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De ahora en más será una Argentina distinta

Con una decisión sin precedentes históricos, el gobierno nacional puso en tensión al cuerpo social y del Estado para sacar a la luz y juzgar las complicidades empresarias y mediáticas con el último régimen de facto. Al Grupo Clarín y asociados les llegó la hora de rendir cuentas por sus crímenes. Otro avance de la democracia.

Desde fines de la pasada década del ’40, cuando el primer gobierno del general Juan Domingo Perón y sus políticas económicas y sociales pusieron en marcha uno de los procesos de creación de ciudadanía más portentosos de la historia latinoamericana, que los argentinos no vivíamos una instancia republicana de la envergadura que tuvo el gesto político de la presidenta Cristina Fernández, el miércoles pasado, cuando hizo pública una investigación condensada en miles de folios acerca de los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por los más poderosos empresarios mediáticos del país, al apropiarse del paquete accionario de Papel Prensa, el monopolio de insumos para diarios, en complicidad con la pasada dictadura.

Esta iniciativa gubernamental y la desplegada hasta lograr, en octubre último, la sanción de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, que reparte el espacio radioeléctrico en porciones iguales entre empresas privadas, Estado y organizaciones sociales, desoligopolizando al sector, son llaves maestras para introducir en Argentina un nuevo tiempo político, pues ambas tienden a democratizar aquello que no sólo es decisivo en términos políticos sino a la hora de construirnos y comprendernos como sujetos: la lengua, las palabras, la posibilidad de nombrar y de nombrarnos.

Es la Justicia la que tiene la palabra para saber la suerte de los empresarios del Grupo Clarín y de los diarios La Nación y La Razón, que aparecen, según el informe anunciado por la presidenta, comprometidos con la autoría de crímenes aberrantes.

Y será el Congreso, debido a otra de las vueltas de tuerca democráticas ejercidas por Cristina Fernández, el encargado de controlar de ahora en más la producción y distribución equitativa de papel destinado a publicaciones periodísticas.

La decisión de la jefa de Estado de remitir al debate parlamentario un proyecto de ley en ese sentido hará que la oposición asuma su responsabilidad: como políticos con divergencias pero sometidos a las instituciones constitucionales o como voceros vergonzosos de los intereses corporativos. Hasta ahora, con estrategias claramente destituyentes o neogorilìstas, el arco mayoritario del espectro opositor viene comportándose justamente como eso, como un espectro, no sólo defendiendo con diatribas al Grupo Clarín y asociados sino transitando con peligro la fina cornisa que los pone a un paso de convertirse en cómplices en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad.

Sin lugar a dudas, Argentina ya es otra; sólo podría volver atrás si se viola el orden constitucional, si se viola el espíritu republicano por el cual viene trabajando el gobierno de Cristina Fernández.

Fuente: Víctor Ego Ducrot http://www.visionesalternativas.com.mx/  

Argentina: Minería a cielo abierto, política y ciencia política

El Congreso Internacional de Ciencia Política que se reunió esta semana en San Juan deparó una agradable sorpresa: el desbordante fervor de unos tres mil jóvenes que desde casi todos los rincones del país acudieron para participar de sus deliberaciones y que manifestaron su rechazo al estéril y afortunadamente ya agonizante saber convencional de las ciencias sociales y también, para disgusto del gobierno provincial, a la minería a cielo abierto y al creciente intervencionismo norteamericano en América Latina y el Caribe. El evento contó con el firme apoyo del gobernador José Luis Gioja, quien según aseguran los locales está tratando de posicionarse para la candidatura vicepresidencial del FPV. La realización de este congreso, así como la Cumbre de Presidentes del Mercosur a comienzos de este mes y, antes, el de Filosofía, en Julio del 2007 -y que fuera clausurado por la Presidenta Cristina Fernández- fueron exhibidos como importantes realizaciones del mandatario sanjuanino demostrativas, según algunos, de una eficacia y de un poder de convocatoria que lo proyectaría, casi sin rivales a la vista, a la anhelada candidatura vicepresidencial.

Pero más allá de este detalle algo que llamó la atención fue la observación de Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador y diputado nacional, quien al efectuar un balance del Congreso de Ciencia Política sintió la necesidad de decir que “este no es un congreso kirchnerista”, curiosa aclaración motivada tal vez por la imprudente declaración que efectuara al llegar a la provincia uno de los principales invitados, Ernesto Laclau (quien luego recibiría el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Juan de manos del ex presidente Néstor Kirchner) al decir que “el peronismo es el mejor símbolo de la democracia”.

Y para demostrar la verdad de su afirmación el diputado Gioja dijo textualmente que la acusación de los opositores carecía de “asidero si se considera la participación en el congreso del politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron y de Horacio González”. (Diario Huarpe, San Juan, 27 Agosto 2010: http://www.diariohuarpe.com/nota.asp?id=36200) No sabemos si la intención de los anfitriones fue la de organizar un “congreso kirchnerista”. Lo que sí podemos decir es que si ese fue el objetivo la presión de los jóvenes para discutir desde una perspectiva crítica y no complaciente los grandes temas nacionales e internacionales, y la predisposición de muchos participantes para abordar los temas de fondo y llamar las cosas por su nombre pudo más: la minería a cielo abierto fue condenada como un crimen contra la naturaleza y la sociedad, y los siniestros planes del imperialismo sembrando de bases militares (más de una veintena al día de hoy) la dilatada geografía latinoamericana denunciados una y otra vez.

En relación a lo primero algunos “amigos” de la Barrick Gold replicaban diciendo que era reaccionario dejar tan inmensas riquezas en el subsuelo, y rotulaban a quienes se oponían a su explotación como representantes de la “anti-minería”. El mismo argumento utilizado para acusar de “globalifóbicos” a quienes quieren “otra globalización” (que, por ejemplo, globalice la legislación protectiva de los trabajadores que existe en Alemania, o los 18 meses de licencia por maternidad concedidos en Suecia y Noruega) y no la globalización neoliberal que promueve la precariedad laboral, la destrucción del estado y el desempleo masivo.

En relación a la minería quienes criticaban la voladura de cerros enteros, la destrucción de la flora y fauna locales, y los tremendos costos sociales y los riesgos del emprendimiento (que serán evidentes cuando la Barrick Gold haya extraído toda la riqueza y el cianuro prosiga con su labor) no se oponían a la minería sino que sostenían la necesidad de un abordaje diferente para su explotación. Y esa alternativa existe; no es cierto que el del cianuro sea el único método para separar el oro de los demás metales.

Los expertos, en San Juan y fuera de esa provincia, coinciden en que existen otras metodologías, completamente inocuas, pero que las empresas no las adoptan porque reducirían en algo sus exorbitantes ganancias. Si en materia económica la derecha siempre dice que “no hay alternativas”, lo mismo ocurre con las empresas mineras, para las cuales, fieles a la lógica del capitalismo de privilegiar a la ganancia sobre cualquier otra cosa, no hay otra alternativa que el cianuro, de lejos la más barata y a la vez más letal.

 Pero los extraordinarios beneficios de la gran minería obedecen, también, a las absurdas concesiones que, en materia tributaria, brindan el estado nacional y el provincial. La Barrick Gold –la mayor corporación productora de oro del mundo- goza de exenciones impositivas que sonarían como música celestial para millones de argentinos: no pagan ganancias, ingresos brutos y tampoco el impuesto al cheque. A cambio, abona al municipio y a la provincia el 3 % del oro obtenido en boca de mina, según su propia declaración jurada y sin ninguna auditoría fiscal, mientras que el resto de los minerales extraídos –algunos de ellos indispensables para la fabricación de equipos de alta tecnología o aleaciones especiales la industria militar o aeroespacial- no genera ninguna obligación tributaria. Es a causa de esta insostenible situación que César Gioja, senador nacional, reconoció hace poco la necesidad de “analizar todos los aspectos vinculados con la rentabilidad de la minería”, reconociendo que la irrisoria regalía minera del 3 % se fijó “porque en ese momento se legisló por la inventiva de los legisladores, no teníamos antecedentes”. Gracias al avance del pensamiento crítico estos temas pudieron discutirse largamente en San Juan. En buena hora, y ojala que la discusión prosiga.

Fuente: Atilio Boron. Blog www.atilioboron.com

Carta abierta a Ernestina Herrera de Noble:

La Plata, 14 de octubre de 2010

A la Directora del Diario Clarín,

Señora Ernestina Herrera de Noble:

He leído en la edición de hoy del diario Clarín, que usted dirige, un artículo sin firma titulado “Caso Herrera Noble, desmienten vínculo de una abuela”.

En ese artículo su medio de comunicación dice que “es cronológicamente imposible que la hija de la directora del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, tenga algún vínculo identitario con Clara Anahí Mariani Teruggi”. Luego sostiene que “lo cierto es que Clara Anahí Mariani fue secuestrada el 24 de noviembre de 1976 mientras que la guarda de Marcela Noble Herrera fue otorgada por la justicia a la Señora Ernestina Herrera de Noble el 14 de mayo de 1976, es decir 6 meses y 10 días antes del secuestro de Clara”.

Finalmente continúa diciendo que “la imposibilidad es aun mayor si se toma en cuenta que la convivencia entre Marcela Noble Herrera y su madre, Ernestina Herrera de Noble, es anterior a la desaparición de la nieta de la señora Mariani, según surge de la propia documentación oficial y del juzgado federal de San Isidro. En ese expediente consta que el 15 de junio de 1976, el Registro Nacional de las Personas de la Provincia de Buenos Aires otorgó el documento nacional de identidad a Marcela y el 29 de julio de 1976 la Policía Federal expidió su cédula de identidad”.

Quiero decirle que la única manera de comprobar o descartar un vínculo identitario son los análisis genéticos que usted viene obstaculizando desde hace muchos años. Por eso le pido, con todo respeto, que si usted quiere demostrar la inexistencia de tal vínculo, coopere con la Justicia y contribuya a que los análisis de sangre se realicen tal como lo establece la ley, sin que las pruebas sean contaminadas y evitando cualquier tipo de artilugio tendiente a evitar el conocimiento de la verdad.

Tengo 86 años y no quiero morirme sin reencontrarme con mi nieta, y creo que es posible que Marcela y Clara Anahí sean la misma persona. Pero también soy conciente de que tal vez Marcela no sea mi nieta, y que sea la nieta de alguna de las mujeres que me acompañaron desde noviembre de 1977, cuando fundé Abuelas de Plaza de Mayo. En cualquiera de los dos casos, cuando se conozca la verdad, sentiré la satisfacción de que se haya recuperado la identidad y la historia de una joven que aún hoy sigue siendo víctima del daño producido por quienes perpetraron el Plan Sistemático de Robo de Bebés.

Como usted sabe, he pedido a la Justicia que los datos de Marcela sean cruzados con todo el banco de datos. Por un lado, esto es lo que corresponde porque así lo indica la ley, pero además, usted misma admitió en un editorial publicado en Clarín el 12 de enero de 2003 que Marcela y Felipe posiblemente sean hijos de desaparecidos. En esa oportunidad usted escribió: “Me encuentro frente a dos realidades muy diferentes. Primero, el deseo legítimo de las Abuelas de saber si mis hijos fueron arrebatados a detenidos-desaparecidos. Segundo, los abusos del juez Marquevich. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal”.

El argumento mediante el cual hoy, en el artículo periodístico del diario a su cargo, se sostiene una supuesta imposibilidad de que Marcela sea mi nieta por existir 6 meses de diferencia, nada dice: hemos comprobado que la emisión de documentación apócrifa y de datos falsos por parte de los funcionarios que servían al poder dictatorial, ha sido una táctica frecuente por quienes robaban bebés de modo sistemático.

En tal sentido, el ex juez Marquevich -que la detuvo a usted en el año 2002 por “falsificación de documentos públicos, inserción de datos falsos y uso de documento público falso” declaró en diciembre pasado que “resulta paradigmático el caso de Herrera de Noble, porque se trata de expedientes de adopción absolutamente falsos desde su inicio hasta su finalización”.

Sólo a modo de ejemplo de la documentación falsa producida con el fin de robar niños, citaré un caso entre los más de 50 niños que recuperamos durante los años que presidí Abuelas de Plaza de Mayo. Paula Logares -nieta de Elsa Pavón, cuya identidad restituimos en 1984, nació en 1976 y fue inscripta por sus apropiadores como nacida en 1978, es decir que en este caso, la supuesta “imposibilidad cronológica” que hoy se menciona en su diario, era de dos años, es decir, mucho mayor a seis meses.

Por todo eso le pido que en vez de utilizar los falsos datos producidos por la dictadura, permita que Marcela se realice los exámenes científicos que la ley indica para que se sepa de una vez y para siempre quién es esa joven. Al igual que yo, muchas otras mujeres están sufriendo desde hace 34 años buscando que se sepa la verdad.

Atentamente,

María Isabel Chorobick de Mariani

DNI Nº 8.319.665