Noticias de la Ciudad:

El PRO advirtió que podría haber otros aumentos del subte en 2012.

Tras llevar el boleto de 1,10 a 2,50 pesos, el gobierno de Mauricio Macri reconoció que estudiará nuevos ajustes en el transcurso del año. Asociaciones de consumidores se presentaron a la justicia para objetar la legalidad del decreto.

Sin que hubiera entrado aún en vigencia el incremento del 127% en la tarifa del subte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió ayer que podría volver a decretar nuevos aumentos a lo largo de este año. Las excusas: la inflación y el resultado de las futuras negociaciones paritarias con los trabajadores. Mientras que la medida, que desde las cero horas de hoy llevó el precio del pasaje de 1,10 a 2,50 pesos, cosechó el repudio de las asociaciones de consumidores, los pasajeros, el arco político opositor y también de los gremialistas del subte, el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, y su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, instalaron la posibilidad de un eventual nuevo incremento. La justicia deberá ahora definir si avala el aumento dispuesto por Mauricio Macri, ya que el primer pedido para que se detenga la medida fue presentado ayer por una asociación de usuarios. 

“Si la inflación sigue, si las discusiones paritarias siguen, si todo sigue aumentando, si aumenta la gaseosa, el gas, la electricidad, el tomate, también va a aumentar la tarifa”, dijo Grindetti, al definir a la cuestionada medida como “antipática pero necesaria”. “Tomamos el subte en 48 horas, y en el acuerdo con el gobierno nacional, que nosotros aceptamos de buena gana, nos encontramos con que viene la mitad del subsidio”, sostuvo el funcionario, a pesar de que desde el principio de la negociación –en noviembre– la oferta de la Casa Rosada de desembolsar el 50% del subsidio previsto para 2012 fue explícita. Por su parte, Chaín argumentó que el hipotético futuro nuevo aumento “dependerá de la inflación” y precisó que la decisión de subir la tarifa se tomó en 24 horas “porque los números están muy claros”. 

Además, Chaín sostuvo que “los sueldos de los trabajadores del subterráneo se duplicaron de 2000 a 4600 pesos en promedio, mientras que la tarifa aumentó menos de la mitad. Es insostenible”, retrucó. De todas formas, Grindetti reconoció que cuando renegocien el contrato con la concesionaria, los términos deberán ser analizados en audiencia pública –reclamo central de la oposición–, pero que el valor del boleto “ya no será inferior” a los 2,50 pesos establecidos. 

De todas formas, la decisión adoptada por el macrismo tendrá su definición en la justicia. La primera medida cautelar contra el aumento, interpuesta por la ONG “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional”, recaló ayer en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que deberá dictaminar si deja sin efecto o no el incremento tarifario. La presentación se basó en la ausencia de “convocatoria previa a audiencia pública y la falta de aprobación legislativa del acuerdo interjurisdiccional suscripto entre Nación y Ciudad, lo cual torna improcedente el ejercicio de la potestad tarifaria cedida”. El trámite quedó en manos del Juzgado Nº 11, a cargo de Fernando Enrique Juan Lima, Secretaría 22, bajo el expediente 43.599. Las futuras presentaciones judiciales, anunciadas por otras asociaciones de consumidores y por legisladores opositores, tendrán como destino el mismo juzgado, habilitado durante la feria. 

La jornada post anuncio del tarifazo estuvo signada por la incertidumbre entre los usuarios, que se amontonaron en las boleterías de las estaciones para adquirir la mayor cantidad de pasajes posible, al valor vigente hasta hoy. En algunos casos, sólo se permitió comercializar hasta 20 viajes por persona. Cerca del mediodía, Metrovías debió emitir un comunicado donde extendió el plazo de vigencia de la tarifa de 1,10 pesos a los usuarios de la tarjeta SUBE y Monedero hasta el 12 de enero, como forma de paliar el acopio y las colas. 

A pesar de que el gobierno nacional eligió eludir la polémica, desde que se anunció la implementación del aumento, el acta acuerdo firmada con la administración porteña quedó en letra muerta. Según había comunicado el martes el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, los 360 millones aportados por la Nación tendrían como destino el subsidio al pasaje si no se disponían modificaciones tarifarias. Frente a un incremento, el subsidio necesario sería cubierto por ambas partes y el remanente sería destinado a obras de infraestructura. Pero el PRO hizo su propia interpretación del convenio, por lo que el 50% que le correspondería a la Ciudad en concepto de subsidio terminó siendo el valor de la suba para los usuarios y, en lugar de desafectar los fondos girados por la Nación para futuras obras, estimó cumplido ese ítem a partir de las inversiones ya previstas dentro del Presupuesto 2012 aprobado por la Legislatura. 

En este contexto, el pasaje a 2,5 pesos generaría un incremento en la recaudación del orden de los 440 millones de pesos anuales, más de un 60% del nivel de subsidio que hasta 2011 aportaba el Estado Nacional. En tanto, su incidencia en el índice de precios al consumidor (IPC) será de 0,24 punto porcentual para calcular la inflación de enero.

Fuente: Por Gabriel Morini publicado en Tiempo Argentino de la edición del 6 de enero del 2012.

El país de ayer y de hoy.

Hace apenas un tiempo atrás estábamos en medio de las andanzas y las desventuras, las reacciones y las malas intenciones políticas de un Grupo A fuertemente opositor que, desde el asalto a las comisiones en el Congreso, intentó paralizar totalmente la tarea legislativa como forma de infringir el mayor daño posible a un gobierno de carácter popular que en octubre obtuvo el claro respaldo de las mayorías nacionales por el propio compromiso que asume con los intereses de esas mayorías y que además se refleja en las diversas leyes y en el accionar político que promueve, reivindica y defiende. En cambio hoy, con la importante recuperación de la mayoría parlamentaria para el bloque oficialista, que es el genuino representante de los sectores y grupos populares en esta etapa de cambios de la historia, el modelo nacional y popular pudo volver a tener presupuesto, liberó los derechos secuestrados a los peones rurales, defendió la tierra y declaró de interés público el papel para diarios entre otras cuestiones que hacen al mejoramiento y solidificación de la democracia participativa y de inclusión social por la que se viene luchando desde el 2003. Lo importante es que todo ello nos muestra que el régimen nacional y popular no solo sigue vigente sino que definitivamente se consolida a pesar de las reacciones de los factores de poder dominantes que conspiran desde todos los horizontes. Esa consolidación del régimen a pesar y a expensas de los intereses de los grupos de intereses más concentrados es central para la mejoría de la calidad de vida de los trabajadores porque, no lo olvidemos, a diez años de habernos quedado sin un régimen político que fuera sustentable en el tiempo, es decir, que asumiera su compromiso como garante de los derechos sociales y políticos de los trabajadores y a diez años de la caída más feroz y salvaje a escala humana, tenemos este presente de desarrollo económico con inclusión social.

También es importante entender que sin la crisis sistémica provocada por la rebelión popular contra el régimen neoliberal ocurrida hace una década hubiera sido impensable la llegada de Kirchner al poder. Es decir, otra vez se impone la lucha y la movilización de los trabajadores como protagonistas de la historia, de los cambios y de la notable mejoría de sus propias condiciones de trabajo y calidad de vida a partir de entonces. Bajo la urgencia política y social que significó la crisis de diciembre del 2001, Kirchner sabía que debía abrirse una brecha entre los poderes concentrados- los más reaccionarios y neoliberales- para que se concretara su candidatura. En esas circunstancias, tanto militares como los banqueros, los cardenales y obispos, los ejecutivos y abogados representantes de esos centros del poder, que además están ligados indisolublemente a intereses foráneos que en la mayor parte de los casos contradicen los intereses nacionales, constituían un sector social que cerraría filas en torno a Fernando de la Rúa, especialmente cuando tuvieron el aval de la asunción de Cavallo como ministro de Economía el 20 de marzo de 2001. Con ese hecho político se terminaba de una vez y por siempre con la ilusión progresista de la Alianza que supimos conseguir. La llegada al gobierno del señor Cavallo fue la gota que colmó el vaso porque fue él, como genuino representante de los intereses de los sectores neoliberales, uno de los grandes responsables de la implementación del modelo y de las consecuencias a que nos condujo sus políticas. Durante mucho tiempo tuvimos que soportar la exclusión, tuvimos que soportar la marginación, la pobreza y el desempleo justificado ideológicamente por Cavallo y su lógica racionalmente sustentada en los intereses de los grupos neoliberales. Y fue la peor época, es bueno no olvidarlo porque fue un tiempo en donde además de los profundos efectos sociales del régimen neoliberal tuvimos la impunidad para los genocidas entre otras perlitas de la reacción. El regreso de Cavallo, ahora de la mano de De la Rúa, entonces, fue una muestra de cómo las decisiones políticas y económicas más importantes, todas esas que son centrales porque definen cierta lógica del régimen político, eran de exclusiva responsabilidad de los tecnócratas representantes de los grupos de poder ligados a la especulación y las finanzas. Esa misma especulación y finanzas que hoy eclosiona en todo el mundo neoliberal. De eso se tratan las finanzas y la especulación, se trata de competir hasta ahogar a los otros y provocar adquisiciones y fusiones, una de las áreas más codiciadas por los ejecutivos de las finanzas, porque es la que permite mostrar el ánimo guerrero que los anima. No importa si detrás de sus competidores está todo un pueblo que al fin y al cabo lo único que quiere es hacerse responsable de su destino.

Así, nadie tiene que bajar la guardia porque los movimientos de los especuladores y las finanzas no permanecen quietos y antes bien actúan y reaccionan, condicionan y presionan a pesar de todo, a pesar de que la amplia mayoría de los trabajadores en Argentina ya han dado muestras suficientes de compromiso y apoyo al gobierno vigente. No hay que bajar la guardia porque la tarea sigue inconclusa y la anterior complicidad civil con la dictadura de seguridad nacional devino hoy en complicidad con el monopolio mediático de Clarín que se espanta ante un gobierno surgido nada más y nada menos que del voto y del protagonismo popular. Por eso cada uno deberá sincerar necesariamente las posiciones políticas, económicas, culturales e ideológicas que está dispuesto a sostener en el corto y largo plazo, a sincerar la lógica de todos los sujetos políticos intervinientes en la formación de la realidad del país. Si los grupos de interés más concentrados no están dispuestos a hacerlo, a sincerarse políticamente, entonces hay que actuar en consecuencia. De eso se trata la batalla cultural que hoy favorece a los sectores populares. Ya no va más esa Argentina de caretas, ese país que era el que reprimía y explotaba sin pudor ni piedad a los trabajadores, que se aprovechaba de sus necesidades, de sus sueños y sus vidas. El país de hoy- ese país real y no ese virtual que no pueden imponernos desde la prensa- precisa desprenderse de sus máscaras y abjurar de todas las caretas para sostener en el tiempo la supremacía de la cultura popular. En ese trance andan los trabajadores, andan los jóvenes y los militantes de todos los colores. En esa andamos todos los que nos sentimos parte del pueblo. Igual hay que estar atentos porque la corporación mediática y sus mandaderos, conservan cierta capacidad de daño y de provocación. En este marco de una lucha que además de ser política es cultural, es económica e ideológica, es decir, que compromete todos los ámbitos, es una buena opción diferenciar entre las políticas públicas que tienden a la exclusión, a la muerte en vida de los desocupados (que son políticas características de los neoliberales siempre tan afectos a luchar contra las mayorías) y las políticas públicas que tienen que ver con el régimen popular, todas y cada una de esas medidas que reivindican la vida de las mayorías a través de la generación de empleo y de la inclusión de los trabajadores.

Es bueno que recordemos el país de ayer para profundizar las medidas en favor del país de hoy. Es bueno recordar ese régimen injusto, fuertemente reaccionario y excluyente, que estalló a fines del 2001, cuando la memoria se sublevó en las calles, en las avenidas, en las plazas y en todos los rincones de la Patria. Es esa memoria precisamente la que nos desafía a comprometemos solidariamente como trabajadores, como parte de un colectivo social, cultural y político, como parte de un movimiento popular protagonista, a no volver más a ese pasado de ignominia, de inequidades e injusticias. La participación creciente de todos, la gestión popular de los trabajadores en lo que se refiere a la formación de la agenda del gobierno es así la primera garantía de sustentabilidad en ese sentido. Solo puede ser el protagonismo de los sectores populares el que defina las diversas etapas de construcción de la realidad lo que nos coloca en una situación de protagonismo histórico.

Referencias bibliográficas:

Jorge Giles: “Cuando la memoria estalla” en Miradas al Sur de la edición del 24/12/2011.

Eduardo Anguita: “La impunidad de aquel 19 y 20” en Miradas al Sur de la edición del 24/12/2011.

Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.