sábado, 23 de octubre de 2010
Noticias de la semana:
Declaración de los peronistas porteños:
El Cabildo Abierto de los Peronistas Porteños quiere expresar en primer término su solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Mariano Ferreyra, asesinado por ejercer el legítimo derecho a la protesta.
Para sus asesinos y sus mandantes, instigadores y eventuales encubridores, exigimos la pronta y efectiva condena por este crimen infame.
Reclamamos la finalización de las modalidades de tercerización en las contrataciones de los trabajadores que utilizan algunas empresas para evadir impuestos y contribuciones. Como peronistas reiteramos que a igual trabajo iguales remuneraciones y condiciones laborales y previsionales. Y en ese sentido nuestro gobierno ha avanzado muchísimo, a pesar de los palos en la rueda.
Reiteramos nuestra vocación de construir en paz una sociedad libre, justa y soberana y que el gobierno iniciado el 25 de mayo de 2003 por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner ha marcado un rumbo y lo sigue haciendo, de no represión de la protesta social o la agromedíatica, inédito en nuestra historia.
Y que además de nuestro más absoluto repudio a este crimen, expresamos nuestra firme voluntad de no aceptar ningún tipo de provocaciones que alteren la convivencia pacífica de los argentinos, vengan de donde vengan.
Alberto Vulcano, Andrés Larroque, Carlos Benítez, Carlos Tomada, Carlos Montero, Claudio Heredia, Cristina Navazo, Daniel Filmus, Donato Spacavento, Enrique Masllorens, Guillermo Oliveri, Héctor Fernández, Hilda Sturlessi, Jorge Coscia, Juan Cabandié, Juan Carlos Dante Gullo, Juan Pablo Cuso, Kelly Olmos, Marcelo Achile, Quito Aragón, Raúl Garré, Roberto Digón, Tito Ypas.
Agrupaciones
Aluvión Militante, Confluencia de Militantes Peronistas, Corriente Nacional Martín Fierro, Compañeros, Corriente Nacional y Popular, Defensa Peronista, Desafío Bicentenario, Frente de Unidad Peronista (FUP), Frente de Mujeres 7 de Mayo, La Cámpora, Movimiento Bicentenario, Movimiento de Participación Peronista, Movimiento Popular Solidario, Agrup. Marquitos Zuquer, Movimiento Evita, Peronismo Militante, Proyecto Justicialista, 26 de Julio.
Destruyen cartel de plaza en la Comuna 12.
Los militantes de La Campora Comuna 12 queremos hacer llegar nuestro repudio, a través de este comunicado, al maltrato que están sufriendo distintos espacios verdes del histórico barrio de Saavedra.
Los espacios verdes de toda la ciudad están siendo destruidos por la gestión de Mauricio Macri. En la zona norte de la ciudad la situación no es diferente, pero el deterioro de las plazas tiene un ingrediente: la aparición de la Policía Metropolitana, que entre otras cosas “patrulla” las plazas. En las calles de Saavedra hay una “Guerra Verde” entre La Metropolitana y los vecinos, con dos escenarios: las plazas de la avenida Goyeneche y el histórico Parque Saavedra.
Las plazas del boulevard Goyeneche están sufriendo extraños hechos, nunca mostrados por los medios del monopolio hegemónico. A metros de Goyeneche y Ramallo, donde hay una plaza, hay una construcción que en un futuro cercano será un precinto policial. Los vecinos están desesperados por “meter” una cautelar que pueda detener las obras, que son ilegales ya que lo prohíben la constitución de la ciudad y la ley de comunas, que dice que esa atribución correspondería a las autoridades comunales respectivas, y no al ejecutivo. Pero el colmo se dio en la plaza del “Pañuelo Blanco”, situada en Goyeneche y Balbín. Desde que esta la metropolitana, la plaza sufre cotidianos hechos de vandalismo, siempre originados por grupos de extrema derecha. El hermoso cartel fileteado que llevaba el nombre de la plaza fue destruido por tercera vez en solo 20 días, siempre en horas de la madrugada, ante la vista gorda de la nueva policía. Los militantes de La Cámpora Comuna 12 varias veces levantaron el cartel y lo llevaron a su sitio original, pero por las noches el cartel vuelve a ser derribado por personajes anónimos. Estos no son hechos aislados, varias veces el local de La Cámpora de Congreso 4464 fue victima de pintadas fascistas como “Viva Videla”, siempre en color azul.
En esta plaza, la destrucción de los espacios verdes se junta con el intento de atentar contra la memoria. Convocamos a los vecinos de la comuna 12 a realizar estas denuncias relacionadas al maltrato de las calles y plazas de nuestro barrio, todos los sabados de 17 a 20 hs en el local de Congreso 4464, Villa Urquiza.
La hipocresía y el oportunismo político es una falta de respeto a Mariano Ferreyra.
El Movimiento de Liberación Carlos Mugica, desea manifestar su repudio, desde la honestidad militante y la voluntad de construir una patria para todos; en razón de ello, consideramos que las decisiones políticas, deben superar las proclamas y las vías judiciales.
Las manifestaciones que pretenden imputar la responsabilidad directa del gobierno en este asesinato, es de un oportunismo político infame, y un flaco favor a los trabajadores, si este hecho criminal, es utilizado para promover una visión ideológica del Movimiento obrero.
Se pueden formular las más severas críticas al gobierno, pero nadie con una mínima cuota de sinceridad, puede atribuirle voluntad de reprimir las demandas sociales o sectoriales; este gobierno las entiende y las explica, como parte del ejercicio de la democracia, como pocas veces ha ocurrido.
En consecuencia, es necesario fijar claramente las responsabilidades políticas, tanto por la situación de los 1500 trabajadores precarizados, como por el respeto a la vida y la memoria de este joven militante.
El primer responsable en estos hechos, es el Sr. Antonio Guillermo Luna, el que no puede sostener con ningún grado de racionalidad que la tercerización de trabajos, es más económico para el estado, que incorporar a la planta permanente de FFCC a los trabajadores contratados; situación que solamente puede explicarse, a partir de transferir recursos del estado, como utilidades para los dueños de las contratistas.
Es patético escuchar a los empresarios Maturano y Pedraza, argumentando la defensa del ferrocarril, cuando fueron los principales responsables y socios, en su vaciamiento y destrucción.
En segunda instancia pareciera que ningún fiscal tuvo en cuenta las declaraciones efectuadas por Pablo Diaz miembro de la conducción de la Unión Ferroviaria, quien el siete de septiembre manifestaba, "Cada vez que vengan a bloquear las boleterías o a cortar las vías nosotros vamos a defender el ferrocarril. Lo que no hace la Justicia y los policías lo vamos a hacer los ferroviarios"; debe entenderse que la defensa del ferrocarril, es, la de los contratistas del FFCC, ya que lo lógico sería tener 1500 afiliados nuevos a la Unión Ferroviaria, porque inobjetablemente la mayor cantidad de trabajadores es lo que mas favorece a la defensa del FFCC.
En nuestro compromiso hacia el gobierno, también sentimos que no hemos hecho lo suficiente, para que hoy estuviese vivo Mariano Ferreyra, ello nos lleva a replantearnos la política hacia el movimiento obrero; porque en la construcción de poder, la aritmética no funciona, todo lo que suman los Pedraza; Maturano y Luna, en algún momento resta, no podemos permitir que quienes debieran defender a los trabajadores, los asesinen, para lograr sus fines personales.
Los dirigentes de la CGT, que son consecuentes, en la defensa de los intereses de los trabajadores, donde los afiliados se sienten orgullosos de las conquistas colectivas que han logrado, la situación de hoy, los convierte en blanco predilecto de los enemigos del pueblo por compartir espacios sectoriales y políticos con verdaderos rufianes.
Como parte de este proceso político, y desde los esfuerzos militantes que volcamos por construir una patria para todos, es que solicitamos, que el subsecretario de Transportes Ferroviarios no este un día más en su puesto, y que se retiren las personerías gremiales, a las conducciones de los Gremios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, este gobierno y los militantes que comprometidos con este proyecto, no merecemos ser cómplices de criminales.
Fuente: Movimiento de liberación Carlos Mugica.
De la tragedia social al show patriótico.
El gobierno actual de Chile, que tan poco tiene que ver con la historia de los sectores populares, fue el primero en darse cuenta de que los 33 mineros vivos abrían una ocasión para ganar popularidad.
El caso de los mineros chilenos muestra la capacidad de la derecha para convertir una tragedia social en un show patriótico mediático. Tal vez el grotesco y desmesurado protagonismo del presidente chileno Sebastián Piñera sea uno de los puntos flojos de una obra montada casi con perfección. No se trata de una planificación, sino de una respuesta inmediata, de un acto reflejo, para ver la oportunidad en una situación en principio trágica.
El gobierno actual de Chile, que tan poco tiene que ver con la historia de los sectores populares, fue el primero en darse cuenta de que los 33 mineros vivos abrían una ocasión para ganar popularidad y obtener un provecho político del asunto. Y los medios de comunicación proporcionaron la escenografía más adecuada para ello. No sólo los medios chilenos, sino los aproximadamente 1500 medios de todo el mundo que se dieron cita para transmitir en vivo y en directo “el milagro”. Una vez más, los grandes conglomerados de medios masivos de comunicación dieron muestra de su poder, de su capacidad de influencia en nuestras sociedades y de construcción de las noticias.
El capital transnacional se alistó para transmitir el parto en cadena, y las emisoras de toda América Latina interrumpieron sus programaciones habituales cada vez que uno de los mineros veía la luz. Ni siquiera los canales de deportes fueron ajenos al fenómeno.
El milagro fue el primer acto, ese que atrapó hasta al más incrédulo de los espectadores, que debió rendirse ante la evidencia de la nota de puño y letra que decía “estamos bien en el refugio los 33”, y que Piñera con total desparpajo paseó por todos lados como si fuera de su propiedad. El milagro abrió la puerta de la hazaña y dejó atrás los posibles cuestionamientos.
El prodigio enterró a la tragedia y dejó bajo tierra la posibilidad de indagar las causas del accidente. Existía un antecedente inmediato que podría haber evitado el hecho. La mina había sido cerrada según las formalidades exigidas, pero la volvieron a reabrir sólo mediante una autorización vía oficio emitida por el subdirector subrogante de Minería, Patricio Leiva en mayo de 2008. Esto se hizo sin informar correspondientemente a la Dirección, como establece el procedimiento.
Las luces ya estaban encendidas, cámara y acción. De esta manera, pasaron inadvertidas las irregularidades que mostró el informe de la Dirección del Trabajo de Copiapó, que data del 9 de julio, y que da cuenta del incumplimiento de las normas de seguridad en la mina San José.
Los diputados Denise Pascal Allende (sobrina de Salvador Allende) y Fidel Espinoza, ambos del Partido Socialista chileno, y el independiente Luis Lemus dieron a conocer los pormenores de la inspección y señalaron que la mina debía haber sido clausurada por las evidentes faltas en la protección de los trabajadores. Falta de fortificación de techos, ausencia de señalización visible y permanente en las zonas de riesgo y el incumplimiento con la exigencia de comités paritarios encargados de investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales son algunas de las irregularidades que no pudimos observar por televisión.
La historia de los mineros en América Latina es una historia de explotación y muerte. Es una historia de lucha y sacrificio. Y es la historia del surgimiento del capitalismo, de la acumulación originaria, diría Marx. Pero el capitalismo reinventa una vez más la historia, para reconvertirla a su antojo y beneplácito, transformando a estos pobres asalariados, trabajadores en condiciones históricamente indignas, en nada más y nada menos que héroes nacionales.
Construyeron así un relato mágico que, con una buena dosis de nacionalismo explícito, resultó el condimento adecuado para aunar emociones. Chile vivió un furor futbolero, mundialista, en el cual se agitaron banderas en torno al rescate, en un claro ejemplo de cómo se desarrolla un viejo código de dominación de las burguesías: la noción de lo nacional como construcción de identidad y homogeneidad, como un concepto unificante que oculta las diferencias sociales, tan evidentes en una sociedad como la chilena.
Justamente por ello, porque consideramos que debemos aprender de las experiencias del pasado, en un momento histórico en el cual muchas de nuestras naciones latinoamericanas comienzan a reescribir su historia, debemos exponer la otra cara, para que no permanezca finalmente presa de la oscuridad. La cara de la pobreza, la del trabajo insalubre, la de vidas que se pierden antes de tiempo en virtud de la extracción de metales en pos de riquezas ajenas. La de la historia funesta de Potosí en Bolivia, la de la Matanza de la Escuela Santa María de Iquique, cuando miles de trabajadores del salitre, mujeres y niños incluidos, fueron cruelmente asesinados por organizar un paro para reclamar mejores condiciones laborales, en el año 1907. Y por supuesto, la de los 31 mineros que han muerto en Chile este año en 28 accidentes laborales; que se suman a los 373 trabajadores de la mina muertos en su puesto laboral en los últimos diez años, según datos recogidos del Servicio General de Geología y Minería chileno.
El valor de la historia en la actualidad de nuestra región es innegablemente una herramienta fundamental para soñar y constituir procesos de liberación.
Sin duda nos reconforta y alegra que los 33 trabajadores mineros hayan vuelto a casa sanos y salvos, a reencontrarse con sus familias y amigos, pero no podemos de ninguna manera obviar las responsabilidades de quienes los mandaron a ese infierno, ni el áspero peso de la historia, porque sin dudas, las venas de Latinoamérica aún siguen abiertas.
Análisis político:
Informe sobre el golpe en Ecuador:
Durante esa tremenda mañana, un amanecer que de consolidarse traería la reacción y, por lo tanto, el retroceso de las conquistas políticas y sociales de los trabajadores en Ecuador en particular y en Latinoamérica en general, contingentes de la policía de ese país se sublevaron contra el régimen constitucional supuestamente en protesta por la Ley Orgánica del Servicio Público, que hace solo un día había aprobado el Congreso a partir de sus funciones y facultades legales. Sin embargo, la desdicha de los grupos y sectores de poder, los que históricamente dominaron la política en nuestros países, ese mismo Congreso estaba ahora controlado por el oficialismo. No importaba que éste fuera expresión de la voluntad de los trabajadores como tampoco les importaba, a esos grupos de poder, que la Constitución de la república en definitiva consolidaba un modelo nacional, popular y soberano de acuerdo a la propia especificidad cultural y política de Ecuador. Entonces, con el pretexto de que esa ley eliminaba ciertos bonos y condecoraciones que les benefician, atacaron incluso físicamente a Correa que, acompañado por el ministro del Interior y algunos miembros de su escolta personal, estaba en las instalaciones del Regimiento de Policía Quito 1, precisamente para dialogar con los sublevados. No hubo diálogo posible y en consecuencia cientos de policías lo asediaron con gritos de protesta y descontento. Pero, a pesar de que su seguridad estaba en peligro por el desborde de la propia situación, Correa se envalentonó y arengando a esos uniformados les planteó:
“Si quieren matar al presidente, aquí estoy, mátenme si les da la gana, si tienen el valor (…) Si quieren tomar los cuarteles, traiciónenme; este presidente y este gobierno seguirán haciendo lo que tienen que hacer”.
Después, lo que todos sabemos, su llegada al hospital y el secuestro, el intento de asesinato mismo del mandatario porque, una vez más, la consigna de los sublevados era matar al Presidente mientras que, al mismo tiempo, Correa no tardó en darse cuenta de que todo estaba perfectamente orquestado para acabar con su vida. Incluso la custodia presidencial pudo interceptar en su momento una serie de llamadas en las que pedían su cabeza. Y en una actitud de arrojo, a pesar de que Correa estaba en grave peligro, nunca cedió ante los sublevados que, en definitiva, querían provocar un levantamiento general tanto de la policía como de los militares lo que hubiese llevado al país a un caos social y a la reacción porque, no lo olvidemos, después del golpe de Estado vienen las torturas, las muertes, los detenidos desaparecidos, el retroceso político, social, económico y hasta moral porque, a través de la doctrina de seguridad nacional, se niega sistemáticamente y sin el menor pudor el derecho a la vida de las mayorías.
Por su parte, la reacción de Argentina en particular y de Latinoamérica en general, en las primeras horas de esa complicada tarde y ante lo increíble de los sucesos, la presidenta Cristina Fernández comunicó a sus pares latinoamericanos que esa misma noche debían autoconvocarse para decidir que medidas institucionales concretas aplicaría la Unasur y, eventualmente, cuales serían las sanciones en caso de que los sublevados lograran consolidar su poder. En ese contexto, los gobiernos de Colombia y Perú, gobiernos de características neoliberales y vecinos inmediatos de Ecuador, increíblemente adoptaron acciones en sus propias fronteras. En realidad, ningún presidente latinoamericano realmente dudó en esas horas dramáticas y partieron a Buenos Aires esa misma noche. Esta vez, en un acto de heroísmo y de madurez política, el golpismo de los gorilas estaba condenado de antemano por nuestros países. Además, al mismo tiempo, con el propio heroísmo, la consecuencia y pasión del presidente Correa, la memoria de Salvador Allende sobrevolaba el continente. Sin lugar a dudas, entre los mandatarios latinoamericanos, existía una profunda preocupación por el futuro político de Ecuador pero, a su vez, actuaban rápido porque en realidad había golpe y había secuestro. Es bueno aclararlo porque los grupos de poder de ese país, parapetados por ejemplo en los medios de comunicación, sistemáticamente y luego del fracaso del golpe de Estado, hablaron de rebelión o de crisis, negando el hecho de que estuvo en peligro el régimen constitucional. En realidad, en ese contexto es interesante preguntarnos quién estaba detrás del golpe porque la sublevación policial ecuatoriana es el epílogo de una serie de actividades políticas reaccionarias y subterráneas que tiene por lo menos dos años de gestación, es decir, desde fines de octubre del 2008 cuando el propio ministro de Defensa revelaba cómo importantes diplomáticos de Estados Unidos se dedicaban a corromper al cuerpo de la policía y también a los oficiales de las diversas instituciones armadas. Este informe simplemente precisaba que las unidades de la Policía Nacional mantenían una fuerte y decisiva dependencia económica y logística informal con Estados Unidos en cuestión para, por ejemplo, el pago de los informantes, la capacitación de los agentes, el equipamiento y hasta en el ámbito operativo. Entonces, lo que en verdad nos dice este informe es que la policía ecuatoriana, al igual que otras policías e instituciones armadas de nuestra región, son adiestradas en muchos aspectos por su contraparte estadounidense. De todas maneras, el ejemplo más claro al respecto tiene que ver con Colombia y su guerra contra el narcotráfico (…) El problema es que en el caso de Ecuador, esos generosos aportes en recursos financieros y logísticos, no se canalizan a través del gobierno ni de cualquier otro actor político democrático que integra el régimen político inaugurado con la nueva constitución política, tampoco se canaliza a través de la Embajada de Estados Unidos en Quito, sino que, muy por el contrario, van directamente del Comando Sur de Estados Unidos a la Policía Nacional de Ecuador. Entonces, la policía se convierte en una fuerza excesivamente militarizada, represiva, reaccionaria y autonomizada que con sus acciones y estructuras pretende emular a las propias fuerzas armadas ecuatorianas. Desde esa perspectiva se entiende el fallido intento de golpe de Estado contra el régimen nacional y popular precisamente porque el gobierno de Correa buscó terminar con cada una de esas anomalías que, en los hechos, convierten a la policía con esas prerrogativas en una casta armada, autónoma y reaccionaria sumamente peligrosa para el régimen democrático.
No es ninguna novedad que con la excusa de la lucha en contra del narcotráfico o del terrorismo global, Estados Unidos adiestre y forme constantemente cuadros de agentes, soldados y policías latinoamericanos en la doctrina contrainsurgente. De hecho, hace solo unos años, Estados Unidos montó una Academia Internacional de Aplicación del Derecho que tiene sus centros de operaciones principales en El Salvador y Perú pero que también actúa en Ecuador y que se parece mucho a la ya tristemente célebre Escuela de las Américas que formó dictadores y genocidas de todas las características bajo la doctrina de seguridad nacional. En esas circunstancias históricas hay que responder a la pregunta sobre quién o quienes estuvieron detrás del intento de golpe. Los cables y los noticieros de los medios concentrados en toda la región, es decir, tanto en Ecuador como en Brasil, en Argentina (…) negaban la gravedad de los hechos y hasta la emparentaban con una rebelión popular contra Correa como dije más atrás. Pero, en ese contexto, ya no es posible hablar de negligencia o de falta de profesionalización de los mismos periodistas sino que, antes bien, la cuestión tiene que ver con cierta real complicidad golpista, con la defensa de los intereses corporativos de los sectores y grupos políticos y económicos a nivel regional que históricamente nos sometieron a los intereses de los clanes anglo- estadounidenses globales de los cuales son claros exponentes y representantes regionales y actúan políticamente en consecuencia. Ya habrá tiempo suficiente para llegar al fondo de la cuestión para juzgar a los responsables políticos e intelectuales de esos hechos como pasó en Bolivia y Venezuela porque, desde ahora, es importante resaltar la resistencia y la contraofensiva regional que se organizó en apenas tres horas. No es un detalle menor porque es necesario contar con planes de contingencia y de defensa de los cambios y transformaciones tanto a nivel nacional, de cada país, como a nivel regional para desbaratar los planes de los sediciosos de siempre. Hay que entrenar a la población en las formas de la resistencia civil, en la no- violencia y en la movilización para la defensa de la vida y de las conquistas y derechos de los trabajadores porque esa defensa no puede quedar librada a la espontaneidad de la movilización de los trabajadores. En realidad, como ya en otro lugar me referí a la defensa no violenta del régimen político democrático, creo que sería más urgente tratar sobre un plan de contingencia a nivel regional que tiene que ver, por ejemplo, con armar la agenda pública de acciones políticas destinadas a la movilización de los otros países de la región para no dar respiro a los sectores golpistas del país afectado y, en ese contexto, hay que decir que la Unasur estuvo a la altura de las circunstancias planteando rápidamente una agenda de acciones de emergencia, el borrador de una declaración política de los países integrantes de la Unasur donde se condenaba la intentona golpista, pudo verse también una eficiente logística de los vuelos y de la convocatoria a una reunión presidencial convocada de emergencia y a la que asistieron todos los presidentes de la región, es decir, de la máxima instancia institucional y política de nuestras democracias, que finalmente significó movilizar a un gigante que ya no está dormido sino que, por el contrario, caminó a paso redoblado al igual que durante la crisis de hace un tiempo entre el gobierno saliente de Colombia y una Venezuela decididamente bolivariana. Entonces, la reacción con la que actuaron los máximos líderes de nuestra región, nos mostró la razón de ser de este organismo regional que, una vez más, logró dar por el traste con todos los argumentos de los sectores y los grupos de la derecha vernácula regional que dejó en claro el compromiso político de todos sus integrantes incluso más allá de las diversas posiciones ideológicas y los enfrentamientos de antaño.
Además, la contundencia de las acciones y de la movilización de la Unasur también quedó plasmada en la respuesta frente a la metodología de los golpistas, es decir, ya no pasa como en la época del apogeo de la doctrina de la seguridad nacional en la que los múltiples golpes de Estado eran protagonizados por sectores militares que tomaban el poder y clausuraban las garantías constitucionales de los trabajadores. Las recientes experiencias políticas tanto de Bolivia como de Honduras muestran una complejidad en la lucha por un régimen político mucho más inclusivo y popular que nos desafía, querámoslo o no, a la más profunda participación y movilización en beneficio de los intereses y las conquistas de los trabajadores porque los otros, los grupos y sectores de poder históricos, nos demostraron una vez más, en el caso ecuatoriano, que no se detienen ante nada, que no hay márgenes para la ambigüedad y el cinismo político porque lo característico del régimen político en Ecuador, en relación a los intentos de golpe de Estado en Bolivia y en Venezuela fue que éste se dio en una etapa plena de consolidación política del régimen mientras que, muy por el contrario, en los otros casos, es decir, en el caso del intento de golpe contra Chávez y contra Evo Morales, éstos se produjeron cuando recién arrancaban políticamente con las transformaciones. En cambio, Correa se encuentra en su segundo mandato presidencial y se supone que a esas alturas los grupos más reaccionarios ya tendrían que haber sido neutralizados por los sectores representantes de los trabajadores. Este hecho simplemente nos enseña que no podemos bajar la guardia, que la movilización y la participación política, la construcción de un arte de lo posible y de poder de los trabajadores, es una tarea constante en donde nada puede quedar al azar. Otra de las lecciones centrales que nos dejó este intento de golpe es que Latinoamérica fue tomando forma propia a partir de la madurez política que le permite encarar situaciones políticamente complejas más allá de las diferencias entre las diversas orientaciones e ideologías de los gobiernos que la integran. De hecho, me sorprendió bastante, a modo personal, la defensa irrestricta y tajante del presidente de Perú, Alan García, en relación al gorilismo que buscó imponerse. También me sorprendió la condena de países como Chile y Colombia que desde el primer momento se solidarizaron y a poyaron a Correa como legítimo representante del pueblo ecuatoriano cerrando incluso sus fronteras, en el caso de Colombia y Perú, y dejando de lado los antagonismos y las diferencias en sus concepciones ideológicas en relación a los regímenes nacionales y populares de los que Ecuador es un fiel exponente. Otra enseñanza que deja esta crisis es la tardía reacción de Estados Unidos quien declaró su apoyo a Correa después del acuerdo militar ecuatoriano con la continuidad constitucional y luego del emplazamiento realizado por el gobierno cubano para que se pronunciara claramente al respecto. Además, Latinoamérica está viviendo una revolución intelectual, ideológica, económica y política que ya consolidó otra manera, mucho más racional, de mirarnos a nosotros mismos y al mundo. Vivimos una nueva etapa signada por otros desafíos relativos a la inclusión de los trabajadores, a la generación de empleos, de otras oportunidades y opciones que se plantean a partir de nuestros propios intereses como países.
En otras palabras, los principales líderes latinoamericanos ya no piensan en función de sus relaciones, tanto políticas como económicas, con los centros del poder global, con los países centrales que definen opciones y oportunidades en el ámbito de los intereses del neoliberalismo, sino en base a los intereses propios que tienen que ver con nuestros propios intereses como regímenes políticos que se definen a partir del humanismo más consecuente que, en estas circunstancias, se estructura en base al logro de una mejor calidad de vida para todos. Por último, la lección histórica más importante en relación al intento de golpe en Ecuador tiene que ver con que las fuerzas y los actores gubernamentales, representantes del sector público, en conjunción con los grupos y sectores populares, es decir, representantes de los intereses de los trabajadores, del cambio y de la revolución ciudadana, no pueden olvidar el imprescindible apoyo de los movimientos sociales populares en general. La aclaración puede parecer una obviedad, sin embargo, Correa estuvo enfrentado con los movimientos indígenas, con algunos sindicatos y otros colectivos que, en realidad, son el sustento político e ideológico de cualquier proceso de transformaciones. Es cierto que mantienen posturas políticas disímiles en asuntos tácticos tan importantes como el uso del agua por las multinacionales mineras y por otras razones vinculadas al modelo de desarrollo planteado pero, en varias ocasiones, Correa elevó el tono de la confrontación política, por ejemplo, agrediendo sin necesidad a algunos dirigentes sociales con acusaciones totalmente fuera de lugar. Entonces, hasta cierto punto, Correa se empeña en atacar y hasta deslegitimar a ciertos movimientos sociales mientras, al mismo tiempo, no toca las estructuras de poder de los sectores de la derecha política. Así, este tipo de actitudes políticas no hacen más que favorecer a la vieja derecha que históricamente controló nuestras vidas. Tal vez esto nos explique por qué, a pesar de ser manifestaciones masivas, las diversas movilizaciones en apoyo al cambio político en Ecuador, con motivo de la intentona golpista, no alcanzaron la magnitud y la contundencia de las que se realizaron en el 2002 en Venezuela para frenar y revertir el golpe contra Chávez o las que en septiembre de 2008 derrotaron a los sectores de la derecha en Bolivia. Entonces, en estas circunstancias políticas, la mejor lección que dejan estos hechos de tremenda gravedad institucional es comprobar que ningún grupo de poder puede encarnarse lejos de la voluntad de los trabajadores, de la gestión popular, porque precisamente esta es la que marca los caminos a recorrer en la imposición del humanismo más consecuente. Así, Correa por un lado sale contradictoriamente debilitado y por otro sale muy fortalecido a partir del fracaso del golpe de Estado protagonizado por la policía y algunos sectores militares. Sale debilitado porque quedó en evidencia cuánto se apoya el proceso de cambios en el vértice personalísimo de la autoridad presidencial y cuán lapidario puede ser para ese proceso de transformación un magnicidio, el cual fue una opción real en las horas del golpe. Sin embargo, por otro lado, salió fortalecido porque después de salir airoso de la intentona golpista puede aprovechar este efecto de demostración de la victoria ante los golpistas para radicalizar las posturas políticas de un gobierno de cambio, que es nacional y popular, altamente democrático pero erosionado por su enfrentamiento con los movimientos indígenas y por la indisciplina del bloque parlamentario oficialista que no le respondió cuando la Asamblea Nacional trató el veto presidencial a la Ley de Servicio Público. En otras palabras, un gobierno de fuertes cambios, altamente popular e inclusivo y que elige no acumular poder, en el sentido de que el jefe de Estado sigue careciendo por ejemplo de un partido político propio y organizado que lo sustente y apoye, sino que busca hacerlo circular, necesita de demostraciones fuertes y reiteradas de que tiene ese poder, que lo controla y que lo ejerce y gestiona con eficacia a favor de los intereses de los trabajadores porque precisamente su legitimidad deriva de ahí y no de la investidura que detente o de las instituciones que controle. Además, el debilitamiento de su apoyo entre los sectores indígenas, un crecimiento económico más o menos mediocre en términos reales que se encuentra limitado por la propia dolarización de la economía y todas sus consecuencias e implicancias junto con la persistencia del poder económico de los sectores de la burguesía, son todos factores que se pueden combinar y poner en peligro su gobierno y que por lo mismo reclaman una radicalización de los procesos de cambios.
Es preciso entender que las condiciones políticas y sociales para dar un golpe de Estado se construyen, es decir, no surgen por generación espontánea ni para llenar un vacío de gobernabilidad. Siempre fue así, por eso hay que estar atentos, por eso la democracia definida en términos de diálogo y de consensos con los sectores y grupos dominantes, es una gran falacia que solo los favorece a ellos Aunque la nueva modalidad de los golpes de Estado pretenda guardar otras formas y estilos, no son más que pura táctica y estrategia política para simular las auténticas motivaciones y objetivos de esas insurrecciones contra la misma institucionalidad del régimen político. Nuevamente, como en el pasado, los grupos y sectores dominantes y los poderosos intereses económicos que defienden, usaron a los uniformados para derramar sangre y salvaguardar sus granjerías y los privilegios que le otorga la sociedad capitalista de producción. Digo esto porque, una vez más, los auténticos motivos de este nuevo intento de golpe de Estado hay que buscarlo en la inminente aplicación del artículo 312 de la Constitución de Ecuador, aprobada hace dos años y que dispone que, a partir del próximo 20 de octubre, los banqueros del país deberán vender todas y cada una de las acciones que tienen en los medios masivos de información, de prensa y de comunicación. Vendría a ser algo así como la versión ecuatoriana del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de los argentinos. Estos, los banqueros, a partir de esa fecha en particular están obligados a vender los medios de comunicación u otras empresas que no tengan que ver específicamente con la actividad financiera que realizan precisamente como banqueros. Sumemos a todo esto el tratamiento por la propia Asamblea Nacional ecuatoriana de una nueva Ley de Medios que reordena la actividad periodística dominada, hasta ahora, por el libre albedrío de los propietarios de los medios masivos de información y comunicación, y tendremos un importante factor para intentar desestabilizar, a través de un golpe de Estado, el proceso de transformaciones llevado adelante por la revolución ciudadana. A esto me refiero cuando se habla con precisión y objetividad política, que esta conspiración es política pero además es mediática porque las grandes corporaciones monopólicas de la información no tienen ningún prejuicio ni límite real en usar, para defender sus privilegios, a la oposición política, a la progresía siempre tan descabellada, a los sectores de la extrema derecha y los siempre funcionales grupúsculos de la extrema izquierda, los sectores más conservadores de la iglesia y, con más razón, a las fuerzas armadas que tienen el monopolio del uso de la fuerza.
En realidad, todas esas reformas que tienen que ver con la ley de medios, acá o en Ecuador, en Paraguay o Uruguay, en el mismo Brasil, lo que buscan, en definitiva, es garantizar el acceso de los trabajadores a la pluralidad informativa en un mercado sin distorsiones que así favorece la multiplicidad de voces e intereses ahondando en una democracia mucho más tangible. En el caso concreto argentino, interpelada a la luz del día por las organizaciones intermedias que impulsaron la nueva ley de medios, y sujeta también a las presiones de las múltiples corporaciones económicas y mediáticas, la misma Corte Suprema tendrá que decidir si viabiliza la plena aplicación de la norma que votó el Congreso en pleno y por mayoría de sus miembros. En ese contexto, tiene un gran sentido político y estratégico afirmaciones como las de Néstor Kirchner que planteó la necesidad de una Corte Suprema que sea independiente del poder político pero que, a su vez, también lo sea de los factores e intereses tanto económicos como mediáticos. En cambio, es bastante sugestivo políticamente que quienes se desgarran las vestiduras en nombre de la libertad de expresión y amplifican reclamos de seguridad jurídica para sus propios negociados nada dijeron ni criticaron con respecto a esa época menemista de la mayoría automática que legalizó el despojo de la industria y la producción nacional siendo así, desde esa perspectiva, una Corte Suprema cómplice de la exclusión de los trabajadores y hasta de la impunidad de los genocidas. Nada dijeron sobre esa mayoría automática que, a través de la ley, garantizó el desguace del rol del régimen político y del sector público en particular en un proceso que derivó en la concentración de los multimedios que luego se tradujo en desinformación y pobreza.
En otros países latinoamericanos el problema en relación a los multimedios de la información y las comunicaciones también es real. Por ejemplo, en el mismo caso de Brasil, Lula, con motivo de la sucia campaña electoral llevada adelante por esos medios masivos de comunicación contra el gobierno popular, instó a la prensa a asumir categóricamente que tiene un candidato y que tiene un partido porque ya no es posible, de cara a la realidad más concreta, seguir sosteniendo la idea de que como medios de información son objetivos y neutrales. Simplemente en Brasil son unas diez familias muy poderosas en todos los ámbitos las que controlan tanto la información como la comunicación y así se vuelve una tremenda quimera seguir pretendiéndose objetivos, es decir, más allá de intereses corporativos e incluso más allá del bien y del mal. En otras palabras, lo que está pasando en Brasil, y que radicalizó fuertemente la campaña electoral, sucede también en Ecuador como vimos, sucede también en Venezuela, en Uruguay, Paraguay, Bolivia y ocurrió en Perú. Por eso, precisamente hoy, con la asunción de gobiernos que gestionan a favor de las mayorías, se busca modificar los sistemas nacionales de información y de comunicación que, en su mayor parte, vienen de los tiempos de las dictaduras de seguridad nacional en la que esos mismos medios de información actuaron y contribuyeron como cómplices con su silencio, salvo algunas honrosas excepciones. Si en Argentina se dice que el Grupo Clarín es quien contribuye a la elección de los presidentes del país, en Brasil se hace una afirmación más o menos similar en el caso del Grupo Globo, que siempre cercano al poder real, es así un hacedor de poder, es decir, influye fuertemente en la formación e imposición de determinados candidatos políticos a la presidencia del país. En otras palabras, construyen líderes que después gobernarán en su favor. Pasó con José Sarney y Cardoso pero principalmente con la construcción presidencial de Collor de Mello.
Por su parte, en Uruguay, la Ley de Radiodifusión fue sancionada por la dictadura el año 1977 mientras que en los últimos tiempos se generó un proceso de consulta pública para una nueva Ley de Radio y Televisión. En ese contexto, la Dirección de Telecomunicaciones presentó un cronograma para obtener aportes de los diversos actores y agentes políticos y los medios. Lo que se busca, según expresó el mismo presidente Mujica, es potenciar la libertad de expresión, adecuar la legislación a los cambios tecnológicos de los últimos años e impedir los procesos de concentración de la propiedad y de las voces por lo que es necesario garantizar la multiplicidad dentro de los medios, más allá de la propiedad. En Paraguay, el Sindicato de Periodistas impulsa una Ley de Comunicación para democratizar el acceso a los medios de comunicación e información y así garantizar canales de participación e inclusión. Además, Paraguay es el país en la región con mayor índice de concentración de la propiedad donde algo más del 2% del espectro radioeléctrico corresponde a medios comunitarios. En Bolivia, a principios de año, Evo Morales anunció una ley para adecuar la labor de los periodistas y los medios de comunicación a la trilogía quechua que inspira la Constitución, o sea, no robar, no mentir y no ser flojo mientras que en Perú en el 2004, con impulso desde los propios actores políticos de base, se creó la Ley de Radio y Televisión que estableció que una empresa pueda tener como límite el 40% de los medios dentro de un mismo territorio. De los 84 artículos que conforman la ley, 34 reflejan íntegramente las propuestas de los sectores populares. En Argentina, ya lo sabemos, el Grupo A y sus cómplices de la progresía y del reformismo político de la mal llamada izquierda nacional son los que impulsan las diversas condiciones destituyentes que genera el Grupo Clarín que, sin embargo, se escandalizan cuando esos mismos intereses golpean afuera, por ejemplo, en Ecuador. Políticamente es muy complaciente ver como esos sectores y actores políticos, alineados con la oposición y con los intereses del grupo Clarín, unifican su defensa por la constitucionalidad del hermano país, sin embargo, me hacen recordar a las damas de beneficencia que prodigan limosnas a los mismos pobres que ellas, con sus albaceas, con sus CEO y sus maridos, ayudan a reproducir.
Todo lo anterior nos demuestra, una vez más, que la más importante lección de todo lo acontecido en Ecuador, en Argentina en particular y en Latinoamérica en general, es comprender que el régimen político nacional y popular, la democracia en términos humanistas, es confrontación de intereses que, en el largo plazo, nada tienen que ver con el consenso ni con el diálogo respecto de los grupos de poder más concentrados y elitistas. En realidad, esos mismos grupos de poder continuamente nos hablan de consenso, de diálogo y hasta de conflicto, o, con más precisión, alaban políticamente el consenso y buscan denostar el conflicto pero solo en apariencia porque lo que hacen, a través de ese diálogo y ese consenso, es dejar las cosas como están para poder seguir disfrutando de sus privilegios. Con este enfoque estratégico, la solución o la radicalización de los problemas socialmente problematizables dependen del buen humor y de los modales finos, del diálogo y de los falsos consensos. Es decir, me refiero al típico abordaje que privilegia las formas y por otro lado ignora el fondo de los problemas. Entonces solo se discute lo accesorio, lo más superfluo y nadie se ocupa de lo fundamental, es decir, de los problemas estructurales que afectan el desempeño y la gestión del régimen político. Así este enfoque, donde la urbanidad y las buenas costumbres determinan la realidad más que los propios intereses políticos, económicos y sociales, una opinión válida puede ser descalificada porque se la expresa con vehemencia, con violencia o con crispación. Sin embargo, la lucha de intereses, el juego de las clases, termina por imponerse, por revelarse en toda su crueldad y magnificencia porque los problemas sociales, la exclusión y la marginación de los trabajadores, son reales y las diferencias de opinión, de intereses y valores son inevitables. Por lo mismo, los grupos y sectores dominantes procuran que no se expresen los disensos de manera que parezca que los conflictos de intereses no existen para que nada se modifique. De acuerdo a esa postura de los sectores dominantes, el consenso pasa a ser una especie de tótem entendido como origen de una serie de prohibiciones sociales. Pero, la verdad es que las múltiples diferencias y discrepancias de proyectos políticos, de intereses y de valores no se pueden difundir, ya sea porque se las omite o porque sus autores no tienen acceso pleno a los medios masivos de comunicación. En general, lo que nos dice la teoría de la democracia como confrontación de intereses lo que, en realidad, no es ninguna novedad desde que en el siglo XIX Marx definiera a la lucha de clases como motor de la historia, es decir, de los cambios, es que no existe el consenso y el diálogo sobre los temas más importantes, los estructurales, que afectan intereses de clase, y que sólo surgen en un plano de abstracción y de generalidad que desaparecen inmediatamente después que se evalúan las medidas políticas del régimen necesarias para cumplirlos. Por eso, la historia del hombre nos muestra como continuamente aparecen las artimañas y las medidas políticas de fuerza para ejecutar sin discutir ni debatir. En esas circunstancias históricas, surgen las teorías sobre, por ejemplo, el poder por derecho divino o el propio derecho de matar o encarcelar a quienes no están de acuerdo. En ese contexto, se sustenta la teoría y la lógica de los amigos y los enemigos que fundamenta la primacía del derecho a la propiedad, pública o privada, de los medios de producción por sobre la lógica de la vida de los trabajadores. En ese contexto también se planteó la antinomia central en la constitución del Estado nacional argentino que nos habla de civilización o barbarie y las posiciones políticas de los sectores dominantes en los medios de comunicación masivos. Desinformar y manipular a los sectores populares es la cuestión central. En Argentina, recién con el surgir de la chusma radical yrigoyenista y los cabecitas negras peronistas de los años ‘40, la oligarquía se enfrenta con actores y competidores reales que lo son en tanto aspiran a otro proyecto de país. En esas circunstancias se entiende la importancia del peronismo como movimiento social y político porque, desde entonces, los sectores y grupos históricamente dominantes se radicalizaron al ver peligrar su dominación y su control sobre los trabajadores. Ya no solo era cuestionada la dominación política de las élites sino que, al mismo tiempo, empezaron a perder las elecciones. Entonces se recurrió primero al fraude electoral y después a los golpes militares y de mercado. Sin embargo, cuando esta estrategia ya no da para más, pasa a primer plano lo simbólico, con las posiciones dominantes en los medios de comunicación. Ahora se busca desinformar y manipular a los trabajadores para que no sean capaces de gestionar sus propias vidas. Divide y gobernarás y lo hacen influyendo sobre la opinión pública para recuperar para sí la lógica del gobierno y del régimen político en general.
Los consensos y el diálogo no son posibles cuando los actores que negocian están impulsados por una opinión pública o sectorial fuertemente manipulada. Entonces, la democracia en términos de conflicto de intereses nos dice que el consenso así es sólo un modo de negociación, que en general fracasa cuando se tocan intereses de los sectores dominantes o de los grupos subalternos. Ahora no hay tótems porque el miedo reverencial no protege más a las élites porque tampoco hay tabúes, es decir, ningún tema de discusión queda vedado a la opinión pública ni nadie es intocable. De todas maneras, en democracia, cuando el objetivo es profundizar en un régimen político nacional y popular, el conflicto y la lucha de intereses lejos de ser un drama es una ventaja porque los problemas se discuten a fondo y se los resuelve a partir de la voluntad de poder de la mayoría. Desde ahora, vemos como el consenso es otra forma de control y de dominio político que busca ejercerse sobre los trabajadores para que no primen sus derechos, para que caigan sus consignas, para que sus conquistas, siempre a expensas de los intereses del capital, no afecten los modos de vida de los dueños de ese mismo capital. Por ejemplo, para ejercer ese dominio es necesario tener una sociedad asustada y son los medios masivos de comunicación, que además son hegemónicos, los que difunden permanentes peligros potenciales. El año pasado pudimos ver gente con barbijo deambulando como en una película de ciencia ficción, y quien estornudara en un lugar cerrado era un potencial agresor viral. Ni hablar de cómo esos mismos medios de comunicación tratan la cuestión de la inseguridad y la delincuencia. Lo concreto es que este clima mediático de inseguridad general no es para nada una cuestión neutral porque la información se convirtió en una herramienta y en una mercancía más al servicio de los intereses de los dueños del capital. Los medios hegemónicos en realidad, buscan apropiarse del sentido común de los trabajadores para que una clase social, las élites y sus representantes políticos, ejerzan el control sobre el conjunto de los trabajadores pero en clave de persuasión, es decir, imponiendo sus creencias, sus propios valores y su ideología sobre todos los otros. Los grupos y sectores sociales que representan a la clase social sojuzgada, por otro lado y en esos términos, solo puede adoptar las concepciones de los dominantes aun en contra de sus propios intereses, lo que llega a convertirse en su sentido común. Sin embargo, ese sentido común también puede ser combatido, denunciado y superado y es cuando de la dominación se pasa a un proceso político un poco más sutil de control que es la hegemonía. En otras palabras, la diferencia entre la dominación y la hegemonía es que la primera se impone por el uso de la fuerza mientras que la segunda, la hegemonía, se ejerce a través de la persuasión, el supuesto diálogo y el consenso de un falso régimen político. Darse cuenta del engaño simplemente significa desnudar cada uno de los hilos del poder que ejercen los medios masivos de comunicación hegemónicos sobre los trabajadores y los intereses que manifiestan y representan. Finalmente, las diversas leyes de medios en la que se encuentran comprometidos los países de nuestra región lo que buscan es aumentar las voces, las miradas, las perspectivas para así enriquecer la experiencia y la memoria colectiva. Esas leyes buscan poner en acción a muchas voluntades, a muchas subjetividades que puedan construir una contra-hegemonía de las mayorías para que a los intentos de golpes de Estado se los planteen como lo que son y no como rebelión o sublevación.
Alfredo A. Repetto Saieg.
Referencias bibliográficas:
Molteni, Andrés: “Medios y miedos hegemónicos” en Diario Tiempo Argentino de la edición del 30 de septiembre del 2010.
Calcagno, Eric- Calcagno, Alfredo: “El consenso como tótem y tabú” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Goobar, Walter: “La guerra de las gorras sucias” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Goobar, Walter: “Trama de un rescate bajo fuego” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Galand, Pablo: “Unidos y contundentes” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Zibechi, Raúl: “Las lecciones que dejan los hechos” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Puricelli, Gabriel: “Derrotado el golpe, ¿se relanza Correa? en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Bencivengo, Gabriel: “Hebe, grilla, presupuesto y otras operaciones mediáticas” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Blaustein, Eduardo: “La pelea que deja Lula contra las familias de la comunicación” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Giles, Jorge: “Crónica de una victoria latinoamericana” en Miradas al Sur de la edición del domingo 3 de octubre del 2010.
Informe:
La Universidad de los trabajadores.
Los trabajadores de IMPA, junto con algunos importantes referentes de la educación popular y de la lucha obrera, lanzaron el proyecto. Planean que comience a funcionar en 2011.
Impa es una fábrica metalúrgica recuperada por sus trabajadores hace unos 12 años, con algunas particularidades. Funcionan, allí, gratuitamente un centro cultural, un centro de salud y un bachillerato popular de jóvenes y adultos. Ahora, trabajan en un nuevo y ambicioso proyecto: la Universidad de los Trabajadores. La presentación en sociedad del proyecto se realizó con la presencia de referentes obreros como Víctor De Gennaro (CTA), Hugo Yasky (CTA) y Armando Jaime (CGT de Salta), el diputado Eduardo Macaluse (SI), Hugo Trinchero (decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA) y los gremios docentes UTE Capital y Ctera Nacional, entre otros. “El lanzamiento de la Universidad de los Trabajadores es consecuencia de la decisión política de los trabajadores de Impa, de tener un espacio abierto al conjunto de nuestro pueblo y de la clase obrera, y que atienda a sus necesidades de educación, cultura y salud”, sostuvo Eduardo ‘Vasco’ Murúa, uno de sus mentores.
El proyecto tomó vuelo en medio de una de las tantas luchas por la conservación de Impa en manos de los trabajadores. En lugar de replegarse ante la crisis, sus trabajadores fueron por más. En una reciente entrevista, el psicoanalista Alfredo Grande, uno de los promotores de la Universidad, sostiene: “Tiene que ver con generar una opción universitaria para y con los trabajadores. Con trabajadores no nos referimos al concepto más amplificado del trabajo, porque desde ese lugar casi todos seríamos trabajadores. Sino trabajo ligado a la producción de bienes y servicios. Lo que en algún momento se llamó clase obrera y que algunos se empeñan en darla por inexistente. Habiendo tantas universidades de los explotadores es necesaria una respuesta científica, académica y política. A esa respuesta la llamamos Universidad de los Trabajadores.” El bachillerato. Desde Impa entienden a la educación como una herramienta de lucha y disputa con el orden establecido y sostienen que habitualmente las instituciones educativas no incluyen al conjunto de los trabajadores. Más bien, tanto ellos como sus hijos terminan siendo expulsados por el sistema educativo. De hecho, fueron los trabajadores de Impa los primeros en impulsar los bachilleratos populares dentro de la fábrica. Desde aquel momento, no sólo los trabajadores, sino que muchos jóvenes y adultos han terminado sus estudios secundarios gracias a esta herramienta disponible a toda la comunidad.
Con el tiempo, otras fábricas recuperadas como la Maderera Córdoba o Gráfica Chilavert abrieron sus propios bachilleratos. Hoy, existen más de 30 distribuidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Estudian allí más de 2.000 personas. Doscientas en el bachillerato de Impa. Todos ellos llevaron adelante una larga lucha por el reconocimiento oficial de los Ministerios de Educación de la Ciudad y de la Nación. La ganaron, aunque el gobierno de la Ciudad deba los sueldos de los docentes agrupados en la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (Ceip) que desde el 2004 trabajan sin cobrar. La Universidad. Para avanzar en el desarrollo del nuevo proyecto, los trabajadores de Impa convocaron desde un principio al poeta, periodista y escritor Vicente Zito Lema, que ya tiene sobre sus espaldas el haber fundado junto a las Madres de Plaza de Mayo la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y ser su rector por 3 años. En el último 1° de mayo, Zito Lema afirmó: “La cuestión es cambiar. Los trabajadores quieren tener su propia universidad. No sólo ser objeto de estudio. No sólo que vengan de las universidades a ver cómo funciona Impa. No sólo que hagamos películas y trabajos sobre cómo sufren los trabajadores. Sino que seamos parte de la lucha de los trabajadores para ser realmente seres humanos. Los que quieran participar del sueño de la Universidad de los Trabajadores, aquí tienen su lugar.”
En Impa piensan en una universidad pública y gratuita con la autogestión de los trabajadores. Como en el caso de los bachilleratos, apuntan a lograr la legalidad a través de la legitimidad que da el trabajo puesto en marcha. Por eso quieren lanzarla para el año entrante. Asimismo, ya se están preparando para dar la pelea en el Congreso (las Universidades Nacionales se crean allí) y también para lograr el reconocimiento a través de la Ley Federal de Educación que, al día de hoy, sólo prevé la existencia de universidades públicas y privadas, sin lugar para este tipo de iniciativas. Quizás, el único caso palpable de un proyecto similar haya sido el que esgrimió Juan Domingo Perón al crear la Universidad Nacional Obrera que luego del golpe de 1955 se transformaría en la Universidad Tecnológica Nacional.
Actualmente, desde Impa se trabaja en el acondicionamiento del espacio físico para las aulas y demás dependencias, tanto como en el diseño de las currículas. Están pensadas las carreras en Salud en el Trabajo, Profesorado en Historia, Profesorado en Matemática, Urbanismo y una relacionada con la economía con gestión cooperativa. También se gestiona la realización de convenios con la Universidad Nacional de San Martín y su equivalente de Morón para que, hasta se logre la mentada legalidad, las carreras se oficialicen a través de estas instituciones.
Asimismo, discuten la mejor forma de gestionar la Universidad, para lo cual, desde su perspectiva, deber contar con la mayor participación posible de los estudiantes, docentes, intelectuales y trabajadores. Para ello, analizan varias experiencias de Universidades Obreras del mundo y abrieron el juego a quienes quisieran participar a través de varias jornadas de reflexión y debate que se realizaron tanto en Buenos Aires como recientemente en Mar del Plata. Estas jornadas significaron para estos soñadores un verdadero aprendizaje público, en el que han intervenido cientos de personas que aportaron sus particulares visiones sobre las formas necesarias para construir la educación formalizada.
Próximamente, organizarán el Congreso sobre Trabajo y pensamiento crítico, a realizarse entre el 28 y el 31 de octubre de 2010 en el mismo Impa. Zito Lema afirma: “La Universidad de los Trabajadores nos necesita a todos; que el Congreso muestre, incluso a los que ya no creen en las grandes utopías, que más allá de todos los obstáculos, las necesidades históricas de los trabajadores pueden convertirse en realidad. Depende del esfuerzo y de nuestro irrenunciable amor por las causas justas”.
Existen dos puntos en los que se funda el éxito de la noble iniciativa. Primero, la experiencia acumulada en la gestión de los bachilleratos populares. Y, segundo, el inquebrantable espíritu de estos trabajadores que en 1998 no sucumbieron bajo la noticia del cierre de la fábrica y decidieron tomarla para mantener sus fuentes de trabajo. Hoy, ese mismo impulso los determina a tomar las riendas de su educación y formar una universidad de trabajadores para los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode.
La Industria Metalúrgica y Plástica Argentina (Impa) se dedica al procesamiento y comercialización de aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión. Fundada en 1910 por capitales alemanes y nacionalizada en 1945 por el gobierno peronista, en 1961 se transformó en una cooperativa de trabajo llegando a tener casi 400 trabajadores. En mayo de 1998, luego del vaciamiento de capitales y una amplia acumulación de deudas sus obreros deciden tomar la fábrica. Levantarían así un ícono entre las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta nueva construcción estuvo marcada por los ideales de “lucha, trabajo y cultura”. Fue así que abrieron la fábrica a la comunidad, impulsando la formación de un importante centro cultural, el bachillerato popular, el centro de salud, las transmisiones de una TV comunitaria, etc. En estos últimos años, la gestión obrera tuvo sus altibajos. En 2005, un forzado desalojo fue seguido de una nueva toma y recién el pasado año comenzaron nuevamente estas actividades.
Hoy, Impa está nuevamente en peligro. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial declaró la “inconstitucionalidad” de la ley porteña Nº 2.969 de expropiación de la planta. Es un extraño caso ya que existen 26 leyes de expropiación en la Ciudad de Buenos Aires que son muy similares y sólo ésta fue declarada inconstitucional. Los obreros siguen la pelea legal pero afirman que esta situación dificulta mucho el manejo de la empresa. Desde algunos sectores se observa con suma atención el caso que bien puede entenderse como una avanzada sobre el terreno ganado por las empresas recuperadas. Aún así, estos trabajadores se encuentran unidos ante la adversidad luchando por mantener 56 puestos de trabajo y la vida de los proyectos culturales y educativos que crecen en la fábrica.
Fuente: Sáenz, Ramiro en Diario Miradas al Sur de la edición del 17 de Octubre del 2010.
Con el horizonte en el pleno empleo.
El gobierno profundiza el tendido de redes laborales a través de 350 oficinas de empleo a lo largo del país. Conectar necesidades laborales con requerimientos empresariales, uno de sus objetivos fundantes.
Los últimos balances de la situación del empleo en la Argentina le levantaron el pulgar a las políticas que aplicó el Gobierno Nacional, principalmente durante el período más crítico de la tormenta financiera internacional. Pero, además, dejaron a la luz la importancia de trabajar con políticas de contención y metas a un largo plazo. La Red de Servicios de Empleo que instrumentó hace cinco años el Ministerio de Trabajo de la Nación terminó funcionando como un colchón esencial para atenuar los efectos de la crisis internacional.
La reciente inauguración de la primera oficina de empleo en la Ciudad de Buenos Aires puso en la vidriera este trabajo que el Gobierno comenzó a realizar en 2005, a través de la Secretaría de Empleo del Ministerio. Básicamente, la tarea principal de estas oficinas de la Red de Servicios de Empleo es generar un puente entre el empresario que necesita mano de obra capacitada y el trabajador que está en búsqueda de un puesto laboral.
La red se expande con más de 350 oficinas por todo el territorio nacional, naturalmente con mayor peso en los principales centros urbanos. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay más de 70 de estas dependencias surgidas de los acuerdos del Ministerio de Trabajo con los municipios.
La apuesta al empleo ha sido una constante en el kirchnerismo y, de hecho, a fin de preservar fuentes laborales se han tomado decisiones (sobre todo durante el fatídico 2009 internacional) que muchas veces acarrearon un costo político que el oficialismo decidió afrontar.
Sin ir demasiado lejos en el tiempo, recién ahora vuelven a abrirse las exportaciones de aceite de soja a China, luego del –nunca reconocido del todo– cortocircuito que desató la decisión de la Argentina de limitar las importaciones del gigante asiático para defender las empresas nacionales y así preservar los puestos de trabajo argentinos. Incontables serían ahora las tapas de matutinos o las efervescencias opositoras que aquella medida despertó.
Como sea, a mediados de 2010 la Argentina logró recomponer los puestos laborales que la crisis internacional erosionó, y la tasas de desempleo se ubica en un 7,9 por ciento, mientras que el empleo no registrado continúa en valores elevados, cercanos el 37 por ciento.
“La Argentina tiene condiciones para alcanzar el pleno empleo en los próximos años”, subrayó más de una vez el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, definiendo lo que posiblemente sea una de las anheladas cartas fuertes del kirchnerismo, a esgrimir de cara a las elecciones presidenciales de 2011.
Según las estimaciones de la cartera laboral, la red de oficinas de empleo tiene un tendido que permitiría dar respuesta al 90 por ciento del total de la población laboralmente activa, con “servicios de intermediación, colocación y asesoramiento laboral público y gratuito”.
La iniciativa, además, incluye programas destinados con exclusividad para jóvenes de entre 18 y 24 años (enmarcados en el plan Jóvenes con Más y Mejor Trabajo) que necesiten o deseen terminar sus estudios, sumado a la posibilidad de capacitarse para su inserción en el mercado laboral.
En el caso de los desempleados que se suman a la Red, tienen la posibilidad en primera instancia de acceder a un “portal público del empleo. Es un sistema de búsqueda, selección e incorporación de personal dinámico, de fácil acceso, seguro y gratuito”, según se detalla en este sitio web. Además, el Ministerio se encarga de ofrecer “orientación laboral” tanto para quienes buscan su primer trabajo como para aquellos que pretenden cambiar su perfil ocupacional.
Otro de los servicios que tiene esta Red está dedicado a los empleados autónomos. El objetivo es “facilitar la inserción laboral de personas que optan por el autoempleo o microemprendimientos”, explican.
Por último, se dedica una parte del programa a trabajar con instituciones educativas o actividades de formación, a las que el especialista de la oficina de empleo puede optar por derivar, en caso de que considere que el trabajador requiera una de estas herramientas.
Tomada inauguró la primera oficina de empleo en la ciudad.
A comienzos de octubre y ubicada en Humberto Iº 2260, finalmente comenzó a funcionar la primera Oficina de Empleo porteña. Durante la ceremonia de apertura y luego del corte de cintas, el ministro Tomada aseveró: “Igualdad de oportunidades no es sólo una frase, es política, es acción”.
Además, en el transcurso del evento se firmó un protocolo entre la Secretaría de Empleo del MTEySS y Centro Educativo Velasco y la empresa Cenea SRL.
La oficina será gestionada por el Ministerio (usualmente son los municipios los encargados), dado que, en este caso, el Gobierno porteño “no mostró voluntad política” para participar, según explicó a Miradas al Sur el Secretario de Empleo, Enrique Deibe.
Durante la inauguración, Carlos Tomada afirmó: “Todos los días tomamos, desde el ministerio, decisiones para mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del país. Con esta idea pusimos en funcionamiento esta Oficina, para que funcione como un puente entre los que buscan trabajo y los que siguen apostando a la inversión”.
Y señaló: “El Estado no puede estar ausente, fueron demasiados años en los que intentaron convencernos de que era el mercado el que asignaba mejor los recursos”.
Fuente: Giuffrida, Alejandro en en Diario Miradas al Sur de la edición del 17 de Octubre del 2010.
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