Tras llevar el boleto de 1,10 a 2,50 pesos, el gobierno de Mauricio Macri reconoció que estudiará nuevos ajustes en el transcurso del año. Asociaciones de consumidores se presentaron a la justicia para objetar la legalidad del decreto.
Sin que hubiera entrado aún en vigencia el incremento del 127% en la tarifa del subte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtió ayer que podría volver a decretar nuevos aumentos a lo largo de este año. Las excusas: la inflación y el resultado de las futuras negociaciones paritarias con los trabajadores. Mientras que la medida, que desde las cero horas de hoy llevó el precio del pasaje de 1,10 a 2,50 pesos, cosechó el repudio de las asociaciones de consumidores, los pasajeros, el arco político opositor y también de los gremialistas del subte, el ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, y su par de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, instalaron la posibilidad de un eventual nuevo incremento. La justicia deberá ahora definir si avala el aumento dispuesto por Mauricio Macri, ya que el primer pedido para que se detenga la medida fue presentado ayer por una asociación de usuarios.
“Si la inflación sigue, si las discusiones paritarias siguen, si todo sigue aumentando, si aumenta la gaseosa, el gas, la electricidad, el tomate, también va a aumentar la tarifa”, dijo Grindetti, al definir a la cuestionada medida como “antipática pero necesaria”. “Tomamos el subte en 48 horas, y en el acuerdo con el gobierno nacional, que nosotros aceptamos de buena gana, nos encontramos con que viene la mitad del subsidio”, sostuvo el funcionario, a pesar de que desde el principio de la negociación –en noviembre– la oferta de la Casa Rosada de desembolsar el 50% del subsidio previsto para 2012 fue explícita. Por su parte, Chaín argumentó que el hipotético futuro nuevo aumento “dependerá de la inflación” y precisó que la decisión de subir la tarifa se tomó en 24 horas “porque los números están muy claros”.
Además, Chaín sostuvo que “los sueldos de los trabajadores del subterráneo se duplicaron de 2000 a 4600 pesos en promedio, mientras que la tarifa aumentó menos de la mitad. Es insostenible”, retrucó. De todas formas, Grindetti reconoció que cuando renegocien el contrato con la concesionaria, los términos deberán ser analizados en audiencia pública –reclamo central de la oposición–, pero que el valor del boleto “ya no será inferior” a los 2,50 pesos establecidos.
De todas formas, la decisión adoptada por el macrismo tendrá su definición en la justicia. La primera medida cautelar contra el aumento, interpuesta por la ONG “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional”, recaló ayer en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que deberá dictaminar si deja sin efecto o no el incremento tarifario. La presentación se basó en la ausencia de “convocatoria previa a audiencia pública y la falta de aprobación legislativa del acuerdo interjurisdiccional suscripto entre Nación y Ciudad, lo cual torna improcedente el ejercicio de la potestad tarifaria cedida”. El trámite quedó en manos del Juzgado Nº 11, a cargo de Fernando Enrique Juan Lima, Secretaría 22, bajo el expediente 43.599. Las futuras presentaciones judiciales, anunciadas por otras asociaciones de consumidores y por legisladores opositores, tendrán como destino el mismo juzgado, habilitado durante la feria.
La jornada post anuncio del tarifazo estuvo signada por la incertidumbre entre los usuarios, que se amontonaron en las boleterías de las estaciones para adquirir la mayor cantidad de pasajes posible, al valor vigente hasta hoy. En algunos casos, sólo se permitió comercializar hasta 20 viajes por persona. Cerca del mediodía, Metrovías debió emitir un comunicado donde extendió el plazo de vigencia de la tarifa de 1,10 pesos a los usuarios de la tarjeta SUBE y Monedero hasta el 12 de enero, como forma de paliar el acopio y las colas.
A pesar de que el gobierno nacional eligió eludir la polémica, desde que se anunció la implementación del aumento, el acta acuerdo firmada con la administración porteña quedó en letra muerta. Según había comunicado el martes el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, los 360 millones aportados por la Nación tendrían como destino el subsidio al pasaje si no se disponían modificaciones tarifarias. Frente a un incremento, el subsidio necesario sería cubierto por ambas partes y el remanente sería destinado a obras de infraestructura. Pero el PRO hizo su propia interpretación del convenio, por lo que el 50% que le correspondería a la Ciudad en concepto de subsidio terminó siendo el valor de la suba para los usuarios y, en lugar de desafectar los fondos girados por la Nación para futuras obras, estimó cumplido ese ítem a partir de las inversiones ya previstas dentro del Presupuesto 2012 aprobado por la Legislatura.
En este contexto, el pasaje a 2,5 pesos generaría un incremento en la recaudación del orden de los 440 millones de pesos anuales, más de un 60% del nivel de subsidio que hasta 2011 aportaba el Estado Nacional. En tanto, su incidencia en el índice de precios al consumidor (IPC) será de 0,24 punto porcentual para calcular la inflación de enero.
Fuente: Por Gabriel Morini publicado en Tiempo Argentino de la edición del 6 de enero del 2012.
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