sábado, 6 de noviembre de 2010
Enlaces de interés:
Néstor Kirchner:
La presidente agradece a los argentinos en cadena nacional:
La producción nacional de autos creció 17,5% en octubre y el acumulado ya supera el total del 2009:
Víctor Jara: “Vamos por ancho camino”:
Embargan los bienes de Susana Giménez en Uruguay:
5 de Nov. Presentación del nuevo Peugeot 408 en Tres de Febrero por parte de Cristina Fernández de Kirchner:
Noticias de la semana:
Homenaje a Néstor Kirchner:
El 3 de noviembre de 2010 10:47, Rafael Calomino escribió:
Grande Cristina....mi hijo menor la está tocando en guitarra y ,no sabés como suena!!!!
Que cosa, no? ESte Nestor era, a la vez, SOLDADO Y CONDUCTOR. Es la primera vez que nos pasa....No tiene el mote de...EL GENERAL... (un padre auténtico y extraordinario al que amamos y nos protege - y con quien tuvimos nuestras agarradas-)
Ni San Martín ni Perón han sido hombres comunes, no. Ellos fueron Padres... que no es cualquier cosa.
En cambio Nestor era un compañero. Uno de nosotros que estaba ahí y nos representaba haciendo las cosas como si fueramos nosotros mismos. Un orgullo y una reivindicación de nuestra lucha juvenil y nuestros ideales.
Otra cosa. Pensaba que ese ejército de Nestor- Cabral (Ahora Soldados) inaugura una tendencia nunca vista hasta ese momento
en estas tierras: era un EJÉRCITO AGRESOR. Buscaba el combate, IBA AL FRENTE. aquí, en Chile y el Perú ( con el FMI, con los fondos buitres, con la corporación de Clarin,contra los milicos genocidas, con la justicia.......) . Proponía batalla, marcaba terreno. Iba a imponer, no a defenderse.Y esos soldados luchaban con una fiereza inusitada porque era un Ejército político. Ellos querían libertad, justicia, soberanía. Y cuando eso queda claro, a la larga o a la corta van a ganar.
A Néstor, en plena batalla le metieron un sablazo traidor, templado de a poco con lo peores intereses de nuestra sociedad.
Pero hoy, gracias a su corazón, en esta lucha, la Argentina está llena de soldados.
Macri y los subtes.
Compañeras y compañeros: los archivos adjuntos contienen información sobre los planes de Macri para la extensión de la red de subterráneos. Creo que es importante anticiparse a los anuncios que hará en fechas próximas, porque además de los negociados económicos que se entreven éste será un eje de su campaña electoral.
Un abrazo. Carlos Holubica.
Inauguración de las estaciones Echeverría y Rosas (Línea B) y Flores y San Pedrito (Línea A)
Deben destacarse dos cuestiones:
1) Estas obras se realizaron mayormente durante las gestiones de los Jefes de Gobierno precedentes y Macri las recibió con un avance de entre 80 y 90 % ejecutadas.
2) Macri paró las obras durante un año y medio, desviando los fondos de subterráneos hacia otros fines para, entre varias razones, simular que las había construido él, despegarse de las anteriores gestiones e inaugurarlas durante la campaña electoral de 2011.
3) Si se alargan los recorridos de estas dos líneas, ¿cómo se van a operar sin nuevos coches? y ¿qué pasará con la frecuencia?
Prolongación Línea H (6 estaciones: Nueva Pompeya, Sáenz, Córdoba, Santa Fe, Las Heras, Facultad de Derecho)
La situación es distinta que la expuesta para la Línea G pero se mantienen graves defectos y negociados:
1) La licitación está en marcha y abre ofertas el 15 de noviembre. O sea, aquí sí hay proyecto de SBASE en el que viene trabajando desde hace años.
2) También es financiada sin motivo.
3) Se prevé su adjudicación a principios de mayo y debe ser aprobada por la Legislatura (porque implica endeudamiento).
4) También es por el sistema de contratista único (civil), ajuste alzado y “llave en mano”, con lo que, veladamente, se privatiza la construcción de subterráneos igual que Menem privatizó su operación el 1 de enero de 1994.
5) Así, el contratista civil construye toda la obra (y luego se la entrega llave en mano a Metrovías) y tiene como subcontratistas a todos los demás a los que coordina. Por ejemplo: en potencia, subestaciones y tracción a Siemens; en comunicaciones a Alcatel; en señales a Siemens; en escaleras a Fujitec; en ascensores a Thyssen; etc. El contratista civil le compra a esos subcontratistas y le vende a SBASE en un pasamanos sin control. Hasta hoy SBASE licitaba esos subcontratos, los coordinaba y controlaba, tarea que ahora hace el contratista único. SBASE se transforma en un mero agente pagador (de allí el concepto de privatizar la construcción). ¿Cuál será la función de sus 200 trabajadores si sólo debe medir obra y pagar?
6) Existen muchos temas “en el aire”, pero mencionaremos sólo uno que hará imposible ejecutar la obra en los tiempos previstos. La licitación prevé expropiaciones para la ubicación de los accesos a las estaciones. Cuando el adjudicatario de la licitación empiece la construcción requerirá los predios, pero éstos no estarán disponibles pues se necesitará iniciar los juicios de expropiación. Muy posiblemente, entonces, se volverá a la situación tradicional de ubicar los accesos en vereda, pero ello implica un cambio de proyecto importante que, a su vez, provocará no sólo que se atrase considerablemente la obra sino también un aumento del precio (recordar que en el ajuste alzado todo cambio de lo pactado en origen aumenta el precio).
7) Ese “procedimiento” se repite con otras interferencias, dejando temas que obligarán a posteriori a cambios de proyecto y a subsiguientes aumentos del precio global de la obra.
8) ¿Por qué se licita a sabiendas de que no se puede construir? Conjeturamos que por dos poderosas razones: para cobrar el anticipo y para promocionar a Macri como el gran constructor de subterráneos (ya se ve en TV una propaganda que apunta a esa campaña publicitaria).
Prolongación Línea H (6 estaciones: Nueva Pompeya, Sáenz, Córdoba, Santa Fe, Las Heras, Facultad de Derecho)
La situación es distinta que la expuesta para la Línea G pero se mantienen graves defectos y negociados:
1) La licitación está en marcha y abre ofertas el 15 de noviembre. O sea, aquí sí hay proyecto de SBASE en el que viene trabajando desde hace años.
2) También es financiada sin motivo.
3) Se prevé su adjudicación a principios de mayo y debe ser aprobada por la Legislatura (porque implica endeudamiento).
4) También es por el sistema de contratista único (civil), ajuste alzado y “llave en mano”, con lo que, veladamente, se privatiza la construcción de subterráneos igual que Menem privatizó su operación el 1 de enero de 1994.
5) Así, el contratista civil construye toda la obra (y luego se la entrega llave en mano a Metrovías) y tiene como subcontratistas a todos los demás a los que coordina. Por ejemplo: en potencia, subestaciones y tracción a Siemens; en comunicaciones a Alcatel; en señales a Siemens; en escaleras a Fujitec; en ascensores a Thyssen; etc. El contratista civil le compra a esos subcontratistas y le vende a SBASE en un pasamanos sin control. Hasta hoy SBASE licitaba esos subcontratos, los coordinaba y controlaba, tarea que ahora hace el contratista único. SBASE se transforma en un mero agente pagador (de allí el concepto de privatizar la construcción). ¿Cuál será la función de sus 200 trabajadores si sólo debe medir obra y pagar?
6) Existen muchos temas “en el aire”, pero mencionaremos sólo uno que hará imposible ejecutar la obra en los tiempos previstos. La licitación prevé expropiaciones para la ubicación de los accesos a las estaciones. Cuando el adjudicatario de la licitación empiece la construcción requerirá los predios, pero éstos no estarán disponibles pues se necesitará iniciar los juicios de expropiación. Muy posiblemente, entonces, se volverá a la situación tradicional de ubicar los accesos en vereda, pero ello implica un cambio de proyecto importante que, a su vez, provocará no sólo que se atrase considerablemente la obra sino también un aumento del precio (recordar que en el ajuste alzado todo cambio de lo pactado en origen aumenta el precio).
7) Ese “procedimiento” se repite con otras interferencias, dejando temas que obligarán a posteriori a cambios de proyecto y a subsiguientes aumentos del precio global de la obra.
8) ¿Por qué se licita a sabiendas de que no se puede construir? Conjeturamos que por dos poderosas razones: para cobrar el anticipo y para promocionar a Macri como el gran constructor de subterráneos (ya se ve en TV una propaganda que apunta a esa campaña publicitaria).
Línea G
El proyecto de construir la línea “G” del subte ya está en marcha. Hace dos años el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, realizó un viaje a China para iniciar las negociaciones con la empresa CREC (China Railway Engeneering & Construction), que será la encargada (junto al Grupo Roggio) de diseñar y construir una línea de subte de 12,5 km que unirá lo barrios de Retiro y Villa del Parque en una cifra -en principio- de u$s 1.500.000.000 y que se incrementará exponencialmente.
¿Cómo se financiaría?
El 85% del financiamiento se haría a través de un crédito suministrado por Eximbank China. Dicho crédito será con 5 años de gracia, 10 años de amortización y una tasa de interés que ronda el 4%. ¡Todo parece perfecto! Una baja tasa y una muy buena amortización, pero lo que no se muestra ni se cuenta es que SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) la empresa de subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encargada de la planificación y ejecución de la expansión de la red, presupuesta el kilómetro de subterráneo entre 50 y 80 millones de dólares, es decir, que los 12,5 km de la línea “G” deberían costar como máximo 1.000 millones de dólares ¿quién se lleva los u$s 500 millones restantes?
Otro cuento Chino
Siguiendo a Menem que privatizó la operación de los subtes con resultados catastróficos para la Ciudad, Macri quiere privatizar su construcción.
¿Vale la pena dar a concesión la construcción? ¿Es necesario pedir un crédito?
No, ninguna de las dos cosas es necesaria. La construcción hecha por SBASE saldría, como mínimo, 500 millones de dólares menos que la construcción hecha por la empresa CREC.
El crédito pedido le costaría a la Ciudad cerca de 2.000 millones de dólares, sin contar el 15% que el Eximbank China no cubriría. La deuda generada equivaldría a casi la mitad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, si consideramos que el presupuesto del 2010 es de $17,4 mil millones = u$s 4,4 mil millones.
Durante la gestión PRO la deuda externa aumentó el 150%. ¿La Ciudad está en condiciones de asumir más compromisos de deuda?
¡Cualquier relación con la década de los ´90 no es pura coincidencia!
En pocas palabras, si sumamos crédito más intereses más el 15% que no cubre el banco (u$s 225 millones) la nueva línea “G” costará alrededor de ¡u$s 2.225 millones! sin contar los gastos imprevistos que suelen multiplicar los costos.
Si la Legislatura aprueba la licitación, la Ciudad y los gobiernos próximos deberán hacerse cargo de la deuda.
“Nuestra Ciudad no puede esperar más” manifestó el presidente de SBASE. ¿Es necesario tomarse el tiempo suficiente para debatir el tema responsablemente o permitimos que los amigos de Macri cierren los negocios antes de las elecciones?
Si SBASE ejecuta las obras a precios mucho más bajos: ¿porqué no se le pide el préstamo al Eximbank Chino a una tasa del 4% y prescindimos de la empresa CREC?
Conclusión:
1) Se trata de una contratación directa, no hay licitación y se están acordando los sobreprecios con Roggio más China.
2) No hay proyecto, lo que incrementará los precios pactados ante cualquier modificación que aparezca. Cuando se compra por ajuste alzado, y más aún llave en mano, se debe tener absoluta precisión en el proyecto y en la ingeniería porque ante cualquier modificación o imprevisto el contratista pedirá un mayor costo. O sea que al no estar definida la obra el precio final está indeterminado y esto no tiene nada que ver con la inflación.
3) Se endeuda a la ciudad cuando se puede hacer la obra con fondos propios.
Subte Para Todos
Contrariamente a lo que pretende Macri, “Subte para Todos” propone exactamente la misma línea “G” pero realizada por SBASE, con un costo muy inferior, que varía entre 600 y 1.000 millones de dólares.
¿Cómo se financiaría? Fácil, con fondos propios de la Ciudad y sin financiamiento externo. La propuesta de “Subte para Todos” consiste en la asignación de partidas presupuestarias extras para llevar adelante la construcción. Con $500 millones provenientes de las partidas más $140 millones de la ley 23514 (u$s 166 millones anuales) alcanzarían para realizar las obras en 4 años.
Un dato que no es menor: en el año 2009 Macri desvió una partida extra de $447 millones que estaban destinadas para obras de subte hacia otras áreas.
Esta mujer, ¿cómo no va a generar odio?
Por Juan Montes
Se habló del país virtual y el país real. Entre ambos, emerge a su vez, un tercer país: el país de la percepción que viene a desvirtuar, tímidamente, el apocalipsis que promueve el primero y a descubrir, con la misma timidez, algunas certezas esperanzadoras del segundo. Esta nueva lectura que algún sector de la sociedad comienza a hacer es consecuencia de una actitud política: instalar el debate social, resignificar la participación activa de base y confrontar antiguas dicotomías rayanas al tabú, al prejuicio y en el peor de los casos, al desinterés. Este, y no otro, definitivamente es el mayor y mejor logro de esta mujer, que, guste o no, es la presidenta Cristina Fernández. Todos los demás aspectos son desprendimientos de esta decisión. Y es éste y no otro, definitivamente, el caldero donde hierve el caldo del odio, la sal que hiere al dibuk, las causas que causan terror.
A partir de esta premisa hay que destacar algunos méritos. Entre ellos está el que habiendo sufrido una conspiración de acontecimientos que auguraban su fracaso, pudo salir airosa y sin triunfalismos, como un bote que emerge de la furia tormentosa en el océano. Remontó la crisis internacional, padeció uno de los mayores default de nuestra historia, soportó la más férrea denigración mediática, amortiguó los golpes de una devastadora oposición que huérfana de líderes demócratas verdaderos tiene como fin debilitar a un gobierno que -vaya la paradoja y la hipocresía- la misma oposición integra, aguantó la indiferencia y la adversión de sectores de los que se espera un convenio tácito sobre cuestiones básicas como lo son los derechos humanos, la democratización de los medios y el respeto a las instituciones, la asignación universal y las políticas educacionales.
Los que miran profundo ven lo verdadero. Aquí se inicia otro mérito: esta mujer no salió a derrumbar los castillos de arena desde cuyos balcones profetisas descarriadas o séquitos de cletómanos auguraban catástrofes. Dejó, con paciencia materna, que caigan solos: se dijo que el campo se fundiría, el campo no se fundió; se vaticinó una estampida del dólar y el dólar se mantuvo manso; se pronosticó una política de ajustes y la respuesta fue más medidas sociales; se le endilgó una calidad de títere de su esposo y demostró muy clara su autonomía; se amenazó con una chavinización de la República y mostró estar tan cerca de Chávez como de Lula o Evo Morales, se la tildó de montonera y el único ejército que mostró fueron los fans de 6-7-8.
Esta mujer es más que Chanel y Louis Buitton. Es la mandataria que aplicó políticas que nadie, desde hace cincuenta años, se animó a aplicar. Y eso es meritorio. Fue más allá en un país donde los límites siempre fueron impuestos por sobre los gobiernos. Y eso, por ser meritorio, es para muchos imperdonable. Y en ese ir más allá descoloca, desconcierta, desestabiliza a todo el arco político que balbucea contradicciones. Néstor Kirchner es predecible y por lógica su Gobierno fue de crecimiento cuantitativo. Esta mujer no construye política, instala el debate de la política misma; no polemiza en primera persona, instala la polémica y deja que los actores sociales polemicen. El Gobierno de esta mujer es cualitativo y eso la diferencia del resto.
En este escenario que esta mujer provocó, en el mejor sentido de la provocación, aparecen dos líneas claramente definidas: retoma políticas inclusivas de Perón y la actitud confrontativa de Eva. Y antes de hacer comparaciones con Perón y con Eva, es preferible arriesgar dos lecturas posibles: este Gobierno es lo más parecido al Gobierno peronista en los últimos cincuenta años y la mujer que lo encarna, antes que otra cosa, antes que ninguna otra cosa, es, como dice un amigo, un cuadro político. Y un cuadro político privilegia, por sobre todas las cosas, su noción colectiva del concepto Patria.
Este Gobierno no tiene muertos propios. No reprimió el default del campo ni las movilizaciones contrarias. Enfrentó a los adversarios, a los opositores y a los enemigos con la palabra, con la invitación a debatir o el desafío a discutir. Y este mérito, genera impotencia y la sucede el odio. Esta mujer quebró los esquemas: no sacó a la CGT a la calle, no movilizó su "clientelismo social", no fue violenta como muchos quizás, peligrosamente, hubieran querido. Fue hasta lugares donde hasta hace cinco años eran impensados: puso en evidencia no sólo el andamiaje de los medios de comunicación, sino además, abrió el debate sobre el rol, la ética y la imparcialidad de los periodistas; desmitificó la soledad de las madres y sacudió el letargo impune de los crímenes de lesa humanidad; adhirió activamente a la más sólida intencionalidad de integración latinoamericana...
¿Cómo no va a generar odio si hace lo que otros gobiernos populares hubieran querido hacer? ¿Cómo no va a generar odio si hace lo que cualquier gobierno antipopular no quisiera que se haga? ¿Cómo no va a generar odio si para colmo esta mujer, es mujer.
Amparo contra pasos bajo nivel
Un grupo de vecinos de al menos ocho barrios presentaron un recurso de amparo ante la Justicia porteña para solicitar la desactivación de 13 obras de pasos bajo a nivel, cuya licitación está a cargo de Autopistas Urbanas, dependiente del Gobierno de la Ciudad. En el escrito, según informaron los vecinos, piden que “se ordene dejar sin efecto 13 obras” de las 25 que pretende efectuar el Gobierno de la Ciudad en pasos ferroviarios de las ex líneas Urquiza, Mitre y San Martín.
“No queremos que se construyan pasos bajo a nivel sólo para autos particulares al lado de los cruces ya existentes, pasos que además no contemplan la posibilidad de ser utilizados por el transporte público y el transporte pesado, son sólo para autos particulares y van a aumentar el tránsimaxito en las calles internas de los barrios, las que no están preparadas para esto”, señalaron los vecinos.
La presentación recayó en el juzgado a cargo de Vicente Cataldo y fue elevada por los vecinos de Coghlan, Agronomía, Núñez, Villa del Parque, Villa Devoto, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Saavedra. Reclama que “se ordene dejar sin efecto (la licitación) siempre que no se lleven adelante previamente la eliminación de barreras y la construcción de un paso bajo nivel apto para el tránsito pesado”.
La presentación lleva las firmas de los vecinos Cecilia Tomalino, Carlos Serra, Silvia Aguilar, Luis Dolcetti, Roberto Larreguy, Guillermo García, Silvia Somoya Oller, Eduardo Cesarone, Analía Martínez, Pablo Sebastián Cesarone, Miguel Angel Pérez, Alejandro Ferrante y Marcelo Ferrante y cuenta además con 130 adhesiones.
El gobierno de Mauricio Macri decidió meses atrás destinar parte de los fondos que había obtenido mediante la emisión de deuda a las obras de extensión de la red de subterráneos y a la construcción de pasos bajo nivel. La medida fue cuestionada ya que apunta a promover el transporte particular en lugar del transporte público.
Análisis político.
Ferreyra y la muerte como hecho político.
En menos de setenta y dos horas se cerró el círculo político sobre los presuntos autores materiales del ataque que terminó con el crimen de los compañeros Mariano Ferreyra y Elsa Rodríguez.[1]
Lo importante es que las investigaciones posteriores de la propia fiscal, junto con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, permitieron después determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen. En efecto, el viernes a la tarde de esa misma semana, la jueza de la causa ordenó diversos allanamientos en distintas dependencias de la Unión Ferroviaria y en la sede de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia de la ex línea Roca, tras lo cual se pudo determinar que un grupo de barrabravas, que decididamente figuran en la plantilla como empleados ferroviarios, fueron el brazo ejecutor de este crimen que es político. El principal sospechoso es Favale que es un barrabrava de Defensa y Justicia, hombre reclutado por Trezza, quien a su vez fue subsecretario de transporte ferroviario, fluvial y marítimo durante la presidencia de Duhalde. Además, cabe aclarar que Favale forma parte de la llamada Banda de Varela que, en realidad, no sólo actúa en esa zona sino que también lo hace para Banfield, club en el que militan Trezza y el ex presidente Duhalde. Sin embargo, rápido de reflejos, varios medios masivos de comunicación como Clarín o La Nación, claramente opositores y enemigos de todo lo que huela a popular y soberano, se apresuraron a publicar fotos de este barrabrava con el ministro de Economía y de Educación así como con la periodista Sandra Russo para intentar responsabilizar precisamente al gobierno de la muerte de Ferreyra. Es decir, otra vez, los grandes medios masivos de comunicación y de desinformación, así habría que llamarlos, junto con los dirigentes y políticos representantes de los intereses de los grupos y sectores más reaccionarios y conservadores, buscaron usar esta tragedia para sacar algún rédito o ventaja política. En este sentido, desde que se produjo el asesinato de Ferreyra, los titulares de los principales medios de comunicación, que están militando en una batalla tremenda contra el gobierno por, entre otros temas, la ley de medios o la cuestión de Papel Prensa, se dirigen más a explotar la hipótesis de una presunta responsabilidad gubernamental, que a informar e investigar responsablemente acerca de los autores intelectuales y materiales del crimen. No llama la atención que nuevamente Clarín se encuentre a la cabeza de ese operativo mediático como tampoco puede sorprendernos el contraste entre la célebre portada del 2002 “La crisis causó dos muertes”, al día siguiente del asesinato de Kosteki y Santillán en Avellaneda, con la del viernes posterior a la muerte de Ferreyra: “Presión al gobierno por el crimen del militante”. En la cobertura de ambos casos, es decir, por un lado los asesinatos de los militantes en la estación de Avellaneda, en el 2002 en plena crisis terminal, Clarín escondió las fotos y la información con la que contaba al respecto, pese a que estos elementos podían ayudar en la resolución de esos hechos, tal como terminó pasando con el trabajo de periodistas y fotógrafos de otros medios. En otras palabras, la diferencia en el tratamiento editorial de ambos casos, es decir de la muerte de Kosteki y Santillán por un lado y la de Ferreyra por el otro, hay que buscarla en la relación amistosa que Clarín sostiene aún hoy con el ex presidente Duhalde que salvó al grupo de la quiebra con la aprobación de una ley hecha a medida de Clarín. De hecho, hoy esa ley es conocida como la ley Clarín, y el claro enfrentamiento que hoy sostienen con el gobierno de Cristina. Más aún: todos los recursos, mediáticos y políticos con los que cuenta el grupo Clarín, en estos días, salieron a contrarrestar las diversas versiones acerca de una mal probada vinculación entre lo sucedido el miércoles con presuntos contactos entre Duhalde y el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. De todas maneras, tanto Trezza como Duhalde aparecen vinculados a los autores materiales del crimen. En esas circunstancias, en la manifestación popular luego del crimen de Mariano se gritó en la calle contra la burocracia sindical, sin embargo, las relaciones del sector público con el mismo aparato sindical permitieron muchos cambios importantes a partir de la asunción de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina Fernández. De hecho, la alianza política de ambos sectores, que buscan militar a favor de los intereses de los trabajadores, permite la consolidación del modelo nacional y popular. En ese contexto, hay que evitar entrar en el juego de los sectores conservadores que quieren colocar al actual gobierno o a la misma CGT como responsables, cómplices e incluso como partícipes necesarios de este crimen en particular. Está claro que hay que aprovechar este hecho que es político, tan lamentable como condenable, para que muchas de las estructuras sindicales de hoy, tanto las que son parte de la CGT como las que no, logren abrirse al juego y la democracia interna para desde ese lugar plantear el debate político e incluso ideológico por una profundización del régimen político democrático que milita a favor de los intereses de todos nosotros. Además, está el tema, que puede ser muy peligroso en caso de prolongarse en el tiempo, entre los tiras y afloja entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que pretende, este último dominado por la oposición política, sobrepasar sus propias atribuciones a expensas del Ejecutivo y de la propia gobernabilidad general del régimen. Esto es central porque está directamente vinculado con la gobernabilidad y la calidad de las instituciones democráticas, es decir, con la misma vialidad de ésta. Por lo mismo, hay que ir al fondo de la investigación sobre los hechos de Avellaneda.
Quienes trabajan en la investigación del caso tienen un gran desafío no solo judicial sino también político porque además se encuentran ante una cantidad de evidencias que revelan la sensación de impunidad de una trama que involucra tanto a Trezza como a los directivos de la Unión Ferroviaria en un asesinato que estuvo destinado a dar una clara lección a los trabajadores tercerizados y precarizados que no dejaron de luchar y de movilizarse contra los despidos injustificados en un encuadre salarial fuertemente desventajoso en relación a los trabajadores de la planta permanente de ferrocarriles. Esos trabajadores tercerizados y precarizados, que nacen en la época neoliberal pero que en muchos casos hasta hoy son parte de la realidad política aún en los regímenes populares que buscan construir otra realidad, que están organizados gremialmente y cuya cara política visible es Diego Cardía, habían previsto cortar las vías del tren al mediodía y enviaron correos electrónicos a varias redacciones y medios de prensa advirtiendo que esa medida la tomaban en reclamo de los despidos de nada menos que unos 120 trabajadores que en la casi totalidad de los casos fueron marcados por los activistas de la Lista Verde de ferroviarios manejada por Pedraza. Con tanta impunidad se teje la trama de los múltiples vínculos entre los jerarcas sindicales de la Unión Ferroviaria y los concesionarios de los servicios ferroviarios que ese vínculo es casi tan burdo que es una prueba flagrante de los intereses políticos, empresariales y sindicales que llevaron al desguace del sector público en los noventa, en la época neoliberal, pero que todavía perduran en muchos sectores de la vida nacional. Es central detenerse en esta trama de intereses políticos y económicos porque la batalla judicial más difícil será la de establecer a los autores mediatos del crimen de Mariano y precisamente los móviles económicos y de poder que los llevaron al crimen. La instrucción más compleja en ese contexto tiene relación con la trama oscura de los vínculos entre los sindicalistas ferroviarios y las empresas concesionarias. Así, las empresas tercerizadas del ferrocarril son parte de un negociado por lo demás formidable desde el punto de vista de que son los socios privados de esas empresas tercerizadas o de los familiares de los dirigentes sindicales quienes reciben subsidios de parte del sector público obviando, de esa manera, el riesgo empresario característico de ese tipo de actividades. Entonces, al emplear trabajadores precarizados pagan la mitad del salario que perciben los empleados ferroviarios de planta permanente. Por lo mismo, el trágico desenlace de ese día miércoles en Barracas, con sujetos e individuos vinculados a la Unión Ferroviaria baleando a los trabajadores que fueron despedidos por esas empresas tercerizadas que brindan diversos servicios a los trenes, puso en blanco sobre negro los manejos políticos de este sindicato que desde la privatización de los años noventa pasó a funcionar como una verdadera patronal que milita contra los intereses de los trabajadores permanentes y sindicalizados. El asesinato de Ferreyra desnuda el trágico destino en el que puede culminar el pasaje de dirigente gremial a millonario empresario, hecho por José Pedraza y su entorno político. Así, la intransigencia a los tiros de la patota sindical a que se corten las vías del ferrocarril es una más de las brutales expresiones por mantener los márgenes de rentabilidad y acentuar la explotación de los trabajadores que ya tercerizados están en clara inferioridad de condiciones laborales con respecto a los trabajadores de la planta permanente. Se estima que son cerca de 20 las empresas por las que desde el ferrocarril Roca se terceriza trabajo que antes realizaban empleados directos. Entre ellas se encuentran empresas encargadas de controlar la evasión de boletos, empresas de limpieza, vigilancia y mantenimiento de vías. Además, la implementación de este tipo de cooperativas para tercerizar el trabajo y bajar en consecuencia el costo laboral se dio de manera muy marcada en el caso de los talleres precisamente donde Pedraza tiene una influencia muy fuerte.
Por otro lado, en relación al rol asumido por la CGT como genuina representante de los intereses de una gran mayoría de los trabajadores, es importante señalar que existe una diferencia notoria entre Pedraza y Moyano, a la hora de defender los intereses de los trabajadores. De hecho, Moyano en la época del neoliberalismo batalló y se opuso decididamente a éste a través del Movimiento de los Trabajadores Argentinos sin abandonar la CGT. Este hecho político nos muestra la importancia del compromiso político asumido por el secretario general de la central sindical en el sentido de que los trabajadores despedidos no sólo serán reincorporados sino que pasarán a estar contemplados en el mismo estatuto ferroviario. Es decir, Moyano no liquida a los trabajadores sino que los protege mientras que las diferencias entre uno y otro dirigente sindical, que además tiene que ver con diferencias del modelo, de la ideología y de la forma de hacer política, quedó claramente marcada en los noventa porque mientras Pedraza entregaba a los trabajadores a los intereses espurios del capital privado más concentrado y se convertía en el empresario y parásito típico de los años noventa, Moyano, como acabamos de ver, enfrentó la precariedad y la flexibilización laboral. En ese contexto, el dirigente de los camioneros personalmente se comprometió a interceder para que el Ministerio de Trabajo reincorpore a los 117 despedidos y los encuadre bajo el convenio de trabajadores ferroviarios. Pero el asunto no termina acá porque muchos de los trabajadores tercerizados recibieron amenazas de muerte en caso de que se reincorporen a sus lugares de trabajo y, por lo tanto, le pidieron al líder de los camioneros que interceda para que no sufran represalias. En esas circunstancias, además, habría que preguntarse porqué plantear estas medidas de fuerza tan extremas como, por ejemplo, intentar cortar las vías del ferrocarril, cuando acá tenemos, desde el 2003 en adelante, un gobierno que responde a los intereses y demandas de los trabajadores. Así, en vez de marchar para cortar las vías del tren (que además es un fastidio para otros trabajadores que van o vuelven de sus trabajos) porqué no buscar una reunión con el ministro de trabajo o marchar precisamente a ese ministerio. Lo digo porque estas acciones, en definitiva, favorecen a los sectores de la derecha política en tanto visibilizan un conflicto que no tiene porque ser tal. Lo mismo pasó con la marcha de algunos grupos de estudiantes de la facultad de Cs. Sociales de la UBA, altamente politizados, que reclamaban el edificio único y que, más allá de la justeza del reclamo, acudieron al ministerio de educación con una violencia y método de lucha inusitado si tenemos en cuenta que estamos frente a un gobierno que ha demostrado que responde a los más vulnerables. Me parece que los cortes de rutas, de las vías del tren o de calles, etc., si bien es una manera legítima de manifestarse tiene que ser considerada como opción política última porque precisamente el caso de Ferreyra nos demuestra que el hecho de que tengamos un gobierno que no reprime las demandas sociales y políticas expresadas en manifestaciones y movilizaciones, ello no garantiza finalmente la seguridad y la vida de los manifestantes. Así, es importante que a partir del la muerte de Ferreyra, se haya visibilizado la cuestión de los trabajadores tercerizados, es decir, que la situación que viven los trabajadores tercerizados haya tomado tanto estado público es lo peor que le puede pasar a dirigentes como Pedraza y su gente. Este crimen además es un desafío a las autoridades judiciales, políticas, sindicales, empresarias y del régimen político en general que no parece dispuesto a tolerar nuevamente el asesinato como modo de imponer y defender privilegios. En fin, esta semana decidí hablar y hacer un análisis sobre los motivos y las implicancias del crimen de Mariano Ferreyra porque no solo es un hecho lamentable y repudiable que conmociona al país sino que, además, es un hecho claramente político en la medida en que nos muestra las profundas consecuencias del neoliberalismo en la organización de ciertas estructuras sindicales que no han acusado recibo del momento histórico popular y democrático que hoy transita el país. Sin embargo, y por más indignante e increíble que parezca, algunos miembros de los grupos de la oposición política, precisamente con el Grupo Clarín a la cabeza, no perdieron un instante en intentar usufructuar políticamente la muerte de este joven para atacar al gobierno y a su aliado estratégico, la CGT de Moyano. El problema es que así, una vez más y bajo la exclusiva responsabilidad de la oposición política, las causas estructurales del asesinato del compañero Ferreyra quedan desnaturalizadas y ocultadas por la gran prensa reaccionaria que defiende los intereses de las élites dominantes.
Entonces, es necesario el análisis histórico, pasado y presente, de las causas estructurales del crimen de Mariano Ferreyra y que están íntimamente relacionadas con la política nacional ferroviaria y en donde hay que insistir en el proceso de desguace y privatización neoliberal, un proceso que además contó con el oportunismo y la traición del sindicalismo de quienes tanto hoy como ayer tienen el control la Unión Ferroviaria. Si bien resulta claro que algunos sectores de la oposición necesitaban un muerto para reactivar su proceso de intento de desestabilización política del gobierno popular ante la falta de un proyecto acorde al momento histórico y electoral concreto del año próximo, no es menos cierto que ese muerto, Ferreyra, justamente se produce en un sector que es vital para la economía nacional que todavía, y a pesar de lo estratégico del sector, todavía no es despojado de la lógica y los intereses del neoliberalismo que precisamente milita contra una política nacional y popular, política que por el contrario sí avanzó en otros sectores igualmente centrales y vitales como la energía o las comunicaciones. En su momento, con la instauración de la última dictadura militar en Argentina, la conducción del área de transporte quedó radicada en el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Fue esta secretaría la que elaboró un plan de acción que permitió retomar cada una de las medidas de racionalización recomendadas por lo menos 15 años antes por el Plan Larkin que fue elaborado a instancias del Banco Mundial y que implicó para la estructura ferroviaria nacional el cierre de múltiples ramales que bajo la óptica neoliberal no eran rentables económicamente hablando, la supresión de trenes de pasajeros de bajo uso, el cierre de estaciones y de talleres, etc. El resultado fue que en cuatro años, es decir, desde 1976 hasta 1980 se abandonaron unas 560 estaciones de trenes, se redujeron los trenes de pasajeros interurbanos y locales del interior en un 30% y se cerraron 5.500 kilómetros de líneas secundarias. Sólo a nivel de los talleres, la cantidad de trabajadores se redujo desde 155.000 empleados en 1976 a 97.000 en 1980. A partir de ahí, es decir, desde la desconexión del país y la intensa eliminación de esos talleres, se contribuyó a la decadencia y muerte de unos 700 pueblos y la aceleración y profundización de la pobreza, la marginación y la desigualdad regional. Sin embargo, con la vuelta de la democracia bajo la presidencia de Alfonsín, el gobierno radical simplemente continuó con la política de desmantelamiento iniciada en dictadura de manera que ya para finales del año 1986, el gobierno encomendó al ingeniero Manuel Madanes la elaboración de un plan para reducir la planta ferroviaria en unos 65.000 trabajadores. De todas formas, la dura oposición de los sindicatos del sector, sumada a la fuerte derrota radical en las elecciones legislativas y provinciales del año siguiente lograron frenar la avanzada privatizadora de lo que podría haber sido una reactualización del Plan Larkin en tiempos de Frondizi. De todas maneras, esta victoria no fue suficiente y en ese contexto la presión se tornó insoportable porque además, siempre bajo la presidencia de Alfonsín, la tormenta privatizadora se cernió amenazante sobre el sector de las comunicaciones y de Aerolíneas Argentinas también ligadas a la cuestión del transporte. Luego vendría el menemato con sus políticas reaccionarias y defensoras de los intereses y de una visión ideológica aperturista, de un rol mínimo del sector público por lo que es necesario, bajo esas circunstancias, preguntarnos que pasó con Ferrocarriles Argentinos y con la situación del sector en ese período. Las experiencias privatizadoras de los gobiernos anteriores, tanto los militares como los de la democracia formal, fueron revisadas mientras, al mismo tiempo, el neoliberalismo aprobaba el Decreto 666 del año 1989 y con él, el desmantelamiento y privatización de los ferrocarriles. A partir de entonces, las nuevas concesionarias se harían cargo de todas las actividades laborales, es decir, de las actividades técnicas como las de mantenimiento, de operación e incluso de las actividades comerciales, financieras y económicas como, por ejemplo, las inversiones ferroviarias.
A propósito de la compleja sinergia y vínculos políticos entre el menemismo, las privatizaciones y el nuevo sindicalismo ferroviario que batalla contra los intereses de los trabajadores, es justo señalar que la Unión Ferroviaria en un primer momento se opuso a las acciones privatistas. Sin embargo, la huelga ferroviaria del año ’91, precisamente conducida por la Unión Ferroviaria y que se extendió por 45 días, no pudo frenar el proceso de privatización propuesto. El resultado fue que de 93.445 trabajadores que pertenecían al sistema ferroviario nacional en el año 1989 se pasó a 36.557 en apenas los dos años siguientes. Poco después, el líder del sindicato de la Unión Ferroviaria, Manuel Pedraza, se declararía abiertamente partidario del gobierno y de las políticas neoliberales. En ese contexto, sin una oposición sindical en el sector capaz de detener el proceso privatizador, si no peor aún, cómplice del desguace, a la privatización de la red de cargas le siguió la de subterráneos y la de los servicios suburbanos. El fin del sistema ferroviario público trajo aparejado un ejército de decenas de miles de desempleados, de excluidos y hasta marginados los cuales pasaron a integrar, en el mejor de los casos, diferentes cooperativas de trabajo y empresas proveedoras de servicios y de actividades para las concesionarias produciéndose de esa forma una multiplicidad de nuevos abusos relacionados con la tercerización de los empleos, la precarización y la flexibilización laboral por la que en estos días fue asesinado Ferreyra. El problema es que, como viéramos recién, a diferencia de lo acontecido en otras áreas sensibles y estratégicas de la economía y del sistema productivo argentino donde una política nacional y popular empezó con la erradicación del neoliberalismo y su automatismo de los mercados, la política ferroviaria implementada por el kirchnerismo no logró todavía reparar tan vital sector para la economía nacional ni mucho menos colocarlo al servicio y al nivel del modelo de desarrollo y justicia social implementado desde el 2003. Por eso, el tema ferroviario en particular, y en general el sistema de transporte público de pasajeros como de carga es un tremendo desafío para los tiempos venideros. ¿Será que el todavía poderoso sindicalismo de Pedraza, fuertemente reaccionario, conservador y mafioso, es un importante escollo político para plantear y aplicar un proyecto nacional en el rubro ferroviario? ¿Será el mismo Pedraza el que impide la inclusión de la CGT en el sector ferroviario? Por otra parte, ¿hará lobby el sector automotriz que se siente afectado, tal vez con razón, para obstaculizar el resurgir de una política ferroviaria nacional?
De todas formas, lo concreto es que tal como se vio a lo largo del presente trabajo, la política de privatización y desmantelamiento del sector durante la época en que dominó el neoliberalismo provocó, entre otras tantas consecuencias, la tercerización, precarización y flexibilización laboral, de los servicios y de las actividades que antes eran manejados por el propio sector público que, por definición, milita a favor del bien común. En efecto, la tercerización se da en tres ámbitos de trabajo. Por un lado, las vías y obras, por otro lado, la maestranza y finalmente en el ámbito de la seguridad. Además, si bien en muchos casos el proceso de tercerización actualmente fue equiparando las condiciones de trabajo de los afectados por estas políticas en relación a los convenios de los trabajadores de planta de la Unión Ferroviaria, también es cierto que, por ejemplo, en mayo de este año, alrededor de 120 empleados del Ferrocarril Roca fueron despedidos de las empresas que los contrataban. A pesar de que en el mes de agosto se llegó a un acuerdo político con el ministro de trabajo del gobierno nacional, en el que esas empresas se comprometían a reincorporarlos, la situación en lo concreto no cambió y de ahí la reacción. Entonces, ese fatídico miércoles los trabajadores despedidos, ya cansados de que no se respete lo pactado, junto a un grupo de militantes de izquierda decidieron cortar las vías para volver a pedir por las fuentes laborales, el pase a planta permanente y la equiparación salarial con los trabajadores estables porque, en fin, una de las diferencias que existen entre los trabajadores permanentes y los tercerizados tiene que ver con los salarios percibidos. En otras palabras, mientras un trabajador de planta permanente afiliado al sindicato de la Unión Ferroviaria recibe unos 6.000 pesos por la reglamentaria jornada de las ocho horas, los tercerizados cobran alrededor de 2.500 pesos por el mismo trabajo pero con mayor carga horaria. Además, en relación a los trabajadores que son parte de la planta permanente, mientras ciertas tareas son catalogadas como insalubres, no pasa lo mismo con los trabajadores tercerizados. Finalmente, mientras el trabajador ferroviario, sindicalizado y de planta permanente, está protegido por un convenio de trabajo legal, los tercerizados no tienen defensa alguna por lo que tampoco forman parte de la Unión Ferroviaria, sino que quedan en otros gremios como puede ser la UOCRA o, incluso, en el gremio de los empleados de comercio. Entonces, el crimen de Ferreyra es un hecho político porque actualmente, y bajo la presidencia de Cristina Fernández, están siendo cuestionadas las políticas neoliberales y sus consecuencias que, ya hace más de 20 años, se constituyeron en el instrumento central para terminar con el empleo formal muy costoso en términos económicos de acuerdo a los intereses y visión política de los dueños del capital privado. Definitivamente, el menemismo tomó un país en crisis y, en menos de cuatro años, aplicó el núcleo duro de las políticas neoliberales cuyas consecuencias ya todos conocemos. Este aspecto de la transformación de la estructura económica y productiva e incluso de la lógica y la cultura del trabajo fue el terreno desde el cual muchas veces se asociaron el sector público, los empresarios y los propios sindicatos en contra de los intereses de los trabajadores que así progresivamente fueron perdiendo poder de presión frente al resto de los actores políticos y sociales del régimen. En los servicios públicos, fue donde más proliferaron esos acuerdos lo que condujo a que solo en un par de años muchos sindicalistas se convirtieran en patrones y empresarios que así sumaron a su capital el poder de control de los propios sindicatos y sobre los propios afiliados que, en consecuencia, fueron perdiendo sus conquistas históricas. Eso es lo que en definitiva está en juego con la muerte de Ferreyra, es decir, una forma de hacer política y un modelo de país que nos recuerda a lo peor del neoliberalismo.
De todas formas, actualmente hay una multiplicidad de ejemplos de luchas exitosas como la de los trabajadores de los subterráneos o de las empresas metalúrgicas, donde los trabajadores fuertemente precarizados, flexibilizados y tercerizados, fueron equiparando sus condiciones laborales en relación a los trabajadores de planta. En esto es clave el rol del sindicato y de su capacidad de convocatoria y movilización, de lucha y de resistencia, es decir, donde hubo voluntad de lucha se ganó y los trabajadores fueron ampliamente beneficiados con nuevas conquistas y derechos. En cambio, donde la complicidad o el protagonismo político de la dirigencia sindical en su carácter empresario se impuso, la injusta situación fue estallando en protestas interminables con finales trágicos como acabamos de vivir con el asesinato de Ferreyra. Entonces, las coordenadas y circunstancias históricas, para entender el fondo del asunto están ubicadas en la intersección de un modelo económico nacional y popular, que plantea la inclusión de los trabajadores y que, a su vez, crece arrastrando en lastre cada una de las políticas neoliberales del modelo anterior mientras la misma fuerza de los trabajadores constantemente busca romper los lazos de la explotación y de la miseria. El gobierno nacional, los sindicatos y los propios trabajadores están siendo interpelados por esta contradicción política en el contexto de una conflictividad creciente en la medida en que el régimen político se radicaliza. En conclusión, el régimen político nacional, soberano y popular argentino, para profundizar sus diversas políticas y medidas de cambio social iniciadas a partir del 2003, precisa urgentemente de una política ferroviaria nacional que plantee una nueva empresa estatal de ferrocarriles en relación a este tema en particular y, al mismo tiempo, de una política nacional en relación al transporte en general. Además, del usufructo que la reacción hace del crimen de Ferreyra se desprende la imperiosa necesidad de fortalecer el movimiento y la organización de los trabajadores identificado con la cultura y el modelo nacional y popular. Así, la CGT es fundamental para radicalizar el proyecto nacional que urgentemente necesita de una política ferroviaria promotora de la industrialización, el crecimiento y el desarrollo del país.
Notas:
[1] Desgraciadamente, este tipo de hechos nos traen como recuerdo lo peor de la violencia de la historia política argentina donde una vez más, la ciudad de Avellaneda queda vinculada violentamente con un crimen perpetrado como reacción frente al protagonismo de los trabajadores y de los excluidos en general y sus luchas por mejorar su calidad de vida o simplemente mantenerla y del que son responsables las patotas, los barrabravas y hasta las fuerzas de seguridad como la policía. De hecho, las muertes de Santillán y de Kosteki tuvieron como máximo responsable a las fuerzas del orden durante la crisis del 2001. De todas formas, el caso emblemático tiene más de 44 años, cuando en una noche del 13 de mayo de 1966, en la Confitería La Real, la patota de Augusto Vandor asesinó a Rosendo García, con un certero tiro en el medio de la espalda. Esa trágica noche también fueron asesinados Blajaquis y Zalazar. Los disparos salieron de la mesa de Vandor que sería clave en el apoyo sindical para el golpe de Estado que vendría sólo un mes y medio después. Las víctimas eran integrantes de una renovada resistencia peronista que empezaba a gestar los embriones de algunas organizaciones revolucionarias de los años ’70. Tanto Blajaquis como Zalazar formaban parte de Acción Revolucionaria Peronista. Comandada por Cooke, esta organización confluiría, poco más de un año después, con la CGT de los Argentinos y con las FAP. Al igual que ahora, en esa oportunidad, también se dijo en los medios de comunicación que el asesinato había sido una pelea entre fracciones sindicales, pero no era verdad, al igual que ahora. Como en el barrio de Barracas en estos días, las armas estuvieron de un solo lado.
En realidad, los asesinatos de La Real siguen impunes porque la justicia y los dirigentes políticos de entonces no estuvieron a la altura de las circunstancias porque si lograban resolver el crimen ellos mismos se inculpaban al sacar a luz toda una serie de estructuras conformadas por seudos dirigentes sindicales que antes que defender los intereses de los trabajadores se habían convertido en empresarios que apoyaban ciertos negociados que, a su vez, eran custodiados por políticos y la policía. En esas circunstancias se llamaron a silencio. Sin dudas, en el incidente del miércoles que comenzó en Avellaneda y terminó trágicamente en Barracas con la muerte de dos compañeros de la militancia popular, hubo un sector agresor y otro que claramente fue agredido, es decir, a pesar de los medios masivos de comunicación hegemónicos, en ningún caso hubo enfrentamiento. Sí hay negocios y corrupción de por medio de la que siempre salen perdiendo los trabajadores. Uno de los grupos, los que no tenían armas, buscaban defender sus puestos de trabajo para poder alimentarse e intentar cubrir sus necesidades básicas más o menos sin sobresaltos todos los días. Los otros, los que sí estaban armados y que tras de sí tenían toda la estructura política y sindical reaccionaria y fuertemente corrupta, buscaban mantener sus privilegios a través de oscuros negociados al amparo de estructuras sindicales que hace mucho dejaron de serlo. En ese contexto, es necesario preguntarnos que hacía un militante de Sarandí llamado Mariano Ferreyra, a quien le gustaba la historia y el teatro por el barrio de Barracas. Es simple: ejercía nada más ni nada menos que sus convicciones de solidaridad para con los trabajadores desde su particular punto de vista.
Alfredo Repetto Saieg.
Buenos Aires, Argentina, 6 de Noviembre del 2010.
Referencias bibliográficas:
Blaustein, Eduardo: “Sugestivos silencios y llamativos gritos” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Anguita, Eduardo: “¿Quién mató a Mariano? en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Galand, Pablo: “Unión Ferroviaria Sociedad Anónima” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Galand, Pablo: “Compromiso de Moyano” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Arrosagaray, Enrique: “Vandor, Pedraza y Walsh” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Bernal, Federico: “Ferrocarriles: el mapa después del desguace neoliberal” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Pérez, Graciela: “Trabajadores en la vía” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Pulón, Victorino: “Tercerizaciones a la vuelta de la historia” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Informe:
El futuro es verde y ya llegó.
Entrevista a Gustavo Tito, director del Ipaf. Inta de la región pampeana.
–¿Qué es la agroecología?
–Es una disciplina científica para encarar los sistemas productivos desde un enfoque basado en principios ecológicos y en formas de producción amigables con el ambiente. Lo innovador que estamos planteando desde el Instituto es que a esas pautas ecológicas hay que agregarles principios de otras disciplinas del área social y económica, y a esa integralidad sumarla al saber de los productores familiares. Es decir, incorporar el “saber autóctono” o “popular” al conocimiento científico para resolver problemas productivos.
–¿Qué desarrollo tiene la agroecología en el cinturón verde metropolitano?
–Las primeras experiencias surgieron allí en 1990. Algunas se han mantenido y otras se han fortalecido. En algunos casos, hubo un incremento muy marcado del enfoque agroecológico por cuestiones institucionales o del territorio, como es el caso del Parque Pereyra Iraola, que al ser reserva de biosfera, sus productores han entrado en una transición al sistema agroecológico y otros han encontrado canales de comercialización como la venta domiciliaria, venta en quintas o distribución en algunos comercios específicos. Han aparecido algunas ferias, que digamos es incipiente pero tiene mucha actividad e impacto en algunas organizaciones que están abocadas a esto.
–¿Podría hablar en cifras del fenómeno?
–No hay un censo acabado de la situación. Por ejemplo, en Parque Pereyra hay 160 familias de productores y hay una mayoría que están en la transición agroecológica, pero no todas.
Esto no se repite en forma pareja en todo el cordón hortícola de la región sur. En algunos lugares se encuentran concentrados, y en otros aislados y rodeados de productores convencionales. No hay números, pero sí se puede decir que la Argentina es una gran exportadora de productos de base agroecológica y orgánica.
–¿Podemos hablar de un avance de la agroecología?
–Sí, especialmente después de 2001, que hubo una reactivación de las políticas del Estado para el sector de la agricultura familiar bajo el enfoque agroecológico. Se podría decir que el Estado se lanza, hay un interlocutor que está presente y es válido. Hubo organizaciones de desocupados que hoy son agrupaciones de huerteros que están en la feria verde y ahora venden productos agroecológicos. Esto es una respuesta a la crisis que vino para quedarse. No es que están haciendo huerta y luego harán otra cosa. Esto tiene que ver con que se organizó la agricultura familiar. Ahora bien, es evidente que en el concierto general de todos los sectores productivos o en el enfoque hegemónico de la producción agropecuaria, la agroecología sigue siendo minoritaria. Lo que es cierto, es que soluciona dos problemas clave: la pobreza, por generar alimentos sanos, y el cuidado del ambiente, porque produce amigablemente.
–¿Qué beneficios trae a los productores esta modalidad productiva?
–En primer lugar al bolsillo, porque utiliza los recursos disponibles y pone en valor todos los conocimientos que ya tiene y la mano de obra familiar. Para los productores de agricultura familiar la mano de obra es parte sustantiva del sistema de producción. No es un costo adicional. Es, en realidad, la generación de empleo genuino en el lugar. Entonces, no significa un costo directo, sino al contrario, es la forma de amparar a toda la familia en función de la producción. Además, hay otro beneficio en la posibilidad de producir para mercados próximos, de cercanía al cliente, y tiene el valor agregado que quien compra reconoce el producto. En algunos casos con sobreprecios pero en otros no necesariamente, y los clientes lo compran generando una demanda y la formación de mercados cautivos. Esto ha hecho que muchos productores comiencen a estar tentados hacia una transformación a esta modalidad.
–¿Qué riesgos tiene un productor agroecológico?
–Para minimizar los riesgos que se puede tener ante cualquier eventualidad, la agroecología lo que hace es diversificar mucho la producción, conservar la materia orgánica. Por ejemplo, hacer barreras contra ataque de plagas, entonces si hay algún avatar climático, ellos tienen como amortizar ese problema. Porque de algunas manera, estos productores tienen puestos los huevos en distintas canastas.
La agroecología está muy asociada también con la diversificación de los canales de comercialización, por eso son sistemas estables en el tiempo y esto para una agricultura familiar, de poco capital, es muy importante. La calidad no se logra fácilmente en los sistemas productivos, y en este caso vemos que hay una mayor resiliencia del sistema, porque puede responder a problemas de mercado o factores climáticos con mayor resistencia y esto para los productores es clave.
–¿Qué políticas impulsa el Estado para promover este desarrollo?
–Desde el Inta/Ipaf estamos investigando tecnologías apropiadas de base agroecológica. Tenemos una política de Estado para generar este tipo de tecnologías, para que los productores las tengan a disposición ya sea porque producen de esta manera o porque quieren encarar el proceso de transición desde sistemas convencionales. Lo que constituye una respuesta a nivel tecnológico muy fuerte.
Después, hay otras políticas o instituciones del Estado que están financiando con subsidios o créditos este tipo de producción con enfoque agroecológico porque están específicamente destinados a eso. También hay líneas de apoyo que promueven otros productos que acompañan estos proyectos por su seriedad, ya que se trata de proyectos de mucha coherencia desde el punto de vista del actor social que los presenta y por la estabilidad que tiene el sistema.
Las iniciativas son financiadas por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, la Comisión Nacional de Microcréditos que depende del ministerio de Desarrollo Social de la Nación; además de todo el trabajo de extensión que hacemos desde el Inta más el de la subsecretaría y lo que aportan las provincias, lo cual hace que haya cada vez más técnicos especializados en asesoramiento agroecológico desde el Estado.
Fuente: Por Producción y Trabajo en Diario Miradas al Sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Soluciones agroecológicas.
Por la senda de la “producción verde”, pequeños horticultores encuentran la sustentabilidad de sus emprendimientos. Su impacto social, ambiental y económico. El caso del Parque Pereyra Iraola.
El mal tiempo es uno de los peores fantasmas para los hombres y mujeres del campo. Pero si a eso se suma el problema del cultivo de la tierra, la cosa puede mutar inexorablemente en la peor de las pesadillas posibles. Antes de que eso ocurriera, los agricultores del Parque Pereyra Iraola, unas 160 familias que se dedican a la agricultura y hoy producen entre otras variedades de verdura, zapallitos, tomates y espinacas, se convirtieron a la “agroecología”. Una forma de producción característica de las zonas periurbanas que minimiza el uso de contaminantes, preservando los recursos naturales y haciendo hincapié en la diversificación de los productos y de los canales de comercialización.
El problema de la tierra no es menor en el Pereyra Iraola, un pulmón de algo más de 10.000 hectáreas lindante con los partidos de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata, convertido en reserva natural provincial por Juan Domingo Perón en 1949 y declarado “reserva de biosfera” en 2008, por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). La mención, que impone límites a la acción del hombre sobre los recursos naturales en función de la preservación del entorno y el desarrollo sostenible, aceleró el proceso de expulsión de las familias que allí cultivaban a la manera convencional, haciendo uso de agroquímicos y venenos para erradicar las plagas en poco más del 10 por ciento de los terrenos disponibles para su uso productivo.
“Todos los productores que trabajábamos en la zona veníamos de familias de agricultores convencionales. Le poníamos venenos químicos a la verdura como recomendaban los ingenieros en ese tiempo, y de repente, nos encontramos con que íbamos a perderlo todo”, cuenta Elena Senattori, quintera que habita y trabaja su parcela en el Parque, desde hace más de treinta años.
Bety, como la llaman sus vecinos, sostiene que “entonces llegó el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y nos propuso cambiar la producción a la agroecología y así empezamos a aprender; al principio no sabíamos nada, pero ahora después de diez años podemos de decir que la cosa cambió”, asegura Senattori, que trabaja alrededor de siete hectáreas y desde 2003 integra junto a productores vecinos el grupo Santa Rosa.
“Nos quisieron echar porque contaminábamos la tierra”, cuenta Mariano Krayeski, de 32 años, productor, hijo de horticultores a quienes un viejo quintero italiano les cedió sus cinco hectáreas del Parque, allá por 1975. “Pedimos ayuda y vino un técnico de Cambio Rural (Programa que depende del ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires) y nos enseñaron a trabajar de otra manera, porque el método convencional no resolvía nuestros problemas de producción”.
Krayesky es referente de la Cooperativa de Trabajo de Hudson y Pereyra (CoTraHyP), otro grupo de hombres y mujeres que se formó en aquel momento para hacerle frente a la crisis. “Los más jóvenes cambiamos más rápido de idea, pero había gente grande que tenía muchos años en la quinta y se resistía a que le vinieran a enseñar”, recuerda el agricultor y revela la comprobación que los empujó a la transición. “Teníamos mosquita blanca, una plaga que aparece en el tomate y genera una grasitud en la planta que termina matándola. Un quintero nos dijo que le pusiéramos tabaco hervido y fue lo único que resultó eficiente a pesar de todos los agroquímicos que hay. Ahí dijimos, bueno hay que convencerse”. Los pioneros. Para ese entonces los beneficios de las huertas orgánicas ya se conocían en otros puntos del cinturón verde que rodea a La Plata. Según los expertos, los productores hortícolas platenses fueron pioneros en la transición hacia estos sistemas de desarrollo debido mayormente a las dificultades económicas que enfrentaban para seguir produciendo. “La ‘modernización’ del rubro relegó a los productores de hortalizas de la zona para quienes el uso de insumos cada vez más costosos se volvió inaccesible”, explica Mariana Marasas, técnica del Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (Ipaf) de la Región Pampeana del Inta y coordinadora de una de las primeras experiencias agroecológicas participativas en Arana, una pequeña localidad del partido de La Plata.
Marasas explica que “la agroecología es una solución para esa problemática, ya que sienta las bases para la creación de tecnologías que están íntimamente relacionadas con el entorno natural y económico de los productores”. Desde su práctica, los quinteros confirman la teoría: “Producir agroecológicamente implica, entre otras cosas, la rotación de cultivos, es decir, esta temporada siembro un tipo de verdura y la próxima otra, mientras a la vez se deja descansar una parcela de la quinta”, describe Krayesky, quien agrega que en la fertilización del suelo se utilizan materiales orgánicos como abono de gallina y de vaca.
“Con la agroecología aprendimos a plantar el tomate cerca de la cebolla de verdeo y la albahaca, que ahuyentan las plagas porque son aromáticas y mejoran el sabor del tomate”, ejemplifica Bety Senattori. A su vez, afirma que gracias a los aportes de los técnicos, lograron confirmar que el brócoli libera una sustancia que mata otra plaga provocada por un tipo de gusano llamado “nemátodo”, que quita los nutrientes del suelo y se había transformado en uno de los principales perjuicios para sus producciones.
Por su parte, Antonio Maidana, otro experto que trabajó en la zona en el marco del Programa Cambio Rural bonaerense, explica que el proceso de reconversión tuvo un primer momento, donde los productores tomaron una “decisión estratégica” al avanzar en la transformación técnica que implicó “cambios en el uso de los agroquímicos y la posibilidad de biodiversidad de colores, olores y formas”. Y un segundo momento, que están transitando “ligado a la gestión” y comercialización de los productos. Al respecto, agrega: “Estamos contribuyendo a generar una forma de economía social en la que participan activamente el productor y el consumidor. Ambos tiene la certeza de saber qué es lo que se está comerciando, ya que está claro cómo se produce lo que se consume”. De las quintas a las mesas. El hecho de integrar el cinturón verde, y ubicarse en rededor de las ciudades es otra gran ventaja para las huertas orgánicas. “La agroecología tiene una característica interesante: puede estar en las zonas “periurbanas” o cercanas a las grandes ciudades globalizadas, justamente por su característica de ser amigables con el ambiente”, explica el ingeniero agrónomo Gustavo Tito, director del Ipaf.
Esta cercanía, explica, constituye otra potencialidad para el quintero ecológico, que puede establecer un vínculo a veces directo con el cliente. Los productores coinciden, “se trata de trabajar de productor a consumidor, que es la base del comercio justo”.
“Nosotros en La Plata trabajamos con la Red (de Comercio Justo) donde el precio de la canasta básica de verduras se pone entre todos y no se modifica por la demanda”, asegura Senattori y recuerda, “el año pasado la jaula (cajón) de cebolla de verdeo llego a costar 150 pesos y nosotros la mantuvimos a 40, la espinaca llego a costar 10 pesos y nosotros no la movimos de los 4 pesos”.
Según los técnicos, la diversificación de los canales de venta es otra característica de la agroecología y su condición de posibilidad. “El mercado pide sin manchas, por las formas, más que por la calidad o el sabor. Por eso cuando vienen los camiones a las quintas a levantar la producción también son una barrera porque llevan sólo lo que el mercado demanda. Entonces, cuando se plantea una propuesta agroecológica, también tiene que jugar con estas variables”, sostiene Marasas.
Es en esta perspectiva que las ferias comunitarias, las quintas y los mercados, en ese orden, son las bocas de venta de la mayoría de estos productos frescos, que en muchos casos pasan de las manos del productor a la bolsa del consumidor.
Krayesky selecciona la espinaca más verde y la coloca en pequeños atados en cajones de madera, que irán a la Feria de Chacarita o la feria de Hudson; Senattori cruza una carretilla repleta de zapallitos hasta la casa de un productor vecino, donde reúnen los productos que venden en la Feria de Bompland en la Ciudad de Buenos Aires o a la Feria Manos de la Tierra que funciona en las facultades de Agronomía y Veterinaria de Universidad Nacional de La Plata.
Se trata de circuitos comunitarios que surgieron durante la crisis de 2001, que se fueron consolidando con el paso del tiempo y hoy constituyen un ámbito fundamental para quienes viven del trabajo asociativo: trabajadores de emprendimientos autogestionados, artesanos y pequeños agricultores.
Las ferias son el punto de encuentro de la agroecología y la economía social, y un ámbito que “permite volver a generar ciertas redes que estaban perdidas”, explica el titular del Ipaf. “Tanto en la economía social como en la agricultura familiar, la unidad doméstica está imbricada con la unidad productiva. La producción es parte de la vida del productor. Los trabajadores de la economía social no es que van al trabajo y vuelven a su vida particularn sino que comprometen toda su vida social en esto. Entonces, son estas dos institucionalidades, economía social y agricultura familiar, quienes pueden potenciar muchísimo la posibilidad de generar una economía que tiene que ver con la cercanía entre el consumidor y los que producen. Sería una enorme contribución para cerrar un poquito el tejido social que se ha roto en la Argentina”, sostiene Tito.
Fuente: Letoile Yael y Martínez de Irujo, Sebastián en Diario Miradas al Sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
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