El país virtual y el real.
Al cumplirse un tiempo ya de la muerte de Kirchner, el escenario político del país varió en ciertos aspectos y así nos muestra tres hechos que son innegables. En primer lugar, que la presidente no sólo continuó sino que profundizó los lineamientos básicos y centrales del régimen político en curso desde el 2003 a expensas de los intereses de esos sectores que falsamente llamaban al diálogo y a la rectificación política y económica para que ellos mismos pudieran continuar, en paz, con sus grandes negociados en todos los ámbitos. En segundo lugar, la imagen positiva y la intención de voto de la presidente, que ya definitivamente quedó instalada como la única candidata natural del Frente para la Victoria y del peronismo en general con vistas a las elecciones de 2011, creció alrededor de 20 puntos en menos de un mes. Finalmente, el heterogéneo conglomerado al que los voceros de los sectores políticos, sociales y económicos históricamente dominantes pretenden llamar “oposición”, unificándolos de ese modo, no sólo siguen mostrándose carentes de cualquier proyecto que vaya más allá de la lógica neoliberal, que acá eclosionó en el 2001, sino que además ya ni siquiera tienen la fuerza para obstaculizar la gestión del gobierno. Es que, en este aspecto, con la muerte de Kirchner esos sectores políticos, al quedar privados del recurso de poder atacar a Néstor Kirchner como si fuera una suerte de demonio encarnado de la política argentina, mostraron finalmente las profundas diferencias que subyacen entre los radicales, los de la Coalición Cívica, los socialistas y en general de todos los muchachos de la seudo progresía. Ahora, el mismo funeral de Kirchner así lo demostró, no solo es un hecho político que rompió con la supuesta unidad de la oposición sino que también nos mostró que el principal apoyo del gobierno, para poder continuar en la profundización y en la radicalización del modelo popular, son los mismos trabajadores que se vio encarnado, en esta oportunidad, por esa gran multitud que se dio cita en Plaza de Mayo y en la Casa Rosada para despedir a uno de los grandes líderes del nuevo siglo. Son los trabajadores que también estuvieron para pedirle a la presidente que siguiera adelante mientras los opinólogos más recalcitrantes del Grupo Clarín ya ni siquiera pudieron negar la contundencia del funeral del ex presidente como hecho político. Creyeron que, muerto Néstor, Cristina no podría liderar sola su propio espacio político, que la gobernabilidad del régimen se venía cuesta abajo cuando la propia realidad de estas últimas semanas nos mostró una serie de acontecimientos políticos sobresalientes que desmienten la ineficacia y la falsa inercia del gobierno nacional. Por ejemplo, la participación de la presidente, como representante de los trabajadores argentinos, en la Cumbre del Grupo de los 20 realizada en Seúl, la firma de acuerdos agrícolas con China, el anuncio del entendimiento para el pago de la deuda que Argentina mantiene con el Club de París sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, la revalorización histórica y presente de la Vuelta de Obligado y hasta el anuncio del pago en diciembre de una suma de 500 pesos para los jubilados que cobran menos de 1500 pesos, son todas medidas que nos muestran como el país continúa su senda de transformaciones y de crecimiento. Es decir, toda una serie de políticas públicas de inclusión social que simplemente ratifican la continuidad del modelo comprometido a partir del 2003. Además, en ese contexto de protagonismo y de la iniciativa política del gobierno popular, en las próximas semanas empieza una serie de reuniones por el llamado diálogo tripartito. Este diálogo, convocado por la presidenta, busca que se reúnan los representantes de las diversas y principales cámaras empresarias, de los sindicatos y del sector público, con el objetivo principal de canalizar la conflictividad laboral en favor de una redistribución de la riqueza que favorezca a los mismos trabajadores. Los primeros interpelados directamente fueron la Unión Industrial Argentina, sector al que la presidente mostró, en los últimos días, diversos signos de acercamiento y la Confederación General del Trabajo, aunque se espera que la convocatoria sea mucho más amplia, es decir, que incluya también a las otras cámaras empresariales y a los otros representantes de los trabajadores para que el diálogo sea lo más amplio y democrático posible.
El proyecto de establecer un diálogo social entre los diversos actores que constituyen el régimen político no es nuevo. Ya en los primeros tiempos de la actual gestión presidencial se realizó una convocatoria al entonces llamado Acuerdo Económico y Social del Bicentenario, aunque tras las primeras reuniones éste terminó suspendiéndose por el retiro de las cámaras empresariales agropecuarias en el marco del conflicto con la Resolución 125. En esta oportunidad, si bien la agenda integral de los temas a tratarse no están definidos, lo central es buscar un consenso de bandas de precios y de salarios. Así, el acuerdo buscaría encarrillar la puja distributiva, frente a las dificultades propias del sector público para controlar el proceso de suba de los precios a los que constantemente nos tienen acostumbrados las grandes corporaciones que controlan los principales mercados de ahorro y consumo. En efecto, la suba de precios continúa siendo uno de los principales problemas en materia económica, con consecuencias negativas en varios sentidos pero bajo ningún aspecto es posible hablar de proceso inflacionario porque éste, ya tenemos la experiencia de primera mano, implica otros muchos factores que en Argentina hoy no se dan. Más bien tendríamos que hablar de aumentos de precios en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda por el consumo popular frente al cual los empresarios reaccionan con la consiguiente suba de precios para buscar equilibrar en favor de la oferta y a expensas de los intereses de los trabajadores. Así, los empresarios piensan en una rentabilidad muy por encima de lo razonable, de acuerdo al nuevo contexto de crecimiento de la economía, que afecta al bien común porque esa política de suba de precios, que muchas veces no se produce por el aumento de los salarios sino por la búsqueda de una excesiva rentabilidad de los empresarios en virtud de la gran concentración económica que existe en el país, los coloca en una situación de fuerte privilegio respecto de los trabajadores. Entonces, en estas circunstancias no es mala la idea de buscar un diálogo que plantee ciertas directrices básicas en el proceso de la puja por la distribución de los ingresos y las riquezas. Es importante para los trabajadores porque el aumento de los precios de los diversos bienes y servicios nacionales disminuye el poder adquisitivo de los salarios y de los ingresos en general y presiona hacia la baja al tipo de cambio real, afectando la competitividad de la producción local en relación a los productos importados. Se espera que este año cierre con una suba de precios de alrededor del 20% anual, en un momento en que las propias tendencias del sistema comercial globalizado presionan a una aceleración de este proceso, en particular por el nuevo aumento en los precios internacionales de los commodities. En este marco, el diálogo social convocado por la presidente puede contribuir a encauzar las expectativas de la suba de precios como medida transitoria porque, en el más largo plazo, son medidas insuficientes si lo que se pretende es frenar los precios y la especulación de las cámaras empresarias que están en condiciones de controlar los costos y ganancias por el rol que les corresponde como sujetos políticos económicamente muy activos y concentrados. En otras palabras, siempre en un contexto pensado como de transición política, para que este mecanismo de diálogo y de acuerdos mínimos se haga efectivo, es decir, que tenga consecuencias positivas sobre la situación de los trabajadores y de sus intereses relativos a una mejor forma de distribución de las ganancias, es central el rol que adopte el sector público como representante del bien común en esta instancia particular. Aunque no alcanza ni es suficiente, es decir, el poder de las diversas organizaciones sindicales es superfluo frente a la capacidad de acción y de presión de las cámaras empresarias, por lo menos actualmente los sindicatos tienen una posición de mayor fortaleza respecto de los años noventa, en pleno neoliberalismo. Por eso es central el rol del sector público porque si bien los trabajadores tienen mayor fortaleza, resultante del nuevo protagonismo que les corresponde en el modelo nacional, soberano y profundamente popular, se enfrentan a actores e intereses económicos, comerciales y empresarios que también están muy fortalecidos y no están dispuestos a ceder fácilmente, tal como lo muestra la actual distribución de la riqueza, expresada en determinadas cifras y porcentajes de la participación de los trabajadores en esa redistribución a través de sus salarios y del protagonismo de los empresarios que se expresa en las ganancias de los últimos años en ese mismo proceso. Por ejemplo, en el caso concreto de la industria manufacturera, el costo salarial en pesos constantes en 2007 era 7% superior al nivel del año 2001, sin embargo, entre esos mismos años, la productividad de la industria había aumentado en un 27%, de modo que el costo salarial por unidad producida se había visto reducido en un 16%. Lo que nos revela esto es una contratara que nos dice que la caída del costo salarial ajustado por productividad se debió a un fuerte incremento de las ganancias de los actores empresariales.
Considerando esta realidad, es preciso que el diálogo social contemple el incremento de los salarios de los trabajadores en términos reales, es decir, los aumentos previstos en los salarios deben ser mayores que la tasa de inflación como viene sucediendo hasta hoy pero también es importante que las negociaciones puedan avanzar más allá de una cuestión salarial y ello depende más que nada de la movilización y participación de los trabajadores y el apoyo y acompañamiento decidido del sector público y en general de todas las organizaciones que componen el campo popular. Por ejemplo, en las discusiones tendrían que incluirse el trabajo en negro, es decir, la forma de combatir el empleo no registrado, las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores tercerizados y hasta la calidad de vida de todos. Es decir, temas que tienen que ver con el conjunto de los trabajadores y no sólo con los trabajadores formales. Es decir, la suba de salarios y el alza de los precios aparecen en el tope de la lista tanto de los empresarios como de los dirigentes gremiales. En otras palabras, la creación de un ámbito de este tipo, en el que se sienten a una mesa los diferentes actores sociales que intervienen en el circuito de la producción y por ende en la conformación de la agenda de gobierno, puede servir para trazar políticas públicas de mayor aliento, de más largo plazo, que hagan a la lógica de las nuevas estructuras requeridas por el régimen político. Por ejemplo, en la actual situación económica nacional están dadas las condiciones para que en el Consejo también empiece a definir políticas de desarrollo del país. Sería interesante, en este tipo de instancias, que los acuerdos también sirvan para discutir cuál es el perfil de desarrollo que quiere Argentina que es un debate que todavía no está resuelto ni encarado de la mejor forma. Plantear y resolver los problemas desde la raíz resulta mucho más difícil porque estamos hablando de políticas de más largo plazo, en el ámbito del Estado y no solo del régimen político y porque, además, por las consecuencias nefastas de la época neoliberal, siempre estamos discutiendo la realidad inmediata. Así, es central que el gobierno plantee la necesidad de establecer acuerdos de mediano y de largo plazo que hagan a los cambios de la lógica del régimen político. Por ejemplo, la cuestión energética es uno de los pilares fundamentales en todo proyecto de desarrollo productivo que propugne el bien común. Por lo tanto, que el gobierno eligiera este ramo para iniciar los primeros trazos de un acuerdo entre sectores, abre la esperanza de que las políticas de más largo plazo estén presentes entre los objetivos oficiales. Entonces, más allá de los avances que puedan lograrse a través del Consejo Económico y Social, hay que considerar que hoy existen por lo menos entre un 15 y un 20% de la población que está fuera del circuito productivo, que son excluidos venidos desde la época del régimen neoliberal pero que no pueden seguir esperando indefinidamente. Esto va más allá de los acuerdos entre sectores porque, en primer lugar, es una cuestión más relacionada con la acción propia del gobierno. De hecho, veo que ahora en la dirigencia sindical hay un énfasis mucho mayor en discutir el encuadramiento de los trabajadores formales, los sueldos y ciertas condiciones y convenios colectivos de trabajo, que en resolver el trabajo en negro, la cuestión de los tercerizados y del núcleo más duro de los excluidos.
Por otro lado, en el terreno concreto de la seguridad, en el mismo día del asesinato de dos policías en Panamericana, en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso se produjo un dato político bastante significativo. En el marco del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática, un conjunto importante de diputados nacionales, de las más diversas extracciones políticas e ideológicas, brindó su apoyo al proyecto de ley de creación de un Observatorio del Delito y la Violencia que vendría a ser un paso bastante importante para pasar de las típicas políticas de seguridad espasmódicas e inconsistentes, que por lo general plantean la mano dura y la represión, la baja de la imputabilidad o la mera delegación en el accionar policial, a estrategias públicas con mejores grados de racionalidad, de planificación y hasta de rigor científico. El Observatorio Nacional del Delito y la Violencia vendría a ser, siempre de acuerdo al proyecto presentado por los diputados, una entidad de carácter técnico con autonomía funcional, técnica y de gestión, y autarquía financiera. La parte administrativa sería ejercida por un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario de Estado, designado por la presidente, como representante del Poder Ejecutivo, a propuesta del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, con acuerdo del Senado. Este sería asistido por un Consejo Consultivo con participación de las universidades públicas, algunas organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema y organismos comprometidos con los derechos humanos, más representantes de los medios de comunicación. Lo importante en este aspecto es entender la dimensión político ciudadana del proyecto en cuestión porque éste no es una mera instancia técnica que simplemente nos ayuda a contar con mejores estadísticas porque en definitiva se busca robustecer la capacidad de gobierno democrático de la seguridad en lugar de depender o delegar en agencias policiales o judiciales a menudo fuertemente cuestionadas por los trabajadores. El problema es que existe una clara ausencia de determinadas políticas públicas de los regímenes populares en relación a la seguridad, un tema que así siempre es reivindicado por los grupos de poder y de presión más concentrados y más reaccionarios, que decididamente victimizan principalmente a los más pobres, quienes padecen la regulación policial del delito y también la estigmatización de los medios de comunicación masivos, que los hacen aparecer como gente peligrosa. En ese contexto hay que entender la falta de políticas reales y eficientes en el tema de la seguridad en general de los diversos gobiernos populares. Desde el campo popular comúnmente se asocia la delincuencia con la pobreza, tal vez sin malas intenciones, pero el problema es que ésta es una postura que no soluciona la cuestión porque en esas circunstancias una política de seguridad, que no tenga nada que ver con la mano dura y todas sus implicancias y consecuencias, solo es posible en el largo plazo. Sin embargo, esta idea de la seguridad no es real ni mucho menos es progresista porque estigmatiza y discrimina precisamente a los sectores populares, los más vulnerables en todos los términos, en la medida en que asocia la pobreza y hasta el desempleo con la delincuencia. En cambio, un análisis más profundo nos muestra que los pobres simplemente son la mano de obra barata de las grandes corporaciones políticas y policiales delictivas, es decir, lo que conocemos vulgarmente como pibes chorros. En definitiva, una política de seguridad democrática y eficiente, inclusiva y más consecuente, tiene que combatir, si quiere ser tal, esas grandes estructuras delictivas y sus métodos que vienen incluso de la época de nuestras dictaduras de seguridad nacional y que actúan en consecuencia. En ese sentido, una política de seguridad democrática necesariamente lucha contra esas corporaciones mafiosas y así construye una lógica más razonable para un proyecto que de verdad se ocupe de la seguridad de todos. Una política de seguridad empieza con la reivindicación de la democracia, de los derechos humanos y del juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices que muchas veces siguen ocupando lugares y espacios de poder en la estructura policial, judicial y de la seguridad en general aún en tiempos de transición política y hasta de consolidación democrática.
Lo que intento demostrar en este artículo es que por un lado, en el actual contexto político, se da un importante fortalecimiento en el arte de poder del gobierno nacional y por otro lado es manifiesta la inoperancia de la oposición que reflejan las diferencias entre el país real y el virtual al que alude y reivindica la oposición y al que en algún momento hizo también referencia la misma presidente. Por ejemplo, esa es la dicotomía que planteó la presidente al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso en marzo del 2010. Apenas nueve meses después se podría hablar del también Congreso virtual y del real donde ambos hacen referencia a países y realidades muy distintas. Por un lado, el Congreso virtual, ese donde existe una oposición fuerte, consolidada y hasta republicana que se anunciaba como la gran refundadora de la República a pesar de que esa misma República se fue al carajo bajo la administración de ellos y que llegaba para imponerle la agenda de gobierno al oficialismo que, golpeado tras las elecciones de junio del 2008, necesariamente tendría que ceder para sostener la gobernabilidad. El otro Congreso con su respectivo país, el real, es el país de una oposición obstruccionista y fragmentada políticamente que busca réditos electorales, una oposición altamente ineficiente y dependiente de los monopolios que se topó con un gobierno que aún disminuido en número se hizo fuerte en los debates y aprovechó la propia inoperancia opositora. Por otro lado, en el Congreso virtual, los grupos opositores se quedaron con la mayoría en todas las comisiones de ambas Cámaras, mientras se relamían creyendo que reformarían el Indec a su propio criterio o que derogarían el artículo 37º de la ley de administración financiera, conocido como los superpoderes, impedirían la puesta en vigencia de la ley de medios audiovisuales, modificarían el esquema de la pauta oficial, el reglamento de los decretos de necesidad y urgencia, el Consejo de la Magistratura, frenarían el pago de deuda con reservas, modificarían las retenciones en favor de los grandes pools de siembra, impedirían la asunción de Marcó del Pont al frente del Banco Central e incluso sancionarían el 82% móvil para desfinanciar al sector público y colocar en un aprieto estructural al gobierno. Mientras tanto, en el Congreso real, los sectores opositores nunca pudieron sostener el número, pese a ser mayoría, para imponer la agenda de desfinanciamiento estructural del gobierno y tan sólo lograron la sanción del 82% móvil para los jubilados, vetado de inmediato por la Presidenta, aunque nunca pudo explicar las formas de su financiamiento. En el país real, el oficialismo se impuso con la ley del matrimonio igualitario, con el acuerdo para que Marcó del Pont presida el Banco Central, habilitó al poder Ejecutivo para que pague deuda con reservas y con una serie de políticas sociales que favorecen a los más necesitados como el plus de quinientos pesos para los jubilados. Sin duda, es el gobierno nacional y popular, a pesar de no tener la mayoría en el Congreso, el que demostró una evolución bastante positiva de su accionar en comparación con la fragmentación y la inoperancia del arco opositor.
Esta realidad, finalmente es la que tiene que impulsarnos a la tarea pendiente de construcción de una fuerza política que impulse el proceso de cambios para delante. Eso quiere decir el acuerdo planteado por la presidente entre los trabajadores y los empresarios, es decir, es necesario reconstruir una fuerza política más fuerte, a la altura de las circunstancias, porque lo que los trabajadores están reclamando es una mejor manera de defender a Cristina, no la moderación sino antes que nada la reivindicación de nuevas medidas que transformen aun más la vida cotidiana de los más humildes. Es el tiempo político de reconstruir una gran fuerza política nacional y popular porque sólo un proyecto político que cambia las condiciones materiales de vida de los trabajadores es abrazado como causa, como bandera, para llevar a la victoria. Los que militamos en favor de los sectores populares tenemos el desafío de construir herramientas que permitan potenciar esa militancia resurgida y visibilizada tras la muerte de Kirchner, el arte de lo posible de los trabajadores. Estas herramientas se construyen sobre la unidad de los que hacen y sobre un proyecto nacional y popular transformador. Esos desafíos requieren la construcción de una corriente nacional de la militancia integrada por las múltiples organizaciones políticas y sociales que componen el kirchnerismo entendiendo a éste como la opción definitiva, o por lo menos más moderna y consecuente políticamente en esta etapa histórica, de las diversas expresiones que componen el peronismo como un movimiento inclusivo de los trabajadores. En otras palabras, es necesaria la constitución de una tercera pata, distinta pero no antagónica a la que conforman el PJ institucionalizado, entendiendo a éste a los gobernadores e intendentes y sus estructuras, el radicalismo K en algunas provincias y la corriente nacional del sindicalismo peronista conducida por Moyano. Es importante hacernos cargo de la crisis y de asumir los diversos desafíos de la renovación del peronismo porque, con miras a las elecciones del año por venir, los tiempos que se vienen son parte de una época que está signada por la defensa del proyecto popular contra los continuos embates de una oposición políticamente mediocre, falta de auténticos proyectos que vayan más allá del ya clásico neoliberalismo, pero por lo mismo muy reaccionaria y que además cuenta con un gran impulso mediático y los favores de los más grandes grupos económicos que simplemente no van a consentir pausada y pacíficamente que sus intereses corporativos otra vez se vean en peligro con una nueva victoria electoral de Cristina. Están dispuestos, como es manifiesto, a dar pelea bordeando incluso la inconstitucionalidad de sus acciones. Lo concreto es que como siempre, como lo dicta el radicalismo político con vistas a la construcción de un régimen respetuoso de los derechos humanos, del derecho a la vida de los trabajadores, hay que ir por mucho más lo que significa no conformarse con lo conseguido y pactado de manera que todos los cambios y las transformaciones en estos años se encarnen en la conciencia del pueblo, para que se institucionalicen, incluso constitucionalmente, de manera que ya no sea tan fácil dar marcha atrás con todo lo avanzado hasta hoy, de manera que podamos conquistar la independencia política, la soberanía económica y la cultura de un pueblo que se hace camino al andar a través del control de sus recursos estratégicos. Los tiempos nos acompañan porque son miles y miles los trabajadores y las trabajadoras que se acercan dispuestos a aportar su granito de arena, su militancia y su conciencia de hombres y de mujeres de un mañana infinitamente mejor. Son cientos de miles los jóvenes que empiezan a ver que el futuro ya llegó y está en sus propias manos. Por eso crece el protagonismo de los que ya no están dispuestos a ser meros espectadores y así se convierten en artífices de su propio destino, del destino de un país mucho más democrático y popular. La mentada radicalización del proceso de cambio tiene quien le escriba porque cuando los trabajadores se pone de pie, en comunión y ligazón con los que conducen, nada ni nadie los detiene.
Alfredo A. Repetto Saieg.
http://www.masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/
Referencias bibliográficas:
Cecchini, Daniel: “El primer mes sin Kirchner: la única verdad es la realidad” en Diario Miradas al Sur de la edición del 28 de noviembre del 2010.
González, Mariana: “No debe limitarse a la cuestión salarial” en Diario Miradas al Sur de la edición del 28 de noviembre del 2010.
Galand, Pablo: “El Consejo Social está cada vez más cerca” en Diario Miradas al Sur de la edición del 28 de noviembre del 2010.
Blaustein, Eduardo: “A la captura de la cifra negra” en Diario Miradas al Sur de la edición del 28 de noviembre del 2010.
Alvarez Rey, Agustín: “Congreso real o congreso virtual” en Diario Miradas al Sur de la edición del 28 de noviembre del 2010.
Koenig, Marcelo: “La profundización tiene quien le escriba” en Diario Tiempo Argentino de la edición del 2 de diciembre del 2010.
