Análisis político de la semana:

        Kirchnerismo y oposición.

El reciente acto del viernes 8 de octubre en Río Gallegos, la ciudad que vio nacer al ex presidente Néstor Kirchner y donde mudó domicilio, fue una importante demostración de iniciativa política y estratégica, es decir, de cierta capacidad de convocatoria y de disposición política para ser uno de los protagonistas frente al desafío electoral que significa para el modelo nacional y popular las próximas elecciones presidenciales del 2011. En otras palabras, que se reúnan por lo menos quince gobernadores provinciales con las máximas autoridades políticas nacionales en la capital de Santa Cruz, para pronunciar un lenguaje y una estrategia política de poder que les es propia, sobre la que buscan construir un arte de poder alternativo que profundice en las políticas populares que orientan la actual definición ideológica del gobierno nacional que por lo mismo podemos definir como ampliamente democrático e inclusivo, requiere de una lectura necesariamente mucho más profunda, que permita al mismo tiempo sacar conclusiones que ayuden a trazar algunas líneas de cara al futuro más próximo. En verdad, este modelo de régimen popular y nacional, que por eso, al mismo tiempo es distributivo y continúa buscando las mejores políticas de gestión democrática para seguir radicalizando en los fundamentos centrales del modelo, se construye a sí mismo desde la propia periferia hacia el centro y desde ese mismo centro político, a su vez, gestiona las políticas públicas que le parecen más justas y necesarias en la integración de los trabajadores. Respecto a esa integración de los trabajadores, hasta hoy y luego de cumplido el bicentenario de Argentina, no hay antecedentes de un concreto crecimiento económico, estabilidad política e inclusión social de los sectores estructuralmente más vulnerables que involucre y beneficie a las provincias y al propio régimen político nacional de la manera con que lo viene haciendo el gobierno desde el año 2003 en adelante. Por ejemplo, bastaría un sobrevuelo sobre la geografía del país, es decir, de sur a norte y de este a oeste, del noroeste y del sur patagónico para comprobar el desarrollo y el impulso que este modelo dio a las obras públicas, a la construcción de carreteras, de puentes,  de viviendas, escuelas o cloacas que vuelven a darnos la esperanza de otro mundo posible  por lo menos para los argentinos. En estas nuevas circunstancias, para el gobierno de Cristina Fernández, que va más allá de un gobierno porque involucra el compromiso de otro régimen, de otras maneras de hacer política, de una gestión más democrática, la inversión en infraestructura significa nada menos que el 3,3% del PBI. Por su parte, los índices de crecimiento señalan una inversión en obra pública que, desde el 2003 hasta la actualidad, se multiplicó por 40 pasando desde los $1.000 millones a más de $44.000 millones en el 2010. A su vez, mediante el plan de descentralización de la gestión de la agenda pública se realizan más de 6000 obras en todo el país. El escenario actual habla de cifras contundentes que así soportan cualquier cuestionamiento por parte de los sectores opositores al modelo popular y que marcan el rumbo de un Plan de Obras Públicas que apunta a extenderse para el próximo año. Por ejemplo, esas cifras nos dicen que desde el 2003 a la fecha se construyeron 400 mil viviendas y se dieron por lo menos 100 mil soluciones habitacionales para familias en riesgo. Además, esos mismos planes de licitación para la edificación de viviendas llevaron a que se incorporaran 400 mil trabajadores al rubro de la construcción. En materia de energía, siempre fundamental para cumplir con los nuevos requerimientos del crecimiento y del desarrollo, se busca invertir para el año próximo un 27% más en el transporte del gas, 39% más de generación eléctrica y un 28% de incremento en el tendido de líneas de alta tensión. Por último, el año entrante se busca desde el gobierno que el sistema de cloacas llegue por lo menos al 60% de los trabajadores mientras, al mismo tiempo, la cobertura de agua potable sea de un 92% alcanzando por lo menos a unos 37,6 millones de habitantes.

A la luz de esas cifras y de estos ambiciosos planes estratégicos en relación a la infraestructura del país, el gobierno nacional nos muestra que uno de sus núcleos estratégicos en relación a la gestión de las políticas públicas, del desarrollo y el crecimiento del país, de sus unidades productivas y de la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, está decididamente orientada en afianzar su gestión de obras públicas como una vía para seguir fortaleciendo las políticas de inclusión social y de generación de puestos de trabajo de mayor calidad. El plan central del régimen político nacional y popular para lo que resta de este año ubica como núcleo fundamental del plan de obras públicas, la aplicación de políticas de acción directa sobre la calidad de vida de los trabajadores como la búsqueda de mayor acceso al agua potable y cloacas, viviendas y obras viales que mejoren la accesibilidad de los sectores más vulnerables a los grandes centros urbanos. Lo importante en ese contexto es que la obra pública fue tomada por el régimen popular como motor e impulso decisivo del desarrollo económico que lleva a que no dependamos de fuentes de financiación y capitalización externas para, por ejemplo, llevar adelante las obras de infraestructura que el desarrollo del modelo productivo requiere para continuar con el crecimiento sostenido de las variables económicas como el propio superávit de la balanza de pagos internacionales o el superávit fiscal como también de las variables sociales relacionadas con la generación de empleo, el acceso a la educación y la salud, viviendas, jubilaciones y pensiones. Esta política es muy importante porque es la primera vez en décadas, desde que tengo memoria, que un gobierno toma la propia obra pública desde ese lugar de inclusión y de crecimiento generando, al mismo tiempo, acciones que tienen un impacto directo sobre los trabajadores a través de la solución de la cuestión de la vivienda, del acceso a las escuelas, al agua potable y un largo etcétera. En este plano, el rumbo que tomó primero el gobierno de Néstor Kirchner y después Cristina Fernández, sigue la tradición histórica que marcó el Plan Quinquenal de Perón, desde 1947 a 1951, mediante el que se desarrolló un importante plan de construcción de viviendas para enfrentar el importante déficit habitacional, de aproximadamente 650 mil unidades, que ya existía en esa época.

Por lo tanto, es necesario que como parte de un gobierno nacional y popular, como peronistas o de una tradición de izquierda realmente nacional y popular, defendamos y reivindiquemos la política de los últimos años en relación a la conveniencia que significa invertir en infraestructura porque no hay que entender estas políticas como un gasto sino antes bien como una inversión. La política de infraestructura es una inversión antes que un gasto porque, en primer lugar, se traduce en efectos favorables en el nivel de generación de empleo, de la calidad de éste, de su productividad, de la mejoría de la calidad de vida de los trabajadores y de la economía y el crecimiento y consolidación del mercado interno, el ahorro y la inversión en general. En ese contexto hay que entender lo que ocurrió en el 2009 cuando, sin lugar a dudas, la inversión en infraestructura pública y privada sirvió como herramienta central para capear de manera bastante noble la crisis global iniciada en los países centrales. Desde el gobierno decididamente se busca lograr universalizar el servicio de agua y de cloacas a fin de minimizar el riesgo sanitario que significa la ausencia de la red cloacal, de manera de optimizar el saneamiento hídrico y el manejo ambiental de los ríos y de nuestras costas en general. Desde el Gobierno nacional también se entiende entonces que el paradigma de que toda la producción nacional se tiene que exportar también se resquebrajó a la luz de los acontecimientos de fines del 2007 en los países centrales y que tienen que ver con la crisis global porque si, en definitiva, sólo exportamos cuando se viene una crisis como la que se vino, por absoluta falta de responsabilidad e ineficiencia del neoliberalismo globalizado, el país termina quedándose solo y con su mercadería, sus bienes y servicios, sin vender. En cambio, si existe un mercado interno más o menos fuerte y robusto, el régimen político no sufre grandes complicaciones. Pero esa política, es decir, de consolidación del mercado y consumo interno, viene de la mano de custodiar el poder adquisitivo de todos los trabajadores. En otras palabras, mantener el nivel de empleo y hasta generar nuevos puestos de trabajo mantiene la demanda y eso sostiene la producción, el consumo, la economía y la eficiencia del régimen nacional y popular. Por otro lado, los beneficios del modelo gobernante al batallar para que prime el sentido común de la democracia, del arte de poder de los trabajadores y una gramática y lenguaje de lo posible que reivindica los derechos y los intereses de los sectores populares, de su gestión democrática por sobre los intereses y cosmovisión de los más grandes monopolios, simplemente horizontaliza el dominio del vocabulario de los trabajadores. Como lo señalara el propio Kirchner, en relación a la gestión democrática, estamos en ese punto de inflexión signado por el corrimiento definitivo de todos los velos y mitos dominantes que nos cubrían y nos alejaban de la conciencia nacional. Las causas hay que buscarlas en que también por primera vez empiezan a develarse con nombres y apellidos los socios y los necesarios partícipes de esa tenebrosa asociación ilícita criminal que fue la última dictadura cívico-militar y los políticos, dirigentes y funcionarios que luego en democracia buscaron reciclarse. En otras palabras, los militares de las diversas ramas de las fuerzas armadas que asesinaron, que torturaron, que encarcelaron e hicieron desaparecer personas o se apropiaron de los hijos de sus víctimas durante el terrorismo de Estado, son culpables de un tremendo genocidio, sin embargo, los mismos se convertirían, mal que nos pese, en chivos expiatorios si la justicia no da cuenta de la complicidad moral y política, religiosa, empresarial, financiera y comercial de los sectores y grupos de civiles y sus intereses que participaron junto a ellos y que así se beneficiaron de los parámetros impuestos por ese terrorismo. Ahora que por fin la verdad está mucho más cerca, ahora que el régimen político ahonda en las diversas complicidades, ahora que las mayorías empiezan a entender la doctrina de seguridad nacional como parámetro y proyecto político de los grupos de poder, tanto civiles como militares, precisamente ahora cuando la justicia se hace camino al andar contra la impunidad y contra el olvido, algunos sectores y personajes públicos representantes de esos sectores conservadores y reaccionarios, que hipócritamente buscan definirse como progresistas, hombres como Lanata, reclaman y militan en favor del olvido e impunidad.

Quizá desde siempre fueron larvados mercenarios de esos grupos y no nos dimos cuenta. Lo concreto es que el progresismo históricamente deja mucho que desear porque en todos y cada uno de los procesos de cambios y transformaciones en las que se embarcaron nuestros pueblos, en Argentina en particular y en Latinoamérica, estuvieron siempre contra los intereses de los trabajadores. Es decir, lucharon contra el general Perón y fueron partícipes de la revolución libertadora, militaron a favor de la revolución bolchevique pero se escandalizaron frente a cada avance de los trabajadores argentinos. Sin embargo, a pesar de toda esa hipocresía, a pesar del progresismo que se dice de izquierda o del populismo que solo es posible ideológicamente como sustento político de los sectores de derecha, este nuevo conflicto reparador con nuestra historia, nos ayuda a desenmascarar definitivamente a la patronal golpista, sus intereses y los grupos que los representan que, a su vez, se niegan a terminar con la naturaleza monopólica y oligopólica de sus intereses. Lo que cambia es que ahora sabemos quienes son, cómo juegan y donde desenvuelven sus energías y sus estrategias de control sobre el bien común. Mal que les pese a esos grupos de poder, la verdad y la palabra, el lenguaje y la gramática de poder que están construyendo los trabajadores, rompieron el cerco más duro del dominio. Lo importante es que cuando esto pasa los pueblos empiezan su emancipación y libertad definitiva. En ese proceso estamos comprometidos. En esas circunstancias, por ejemplo, en el reciente acto del 8 de Octubre en Río Gallegos al que aludía más atrás, Kirchner dejó en claro que el proceso de cambios sigue su marcha y que en realidad no hay fricciones con la Corte Suprema porque la gran pelea es con las maniobras del poderoso grupo mediático Clarín que batalla con todos sus recursos para conservar sus privilegios a expensas de los trabajadores. De hecho, la última lectura de los fundamentos jurídicos en relación a la resolución de la cautelar respecto de los plazos del grupo Clarín para adecuarse a la nueva ley que, en ese contexto, limita la cantidad de licencias de los medios autorizados por la ley, el presidente de la Corte afirmó que el cambio de las políticas en materia de medios de comunicación e información es una política propia del Estado en la que se encuentran involucrados los tres poderes, es decir, tanto el poder Ejecutivo, que fue el que impulsó la ley de medios, el Congreso, que fue el que la debatió y la votó de manera favorable, y el Judicial, porque el fallo de la Corte en la cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas, afirmó que la Ley 26.522 se encuentra plenamente vigente mal que les pese a los grupos monopólicos de la información. Desde ya, tanto el grupo Clarín como los representantes del grupo La Nación, que actualmente se constituyen como grupos de poder claramente opositores, que simulan sus posturas a través de sus medios de comunicación y que abusan de la libertad de expresión para tergiversar la realidad, juegan con todos sus recursos a alentar un conflicto entre la Corte Suprema y el gobierno nacional. En otras palabras, como no pudieron salirse con la suya en éste y otras resoluciones de la Corte empiezan, desde ahora y como era de esperarse, a publicar que existen posibles contactos políticos entre algunos ministros, secretarios y funcionarios públicos con ministros de la Corte para profundizar en la política oficialista. En concreto, en los fundamentos centrales de la resolución sobre el “Grupo Clarín y otros sobre medidas cautelares”, la Corte Suprema dejó establecido que “se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar” que, por ejemplo, frenó el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual referido a la adecuación de titularidad de las licencias. Eso tiene que ver con las acciones judiciales de los abogados del monopolio Clarín para evitar que los mismos puedan bloquear, de manera más o menos indefinida, la vigencia de la ley de medios o de cualquier de sus artículos que busca terminar con los privilegios de esos grupos de poder para favorecer la multiplicidad de voces y la propia democracia. Es decir, una vez que quede establecido que la cautelar expire equis día, Cablevisión y Multicanal necesariamente tienen que desprenderse de las licencias, como lo marca la ley. Esto lleva inexorablemente a que haya una sentencia firme antes de que caduque la cautelar. Por lo mismo, Magnetto apostó todas sus fichas para abrir una grieta entre el kirchnerismo y el máximo tribunal de Justicia porque, en fin, la transformación de los medios masivos de comunicación es una política estructural que busca mejorar la democracia y la gestión de los trabajadores. Por lo mismo, el Grupo Clarín apela a todos sus aliados empresariales y a todos sus recursos de presión para limitar las acciones y políticas del poder Ejecutivo a través de medidas cautelares.

De todas maneras, todos los esfuerzos de Magnetto por mantener su influencia en la política nacional se tropiezan con un grave problema y es que ya no es posible seguir sosteniendo el mito de que las tapas de los grandes medios masivos de comunicación producen heridas mortales a los gobiernos populares. Ya no es así porque, como vimos, la participación y la movilización de los trabajadores están rompiendo el cerco del control y del dominio sobre las mayorías. Y eso los preocupa mucho. Además, ahora que la Corte fijó su posición sobre el artículo 161, es prudente señalar que ese mismo artículo, aunque central para la aplicación y efectividad de la ley, ya veremos porqué, no es toda la ley de medios y, a su vez, la ley de medios, con toda su trascendencia, es sólo una parte de un proceso social formidable y de una batería de iniciativas y políticas públicas oficiales en materia de medidas culturales y de comunicación que tienen un enorme potencial de transformación. Hay que tener paciencia porque el festín de las cautelares seguramente seguirá y habrá nuevos obstáculos judiciales y mediáticos, sin embargo, tal como están las cosas, vivimos una época social y políticamente fértil a la hora de combatir por una mejor comunicación y por una mejor calidad de vida en general. En realidad, la ley, aunque por sí misma valiosísima, es sólo una arquitectura jurídica pero en definitiva son los trabajadores organizados en sus diversos organismos y organizaciones populares junto con el sector público los que tienen que construir, siempre desde las bases y de manera horizontal, la dimensión física, material, moral, política y social de la aplicación y defensa de la ley en cuestión. La vitalidad que requiere esa construcción comunicacional late en los magníficos procesos sociales abiertos, que no devienen exclusivamente del impulso de la ley, aunque ese haya sido un punto de inflexión crucial, sino del arrastre de dos décadas largas de lucha democrática para sancionarla. En otras palabras, la importancia central del artículo 161 es que al estar suspendida solo para Clarín condiciona la construcción del necesario tercio que corresponde a la comunicación social que exige la ley porque, en fin, el espectro radioeléctrico es finito, es decir, lo que hoy sigue detentando Clarín como de su propiedad, o sea, las múltiples frecuencias a liberar, son precisamente parte de las frecuencias que se pretende abrir para el surgir de las nuevas voces relacionadas con el ámbito social.

Por otro lado, con respeto a esta ley de medios de la democracia en particular pero también respecto a otras leyes en general que hacen a la mejora en la calidad institucional, política y social del régimen nacional y popular, actualmente en el país se plantea la pregunta en diversos segmentos y actores sociopolíticos que actúan al interior del régimen político, sobre qué es lo que en verdad pasa con los grupos representantes de los sectores de la oposición que no logran articular una acción y una estrategia política que eventualmente pudiera profundizar en la racionalidad y calidad del régimen democrático. Como la lógica manda, este tipo de interrogantes suscitan fuertes preocupaciones en el heterogéneo y diverso campo sociopolítico de los partidos, sectores y de las grandes organizaciones empresarias críticas del gobierno popular. Por otra parte, también suscita un gran entusiasmo en el campo sociopolítico de los sectores kirchneristas que así confían en que la falta de coherencia política y la división de la oposición facilita el triunfo electoral del movimiento y las organizaciones populares y sus aliados para el año próximo. Entonces, la oposición política al gobierno popular todavía no puede unirse porque es la suma de fuerzas y de sectores políticos que eclosionaron por la crisis económica, social, política y cultural generada en diciembre de 2001 por las consecuencias de la imposición del neoliberalismo a partir de 1976. Así, en forma directa, esa crisis terminal y profunda de Argentina que nos convirtió en un país desahuciado, arrastró al descrédito y a la división de los partidos que en su momento fueron parte de la Alianza y que ahondó también en la descomposición del menemismo. Entre los damnificados también estuvo el propio PJ que precariamente se reorganizó alrededor de la figura de Duhalde y la Liga de Gobernadores. La rapidez de Duhalde y Alfonsín para reorganizar una especie de gobierno de transición y de emergencia que pudiera darle gobernabilidad mínima al país, a su vez, le dio el suficiente sustento político al desvencijado PJ para permitir la instalación de un nuevo gobierno preservando los parámetros centrales de una democracia política muy formal que por lo menos lograra evitar alguna opción tipo autoritaria o la descomposición final del régimen político. Los trabajadores argentinos si bien se movilizaron activamente, en realidad, aspiraban simplemente a que la crisis se resolviera con nuevas elecciones, y sobre esta otra base de emergencia y transición logró edificarse políticamente un tipo de gobierno parlamentario que se convirtió en el sustento político de Duhalde para gobernar en esas circunstancias. Sin embargo, la opción autoritaria del presidente, que se vio claramente reflejada en la represión a los piqueteros y que produjo la muerte de Kosteki y Santillán apuró los tiempos políticos frente al desprestigio del duhaldismo. Así, la nueva convocatoria a elecciones presidenciales en abril de 2002 abrió el cauce para restablecer el funcionamiento de los diversos poderes que forman parte del régimen político. De todas maneras, no pasó mucho tiempo (en esas circunstancias de crisis terminal los tiempos políticos se acortan en demasía) para que pudiéramos observar que todas las fuerzas que eran responsables y que estaban fuertemente comprometidas con el colapso del neoliberalismo en su versión criolla, vagaban sin rumbo en la escena política sin la mínima capacidad política y estratégica que les permitiera generar alternativas reales que respondieran al reclamo de los trabajadores que no era otro que la salida del neoliberalismo para, desde ahí, buscar recomponer las glorias de otros tiempos. En otras palabras, la instauración de un régimen popular que lo es precisamente porque se estructura en la producción, en el trabajo y en la inclusión social. En ese momento, la mayor parte de las fuerzas políticas ajenas al peronismo como, por ejemplo, los radicales, los socialistas, la gente del ARI (…) aparecían frente a los trabajadores como retazos de un pasado al que ya no se podía volver sin producir un suicidio colectivo. El propio duhaldismo junto a todas esas fuerzas que hoy son opuestas al régimen nacional y popular, es decir, que se oponen irracionalmente a las nuevas políticas basadas en la producción y en la economía más real denostando la especulación de los grandes financistas, hasta el día de hoy no son capaces de entender que pasó en diciembre del 2001 ni mucho menos la gravedad de los acontecimientos. Es en este contexto de crisis de los diversos partidos políticos históricos que emerge con ímpetu el kirchnerismo porque logra entender los alcances de la crisis vivida para luego ofrecer la opción política más racional en esas circunstancias.

De todas maneras es oportuno aclarar que las políticas económicas de Duhalde y de su ministro de economía Roberto Lavagna se fueron deslizando hacia el desarrollismo aunque no con el ímpetu necesario para reivindicar la construcción de un régimen nacional y popular, inclusivo y democrático. Debe recordarse que este viraje político dentro del duhaldismo aparece como afín a los otros procesos latinoamericanos antineoliberales que se producen en varios países de la región, entre ellos Brasil y Venezuela, pero que en el caso concreto de Argentina, bajo la propia responsabilidad de Duhalde, fue adquiriendo características fuertemente autoritaria y represiva. De ahí la salida anticipada del poder a partir de las elecciones. Así, el kirchnerismo, como nuevo fenómeno político, económico, comercial, social y aún cultural, progresivamente fue apropiándose de los mejores conceptos relativos a la transformación del régimen lo que, desde entonces, le permitió expresar políticamente el deseo profundo de los trabajadores de cambiar el régimen político. En otras palabras, con la llegada del kirchnerismo al poder, como fenómeno político de transformación, empieza una revolución desde arriba, es decir, un proceso político de transformaciones que son mínimas pero indispensables para que el propio régimen político recupere su rol de transformación y de gestión de la agenda pública en todos los ámbitos en que se expresa la lucha por la imposición de determinados intereses y valores. Es decir, el kirchnerismo como tal no declamó el cambio sino que, muy por el contrario, se puso a la cabeza de las diversas demandas de los trabajadores como clase social, en materias tan importantes como de la reivindicación de los derechos humanos como parte también de un proceso de inclusión de los sectores populares, el restablecimiento de los acuerdos tripartitos entre los sindicatos más importantes nucleados en la CGT, las organizaciones empresarias como la Unión Industrial Argentina y el sector público, que puso en marcha las pequeñas y las medianas empresas de capitales nacionales, también las más grandes de capitales foráneos, recuperando así los niveles de empleo, el poder adquisitivo de los salarios, una importante mejora en los montos de las jubilaciones y de las pensiones, etc. Lo fundamental es que desde el 2003 en adelante, el empleo de los trabajadores, el pleno empleo como opción política, fue considerado una variable central del nuevo régimen político, lo que no hace más que reforzar la unidad, la cohesión social y política militando así a favor de una mejora objetiva de las condiciones de vida y de empleo de los trabajadores.

Mientras tanto, como vimos más atrás, el rol de los sectores de la oposición política al kirchnerismo fue lamentable en todos estos años. Es bueno recordarlo porque para el 2011 tenemos el desafío de reivindicar y defender el modelo de inclusión, de la producción y del ahorro nacional. En esas circunstancias, esos sectores y grupos opositores, donde están incluidos algunos grupúsculos que son parte del progresismo, o mejor dicho, del reformismo político como fin mismo, todavía no son capaces de reaccionar coherente y racionalmente frente a las sucesivas iniciativas inclusivas, democráticas y populares del modelo en curso. Lo que agravaba la situación de desconcierto político de esos grupos de la oposición, que son los genuinos representantes de los intereses y las formas de vida de una élite fuerte e históricamente reaccionaria y conservadora en el sentido de mostrarse contra todo tipo de cambio y de movilidad social o política, es el hecho de que no operan ya desde sus propios partidos políticos, que centralmente se debe a que cayeron en el peor de los descréditos, sino que lo hacen a través de la resistencias de caudillos aislados pero fuertemente promocionados por los grandes medios masivos de comunicación como el Grupo Clarín que, para mal de ellos mismos, también van en caída libre respecto a su credibilidad social. Con ese método de acción y de estrategia política de poder es bastante complicado políticamente atenuar las más diversas diferencias internas en un campo opositor en el que confluyen corrientes ideológicas muy diversas, incluso antagónicas en cuanto a su concepciones políticas, sino que también son sectores históricamente derrotados por las consecuencias del modelo neoliberal al que finalmente apuestan en contra del bien común y a favor de grupos e intereses minoritarios. Esos grupos son los mal llamados peronistas conservadores, los radicales, los liberales al estilo de Elisa Carrió y hasta los mal llamados sectores progresistas porque, a través de toda la historia del país, militaron siempre contra los intereses populares en cada oportunidad que éstos eran reivindicados por líderes del talle de Perón o del mismo matrimonio Kirchner en la actualidad. Todos estos grupos opositores son conservadores porque buscan conservar el estatus quo que en otros tiempos, no tan lejanos, nos llevaron a una crisis terminal y, desde ahí, se oponen a los cambios a favor de las mayorías. Es, en definitiva, la resistencia de la derecha. Mientras tanto, la iglesia, desconcertada, sólo atina a declamar su poca creíble preocupación por los sectores más vulnerables, por la pobreza, al tiempo que alienta la resistencia contra las incipientes iniciativas en materia de aborto o del matrimonio igualitario, etc. Por otro lado, quien también muestra una fuerte resistencia al modelo porque en realidad, en el más corto plazo tiene mucho que perder, es el poder económico oligopólico más concentrado que no ve con buenos ojos la institucionalización del rol de los sindicatos como actores de poder y de negociación de los intereses y la gestión popular. En ese contexto hay que entender los desplantes políticos de algunos representantes de la derecha económica que hablan de la chavización de Argentina o que ésta parecería a Cuba desde el momento en que busca la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas más grandes. De todas maneras, el mayor peligro que le presentan esos grupos económicos de poder, fuertemente reaccionarios y neoliberales, al régimen político de gestión popular y democrática es que, una vez más, logró unificar criterios para crear una dualidad de poderes que busca crear una situación política insostenible desde el ámbito de la gobernabilidad democrática para frenar y desgastar al kirchnerismo como opción de los trabajadores. Esa unificación de criterios, ya lo sabemos, empezó en el 2008 con motivo de la disputa por la resolución 125, y le siguió la derrota electoral del gobierno el año pasado, sin embargo, esos grupos de poder plantean la resistencia al kirchnerismo desde una posición estratégica fuertemente antidemocrática y como tarea de largo plazo en la que eventualmente se involucren, de la manera más eficiente posible, tanto los medios de comunicación como los partidos políticos de la oposición. Los resultados contra esta opción política popular y nacional están a la vista, es decir, mientras el gobierno reivindica su rol transformador y la propia iniciativa política en todos los ámbitos, la oposición no puede con su estrategia de desgaste contra el gobierno que se muestra como altamente eficiente, popular e inclusivo. Así, el gobierno logra mantener la iniciativa política y profundiza su rumbo mientras la derecha, en todas sus expresiones y manifestaciones políticas, tiende a la división y el retraso político. De todas maneras, los sectores populares tienen que estar alertas y atentos, desplegar en todas sus formas su arte de poder, de las mejores posibilidades, porque la oposición continúa especulando con que otros cimbronazos políticos puedan llevarla al poder que no creo sea capaz de reconquistar a través de las urnas. Por lo menos no en este tiempo político.

El kirchnerismo, por el contrario, sigue representando políticamente a la línea de las fuerzas populares que están por el cambio, que militan a favor de la producción nacional y todas las consecuencias y políticas públicas que significa gestionar a favor de los trabajadores, es decir, desarrollo del mercado y del consumo interno como fuente primaria y central para solventar comercial y económicamente el modelo nacional y popular que en el ámbito macroeconómico plantea una cambio de equilibrio desarrollista, la financiación del crecimiento a través del ahorro y capitales internos y los superávit tanto de la balanza comercial como fiscal. Finalmente, en este contexto político en que las elecciones presidenciales se encuentran cada vez más cerca, el gobierno y los diversos grupos y organizaciones populares que le dan sustento y racionalidad política, tienen que construir, para ser más flexible tácticamente, es decir, para agrupar a las grandes mayorías a favor del cambio, un partido o movimiento y frente político que actúe como centro de convergencia político-social oficialista que sea capaz de frenar a la derecha económica y demostrar una vez más el anacronismo histórico de la oposición política que vaga por el limbo.

Alfredo Repetto http://www.masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/

Buenos Aires, Argentina, 16 de Octubre del 2010.




Referencias bibliográficas:

Anguita, Eduardo: “Un regalo federal en el cumpleaños de Perón” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

 Cittadini, Marcos: “Una apuesta para dejar de ser clientes y convertirse en socios” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Anguita, Eduardo: “Después del fallo de la Corte” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Anguita, Eduardo: “Las últimas novedades de las cautelares” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Blaustein, Eduardo: “Todo lo que puede hacerse y se hace aunque renguee el 161” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Godio, Julio: “¿Porqué la oposición política no puede unificarse” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Giles, Jorge: “Punto de inflexión” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.

Santopinto, Sabrina: “Se multiplicó por 40 la inversión en obras públicas en todo el país” en Diario Miradas al Sur de la edición del 10 de octubre del 2010.