendiendo incluso a sectores donde los sindicatos presentaban dificultades para afianzarse y conformar paritarias. El restablecimiento del paulatino protagonismo sindical permitió encarar las negociaciones laborales en condiciones de mayor equidad.
Con el objeto de combatir el trabajo no registrado, verificar que las condiciones laborales garanticen el respeto de los derechos fundamentales del trabajo y lograr que los empleadores regularicen en forma voluntaria su situación ilegal, el MTEySS puso en marcha el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (Pnrt) dirigido a transformar la cultura del incumplimiento de la normativa laboral y previsional. Ello requirió reconstruir la capacidad institucional de este ministerio para llevar a cabo las inspecciones. Un indicador que refleja este hecho es la evolución de la cantidad de inspectores del MTEySS: en el año 2003, previo al lanzamiento del Pnrt se contaba con 20 inspectores; en 2010, se contabilizan 400 agentes dedicados a la tarea inspeccionadora. A este incremento en la capacidad del MTEySS hay que agregarle la intervención específica y coordinada que se realiza en esta materia con Anses, Afip y con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, así como la colaboración desarrollada durante estos años con el Consejo Federal del Trabajo y con muchos de los gobiernos provinciales.
Este programa relevó alrededor de 827 mil establecimientos, que comprenden a más de 2,6 millones de trabajadores. Como resultado directo de esta política se puede destacar que en 2009, el 38% de los trabajadores no registrados detectados fueron regularizados por efecto directo de la acción inspectiva.
Esta política sistemática dirigida a reducir la informalidad laboral se desplegó, no sólo a través de la recuperación de la inspección del trabajo, sino también a partir de una diversidad de acciones especificas, entre las que se destacan:
• Instalación de la problemática en la agenda pública, fijando una posición clara y explícita del Gobierno Nacional en contra de la contratación de trabajadores en forma ilegal. Esta posición se fortaleció con la puesta en marcha de una campaña sistemática de sensibilización a través de los medios masivos de comunicación sobre las ventajas de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias y la protección social que de esto se deriva.
• Modificación de los procedimientos administrativos con el objeto de simplificar la registración de trabajadores en la seguridad social. El denominado “Programa de simplificación registral” establece un nuevo esquema de registración que propone un procedimiento único que facilita la inscripción de los trabajadores, la identificación de los empleadores y la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente, allanando el camino para reducir el trabajo informal.
• Reducción de los costos de contratación para los nuevos trabajadores en empresas pequeñas y medianas. La normativa (Ley Nº 25.877) prevé un subsidio de sus contribuciones patronales a la seguridad social por el término de 12 meses por cada trabajador que incorpore.
• Desarrollo de una serie de acciones de difusión a través de diversos medios (escuelas; sindicatos; cámaras, foros consultivos y de debate sobre la temática del trabajo y la producción; medios masivos de comunicación), de los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores.
• Implementación de un conjunto de medidas tendientes a regularizar la situación laboral de las trabajadoras del servicio doméstico. Las mismas consisten en la posibilidad por parte del empleador de deducir del impuesto a las Ganancias el salario y las cargas sociales correspondientes, la simplificación del sistema de registro y pago de aportes, y el lanzamiento de una intensa campaña mediática con el objetivo de promover la importancia de la registración laboral.
• Desarrollo de la red de empresas en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria para trabajar con los proveedores de la cadena de valor en la registración del personal.
En el marco del diálogo social, el rol del MTEySS se ha extendido más allá de la promoción de la negociación colectiva y de la presidencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. En efecto, se ha llevado adelante una amplia agenda con el fin de desarrollar y profundizar los espacios institucionalizados de diálogo. El propósito es visibilizar y avanzar en el tratamiento de problemáticas específicas relacionadas con el mundo del trabajo ya sea a través de la concertación tripartita o de la multiactoral, y que los resultados de esta participación puedan incidir transversalmente en las prácticas de los actores y en las políticas y programas del MTEySS.
Así, desde 2003 se ampliaron sustancialmente las acciones que se desarrollan en todo el país en materia de género, de no discriminación en el trabajo, y de combate al trabajo infantil, que despliegan la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral, y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que generó una Red de Empresas que ha sido puesta como referencia en otros países de la región, ambas presididas por el MTEySS. Asimismo, se ha iniciado el desarrollo del debate con los actores sociales sobre la prevención de adicciones y del consumo de sustancias psicotrópicas y drogas con impacto en el mundo del trabajo.
Políticas activas de empleo.
El Estado Nacional, a través del MTEySS, desarrolló una activa política en materia de empleo coherente con la estrategia de centrar al trabajo como instrumento de ciudadanía y eje de vinculación del funcionamiento de la economía con el bienestar de los hogares.
En los primeros años de gestión, se administró responsablemente y se reformuló el Programa Jefes de Hogar que implicaba una transferencia de ingresos a hogares de bajos recursos. Esta política asistió a los grupos más vulnerables de los desocupados, sosteniendo, además, el consumo de quienes enfrentaron mayores restricciones durante los primeras tiempos de la recuperación económica.
En 2003 este programa brindaba asistencia a más de dos millones de personas. Sin embargo, en los años subsiguientes, progresivamente muchos de estos trabajadores desocupados fueron incorporándose al empleo formal, desarrollaron emprendimientos productivos, o dejaron de percibir el beneficio debido a la modificación de la situación general del hogar.
En una segunda etapa, producto de la dinámica inclusiva que se fue verificando en el mercado de trabajo, se rediseñó el programa para adecuar las prestaciones a las necesidades de quienes aún requerían de la asistencia del Estado. De esta manera, los hogares con una cantidad superior de hijos y en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica fueron incorporados al Programa Familias por la Inclusión Social. Por el otro lado, las personas cuyo perfil permitía asistirlas en su inserción en el mercado de trabajo fueron atendidas a través del Seguro de Capacitación y Empleo, en orden a mejorar su formación y brindarles apoyo para la búsqueda de trabajo.
De esta manera, el Ministerio de Trabajo fue transformando el objeto y las características de sus políticas, pasando de un esquema de política social y de transferencias de ingresos, a un sistema basado en la mejora de las condiciones de acceso al mercado de trabajo.
Se puso en marcha a fines de 2003, el Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”, que instituye un conjunto de herramientas que promueven la inserción laboral en empleos de calidad a través de estrategias de mejora de la empleabilidad, de asistencia en procesos de inserción laboral asalariada o independiente y en el sostenimiento del empleo en sectores o actividades que así lo requieren. Por su parte, este plan se sustenta en dos pilares institucionales:
• Red de Servicios Públicos de Empleo: Se crearon y fortalecieron 325 Oficinas de Empleo Municipales en todo el país. Se trata de organismos técnicos de carácter local que intermedian entre la oferta y la demanda de trabajo, brindando en forma gratuita información, orientación y derivación a prestaciones de capacitación y empleo. En ellas se articula el conjunto de herramientas de políticas activas de empleo y las oportunidades de trabajo originadas en el sector privado de la economía, con las personas desocupadas o con aquellas que buscan mejorar su situación laboral. En 2009, más de 380 mil personas fueron atendidas y orientadas en las oficinas de empleo.
• Sistema de Formación Continua: La conformación de este sistema descansa en el diálogo social de los actores del mundo del trabajo: cámaras, empresas, sindicatos, trabajadores e instituciones de formación que asumen compromisos vinculados al desarrollo estratégico sectorial y a la definición de los perfiles y niveles de calificación requeridos para los puestos de trabajo. Esta concertación permite contar con instituciones de formación y certificación de competencias que pueden responder con calidad y pertinencia sectorial a las demandas territoriales basadas en las necesidades de su población. En este marco se pusieron en marcha algunos de los componentes críticos del sistema: cerca de 250 instituciones en el país fueron fortalecidas en el marco de esta política y 44 implementaron procesos de certificación de su calidad; se está trabajando en la actualidad con actores representativos de aproximadamente 40 sectores de actividad productivos; más de 40 mil personas ya certificaron competencias laborales.
Entre 2003 y 2010 alrededor de un millón de personas fueron capacitadas, ya sea a través de la realización de actividades específicas de formación profesional, como por la finalización de sus estudios primarios o secundarios. En promedio, se advierte que en ese período cerca de 134 mil personas por año recibieron capacitación, mientras que en 2003 sólo fueron 15 mil los trabajadores capacitados. La importancia asignada a esta temática se destaca también en términos presupuestarios anuales, considerando que entre 2003 y 2009 se multiplicaron 11 veces los recursos comprometidos. En 2009, el Estado invirtió cerca de 175 millones de pesos en la mejora del sistema de formación continua.
En el marco de este plan integral, desde 2008 se desplegaron actividades para los jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años y con escolaridad primaria o secundaria incompleta. El Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo dispone de un conjunto de prestaciones integradas de apoyo a la elaboración e implementación de un proyecto formativo y ocupacional con el objetivo de proporcionarles oportunidades laborales vinculadas con sus perfiles, sus expectativas y sus entornos.
Por otra parte, el MTEySS desarrolló una política específica para mejorar la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad, en orden a procurar para ellas la igualdad de oportunidades laborales. Las acciones se desarrollan en forma conjunta con organizaciones gubernamentales y ONG, a través de la red de Oficinas de Empleo para garantizar una amplia territorialización.
A través del conjunto articulado de prestaciones en materia de empleo, formación y capacitación (para jóvenes y adultos) se complementaron los planes centrados en la transferencia directa de ingresos. Entre 2003 y 2009 se triplicó la cantidad de beneficiarios de programas de empleo que recibieron algún tipo de asistencia, lo que representa un crecimiento de casi un millón trescientas mil personas considerando el conjunto de planes y programas en las líneas de trabajo llevadas a cabo por este Ministerio.
El balance 2003-2009 atestigua que el MTEySS brindó a más de 4,8 millones de personas orientación laboral, capacitación para el trabajo, prestaciones relacionadas con la inserción en el empleo, y/o asistencia directa a los grupos más vulnerables a través de transferencias de ingresos.
Las políticas activas de empleo se desplegaron teniendo en cuenta el desarrollo productivo local, espacio que integra un activo intercambio entre los gobiernos provinciales y municipales y los actores socioproductivos en sus jurisdicciones, a fin de dar respuesta a los problemas específicos de empleo y de calificaciones. En el marco de este enfoque clave se han firmado los últimos años más de cuatrocientos “acuerdos territoriales” en todo el país.
De esta forma, las políticas activas de empleo acompañaron la dirección estratégica del crecimiento socio productivo del país en estos últimos años. Las acciones desplegadas se realizaron, en una porción importante, con la participación y el compromiso de los representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las instituciones de formación, de los sistemas educativos locales, de la mayoría de los gobiernos provinciales y municipales y de los movimientos sociales.
Fuente: En Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
Análisis político de la semana.
Los desafíos del 2011.
El actual modelo económico, entendido como parte sustantiva de un régimen político de pretensiones nacionales y populares, soberano en sus fundamentos, generó en Argentina un cambio muy importante, central, en la cuestión relativa a los sectores más vulnerables en todos los sentidos. Así, si bien en el 2001, la mitad de la población no tenía acceso a la canasta básica de los alimentos, es decir, a los alimentos indispensables para una vida digna, actualmente ese porcentaje cayó al 23%. Ese es uno más de los grandes avances de la gestión de un gobierno popular como lo fue el de Néstor y como lo es hoy el de Cristina. El problema es que desde 2007 algunas de estas importantes variables como el incremento del salario real no vienen creciendo como debieran, es decir, se nota cierto freno en la tendencia distributiva del régimen que, en primer término, se debe a la resistencia que plantean los sectores y grupos económicos, ligados a los más importantes intereses de los grandes negocios tanto nacionales como globales, que más se beneficiaron con la devaluación que puso fin a la convertibilidad. Aclaremos un poco los tantos: el actual régimen macroeconómico permitió una recuperación del salario real de los trabajadores a los índices que existían antes de la devaluación. Pero todavía está muy lejos de llegar a los valores anteriores a los de la convertibilidad. Pareciera que no se puede atravesar esa barrera. En realidad, no se entiende desde el punto de vista económico porque los sectores exportadores fueron los que más se beneficiaron con el cambio del tipo de valor, entonces, esa rigidez que impide atravesar la barrera a la que me acabo de referir, tiene su origen en la tremenda resistencia de esos sectores ligados a las exportaciones, a reconocer que el tipo de cambio surgido luego de la devaluación del peso lo estamos pagando todos los trabajadores al ganar menos de lo que deberían ganar si el tipo de cambio no estuviese devaluado y sostenido por el gobierno de Cristina. La suba de los precios de los diversos bienes y servicios que consume la población (en las actuales condiciones de robustecimiento y crecimiento de la economía y de la gobernabilidad que nos conduce al desarrollo, es errado hablar de inflación) es uno de los elementos que socavan el poder adquisitivo de los más pobres porque esos sectores, los más vulnerables, gastan la mayor parte de sus sueldos en consumo directo y consecuentemente tienen una casi nula o muy baja capacidad de ahorro. Así, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los economistas ortodoxos, de los partidarios de las políticas neoliberales que aún hoy en plena crisis global se pretenden racionales, de que el alza de los precios está directamente vinculado a la expansión monetaria y del gasto público, es necesario insistir que la clave de la suba de los precios y hasta la generación de un proceso inflacionario (que no es el caso de Argentina por la robustez del régimen político sustentado en un proceso de desarrollo nacional, es decir, que reivindica la producción, el consumo, el mercado, ahorro e inversión interna) está directamente vinculado con la capacidad de formar precios de los sectores oligopólicos más concentrados que así tienen un gran poder, para nada democrático, en relación a los dirigentes e instituciones y movimientos democráticamente organizados.
En esas circunstancias bastante particulares, a pesar de sus estructuras fuertemente verticalistas que en general responden a intereses claramente foráneos, ligados a los centros globales del poder, tienen un fuerte poder para tomar decisiones en el proceso de formación de la agenda pública de los gobiernos democráticos. Por lo tanto, una de las claves para radicalizar el proceso de cambios inaugurado en el 2003 con Néstor Kirchner en el sentido de seguir favoreciendo los intereses de los sectores ligados a la cultura popular, es que el gobierno actúe en el sentido de limitar lo más posible el poder de decisión de esos grupos fuertemente concentrados. Para el caso, existen una serie de medidas estructurales que es necesario que el gobierno logre institucionalizar a través de un cambio en las estructuras del régimen político para que así perduren más allá del gobierno de turno. Son medidas que, en lo central, buscan terminar con la pesada herencia de las políticas neoliberales y así son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo en el largo plazo. En otras palabras, son políticas que van contra el accionar de los grupos más concentrados y así contra un proceso de suba constante de precios y hasta de la misma posibilidad para generar un proceso inflacionario que busque frustrar todo lo conseguido hasta hoy. Es necesario plantear con la mayor claridad posible que las empresas con dominio, decisión y gestión política y económica, dada su situación privilegiada en la estructura de la producción nacional, que eventualmente favorecen o perjudican a los trabajadores, hoy ejercen un incremento de precios abusivos, que se reflejan en las góndolas de los supermercados, e incluso en ciertas circunstancias políticas concretas abusan del poder de formación y control del mercado que tienen. Si no se sanciona en este sentido, es decir, buscando un equilibrio entre la lógica de decisión y de gestión privada de los mercados y el interés público, el modelo de desarrollo en que nos comprometimos estaría cediendo cuotas de poder importantes a grupos muy concentrados y desvinculados de los grandes intereses nacionales. Una buena medida de transición sería, por ejemplo, la conformación de un tribunal de defensa de la competencia que podría servir para regular esas prácticas. De hecho, desde hace un tiempo el gobierno viene planteando esta idea pero todavía no se pudo avanzar en ese sentido. De todos modos, ni éste ni cualquier otro tema son fáciles de resolver sin el apoyo, la participación y movilización de las organizaciones, de los movimientos y de los referentes políticos y sociales que representan por lo menos parte importante de los intereses de los trabajadores porque, en primer lugar, hay que resolver la cuestión de la reacción de los grupos políticos y económicos más concentrados. De hecho, los más poderosos no se quejan cuando no existen cambios que los afecten. No es este el caso argentino. No lo viene siendo desde el 2003 porque a partir de ese momento nos comprometimos en un modelo de crecimiento fuertemente democrático que busca favorecer y sustentarse políticamente en los intereses de los sectores populares. Y las consecuencias de semejantes políticas de desarrollo y de visión de la realidad nacional y global hay que abordarlas entre todos. Digo que hay que abordarlas entre todos porque es de una pereza absoluta pretender que el gobierno haga todo en nombre nuestro. Es decir, que avance, que corrija, que cuide, que defienda al borde del área chica, que tire el centro, que cabecee, que tire los penales, que dirija y hasta que limpie el vestuario.
En primer lugar, aclaremos que los sectores que desde el 2003 vienen desertando del campo popular tanto por izquierda como por derecha, para el caso que nos ocupa da igual, lo hicieron porque no estuvieron nunca a la altura del desafío histórico que significa traer bienestar a las mayorías más allá de teorías que muchas veces bordean los límites de la irracionalidad. Total, si el proyecto nacional y popular es derrotado, en las urnas o a partir de determinadas operaciones políticas, ellos dirán que se retiraron a tiempo y seguirán discutiendo las diferencias internas del partido bolchevique, las posturas de Trotsky o la organización del partido de acuerdo a Lenin (...) No importa porque así obtendrán el perdón de los verdugos, que es el más infame perdón. Simplemente dan vergüenza ajena y hasta son peligrosos para la consolidación de un régimen político popular en lo cultural, nacional en lo político y soberano en lo económico porque no es cierto que una hoja de ruta, incluso un proyecto político asegure de por sí el destino de un pueblo. Lo que intento decir es que el año que empieza tiene que encontrarnos mucho más organizados y movilizados porque ni el 2011 está ganado de antemano ni tampoco es cierto que no habrá nuevas operaciones políticas como las de fines del 2010 que hagan más peligroso y duro el rumbo. No es cierto que nos favorecerán los vientos porque esta barca está predestinada a llegar a puerto. No tengo ninguna duda que llegaremos al mejor de los puertos, sin embargo, la travesía victoriosa del 2011 la tenemos que recorrer entre todos, participando, comprometiéndonos y organizándonos mejor, para que así sea la mayor obra humana que este pueblo haga en su historia republicana después de Perón. De lo contrario, volveremos otra vez, con las velas hechas jirones, al punto de inicio, a la lógica de la patria agro exportadora y sojera, para resistir a la ya vieja historia de injusticia y de exclusión. Entendiendo las consecuencias de este retroceso histórico, hay que animarse a militar y participar, cada uno dentro de sus posibilidades, haciendo lo que se pueda pero sabiendo que el futuro ya está entre nosotros, para consolidar las bienaventuranzas de un modelo político como el actual que nos resguarda a las mayorías de las políticas reaccionarias de las élites históricamente fracasadas. Es la única manera en que podemos asegurarnos hacia adelante un nuevo siglo de justicia, de paz, de pleno empleo, de mayor calidad y productividad, de democracia y de inclusión social. Pero a no engañarse. Nada es dado porque sí. No hay nada que sea de regalo y definitivamente Dios no es argentino. La historia de este pueblo así lo enseña. Habrá que juntar, multiplicar y comprometerse armónicamente, plantear y defender la gestión y la gobernabilidad con militancia política en las calles de la patria nacional y popular.
Los movimientos y las organizaciones populares tienen causas por defender y batallas por librar, entonces, no son sólo meros expedientes ni instrumentos al servicio de intereses dominantes o de elites revolucionarias esclarecidas sino que, en primer lugar, son parte de un amplio movimiento que necesariamente tiene que buscar una mejor calidad de vida, de trabajo, para todos los que vivimos de un sueldo. Los que quieran abordar las naves de la discordia, del más falso de los consensos, ese diálogo que solo favorece a las minorías, las naves de la exclusión, de la xenofobia y el racismo, de la discriminación y la violencia de los grupos que se dicen republicanos, que se hagan responsables de sus decisiones porque, mucho más temprano que tarde, la historia pasa factura a cada cual.
La importancia del nuevo año es que nos conduce otra vez al pasado o por fin nos muestra un porvenir mucho más candente, justo e igualitario. Que nadie se engañe porque la derecha política, expresada a través de Macri o de Duhalde entre otros tantos, seguirán ahí y nosotros, con nuestra apuesta en el futuro, tendremos que atreveros a más. En ese sentido, el kichnerismo como movimiento político que en este momento representa lo mejor del peronismo, contiene fenómenos de apertura y diálogo que hacen posible la convivencia armónica con determinados grupos y actores políticos y sociales, la mayoría de ellos minoritarios pero importantes en el sentido de que representan una parte de los intereses de los trabajadores y que además tienen una fuerte capacidad de irradiación cultural. Entre ellos tenemos a los antiguos militantes de una izquierda ya clásica y variopinta, los sobrevivientes del Frepaso, ex peronistas renovadores o revolucionarios, progresistas y otros genes de lo que fuimos o somos. Lo que digo es que hay que sumar en esa transversalidad de la que políticamente se habla poco, a los militantes de los defensores de los derechos humanos, a los intelectuales, los profesionales, artistas varios y hasta los rockeros como el Indio Solari. También algunos sectores de la CTA, las organizaciones de los jóvenes, los humanistas y radicales forjistas, nuevos intendentes del conurbano, que en absoluto son barones, espacios en las provincias como el que lidera el compañero Agustín Rossi y otros nuevos pero muy ricos en experiencia y complejos en sus tareas como el Túpac Amaru de Jujuy. Es extraño entonces que hablemos tan poco de esa masa política militante que es crítica pero que representa la auténtica transversalidad en proceso del kirchnerismo que, como la historia nos enseña, no puede resolverse a partir de recetas teóricas sino, en primer lugar, en el hacer como nos enseñó Perón. Es extraño que hablemos tan poco de esa masa crítica, el kirchnerismo, que por su misma diversidad, por su riqueza práctica y teórica, por su incipiente capacidad de diálogo y por todo lo que tiene para dar de sí mismo, implica un tremendo potencial democrático de los sectores populares porque simplemente nutre nuestras necesidades, porque abre nuestras esperanzas en un país mucho más justo y porque incorpora a través de la generación de derechos ligados a las nuevas posibilidades de empleo.
Decirse de izquierda en realidad no implica ningún gran sacrificio, en cambio, construir, hacer, transformar la realidad de las mayorías, es lo complejo y lo árido, se esté en el llano o se esté en el poder. Y esa nueva masa crítica y transformadora que representa actualmente el kirchnerismo tiene inmensos desafíos que afrontar en la medida en que apuesta a incrementar su capacidad de cambios y de transformaciones en favor de los trabajadores. Por lo mismo, tiene que seguir creciendo a la hora de interpelar y articular a más sectores ligados auténticamente a los intereses de la cultura popular. También existe esa otra izquierda, esa que es mucho menos militante en la práctica, pero con mucho más despliegue mediático por las incongruencias de sus discursos que terminan jugando en favor de los sectores de la derecha. Me estoy refiriendo a los que encarnan Proyecto Sur, liderado por Pino Solanas. Ellos en su delirio ideológico suelen mezclar diversos argumentos que son sensibles a cualquier militante popular como, por ejemplo, el tema de los ferrocarriles, la cuestión del petróleo o la minería, con discursos efectistas para provocar bronca en contra del gobierno popular. Se montan en peleas que les permite ganar ciertos espurios espacios en la prensa dominada por el establishment más reaccionario y con eso intentan ampliar su base social. Es decir, tienen una estrategia política que bordea los límites de la ingenuidad, la estupidez y el oportunismo. No digo que no sea legítimo tener diferencias por izquierda con el gobierno pero cuando las críticas son entre amigos se hacen en privado para no dar argumentos a la derecha política. Sencillamente los trapos sucios se lavan en casa, en familia. Yo tengo mis críticas con el gobierno actual pero no estoy de acuerdo que algunos busquen preservar cierta identidad política de izquierda criticando con dureza a un oficialismo que lleva adelante buena parte de los reclamos históricos por los que hemos luchado toda la vida. Menos aún cuando detrás de esas críticas existe un oportunismo político que la historia no suele perdonar. Menos aún cuando se busca correr por izquierda al gobierno para favorecer, de una o de otra manera, a los representantes de los grupos económicos más concentrados, de los monopolios mediáticos y de sus voceros políticos. Menos aún cuando buscan boicotear proyectos y políticas del gobierno que en la práctica significan más soberanía, menos desigualdad social y mejores condiciones de vida para millones de trabajadores que desde ahora viven con más esperanza.
No hace falta discutir sobre táctica y estrategia política para darse cuenta que detrás de los grupos y de las ideas hay personas de carne y de hueso. Personas con historias y trayectorias tan concretas como sus vidas. Si el kirchnerismo se ganó el lugar de ser protagonista en la transformación social en curso es porque, de acuerdo a mi humilde criterio y el de miles de militantes, puede avalar con compromiso político cada una de sus medidas y cada conquista alcanzada. Es la fuerza de la propia historia. Es, también, la capacidad de aprender de cada uno de los sujetos y de los actores de este cambio. Entonces, para saber con cierta exactitud que es ser de izquierda hoy, de cara a un muy posible próximo mandato popular, simplemente tendríamos que interrogarnos sobre qué nuevos desafíos, qué nueva agenda pública deberían nutrir al kirchnerismo como poder real, concreto y efectivo a la hora de encarar nuevas transformaciones de defensa y reivindicación de los intereses populares.
Algunos temas posibles de una agenda pública que busque profundizar y radicalizar el proceso de cambios en curso son, por ejemplo, una lucha mucho más frontal contra la pobreza más dura, la estructural, buscando robustecer y recrear mejores políticas de redistribución de la riqueza. Por otro lado, existe en el kirchnerismo una sana vocación industrial desarrollista que no tendría porque entrar en conflicto, ya sea con el medio ambiente ni contra la calidad de vida de los trabajadores. Digo esto porque actualmente en las ciudades más importantes padecemos increíbles crisis urbanas, de vivienda y de transporte entre otras, que deben ser trabajadas en el mejor contexto posible. En definitiva, es imperioso seguir impulsando todas y cada una de las políticas inclusivas que atiendan a la triste realidad de que la violencia social no es consecuencia sólo de la pobreza por ingresos, sino también de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de lo cultural, del hacinamiento urbano o de la ausencia de proyectos de vida para muchos jóvenes. Lo realmente desafiante es interpelar aún mejor, seguir haciendo, construyendo y militando.
Alfredo Repetto Saieg.
http://masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/
Buenos Aires, Argentina, enero 7 del 2011.
Alfredo Repetto Saieg.
http://masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/
Buenos Aires, Argentina, enero 7 del 2011.
Referencias bibliográficas.
Blaustein, Eduardo: “La real transversalidad y una agenda posible para lo que viene” en Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
Cecchini, Daniel: “Derechismo, enfermedad infantil de ciertos izquierdismos” en Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
Anguita, Eduardo: “A la izquierda de qué... y de quien” en Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
P.G: “Para seguir distribuyendo hay que tocar intereses” en Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
Giles, Jorge: “Sentados en el viejo muelle” en Diario Miradas al Sur de la edición del 26 de diciembre del 2010.
Tecnología:
Una Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación.
En el larvado proceso de la lucha por la democratización de la comunicación, el año 2010 se cierra con avances de importancia al tenor de los vientos de cambio que soplan en la región. En este contexto se inscribe la decisión de avanzar hacia una Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación para aunar esfuerzos en tono a esta causa. Esta iniciativa fue adoptada en el Encuentro "Construyendo una Agenda Democrática en Comunicación" (Quito, 13-15 diciembre 2010), convocado por la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI- con el apoyo de la UNESCO, que contó con la participación de 24 medios y redes de comunicación procedentes de 14 países de Latinoamérica y el Caribe.
“En América Latina estamos reinventando la democracia. Transitamos una etapa inédita que recupera y actualiza las mejores tradiciones emancipatorias y de resistencia popular. La profundización de este proceso exige el protagonismo de los espacios de participación colectiva para garantizar y robustecer las políticas públicas de integración regional, el reconocimiento de derechos y la justicia económica, social y cultural”, señala el acuerdo establecido.
Al mismo tiempo, acota, “es indispensable enfrentar los intentos restauradores del orden neoliberal que hoy se expresan con centralidad articuladora en las prácticas destituyentes y golpistas de los monopolios de la comunicación. Por eso creemos que es fundamental la democratización de la comunicación, la articulación de los medios populares y el fortalecimiento de los medios públicos. Es así que el afianzamiento de una agenda para una comunicación democrática requiere del impulso de los movimientos sociales, de los Estados nacionales y de las instancias regionales de integración”.
Para continuar haciendo camino al andar, se anotaron unas pistas básicas: acompañar las campañas de actores sociales desde la información; converger en coberturas en torno a ciertas fechas simbólicas o de eventos; hacer un trabajo informativo que contribuya a la unidad de los movimientos sociales; difundir pensamiento crítico y reforzar el sentido formativo de la información y comunicación.
También se estableció un consenso respecto a una inicial agenda informativa común cuya temática contempla: Derechos de la Madre Tierra, integración, soberanía, desmilitarización, democratización de la comunicación, descolonización, derechos humanos y solidaridad internacional.
Esta iniciativa es asumida e impulsada por medios, comunicadores y comunicadoras de América Latina y el Caribe que comparten estos principios y necesidades y que se asumen como “parte de las fuerzas sociales que propugnan el cambio social, económico, cultural y también de comunicación en Nuestra América”.
Por ello, precisan, “Nos comprometemos a articular un esfuerzo conjunto en nuestra área de acción -la comunicación social- que aporte en ese proceso. Y también invitamos a sumarse a este núcleo inicial a quienes, desde la comunicación, se sientan interpelados por estos principios”.
Hacia una Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación.
Con el propósito de intercambiar mecanismos para afianzar una agenda común, 24 medios y redes de comunicación procedentes de 14 países de América Latina nos reunimos en Quito (13 - 15 de diciembre 2010) en el Encuentro Internacional “Construyendo una Agenda Democrática en Comunicación”, convocado por la Agencia Latinoamericana de Información -ALAI-, con el apoyo de la UNESCO.
Al finalizar el encuentro, los medios participantes acordamos articular un espacio común: la Alianza de Medios para la Democratización de la Comunicación tanto para interconectar la difusión informativa de temas comunes, como para abordar conjuntamente algunos otros desafíos para fortalecer los procesos orientados a democratizar la comunicación en nuestros países y en el continente, como condición básica para profundizar la democracia.
Para la construcción de ese espacio común se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Carácter de la Alianza:
En América Latina estamos reinventando la democracia. Transitamos una etapa inédita que recupera y actualiza las mejores tradiciones emancipatorias y de resistencia popular.
La profundización de este proceso exige el protagonismo de los espacios de participación colectiva para garantizar y robustecer las políticas públicas de integración regional, el reconocimiento de derechos y la justicia económica, social y cultural.
Al mismo tiempo, es indispensable enfrentar los intentos restauradores del orden neoliberal que hoy se expresan con centralidad articuladora en las prácticas destituyentes y golpistas de los monopolios de la comunicación.
Por eso creemos que es fundamental la democratización de la comunicación, la articulación de los medios populares y el fortalecimiento de los medios públicos.
Es así que el afianzamiento de una agenda para una comunicación democrática requiere del impulso de los movimientos sociales, de los Estados nacionales y de las instancias regionales de integración.
Los medios, comunicadores y comunicadoras de América Latina y el Caribe que compartimos estos principios y necesidades asumimos que somos parte de las fuerzas sociales que propugnan el cambio social, económico, cultural y también de comunicación en Nuestra América.
Nos comprometemos a articular un esfuerzo conjunto en nuestra área de acción -la comunicación social- que aporte en ese proceso. Y también invitamos a sumarse a este núcleo inicial a quienes, desde la comunicación, se sientan interpelados por estos principios.
2. Agenda temática común:
Identificamos los siguientes criterios y enfoques comunes
- Acompañar las campañas de actores sociales desde la información
- Converger en coberturas en torno a ciertas fechas simbólicas o de eventos
- Hacer un trabajo informativo que contribuya a la unidad de los movimientos sociales
- Difundir pensamiento crítico y reforzar el sentido formativo de la información y comunicación.
Para el próximo periodo, definimos los siguientes temas comunes de nuestra agenda informativa:
Desmilitarización
Derechos de la Madre Tierra.
Integración
Democratización de la comunicación
Soberanía
Descolonización
Derechos humanos
Solidaridad internacional
3. Herramientas para enlazar contenidos en Internet:
Enlaces:
Los enlaces nos interconectan y contribuyen a una mayor visibilidad del conjunto en los buscadores de Internet.
Recomendaciones a cada medio:
- Considerar diferentes maneras de enlazar nuestros respectivos sitios Web.
- Usar siempre enlaces dinámicos para identificar contenido retomado de otros sitios
Etiquetas:
El uso de etiquetas comunes (o estableciendo equivalencias) permite interconectar la información que producimos sobre un mismo tema. Se acuerda:
- Definir algunos descriptores o etiquetas comunes (o equivalentes) para identificar los temas de la agenda común.
Sindicación (RSS):
La sindicación no solo permite a usuarios conocer con más agilidad los contenidos de un sitio, sino que hay también instrumentos que permiten crear páginas públicas comunes que actualizan automáticamente los contenidos nuevos de cada sitio.
Recomendaciones a cada medio:
- Actualizar/activar el funcionamiento del RSS en todos los sitios web
- En lo posible crear RSS temáticos en cada sitio
Acuerdo:
Crear páginas públicas de RSS de los medios participantes (y otros que se sumen) para cada uno de los temas de agenda común, y otras según las coyunturas. Cada medio podrá replicarlas.
La primera página a crear será sobre Haití para la jornada de solidaridad en torno al 12 de enero.
Twitter:
Twitter tiene funciones que nos permitirían interconectar contenidos, hacer enjambre en torno a temas de destaque coyuntural, y aumentar mutuamente la visibilidad de los Twitters respectivos. Acordamos:
Para enlazar contenidos:
- Priorizar en Twitter los contenidos de agenda común según coyunturas
- Identificar los hashtags (etiquetas) de mayor uso en Twitter para los temas de agenda
Para una mayor visibilidad:
- Enlazar las respectivas cuentas Twitter - mediante seguidores, listas, Retweets, etc.
- Crear una lista pública de Twitters del grupo
Buscadores:
Los buscadores permiten, por un lado, encontrar información específica dentro de cada sitio, como también mejorar el posicionamiento en buscadores externos. Compartir un buscador común ayudaría a posicionar mejor el conjunto y asociar nuestros contenidos.
4. Capacitación:
Se identificó la capacitación, tanto interna, como para otros medios y organizaciones con las que trabajamos, como una prioridad e inquietud común.
Se acordó crear un mecanismo para compartir recursos:
- Intercambio de contenidos, metodologías, programas, actividades
- Banco de datos que permite diferenciar tipos de recurso
Capacitación mutua:
- Crear una lista de intercambio y apoyo mutuo entre los respectivos responsables técnicos
- Incorporar sesiones de capacitación presencial en eventos donde coincidamos
Relaciones con otros sectores:
Reforzar el vínculo con la academia; buscar espacios para dialogar sobre currículos, temas de investigación; desarrollar estrategias de incidencia
Relación con los Estados
Relación con los medios públicos
5. Seguridad, privacidad
Compartir información (capacitación / análisis) sobre:
- Guerra cibernética
- Mecanismos de seguridad como espejos
6. Sostenibilidad y financiamiento de nuestros medios
Siendo un problema y preocupación común, acordamos:
- Buscar e intercambiar sobre nuevas formas de financiamiento;
- Buscar espacios de incidencia en Estados nacionales e instancias regionales de integración; intercambiar información al respecto.
- Acciones de incidencia de cara a la cooperación internacional sobre la importancia de apoyar la comunicación
- Un posible encuentro sobre el tema (para intercambiar experiencias y formular propuestas de políticas públicas)
- Desarrollar la economía solidaria en comunicación – buscar alternativas. Sensibilizar a públicos.
7. Contribuir al desarrollo de teoría y sistematización en comunicación.
- Generar debate
- Crear puentes con la academia
- Compartir información sobre experiencias de democratización de la comunicación en nuestros países
8. Seguimiento: mecanismos, compromisos
Se propone organizar una actividad similar a ésta en Centroamérica/Mesoamérica, con participación de otros medios. Se solicita un respaldo o apoyo moral de UNESCO para la realización de esta actividad.
Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina
Agencia Internacional de Prensa Indígena – AIPIN
Agencia Latinoamericana de Información – ALAI
Agencia Latinoamericana de Información y Análisis 2 – Aliados / Question Digital
Agencia Periodística del MERCOSUR – APM
Alterpresse (Haití)
Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos – ANMCLA (Venezuela)
Brasil de Fato
Caminos (Cuba)
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala – CERIGUA
Coordinadora Nacional de Radio – CNR (Perú)
El Pregón.org (Costa Rica)
Voces (El Salvador)
La Época (Bolivia)
La Radio Del Sur
Periódico Desde Abajo (Colombia)
Periódico E'a (Paraguay)
Prensa De Frente (Argentina)
Radio Mundo Real
Red Alba TV
Revista Mi País / Latina (Ecuador)
Vive TV (Venezuela)
Fuente: Por Osvaldo León en http://www.visionesalternativas.com.mx
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