Derechos humanos:

Otra avanzada sobre los territorios

Organizaciones campesinas e indígenas vinculan la violación de sus derechos con el modelo agropecuario y la minería. Responsabilizan a los gobiernos y sectores del Poder Judicial.

El campo argentino padeció al menos tres asesinatos en poco más de un año: el diaguita Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 en Tucumán, Sandra Juárez el 13 de marzo pasado en Santiago del Estero, y el qom Roberto López el 23 de noviembre en Formosa. Y, sobre todo, sufrió incontables intentos de desalojo y operativos de represión. “La intensidad de los conflictos territoriales aumentó en todo el país y tiene relación con el proceso histórico de expropiación de territorios de campesinos e indígenas, primero en función del enriquecimiento de un grupo de terratenientes y luego, para consolidar el modelo de la agricultura industrial, parte de un modelo extractivo que se basa en el saqueo de los bienes naturales”, explica Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). Comunidades originarias y organizaciones rurales señalan a sectores del poder político y de la Justicia como legitimadores del sector privado.

El 22 de octubre pasado la comunidad mapuche Enrique Sepúlveda sufrió el incendio de una vivienda y balearon a su lonko, Abelardo Sepúlveda. La comunidad habita desde inicios del siglo pasado en el paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén (Chubut). Cuatro días después, en la localidad Tecka, la policía hirió al mapuche Gustavo Pallalef. No se detuvo ni procesó a los agresores. “La cruda realidad muestra la permanente vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de la provincia, por acción u omisión de los estamentos medios y superiores del Gobierno”, denunció el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) de Chubut, en su informe anual 2010 sobre el cumplimiento de la legislación indígena.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), desde hace nueve años está dividido en dos sectores, pero ambos coinciden en oponerse al modelo agropecuario (con la soja como emblema), motivo central del avance sobre territorios campesinos, el desmonte, las fumigaciones masivas con agrotóxicos y los desalojos. “El avance del modelo agroexportador trajo innumerables conflictos legales a las familias asentadas en las tierras desde hace décadas. Los avances tecnológicos hicieron de las viejas y olvidadas tierras un paraíso para grandes empresarios”, explicaron desde el Mocase-Vía Campesina (integrante del MNCI). “Si se respetaran los derechos de los antiguos pobladores de las tierras, este indiscriminado avance sería muy difícil de llevar adelante”, enfatizaron.

El 21 de julio, hombres armados al mando de un empresario ingresaron a tierras campesinas del paraje Agua Amarga, en el norte santiagueño, y golpearon a familias campesinas. La policía dejó libres a los agresores y detuvo a las víctimas. En agosto, en el paraje Pozo del Castaño, guardias privados armados amenazaron a familias rurales y dispararon frente a la escuela de la comunidad. El 15 de octubre, un día después de haberse reunido con el gobernador Gerardo Zamora, un grupo armado ingresó nuevamente a la comunidad y disparó contra los campesinos.

Entre las exigencias de las familias campesinas figuran el juicio y castigo a los policías y jueces cómplices de los ataques y la urgente sanción de una ley para frenar los desalojos. El martes último, en el paraje El Simbolar (departamento de Alberdi), ocho campesinos fueron golpeados y heridos por disparos al frenar el avance de empresarios que pretendían desmontar el territorio ancestral de los campesinos. “Vamos a seguir defendiendo nuestras tierras que, por derecho, nos corresponden. Hacemos responsable al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo por los hechos de violencia y daños físicos que sufrieron nuestros compañeros”, denunció el presidente del otro sector del Mocase, Guido Corvalán.

En Pampa del Indio, Chaco, la comunidad qom Adriani-Berdún habita el mismo lugar desde hace cincuenta años, pero la acusan de “usurpadora”. El 30 de marzo último fueron desalojados, reprimidos, destruida parte de su humilde vivienda y encarcelados. Los Adriani-Berdún volvieron a su territorio. En noviembre pasado, dos integrantes de la familia fueron detenidos y presionados para que abandonen las parcelas. “Exigimos que se ponga freno a los atropellos y desalojos en todo el territorio provincial por parte de poderosos intereses económicos”, señalaron en un comunicado 33 organizaciones que declararon el estado de alerta y advirtieron que no permitirán un desalojo más en la provincia.

Las historias de judicialización, represión y desalojos se repiten en todas las provincias con presencia campesina e indígena, sin importar el signo político del partido gobernante. Las comunidades originarias y campesinas tienen múltiples diferencias, pero también coincidencias: la defensa de una forma de vida vinculada con el cuidado del territorio, la denuncia de violaciones a sus derechos y de que los conflictos tienen directa relación con el modelo agropecuario, la minería a gran escala, la ganadería intensiva, el monocultivo de árboles, el avance petrolero y el turismo.

“El gobierno nacional generó algunas políticas para que las organizaciones avancemos y disminuya la represión. Sin embargo eso no se replica en los gobiernos provinciales, incluso en algunos de sus principales aliados. Si esa contradicción no se resuelve, las políticas de derechos humanos serán una expresión de deseo cuando se contraponen a los intereses económicos concentrados”, afirmó Montón, del Movimiento Campesino Indígena, presente en diez provincias.

El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) y presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (desde la Constitución Nacional al Convenio 169 de la OIT y la Ley 26160) en casi todos los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer y respetar.

Fuente: Por Darío Aranda en Diario Página 12 de la edición del 6 de diciembre del 2010.

Cuando Morales Solá no tenía miedo.

La fotografía que encabeza la portada de la edición de hoy de Miradas al Sur es un documento inédito. Esta imagen nítida fue tomada a fines de 1975, en pleno desarrollo de la eliminación física de la militancia popular tucumana a manos del general Acdel Vilas, el jefe del Operativo Independencia y defensor confeso de la tortura y el exterminio físico de quienes consideraba sus enemigos. Vilas puso especial énfasis en la persecución de maestros, profesores, psicólogos y cualquiera que pudiera ser un ideólogo.

Por entonces, Joaquín Morales Solá trabajaba en La Gaceta de Tucumán y era corresponsal de Clarín en esa provincia. Se publicaron varias informaciones que daban cuenta de la estrecha relación del actual columnista estrella de La Nación con el represor Vilas y con quien lo sucedió en sus genocidas tareas, Antonio Domingo Bussi. Sin embargo, nunca pudo verse, como ahora y por primera vez, a Morales Solá de paisano, con una comitiva de militares con uniforme y casco de combate en pleno operativo.

Esta foto, que fue guardada celosamente durante años por quien la registró, habría sido tomada en el lugar más escabroso del exterminio en Tucumán. En efecto, según dos fuentes calificadas, el edificio al cual va a ingresar la comitiva es la tenebrosa Escuelita de Famaillá, el principal centro de exterminio por entonces. Una tercera fuente calificada también consultada por Miradas al Sur, considera, en cambio, que se trata de otro lugar de torturas y eliminación de detenidos, ubicado en las instalaciones del Ingenio Santa Lucía. Quedará en manos de la Justicia Federal tucumana definir el lugar y tratar de averiguar las circunstancias que llevaron a Morales Solá a acompañar al carnicero Vilas a un operativo. El trabajo de los periodistas es buscar aquellos documentos que contribuyan a echar luz sobre lo actuado por personas e instituciones. También el de consultar fuentes confiables para orientar el esclarecimiento de la verdad. Lo que no puede ni debe hacer el periodismo es intentar reemplazar las actuaciones periciales que sí puede la Justicia.

Dicho esto, es preciso encuadrar lo que se vivía 35 años atrás en el llamado Jardín de la República. En su informe final, la Conadep puntualiza: “A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la ‘institución’ Centro Clandestino de Detención, como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina. La ‘Escuelita’ de Famaillá fue el primero de estos lugares de tormento y exterminio…”. Una escuela en construcción fue el lugar elegido por el primer jefe de la Operación Independencia, Acdel Edgardo Vilas, para instalar el campo de concentración por el que pasaron –entre febrero y diciembre de 1975- más de 1.500 personas. La mayoría fueron asesinados, todos bárbaramente torturados.

La escuela está a unas cuatro cuadras de la plaza principal de Famaillá, en el camino que une a esa población con el ingenio Fronterita. Ahora se llama Diego de Rojas y a ella concurren cientos de alumnos de primaria. En 1975 la escuela era apenas una obra en construcción. Solo existían una galería, un patio y cinco aulas. Todo estaba cercado por una alambrada y la galería y las aulas no eran visibles desde el exterior porque estaban tapadas por lonas y plásticos, a la manera de cortinas. En dos aulas los militares mantenían en las peores condiciones a grupos que oscilaban entre 20 y 40 prisioneros. Otra aula era utilizada para descanso de las guardias, la cuarta estaba destinada a tareas administrativas y para fotografiar a los secuestrados. La quinta aula era el lugar de los tormentos.

En noviembre de 1975 La Escuelita y otros centros clandestinos de detención ya habían sido visitados por funcionarios civiles y militares de la Nación y de la Provincia, por legisladores. Algunos sobrevivientes señalaron que fueron varios obispos y sacerdotes. Sería muy útil saber si Joaquín Morales Solá estuvo en ese lugar de exterminio y, si es así, en carácter de qué fue. Cualquiera que recorra una hemeroteca y se detenga en las ediciones de La Gaceta y de Clarín encontrará gran cantidad de artículos firmados por el periodista mencionado. En ningún caso dando cuenta de la verdad que, de modo incontrastable, fue relatada en el Nunca Más y que luego encontró muchos más testimonios en los juicios que actualmente se sustancian en Tucumán.

Los militares, en 1975, ejercían un férreo control sobre lo que se publicaba en relación al Operativo Independencia. Por ejemplo, hicieron echar al corresponsal de Télam en la provincia y pusieron en su reemplazo a dos hombres de Inteligencia del Ejército, comandados por uno de los fundadores de Fasta, la organización del cura dominico filo nazi Aníbal Fósbery. En ese momento, los artículos de Morales Solá, tal como puede constatarse ahora, eran una caja de resonancia de la acción psicológica de los militares. Un artículo publicado en Clarín el 12 de noviembre –que lleva la firma del corresponsal Morales Solá- es elocuente. Se valió de la vieja metáfora de la parición, del alumbramiento, de la vida para explicar lo que era, en realidad, la matanza que llevaban a cabo las hordas de Vilas: “Han pasado ya 36 semanas, el tiempo de una gestación”. Se trataba de “el primer síntoma de que las Fuerzas Armadas adoptaban una posición ofensiva frente a la intolerancia ideológica”. También expresó su apoyo incondicional: “Ha cambiado, sin duda, la imagen revoltosa, rebelde y disconforme que Tucumán supo formarse a través de largos años”. Más adelante agrega: “La presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios”. El informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones de los derechos humanos en Tucumán dedicó un párrafo muy elocuente a esa desaparición de huelgas, manifestaciones y disturbios a los que se refiere Morales Solá, al señalar que se montó “un vasto aparato represivo, que orienta su verdadero accionar a arrasar con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles”. La Comisión Bicameral concluyó, en su informe, que “nueve de cada 10 personas, fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública” y que “en la mayoría de los casos, estas acciones se desarrollaron en horas de la noche”.

Como muestra la foto que da soporte a este artículo, Morales Solá fue tomado in fraganti con los militares en por lo menos un operativo. Alguien consideró que ya era hora de que tanto cinismo sea confrontado con documentos gráficos incontrastables.

En aquel Tucumán desangrado día a día, con centenares de destacados dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles secuestrados y desaparecidos, donde noche a noche las bandas de Vilas y el comisario Roberto -el Tuerto- Albornoz -recientemente condenado a prisión perpetua- colocaban explosivos y hacían volar por los aires locales partidarios, casas de familias y sedes de la Universidad, Morales Solá no tenía miedo.

Hasta ahora, Morales Solá eludió hablar de su vida en esos años. Las pocas veces que hizo referencias, quedó en evidencia que no está dispuesto a decir la verdad. En una polémica con el periodista Hernán López Echagüe dijo que en 1976 ya no estaba en Tucumán, por lo cual mal se lo podía acusar de cercanía con Antonio Domingo Bussi. El sitio Diarios sobre Diarios probó, con fotografías, que no era verdad lo que decía. Es más, él mismo escribió, en una nota en el diario El País de Madrid, que había asistido a la asunción de Bussi la noche del 24 de marzo de 1976. También dijo, en esa nota en el diario español, que había huido de Tucumán por haber sido amenazado por la Triple A. Los dirigentes de la Asociación de Prensa tucumana de aquellos tiempos, que sufrieron persecución y atentados terroristas, lo desmintieron. Ellos llevaban un registro diario de las amenazas y agresiones y aseguraron que Morales Solá nunca fue molestado. En realidad, su viaje a Buenos Aires fue una combinación que conjugó las necesidades de flamantes autoridades periodísticas de Claríny la recomendación de un importante general, mano derecha de Videla. Se trataba de José Rogelio Villarreal, quien estuvo al frente de la Quinta Brigada del Ejército en la última fase del Operativo Independencia y que luego saltó a jefe de Operaciones del Estado Mayor General por pedido expreso de Jorge Videla, que lo necesitaba a su lado en el momento de consumar el golpe de marzo de 1976. Villarreal jugó un papel muy importante en la política de integración de los grupos empresariales de medios y los jerarcas militares, tal como lo prueban los documentos que hoy están en sede judicial y que surgen de la comisión Papel Prensa – La verdad.

Fuente: por Eduardo Anguita en diario Miradas al Sur de la edición del Domingo 5 de diciembre de 2010