sábado, 16 de octubre de 2010
Links de interés:
Razonamientos sobre el 82% móvil:
En Alemania, con científicos argentinos, un video y algunas reflexiones:
Mapas de los ejercicios militares británicos en Islas Malvinas:
Dichos de la Presidenta sobre los ejercicios militares en Islas Malvinas:
Discurso de la Presidente el 14 de Octubre:
Política:
Apoyar la realización del Censo Nacional 2010:
A pocos días de la realización del Censo Nacional de Población que se llevará a cabo el próximo 27 de octubre, es preciso destacar su relevancia para nuestro país
La finalidad del Censo, que debe realizarse cada diez años según establece el artículo 47 de la Constitución Nacional, es aportar datos sobre condiciones habitacionales, demográficas, económicas y sociales de la población a fin de que los distintos niveles de la administración pública estén en condiciones de generar las políticas en áreas como educación, salud, trabajo, familia, vivienda y transporte.
También permite establecer el número de representantes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal (art.45 y 47 de la Constitución Nacional-Segunda parte del capítulo 1)
Dada la importancia de estos datos, debe alertarse sobre el perjuicio de la campaña de intimidación que algunos sectores sociales y políticos están llevando a cabo -con eco y apoyo decisivo de medios oligopólicos de comunicación- con el inocultable fin de obstaculizar la realización del acto cívico.
Poniendo énfasis sobre el miedo de la población a posibles delitos durante la ejecución del Censo, en nombre de la “seguridad” ciudadana se llama a no abrir la puerta a los censistas o a completar planillas de antemano, actos que invalidarían la encuesta. También se apunta a poner bajo sospecha, bajo el signo del interés político, el procesamiento de los datos obtenidos, sin fundamentos técnicos que avalen tal presunción.
Dada la complejidad del universo que involucra a las micro, pequeñas y medianas empresas, nuestro sector ha padecido históricamente la falta de datos relevantes que puedan dar cuenta en forma integral de las distintas situaciones de los sectores económicos y sociales en los niveles nacional, regional y local.
Entre otros ítems, los datos del Censo permiten estimar la demanda de bienes y servicios a partir de los datos sobre concentración de la población y su distribución por edad y sexo, fundamentales para el desenvolvimiento de la producción, el comercio y los servicios, y prever la instalación empresas a partir de consideraciones sobre la disponibilidad de mano de obra local También constituyen insumos para investigaciones en economía y ciencias sociales.
En todos los ámbitos en que deben definirse elementos destinados a la elaboración de políticas públicas los datos aportados por el Censo Nacional son insustituibles por su riqueza, fiabilidad y amplitud.
Por ello subrayamos que el éxito de la encuesta no es patrimonio de una gestión ni de un gobierno, sino de una sociedad que busca afirmarse en el conocimiento de las propias realidades, primer paso ineludible si se busca implementar mejoras en las condiciones de vida del conjunto de la población.
Desde nuestra entidad llamamos a la participación ciudadana responsable y comprometida en el Censo, herramienta indispensable para el desempeño de un Estado nacional capaz de llevar adelante políticas de desarrollo con inclusión social.
Recordamos que esta es la verdadera solución de fondo para la inseguridad que padecen millones de argentinos que aún viven al margen de los derechos básicos ciudadanos de salud, alimentación, educación, trabajo y vivienda dignos, establecidos por la Constitución Nacional.
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010
Enrique Tarditi
Director del Departamento Nacional de Comunicaciones de APYME
Campaña "No sea pelotudo y déjese censar"
A ver si ponen los patitos en fila:
- El que no se deja censar, jode a todos y se jode a sí mismo
- Ud. no es el ombligo del mundo y no hicieron el censo sólo para cagarlo a Ud.- No sea ególatra
- Tenerle miedo al censista es como tenerle miedo al cuco.
- Pasarle al censista la planilla por debajo de la puerta es una grosería para con el censista que está laburando, y un descrédito al comportamiento humano. No sea guarango.
- Pedir que el portero o el seguridad le entreguen las planillas del edificio al censista es ser cobarde y pusilánime, porque es mandar a otro a que ponga la cara por Ud. Haga un esfuerzo y no demuestre que es tan cagón.
- Ud. dice que Moreno dibuja el Indec y Ud. sabe que dibuja sus números. O sea, no proyecte en los demás sus propios delitos y desaciertos.
- Haga memoria, cuando Ud. era chico, al censista sus viejos lo trataban con respeto y lo atendían. Demuestre que Ud. no involucionó.
- Si es tan valiente, encare al censista, niéguese a ser censado, bánquese que pida la presencia de la fuerza pública, y que lo lleven preso. Eso de esconderse atrás de la puerta es de octava.
- Si con eso no le alcanza, tenga en cuenta que EN LOS PAISES SERIOS los que suelen tenerle miedo al censo son los inmigrantes indocumentados, esos que Ud. llama "peruca", "bolita", etc. Sea conciente que se está comportando como aquellos que Ud. tanto denosta.
Por si acaso, le aclaro: Estas preguntas no estarán en la planilla del censo, así que relájese y déjese censar, ¿ok?
Indique la cantidad de dinero que tiene en el exterior:
a) 10.000 a 50.000 dólares
b) 51.000 a 150.000
c) más de 200.000
d) ya perdí la cuenta.
Bienes muebles o inmuebles testaferrados:
a) 1 a 4
b) 5 a 10
c) 11 a 15
d) perdí la cuenta, lo sabe mi testaferro.
Evade patentes, impuestos, servicios? ¿cuales?
a) sólo patente
b) ganancias, ingresos brutos y todos los de la afip
c) enganchado por el country de la luz
d) todos los previos.
Le tiene miedo a:
a) Moreno
b) Echegaray
c) Aníbal
d) a todos los mencionados
Entiende que temerle a esas personas es
a) normal
b) paranoia y hay que ir al psiquiatra
c) totalmente lógico y esperable
¿Que le parece el siguiente comentario del lector de La Nación "demosra"?"Lo que quiero decir es que el censista puede tener una idea del nivel de vida del censado y potencialmente calificarlo para secuestros o algo por el estilo, suponiendo que sea deshonesto, cosa que no es demasiado rara atento el nivel de deshonestidad que tenemos todos"
a) que es muy cierta
b) que es falaz
c) que no me había dado cuenta y tiene razón.
La presidente en ejercicio, elegida democráticamente, se llama:
a) Cristina Fernandez
b) Cristina
c) La yegua puta casada con el tuerto
"La 125" es:
a) una línea de micros
b) una resolución que no sé de qué trata
c) por lo que hicimos un quilombo infernal
Como hace mucho que no tiene contacto con la realidad, porque vive pegado a TN, al facebook o al twitter, le cuento cómo se ve un censista, y como NO DEBERÍA VERSE un censista.
Si concurre a su casa cualquiera de los que le indico que NO SON CENSISTAS, huya, y realmente, pida ayuda policial. Esos sí que van a robarle.
Hágame el favor, no sea tan imbécil de dejarse llevar de las narices. Que su hijo el día de mañana no tenga un motivo más para decir "mirá si será pelotudo mi viejo, que en el 2010, le tenía miedo a la censista".
Y tenga en cuenta que SI DECIDE NO CENSARSE, LOS MÁS POBRES Y DESPOSEÍDOS, SE VERAN MUY BENEFICIADOS. Si sólo se censa a la gente más humilde, habrá que destinar miles de millones a planes sociales, GRACIAS A USTED, que al no participar, alteró los datos finales y los benefició.
Fuente: de En La Misma Vereda, del Martes, 12 de octubre de 2010 a las 19:40.
“Rajá, turrito, rajá”
En la Mendoza natal de Cobos hubo, hace aproximadamente 100 años, un vigoroso movimiento político encabezado por "El Gaucho" José Néstor Lencinas. Aquel populismo cuyano (que se daba también en la San Juan de los hermanos Cantoni), era ferozmente denostado por los medios de prensa del conservadurismo. Los "galeritas" de la oligarquía demostraban su odio de clase hacia la "chusma de alpargata" que, populismo mediante, iba conquistando elementales derechos sociales y humanos. Los lencinistas, y luego los cantonistas, se apropiaron del símbolo -la sufrida alpargata- y lo hicieron bandera, adelantándose algunos años a los laburantes peronistas. En cambio, el "ganso" de Cleto atrasa más de un siglo: él también ata su destino a los medios que, hoy como ayer, denigran todo lo que sea o huela a popular. Tienen razón los que se niegan a llamarlo “traidor”. Para serlo, antes tendría que haber sido un compañero. Por eso, para este pobre tipo vale lo que escribió Roberto Arlt: “Rajá, turrito, rajá”.
(Por Carlos Semorile)
http://carlossemorile.blogspot.com/
Análisis político de la semana:
Kirchnerismo y oposición.
El reciente acto del viernes 8 de octubre en Río Gallegos, la ciudad que vio nacer al ex presidente Néstor Kirchner y donde mudó domicilio, fue una importante demostración de iniciativa política y estratégica, es decir, de cierta capacidad de convocatoria y de disposición política para ser uno de los protagonistas frente al desafío electoral que significa para el modelo nacional y popular las próximas elecciones presidenciales del 2011. En otras palabras, que se reúnan por lo menos quince gobernadores provinciales con las máximas autoridades políticas nacionales en la capital de Santa Cruz, para pronunciar un lenguaje y una estrategia política de poder que les es propia, sobre la que buscan construir un arte de poder alternativo que profundice en las políticas populares que orientan la actual definición ideológica del gobierno nacional que por lo mismo podemos definir como ampliamente democrático e inclusivo, requiere de una lectura necesariamente mucho más profunda, que permita al mismo tiempo sacar conclusiones que ayuden a trazar algunas líneas de cara al futuro más próximo. En verdad, este modelo de régimen popular y nacional, que por eso, al mismo tiempo es distributivo y continúa buscando las mejores políticas de gestión democrática para seguir radicalizando en los fundamentos centrales del modelo, se construye a sí mismo desde la propia periferia hacia el centro y desde ese mismo centro político, a su vez, gestiona las políticas públicas que le parecen más justas y necesarias en la integración de los trabajadores. Respecto a esa integración de los trabajadores, hasta hoy y luego de cumplido el bicentenario de Argentina, no hay antecedentes de un concreto crecimiento económico, estabilidad política e inclusión social de los sectores estructuralmente más vulnerables que involucre y beneficie a las provincias y al propio régimen político nacional de la manera con que lo viene haciendo el gobierno desde el año 2003 en adelante. Por ejemplo, bastaría un sobrevuelo sobre la geografía del país, es decir, de sur a norte y de este a oeste, del noroeste y del sur patagónico para comprobar el desarrollo y el impulso que este modelo dio a las obras públicas, a la construcción de carreteras, de puentes, de viviendas, escuelas o cloacas que vuelven a darnos la esperanza de otro mundo posible por lo menos para los argentinos. En estas nuevas circunstancias, para el gobierno de Cristina Fernández, que va más allá de un gobierno porque involucra el compromiso de otro régimen, de otras maneras de hacer política, de una gestión más democrática, la inversión en infraestructura significa nada menos que el 3,3% del PBI. Por su parte, los índices de crecimiento señalan una inversión en obra pública que, desde el 2003 hasta la actualidad, se multiplicó por 40 pasando desde los $1.000 millones a más de $44.000 millones en el 2010. A su vez, mediante el plan de descentralización de la gestión de la agenda pública se realizan más de 6000 obras en todo el país. El escenario actual habla de cifras contundentes que así soportan cualquier cuestionamiento por parte de los sectores opositores al modelo popular y que marcan el rumbo de un Plan de Obras Públicas que apunta a extenderse para el próximo año. Por ejemplo, esas cifras nos dicen que desde el 2003 a la fecha se construyeron 400 mil viviendas y se dieron por lo menos 100 mil soluciones habitacionales para familias en riesgo. Además, esos mismos planes de licitación para la edificación de viviendas llevaron a que se incorporaran 400 mil trabajadores al rubro de la construcción. En materia de energía, siempre fundamental para cumplir con los nuevos requerimientos del crecimiento y del desarrollo, se busca invertir para el año próximo un 27% más en el transporte del gas, 39% más de generación eléctrica y un 28% de incremento en el tendido de líneas de alta tensión. Por último, el año entrante se busca desde el gobierno que el sistema de cloacas llegue por lo menos al 60% de los trabajadores mientras, al mismo tiempo, la cobertura de agua potable sea de un 92% alcanzando por lo menos a unos 37,6 millones de habitantes.
A la luz de esas cifras y de estos ambiciosos planes estratégicos en relación a la infraestructura del país, el gobierno nacional nos muestra que uno de sus núcleos estratégicos en relación a la gestión de las políticas públicas, del desarrollo y el crecimiento del país, de sus unidades productivas y de la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, está decididamente orientada en afianzar su gestión de obras públicas como una vía para seguir fortaleciendo las políticas de inclusión social y de generación de puestos de trabajo de mayor calidad. El plan central del régimen político nacional y popular para lo que resta de este año ubica como núcleo fundamental del plan de obras públicas, la aplicación de políticas de acción directa sobre la calidad de vida de los trabajadores como la búsqueda de mayor acceso al agua potable y cloacas, viviendas y obras viales que mejoren la accesibilidad de los sectores más vulnerables a los grandes centros urbanos. Lo importante en ese contexto es que la obra pública fue tomada por el régimen popular como motor e impulso decisivo del desarrollo económico que lleva a que no dependamos de fuentes de financiación y capitalización externas para, por ejemplo, llevar adelante las obras de infraestructura que el desarrollo del modelo productivo requiere para continuar con el crecimiento sostenido de las variables económicas como el propio superávit de la balanza de pagos internacionales o el superávit fiscal como también de las variables sociales relacionadas con la generación de empleo, el acceso a la educación y la salud, viviendas, jubilaciones y pensiones. Esta política es muy importante porque es la primera vez en décadas, desde que tengo memoria, que un gobierno toma la propia obra pública desde ese lugar de inclusión y de crecimiento generando, al mismo tiempo, acciones que tienen un impacto directo sobre los trabajadores a través de la solución de la cuestión de la vivienda, del acceso a las escuelas, al agua potable y un largo etcétera. En este plano, el rumbo que tomó primero el gobierno de Néstor Kirchner y después Cristina Fernández, sigue la tradición histórica que marcó el Plan Quinquenal de Perón, desde 1947 a 1951, mediante el que se desarrolló un importante plan de construcción de viviendas para enfrentar el importante déficit habitacional, de aproximadamente 650 mil unidades, que ya existía en esa época.
Por lo tanto, es necesario que como parte de un gobierno nacional y popular, como peronistas o de una tradición de izquierda realmente nacional y popular, defendamos y reivindiquemos la política de los últimos años en relación a la conveniencia que significa invertir en infraestructura porque no hay que entender estas políticas como un gasto sino antes bien como una inversión. La política de infraestructura es una inversión antes que un gasto porque, en primer lugar, se traduce en efectos favorables en el nivel de generación de empleo, de la calidad de éste, de su productividad, de la mejoría de la calidad de vida de los trabajadores y de la economía y el crecimiento y consolidación del mercado interno, el ahorro y la inversión en general. En ese contexto hay que entender lo que ocurrió en el 2009 cuando, sin lugar a dudas, la inversión en infraestructura pública y privada sirvió como herramienta central para capear de manera bastante noble la crisis global iniciada en los países centrales. Desde el gobierno decididamente se busca lograr universalizar el servicio de agua y de cloacas a fin de minimizar el riesgo sanitario que significa la ausencia de la red cloacal, de manera de optimizar el saneamiento hídrico y el manejo ambiental de los ríos y de nuestras costas en general. Desde el Gobierno nacional también se entiende entonces que el paradigma de que toda la producción nacional se tiene que exportar también se resquebrajó a la luz de los acontecimientos de fines del 2007 en los países centrales y que tienen que ver con la crisis global porque si, en definitiva, sólo exportamos cuando se viene una crisis como la que se vino, por absoluta falta de responsabilidad e ineficiencia del neoliberalismo globalizado, el país termina quedándose solo y con su mercadería, sus bienes y servicios, sin vender. En cambio, si existe un mercado interno más o menos fuerte y robusto, el régimen político no sufre grandes complicaciones. Pero esa política, es decir, de consolidación del mercado y consumo interno, viene de la mano de custodiar el poder adquisitivo de todos los trabajadores. En otras palabras, mantener el nivel de empleo y hasta generar nuevos puestos de trabajo mantiene la demanda y eso sostiene la producción, el consumo, la economía y la eficiencia del régimen nacional y popular. Por otro lado, los beneficios del modelo gobernante al batallar para que prime el sentido común de la democracia, del arte de poder de los trabajadores y una gramática y lenguaje de lo posible que reivindica los derechos y los intereses de los sectores populares, de su gestión democrática por sobre los intereses y cosmovisión de los más grandes monopolios, simplemente horizontaliza el dominio del vocabulario de los trabajadores. Como lo señalara el propio Kirchner, en relación a la gestión democrática, estamos en ese punto de inflexión signado por el corrimiento definitivo de todos los velos y mitos dominantes que nos cubrían y nos alejaban de la conciencia nacional. Las causas hay que buscarlas en que también por primera vez empiezan a develarse con nombres y apellidos los socios y los necesarios partícipes de esa tenebrosa asociación ilícita criminal que fue la última dictadura cívico-militar y los políticos, dirigentes y funcionarios que luego en democracia buscaron reciclarse. En otras palabras, los militares de las diversas ramas de las fuerzas armadas que asesinaron, que torturaron, que encarcelaron e hicieron desaparecer personas o se apropiaron de los hijos de sus víctimas durante el terrorismo de Estado, son culpables de un tremendo genocidio, sin embargo, los mismos se convertirían, mal que nos pese, en chivos expiatorios si la justicia no da cuenta de la complicidad moral y política, religiosa, empresarial, financiera y comercial de los sectores y grupos de civiles y sus intereses que participaron junto a ellos y que así se beneficiaron de los parámetros impuestos por ese terrorismo. Ahora que por fin la verdad está mucho más cerca, ahora que el régimen político ahonda en las diversas complicidades, ahora que las mayorías empiezan a entender la doctrina de seguridad nacional como parámetro y proyecto político de los grupos de poder, tanto civiles como militares, precisamente ahora cuando la justicia se hace camino al andar contra la impunidad y contra el olvido, algunos sectores y personajes públicos representantes de esos sectores conservadores y reaccionarios, que hipócritamente buscan definirse como progresistas, hombres como Lanata, reclaman y militan en favor del olvido e impunidad.
Quizá desde siempre fueron larvados mercenarios de esos grupos y no nos dimos cuenta. Lo concreto es que el progresismo históricamente deja mucho que desear porque en todos y cada uno de los procesos de cambios y transformaciones en las que se embarcaron nuestros pueblos, en Argentina en particular y en Latinoamérica, estuvieron siempre contra los intereses de los trabajadores. Es decir, lucharon contra el general Perón y fueron partícipes de la revolución libertadora, militaron a favor de la revolución bolchevique pero se escandalizaron frente a cada avance de los trabajadores argentinos. Sin embargo, a pesar de toda esa hipocresía, a pesar del progresismo que se dice de izquierda o del populismo que solo es posible ideológicamente como sustento político de los sectores de derecha, este nuevo conflicto reparador con nuestra historia, nos ayuda a desenmascarar definitivamente a la patronal golpista, sus intereses y los grupos que los representan que, a su vez, se niegan a terminar con la naturaleza monopólica y oligopólica de sus intereses. Lo que cambia es que ahora sabemos quienes son, cómo juegan y donde desenvuelven sus energías y sus estrategias de control sobre el bien común. Mal que les pese a esos grupos de poder, la verdad y la palabra, el lenguaje y la gramática de poder que están construyendo los trabajadores, rompieron el cerco más duro del dominio. Lo importante es que cuando esto pasa los pueblos empiezan su emancipación y libertad definitiva. En ese proceso estamos comprometidos. En esas circunstancias, por ejemplo, en el reciente acto del 8 de Octubre en Río Gallegos al que aludía más atrás, Kirchner dejó en claro que el proceso de cambios sigue su marcha y que en realidad no hay fricciones con la Corte Suprema porque la gran pelea es con las maniobras del poderoso grupo mediático Clarín que batalla con todos sus recursos para conservar sus privilegios a expensas de los trabajadores. De hecho, la última lectura de los fundamentos jurídicos en relación a la resolución de la cautelar respecto de los plazos del grupo Clarín para adecuarse a la nueva ley que, en ese contexto, limita la cantidad de licencias de los medios autorizados por la ley, el presidente de la Corte afirmó que el cambio de las políticas en materia de medios de comunicación e información es una política propia del Estado en la que se encuentran involucrados los tres poderes, es decir, tanto el poder Ejecutivo, que fue el que impulsó la ley de medios, el Congreso, que fue el que la debatió y la votó de manera favorable, y el Judicial, porque el fallo de la Corte en la cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas, afirmó que la Ley 26.522 se encuentra plenamente vigente mal que les pese a los grupos monopólicos de la información. Desde ya, tanto el grupo Clarín como los representantes del grupo La Nación , que actualmente se constituyen como grupos de poder claramente opositores, que simulan sus posturas a través de sus medios de comunicación y que abusan de la libertad de expresión para tergiversar la realidad, juegan con todos sus recursos a alentar un conflicto entre la Corte Supremala Corte empiezan, desde ahora y como era de esperarse, a publicar que existen posibles contactos políticos entre algunos ministros, secretarios y funcionarios públicos con ministros de la Corte para profundizar en la política oficialista. En concreto, en los fundamentos centrales de la resolución sobre el “Grupo Clarín y otros sobre medidas cautelares”, la Corte Supremala Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual referido a la adecuación de titularidad de las licencias. Eso tiene que ver con las acciones judiciales de los abogados del monopolio Clarín para evitar que los mismos puedan bloquear, de manera más o menos indefinida, la vigencia de la ley de medios o de cualquier de sus artículos que busca terminar con los privilegios de esos grupos de poder para favorecer la multiplicidad de voces y la propia democracia. Es decir, una vez que quede establecido que la cautelar expire equis día, Cablevisión y Multicanal necesariamente tienen que desprenderse de las licencias, como lo marca la ley. Esto lleva inexorablemente a que haya una sentencia firme antes de que caduque la cautelar. Por lo mismo, Magnetto apostó todas sus fichas para abrir una grieta entre el kirchnerismo y el máximo tribunal de Justicia porque, en fin, la transformación de los medios masivos de comunicación es una política estructural que busca mejorar la democracia y la gestión de los trabajadores. Por lo mismo, el Grupo Clarín apela a todos sus aliados empresariales y a todos sus recursos de presión para limitar las acciones y políticas del poder Ejecutivo a través de medidas cautelares.
De todas maneras, todos los esfuerzos de Magnetto por mantener su influencia en la política nacional se tropiezan con un grave problema y es que ya no es posible seguir sosteniendo el mito de que las tapas de los grandes medios masivos de comunicación producen heridas mortales a los gobiernos populares. Ya no es así porque, como vimos, la participación y la movilización de los trabajadores están rompiendo el cerco del control y del dominio sobre las mayorías. Y eso los preocupa mucho. Además, ahora que la Corte fijó su posición sobre el artículo 161, es prudente señalar que ese mismo artículo, aunque central para la aplicación y efectividad de la ley, ya veremos porqué, no es toda la ley de medios y, a su vez, la ley de medios, con toda su trascendencia, es sólo una parte de un proceso social formidable y de una batería de iniciativas y políticas públicas oficiales en materia de medidas culturales y de comunicación que tienen un enorme potencial de transformación. Hay que tener paciencia porque el festín de las cautelares seguramente seguirá y habrá nuevos obstáculos judiciales y mediáticos, sin embargo, tal como están las cosas, vivimos una época social y políticamente fértil a la hora de combatir por una mejor comunicación y por una mejor calidad de vida en general. En realidad, la ley, aunque por sí misma valiosísima, es sólo una arquitectura jurídica pero en definitiva son los trabajadores organizados en sus diversos organismos y organizaciones populares junto con el sector público los que tienen que construir, siempre desde las bases y de manera horizontal, la dimensión física, material, moral, política y social de la aplicación y defensa de la ley en cuestión. La vitalidad que requiere esa construcción comunicacional late en los magníficos procesos sociales abiertos, que no devienen exclusivamente del impulso de la ley, aunque ese haya sido un punto de inflexión crucial, sino del arrastre de dos décadas largas de lucha democrática para sancionarla. En otras palabras, la importancia central del artículo 161 es que al estar suspendida solo para Clarín condiciona la construcción del necesario tercio que corresponde a la comunicación social que exige la ley porque, en fin, el espectro radioeléctrico es finito, es decir, lo que hoy sigue detentando Clarín como de su propiedad, o sea, las múltiples frecuencias a liberar, son precisamente parte de las frecuencias que se pretende abrir para el surgir de las nuevas voces relacionadas con el ámbito social.
Por otro lado, con respeto a esta ley de medios de la democracia en particular pero también respecto a otras leyes en general que hacen a la mejora en la calidad institucional, política y social del régimen nacional y popular, actualmente en el país se plantea la pregunta en diversos segmentos y actores sociopolíticos que actúan al interior del régimen político, sobre qué es lo que en verdad pasa con los grupos representantes de los sectores de la oposición que no logran articular una acción y una estrategia política que eventualmente pudiera profundizar en la racionalidad y calidad del régimen democrático. Como la lógica manda, este tipo de interrogantes suscitan fuertes preocupaciones en el heterogéneo y diverso campo sociopolítico de los partidos, sectores y de las grandes organizaciones empresarias críticas del gobierno popular. Por otra parte, también suscita un gran entusiasmo en el campo sociopolítico de los sectores kirchneristas que así confían en que la falta de coherencia política y la división de la oposición facilita el triunfo electoral del movimiento y las organizaciones populares y sus aliados para el año próximo. Entonces, la oposición política al gobierno popular todavía no puede unirse porque es la suma de fuerzas y de sectores políticos que eclosionaron por la crisis económica, social, política y cultural generada en diciembre de 2001 por las consecuencias de la imposición del neoliberalismo a partir de 1976. Así, en forma directa, esa crisis terminal y profunda de Argentina que nos convirtió en un país desahuciado, arrastró al descrédito y a la división de los partidos que en su momento fueron parte de la Alianza y que ahondó también en la descomposición del menemismo. Entre los damnificados también estuvo el propio PJ que precariamente se reorganizó alrededor de la figura de Duhalde y la Liga de Gobernadores. La rapidez de Duhalde y Alfonsín para reorganizar una especie de gobierno de transición y de emergencia que pudiera darle gobernabilidad mínima al país, a su vez, le dio el suficiente sustento político al desvencijado PJ para permitir la instalación de un nuevo gobierno preservando los parámetros centrales de una democracia política muy formal que por lo menos lograra evitar alguna opción tipo autoritaria o la descomposición final del régimen político. Los trabajadores argentinos si bien se movilizaron activamente, en realidad, aspiraban simplemente a que la crisis se resolviera con nuevas elecciones, y sobre esta otra base de emergencia y transición logró edificarse políticamente un tipo de gobierno parlamentario que se convirtió en el sustento político de Duhalde para gobernar en esas circunstancias. Sin embargo, la opción autoritaria del presidente, que se vio claramente reflejada en la represión a los piqueteros y que produjo la muerte de Kosteki y Santillán apuró los tiempos políticos frente al desprestigio del duhaldismo. Así, la nueva convocatoria a elecciones presidenciales en abril de 2002 abrió el cauce para restablecer el funcionamiento de los diversos poderes que forman parte del régimen político. De todas maneras, no pasó mucho tiempo (en esas circunstancias de crisis terminal los tiempos políticos se acortan en demasía) para que pudiéramos observar que todas las fuerzas que eran responsables y que estaban fuertemente comprometidas con el colapso del neoliberalismo en su versión criolla, vagaban sin rumbo en la escena política sin la mínima capacidad política y estratégica que les permitiera generar alternativas reales que respondieran al reclamo de los trabajadores que no era otro que la salida del neoliberalismo para, desde ahí, buscar recomponer las glorias de otros tiempos. En otras palabras, la instauración de un régimen popular que lo es precisamente porque se estructura en la producción, en el trabajo y en la inclusión social. En ese momento, la mayor parte de las fuerzas políticas ajenas al peronismo como, por ejemplo, los radicales, los socialistas, la gente del ARI (…) aparecían frente a los trabajadores como retazos de un pasado al que ya no se podía volver sin producir un suicidio colectivo. El propio duhaldismo junto a todas esas fuerzas que hoy son opuestas al régimen nacional y popular, es decir, que se oponen irracionalmente a las nuevas políticas basadas en la producción y en la economía más real denostando la especulación de los grandes financistas, hasta el día de hoy no son capaces de entender que pasó en diciembre del 2001 ni mucho menos la gravedad de los acontecimientos. Es en este contexto de crisis de los diversos partidos políticos históricos que emerge con ímpetu el kirchnerismo porque logra entender los alcances de la crisis vivida para luego ofrecer la opción política más racional en esas circunstancias.
De todas maneras es oportuno aclarar que las políticas económicas de Duhalde y de su ministro de economía Roberto Lavagna se fueron deslizando hacia el desarrollismo aunque no con el ímpetu necesario para reivindicar la construcción de un régimen nacional y popular, inclusivo y democrático. Debe recordarse que este viraje político dentro del duhaldismo aparece como afín a los otros procesos latinoamericanos antineoliberales que se producen en varios países de la región, entre ellos Brasil y Venezuela, pero que en el caso concreto de Argentina, bajo la propia responsabilidad de Duhalde, fue adquiriendo características fuertemente autoritaria y represiva. De ahí la salida anticipada del poder a partir de las elecciones. Así, el kirchnerismo, como nuevo fenómeno político, económico, comercial, social y aún cultural, progresivamente fue apropiándose de los mejores conceptos relativos a la transformación del régimen lo que, desde entonces, le permitió expresar políticamente el deseo profundo de los trabajadores de cambiar el régimen político. En otras palabras, con la llegada del kirchnerismo al poder, como fenómeno político de transformación, empieza una revolución desde arriba, es decir, un proceso político de transformaciones que son mínimas pero indispensables para que el propio régimen político recupere su rol de transformación y de gestión de la agenda pública en todos los ámbitos en que se expresa la lucha por la imposición de determinados intereses y valores. Es decir, el kirchnerismo como tal no declamó el cambio sino que, muy por el contrario, se puso a la cabeza de las diversas demandas de los trabajadores como clase social, en materias tan importantes como de la reivindicación de los derechos humanos como parte también de un proceso de inclusión de los sectores populares, el restablecimiento de los acuerdos tripartitos entre los sindicatos más importantes nucleados en la CGT , las organizaciones empresarias como la Unión Industrial
Mientras tanto, como vimos más atrás, el rol de los sectores de la oposición política al kirchnerismo fue lamentable en todos estos años. Es bueno recordarlo porque para el 2011 tenemos el desafío de reivindicar y defender el modelo de inclusión, de la producción y del ahorro nacional. En esas circunstancias, esos sectores y grupos opositores, donde están incluidos algunos grupúsculos que son parte del progresismo, o mejor dicho, del reformismo político como fin mismo, todavía no son capaces de reaccionar coherente y racionalmente frente a las sucesivas iniciativas inclusivas, democráticas y populares del modelo en curso. Lo que agravaba la situación de desconcierto político de esos grupos de la oposición, que son los genuinos representantes de los intereses y las formas de vida de una élite fuerte e históricamente reaccionaria y conservadora en el sentido de mostrarse contra todo tipo de cambio y de movilidad social o política, es el hecho de que no operan ya desde sus propios partidos políticos, que centralmente se debe a que cayeron en el peor de los descréditos, sino que lo hacen a través de la resistencias de caudillos aislados pero fuertemente promocionados por los grandes medios masivos de comunicación como el Grupo Clarín que, para mal de ellos mismos, también van en caída libre respecto a su credibilidad social. Con ese método de acción y de estrategia política de poder es bastante complicado políticamente atenuar las más diversas diferencias internas en un campo opositor en el que confluyen corrientes ideológicas muy diversas, incluso antagónicas en cuanto a su concepciones políticas, sino que también son sectores históricamente derrotados por las consecuencias del modelo neoliberal al que finalmente apuestan en contra del bien común y a favor de grupos e intereses minoritarios. Esos grupos son los mal llamados peronistas conservadores, los radicales, los liberales al estilo de Elisa Carrió y hasta los mal llamados sectores progresistas porque, a través de toda la historia del país, militaron siempre contra los intereses populares en cada oportunidad que éstos eran reivindicados por líderes del talle de Perón o del mismo matrimonio Kirchner en la actualidad. Todos estos grupos opositores son conservadores porque buscan conservar el estatus quo que en otros tiempos, no tan lejanos, nos llevaron a una crisis terminal y, desde ahí, se oponen a los cambios a favor de las mayorías. Es, en definitiva, la resistencia de la derecha. Mientras tanto, la iglesia, desconcertada, sólo atina a declamar su poca creíble preocupación por los sectores más vulnerables, por la pobreza, al tiempo que alienta la resistencia contra las incipientes iniciativas en materia de aborto o del matrimonio igualitario, etc. Por otro lado, quien también muestra una fuerte resistencia al modelo porque en realidad, en el más corto plazo tiene mucho que perder, es el poder económico oligopólico más concentrado que no ve con buenos ojos la institucionalización del rol de los sindicatos como actores de poder y de negociación de los intereses y la gestión popular. En ese contexto hay que entender los desplantes políticos de algunos representantes de la derecha económica que hablan de la chavización de Argentina o que ésta parecería a Cuba desde el momento en que busca la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas más grandes. De todas maneras, el mayor peligro que le presentan esos grupos económicos de poder, fuertemente reaccionarios y neoliberales, al régimen político de gestión popular y democrática es que, una vez más, logró unificar criterios para crear una dualidad de poderes que busca crear una situación política insostenible desde el ámbito de la gobernabilidad democrática para frenar y desgastar al kirchnerismo como opción de los trabajadores. Esa unificación de criterios, ya lo sabemos, empezó en el 2008 con motivo de la disputa por la resolución 125, y le siguió la derrota electoral del gobierno el año pasado, sin embargo, esos grupos de poder plantean la resistencia al kirchnerismo desde una posición estratégica fuertemente antidemocrática y como tarea de largo plazo en la que eventualmente se involucren, de la manera más eficiente posible, tanto los medios de comunicación como los partidos políticos de la oposición. Los resultados contra esta opción política popular y nacional están a la vista, es decir, mientras el gobierno reivindica su rol transformador y la propia iniciativa política en todos los ámbitos, la oposición no puede con su estrategia de desgaste contra el gobierno que se muestra como altamente eficiente, popular e inclusivo. Así, el gobierno logra mantener la iniciativa política y profundiza su rumbo mientras la derecha, en todas sus expresiones y manifestaciones políticas, tiende a la división y el retraso político. De todas maneras, los sectores populares tienen que estar alertas y atentos, desplegar en todas sus formas su arte de poder, de las mejores posibilidades, porque la oposición continúa especulando con que otros cimbronazos políticos puedan llevarla al poder que no creo sea capaz de reconquistar a través de las urnas. Por lo menos no en este tiempo político.
El kirchnerismo, por el contrario, sigue representando políticamente a la línea de las fuerzas populares que están por el cambio, que militan a favor de la producción nacional y todas las consecuencias y políticas públicas que significa gestionar a favor de los trabajadores, es decir, desarrollo del mercado y del consumo interno como fuente primaria y central para solventar comercial y económicamente el modelo nacional y popular que en el ámbito macroeconómico plantea una cambio de equilibrio desarrollista, la financiación del crecimiento a través del ahorro y capitales internos y los superávit tanto de la balanza comercial como fiscal. Finalmente, en este contexto político en que las elecciones presidenciales se encuentran cada vez más cerca, el gobierno y los diversos grupos y organizaciones populares que le dan sustento y racionalidad política, tienen que construir, para ser más flexible tácticamente, es decir, para agrupar a las grandes mayorías a favor del cambio, un partido o movimiento y frente político que actúe como centro de convergencia político-social oficialista que sea capaz de frenar a la derecha económica y demostrar una vez más el anacronismo histórico de la oposición política que vaga por el limbo.
Alfredo Repetto http://www.masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/
Buenos Aires, Argentina, 16 de Octubre del 2010.
Referencias bibliográficas:
Buenos Aires, Argentina, 16 de Octubre del 2010.
Referencias bibliográficas:
Anguita, Eduardo: “Un regalo federal en el cumpleaños de Perón” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Cittadini, Marcos: “Una apuesta para dejar de ser clientes y convertirse en socios” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Anguita, Eduardo: “Después del fallo de la Corte ” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Anguita, Eduardo: “Las últimas novedades de las cautelares” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Blaustein, Eduardo: “Todo lo que puede hacerse y se hace aunque renguee el 161” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Godio, Julio: “¿Porqué la oposición política no puede unificarse” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Giles, Jorge: “Punto de inflexión” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Santopinto, Sabrina: “Se multiplicó por 40 la inversión en obras públicas en todo el país” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.
Documentos:
De ahora en más será una Argentina distinta
Con una decisión sin precedentes históricos, el gobierno nacional puso en tensión al cuerpo social y del Estado para sacar a la luz y juzgar las complicidades empresarias y mediáticas con el último régimen de facto. Al Grupo Clarín y asociados les llegó la hora de rendir cuentas por sus crímenes. Otro avance de la democracia.
Desde fines de la pasada década del ’40, cuando el primer gobierno del general Juan Domingo Perón y sus políticas económicas y sociales pusieron en marcha uno de los procesos de creación de ciudadanía más portentosos de la historia latinoamericana, que los argentinos no vivíamos una instancia republicana de la envergadura que tuvo el gesto político de la presidenta Cristina Fernández, el miércoles pasado, cuando hizo pública una investigación condensada en miles de folios acerca de los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por los más poderosos empresarios mediáticos del país, al apropiarse del paquete accionario de Papel Prensa, el monopolio de insumos para diarios, en complicidad con la pasada dictadura.
Esta iniciativa gubernamental y la desplegada hasta lograr, en octubre último, la sanción de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que reparte el espacio radioeléctrico en porciones iguales entre empresas privadas, Estado y organizaciones sociales, desoligopolizando al sector, son llaves maestras para introducir en Argentina un nuevo tiempo político, pues ambas tienden a democratizar aquello que no sólo es decisivo en términos políticos sino a la hora de construirnos y comprendernos como sujetos: la lengua, las palabras, la posibilidad de nombrar y de nombrarnos.
Es la Justicia la que tiene la palabra para saber la suerte de los empresarios del Grupo Clarín y de los diarios La Nación y La Razón, que aparecen, según el informe anunciado por la presidenta, comprometidos con la autoría de crímenes aberrantes.
Y será el Congreso, debido a otra de las vueltas de tuerca democráticas ejercidas por Cristina Fernández, el encargado de controlar de ahora en más la producción y distribución equitativa de papel destinado a publicaciones periodísticas.
La decisión de la jefa de Estado de remitir al debate parlamentario un proyecto de ley en ese sentido hará que la oposición asuma su responsabilidad: como políticos con divergencias pero sometidos a las instituciones constitucionales o como voceros vergonzosos de los intereses corporativos. Hasta ahora, con estrategias claramente destituyentes o neogorilìstas, el arco mayoritario del espectro opositor viene comportándose justamente como eso, como un espectro, no sólo defendiendo con diatribas al Grupo Clarín y asociados sino transitando con peligro la fina cornisa que los pone a un paso de convertirse en cómplices en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
Sin lugar a dudas, Argentina ya es otra; sólo podría volver atrás si se viola el orden constitucional, si se viola el espíritu republicano por el cual viene trabajando el gobierno de Cristina Fernández.
Fuente: Víctor Ego Ducrot http://www.visionesalternativas.com.mx/
Argentina: Minería a cielo abierto, política y ciencia política
El Congreso Internacional de Ciencia Política que se reunió esta semana en San Juan deparó una agradable sorpresa: el desbordante fervor de unos tres mil jóvenes que desde casi todos los rincones del país acudieron para participar de sus deliberaciones y que manifestaron su rechazo al estéril y afortunadamente ya agonizante saber convencional de las ciencias sociales y también, para disgusto del gobierno provincial, a la minería a cielo abierto y al creciente intervencionismo norteamericano en América Latina y el Caribe. El evento contó con el firme apoyo del gobernador José Luis Gioja, quien según aseguran los locales está tratando de posicionarse para la candidatura vicepresidencial del FPV. La realización de este congreso, así como la Cumbre de Presidentes del Mercosur a comienzos de este mes y, antes, el de Filosofía, en Julio del 2007 -y que fuera clausurado por la Presidenta Cristina Fernández- fueron exhibidos como importantes realizaciones del mandatario sanjuanino demostrativas, según algunos, de una eficacia y de un poder de convocatoria que lo proyectaría, casi sin rivales a la vista, a la anhelada candidatura vicepresidencial.
Pero más allá de este detalle algo que llamó la atención fue la observación de Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador y diputado nacional, quien al efectuar un balance del Congreso de Ciencia Política sintió la necesidad de decir que “este no es un congreso kirchnerista”, curiosa aclaración motivada tal vez por la imprudente declaración que efectuara al llegar a la provincia uno de los principales invitados, Ernesto Laclau (quien luego recibiría el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Juan de manos del ex presidente Néstor Kirchner) al decir que “el peronismo es el mejor símbolo de la democracia”.
Y para demostrar la verdad de su afirmación el diputado Gioja dijo textualmente que la acusación de los opositores carecía de “asidero si se considera la participación en el congreso del politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron y de Horacio González”. (Diario Huarpe, San Juan, 27 Agosto 2010: http://www.diariohuarpe.com/nota.asp?id=36200) No sabemos si la intención de los anfitriones fue la de organizar un “congreso kirchnerista”. Lo que sí podemos decir es que si ese fue el objetivo la presión de los jóvenes para discutir desde una perspectiva crítica y no complaciente los grandes temas nacionales e internacionales, y la predisposición de muchos participantes para abordar los temas de fondo y llamar las cosas por su nombre pudo más: la minería a cielo abierto fue condenada como un crimen contra la naturaleza y la sociedad, y los siniestros planes del imperialismo sembrando de bases militares (más de una veintena al día de hoy) la dilatada geografía latinoamericana denunciados una y otra vez.
En relación a lo primero algunos “amigos” de la Barrick Gold replicaban diciendo que era reaccionario dejar tan inmensas riquezas en el subsuelo, y rotulaban a quienes se oponían a su explotación como representantes de la “anti-minería”. El mismo argumento utilizado para acusar de “globalifóbicos” a quienes quieren “otra globalización” (que, por ejemplo, globalice la legislación protectiva de los trabajadores que existe en Alemania, o los 18 meses de licencia por maternidad concedidos en Suecia y Noruega) y no la globalización neoliberal que promueve la precariedad laboral, la destrucción del estado y el desempleo masivo.
En relación a la minería quienes criticaban la voladura de cerros enteros, la destrucción de la flora y fauna locales, y los tremendos costos sociales y los riesgos del emprendimiento (que serán evidentes cuando la Barrick Gold haya extraído toda la riqueza y el cianuro prosiga con su labor) no se oponían a la minería sino que sostenían la necesidad de un abordaje diferente para su explotación. Y esa alternativa existe; no es cierto que el del cianuro sea el único método para separar el oro de los demás metales.
Los expertos, en San Juan y fuera de esa provincia, coinciden en que existen otras metodologías, completamente inocuas, pero que las empresas no las adoptan porque reducirían en algo sus exorbitantes ganancias. Si en materia económica la derecha siempre dice que “no hay alternativas”, lo mismo ocurre con las empresas mineras, para las cuales, fieles a la lógica del capitalismo de privilegiar a la ganancia sobre cualquier otra cosa, no hay otra alternativa que el cianuro, de lejos la más barata y a la vez más letal.
Pero los extraordinarios beneficios de la gran minería obedecen, también, a las absurdas concesiones que, en materia tributaria, brindan el estado nacional y el provincial. La Barrick Gold –la mayor corporación productora de oro del mundo- goza de exenciones impositivas que sonarían como música celestial para millones de argentinos: no pagan ganancias, ingresos brutos y tampoco el impuesto al cheque. A cambio, abona al municipio y a la provincia el 3 % del oro obtenido en boca de mina, según su propia declaración jurada y sin ninguna auditoría fiscal, mientras que el resto de los minerales extraídos –algunos de ellos indispensables para la fabricación de equipos de alta tecnología o aleaciones especiales la industria militar o aeroespacial- no genera ninguna obligación tributaria. Es a causa de esta insostenible situación que César Gioja, senador nacional, reconoció hace poco la necesidad de “analizar todos los aspectos vinculados con la rentabilidad de la minería”, reconociendo que la irrisoria regalía minera del 3 % se fijó “porque en ese momento se legisló por la inventiva de los legisladores, no teníamos antecedentes”. Gracias al avance del pensamiento crítico estos temas pudieron discutirse largamente en San Juan. En buena hora, y ojala que la discusión prosiga.
Fuente: Atilio Boron. Blog www.atilioboron.com
Carta abierta a Ernestina Herrera de Noble:
La Plata, 14 de octubre de 2010
A la Directora del Diario Clarín,
Señora Ernestina Herrera de Noble:
He leído en la edición de hoy del diario Clarín, que usted dirige, un artículo sin firma titulado “Caso Herrera Noble, desmienten vínculo de una abuela”.
En ese artículo su medio de comunicación dice que “es cronológicamente imposible que la hija de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tenga algún vínculo identitario con Clara Anahí Mariani Teruggi”. Luego sostiene que “lo cierto es que Clara Anahí Mariani fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976 mientras que la guarda de Marcela Noble Herrera fue otorgada por la justicia a la Señora Ernestina Herrera de Noble el 14 de mayo de 1976, es decir 6 meses y 10 días antes del secuestro de Clara”.
Finalmente continúa diciendo que “la imposibilidad es aun mayor si se toma en cuenta que la convivencia entre Marcela Noble Herrera y su madre, Ernestina Herrera de Noble, es anterior a la desaparición de la nieta de la señora Mariani, según surge de la propia documentación oficial y del juzgado federal de San Isidro. En ese expediente consta que el 15 de junio de 1976, el Registro Nacional de las Personas de la Provincia de Buenos Aires otorgó el documento nacional de identidad a Marcela y el 29 de julio de 1976 la Policía Federal expidió su cédula de identidad”.
Quiero decirle que la única manera de comprobar o descartar un vínculo identitario son los análisis genéticos que usted viene obstaculizando desde hace muchos años. Por eso le pido, con todo respeto, que si usted quiere demostrar la inexistencia de tal vínculo, coopere con la Justicia y contribuya a que los análisis de sangre se realicen tal como lo establece la ley, sin que las pruebas sean contaminadas y evitando cualquier tipo de artilugio tendiente a evitar el conocimiento de la verdad.
Tengo 86 años y no quiero morirme sin reencontrarme con mi nieta, y creo que es posible que Marcela y Clara Anahí sean la misma persona. Pero también soy conciente de que tal vez Marcela no sea mi nieta, y que sea la nieta de alguna de las mujeres que me acompañaron desde noviembre de 1977, cuando fundé Abuelas de Plaza de Mayo. En cualquiera de los dos casos, cuando se conozca la verdad, sentiré la satisfacción de que se haya recuperado la identidad y la historia de una joven que aún hoy sigue siendo víctima del daño producido por quienes perpetraron el Plan Sistemático de Robo de Bebés.
Como usted sabe, he pedido a la Justicia que los datos de Marcela sean cruzados con todo el banco de datos. Por un lado, esto es lo que corresponde porque así lo indica la ley, pero además, usted misma admitió en un editorial publicado en Clarín el 12 de enero de 2003 que Marcela y Felipe posiblemente sean hijos de desaparecidos. En esa oportunidad usted escribió: “Me encuentro frente a dos realidades muy diferentes. Primero, el deseo legítimo de las Abuelas de saber si mis hijos fueron arrebatados a detenidos-desaparecidos. Segundo, los abusos del juez Marquevich. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”.
El argumento mediante el cual hoy, en el artículo periodístico del diario a su cargo, se sostiene una supuesta imposibilidad de que Marcela sea mi nieta por existir 6 meses de diferencia, nada dice: hemos comprobado que la emisión de documentación apócrifa y de datos falsos por parte de los funcionarios que servían al poder dictatorial, ha sido una táctica frecuente por quienes robaban bebés de modo sistemático.
En tal sentido, el ex juez Marquevich -que la detuvo a usted en el año 2002 por “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso” declaró en diciembre pasado que “resulta paradigmático el caso de Herrera de Noble, porque se trata de expedientes de adopción absolutamente falsos desde su inicio hasta su finalización”.
Sólo a modo de ejemplo de la documentación falsa producida con el fin de robar niños, citaré un caso entre los más de 50 niños que recuperamos durante los años que presidí Abuelas de Plaza de Mayo. Paula Logares -nieta de Elsa Pavón, cuya identidad restituimos en 1984, nació en 1976 y fue inscripta por sus apropiadores como nacida en 1978, es decir que en este caso, la supuesta “imposibilidad cronológica” que hoy se menciona en su diario, era de dos años, es decir, mucho mayor a seis meses.
Por todo eso le pido que en vez de utilizar los falsos datos producidos por la dictadura, permita que Marcela se realice los exámenes científicos que la ley indica para que se sepa de una vez y para siempre quién es esa joven. Al igual que yo, muchas otras mujeres están sufriendo desde hace 34 años buscando que se sepa la verdad.
Atentamente,
María Isabel Chorobick de Mariani
DNI Nº 8.319.665
Internacionales:
La guerra interna de Estados Unidos
Es falso que el gobierno de Estados Unidos sólo libre guerras sucias contra países pobres del Tercer Mundo. O que limite sus belicosos abusos al enfrentamiento “contra el terrorismo” que subsuma las desiguales guerras contra Irak, Afganistán y tantas otras que están por estallar contra Irán, Corea del Norte, Yemen, Sudán, Líbano, Siria y otros estados “malvados”.
Lo cierto es que Washington está también empeñado en otras muchas guerras sucias –o una sola guerra contra varios enemigos- en su propio país, que no es ni subdesarrollado ni tercermundista. El gobierno de Estados Unidos sostiene en la actualidad verdaderas guerras contra indeseados luchadores por las libertades y derechos civiles.
Los enemigos son inmigrantes indocumentados, luchadores contra la guerra, militantes solidarios con pueblos agredidos por el imperio, combatientes anti racistas, adversarios del fanatismo anti musulmán, ambientalistas incorruptibles, dirigentes sindicales no vendidos a los patronos, así como los activistas que reclaman más puestos de trabajo, mejores condiciones de vivienda, atención de la salud y educación, cuyo número crece sin cesar.
La proliferación del activismo disidente en Estados Unidos obedece, a mi juicio, al hecho de que el “stablishment” o sistema de relaciones que rige en la sociedad, proyecta una imagen de enorme solidez, dada por los casi infinitos recursos materiales para su seguridad y defensa en que se apoya, además del formidable control que ejerce sobre los medios de comunicación. Todo ello conforma un escenario tan hostil para quien se plantee el propósito de enfrentarlo de manera directa que quienes disienten optan por manifestar su descontento de manera colateral, a través de organizaciones de protesta específica que no atacan al sistema de manera frontal.
El acoso y la sistemática represión, con aparatosa irrupción en sus domicilios, asaltos a sus locales de reunión y redadas que lleva a cabo la Oficina Federal de investigación (FBI) contra estos activistas incluye la confiscación de computadoras, libros, listas de destinatarios de correos electrónicos, teléfonos celulares, cámaras, videos, documentos de todo tipo, pasaportes y fotografías de Martin Luther King y Malcolm X. Así ha sido recientemente en Michigan, Illinois, Minnesota, Carolina del Norte, Wisconsin y California. Todo con el propósito de intimidarles y sembrar en ellos el terror para que cesen en sus altruistas y humanitarias actividades. ,
Constantemente llegan mensajes de protesta al Presidente Barack Obama, a su Vicepresidente, al Fiscal General, al Inspector General del Departamento de Justicia, a los líderes del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, así como al Secretario General de las Naciones Unidas y a los medios de comunicación. Pero ninguno se publica, como no sea en la prensa alternativa, de escaso alcance.
Tampoco en los medios dominantes o “mainstream media” ocupan espacios las denuncias por los acosos de activistas, ni las noticias acerca de los asaltos a sus hogares y oficinas. Estas noticias se manipulan con el mismo celo que las referidas las guerras externas.
En muchas ocasiones, tras los asaltos y registros, se reparten citaciones a los más conocidos y respetados activistas defensores de derechos humanos y civiles para que testifiquen ante un gran jurado federal investigador de los delitos de apoyo al terrorismo con el propósito de intimidar no solo a estos valientes discrepantes sino también a sus seguidores.
Esta manera de tratar de apagar la creciente oposición del pueblo a las guerras de su gobierno mediante la supresión de los derechos civiles y políticos de quienes dedican su tiempo y energía a promover la comprensión de cuestiones de justicia social y del derecho internacional que la prensa corporativa esconde, se hace cada vez más difícil de sostener y las encuestas demuestran que la incredulidad respecto a los medios crece sostenidamente.
En última instancia, estas guerras internas que mantiene el gobierno de los Estados Unidos forman parte sus deberes y su razón de ser como fachada del gobierno supremo de los bancos, las corporaciones y el complejo militar industrial, que jamás fuera electo pero es el que rige los destinos de la superpotencia.
Se trata de conflictos inevitables en cualquier sociedad capitalista entre dueños y trabajadores que, en la actual etapa imperialista de Estados Unidos, se agudizan al extremo.
Las Leyes Patrióticas promulgadas tras el ataque terrorista de origen y autoría aún no identificados convincentemente contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono de Washington solo han incrementado la intensidad de las contradicciones entre el proyecto hegemónico global de Estados Unidos y las aspiraciones de desarrollo en armonía con el resto del mundo de la ciudadanía de esa nación norteamericana.
Fuente: Manuel E. Yepe en http://www.visionesalternativas.com.mx
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