Entrevista a Carlos Tomada.

“La ley actual la firmó, en 1980, Martínez de Hoz”

El ministro de Trabajo habla de las políticas que buscan impedir el trabajo esclavo y de la ley que debería reemplazar a la sancionada por la dictadura.

–La última vez que lo entrevistamos para este semanario usted volvía del Chaco. Había estado con el gobernador Jorge Capitanich y habían incorporado a la seguridad social a unos 10.000 trabajadores rurales. Esto fue hace unos meses y me acuerdo que su comentario fue de cierta sorpresa, no por mí en particular, sino porque no era una actitud típica de los medios de comunicación la de interesarse por lo que pasaba con los derechos de los trabajadores.

–Sí, qué casualidad, ¿no? Porque esta dificultad para hacer visible lo que pasa en algunos sectores del trabajo rural y lo que hemos venido tratando de transformar y de modificar y de regularizar en el trabajo de ese sector, ha cobrado en estos días una visibilidad importante. Y eso expresa varias cosas. Por un lado, cómo la trama de intereses, las redes de vinculaciones, para no utilizar otras palabras más duras, muchas veces invisibiliza ciertos problemas. Si algo creo que tenemos que rescatar de este gobierno es que muchos de los problemas, algunos de larga data y otros más vinculados con la destrucción del trabajo y de lo público en nuestro país en los últimos años, ha emergido en estos años y ha sido puesto arriba de la mesa. Lo que antes era oculto, no trasparente, ninguneado en la información, que también es una de las formas de toma de conciencia, logra ahora a través de algunos medios empezar a hacerse visible. El otro punto tiene que ver con lo que decimos cuando hablamos de profundizar este proceso que hoy lidera Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos de las deudas que todavía tenemos pendientes? ¿De la necesidad de que las políticas públicas lleguen cada vez más? ¿En términos de extensión o en términos de profundidad? Hace varios años que venimos registrando denuncias en materia de trabajo rural. Eso ha dado lugar al cierre de establecimientos, a multas, a recolocación de trabajadores que estaban en estos casos. Pero se trata de los casos que hemos podido detectar, por supuesto. Siempre nos falta y no es fácil en el sector rural.

–Ha habido otros proyectos para responder a esta situación…

–Por ejemplo, una respuesta muy concreta que ha dado la Presidenta que deriva en un proyecto de ley de trabajo rural. ¿Por qué? Porque por un lado les da derechos a estos trabajadores que no tenían. No hay ninguna razón que explique por qué un trabajador rural no puede tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador de nuestro país. Pero, al mismo tiempo, nos da instrumentos para revertir situaciones como las que hoy emergen facilitando la detección a través del registro de los trabajadores. Por ejemplo, el tema de los trabajadores de cosecha es importante, es un tema particular, es una problemática muy específica. Y fíjense que una de las respuestas de las patronales es, por ejemplo, “no registremos esos trabajadores porque es muy complicado”. Ayer en 6,7,8 se veía cómo (Alfredo) De Angeli o el mismo (Hugo) Biolcati decían: “Bueno, lo que pasa es que es difícil”. No, no es difícil. Lo que pasa es que siempre encuentran argumentos para justificar estos niveles de explotación que no son mayoritarios, pero ni uno debería haber y mucho menos cámaras patronales que no repudien y encima intenten justificar la existencia de este tipo de explotaciones. Contra todo eso, la nueva ley de trabajo agrario que está en el Parlamento, se alza para proponer un modelo distinto, un modelo de trabajo rural que tenga más que ver con esta Argentina inclusiva y para todos que tenemos.

–Ante el escenario actual en el Congreso, que es de predominio opositor, ¿cuáles son las perspectivas para que esa ley pueda avanzar? ¿Hay alguna estrategia de demorarla o de esperarla hasta las próximas elecciones? Y, además, ¿cuál es el rol que está teniendo, más allá de la patronal, el gremio de los trabajadores rurales?

–A la ley la venimos trabajando desde comienzos del 2009 e ingresó el año pasado al Parlamento, por supuesto que recogiendo los antecedentes, la experiencia, nuestra propia tarea en el terreno rural. Me parece que vale citar que una de las fuentes ha sido un proyecto que en su momento había preparado la Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores). Lo cierto es que una vez presentado el proyecto en este Parlamento, con una conformación mayoritaria de la oposición, ha habido una importante tarea de casi todos los afectados para que esta ley se diluyera en tiempo y no tuviera un tratamiento adecuado. Y, la verdad, nosotros recuperamos algunos instrumentos que están en poder de la Uatre y de las cámaras empresarias y pretendemos darle otro sentido incluyéndolo dentro del sistema general de seguridad social, no como en la actualidad, que funciona como un negocio particular del sindicato y las cámaras. Creemos que el sistema de seguridad social podrá tener un consejo asesor. Siempre hemos sido partidarios de este tipo de participación de los actores sociales, pero creemos que debe ser administrado desde el Estado. Esto ha generado el rechazo de la Uatre junto con otras medidas. Uno nunca sabrá si son meras excusas o verdaderamente una oposición a que finalmente el proyecto salga. Por eso vamos a insistir durante el año que viene no solamente con la fuerza propia de los diputados, sino también con aquellos que pensamos convocar para que se sumen a esta transformación de las condiciones actuales en que se presta el trabajo rural. Creemos que hay muchas fuerzas que acompañan a nuestro proyecto, inclusive fuerzas opositoras.

–Respecto del caso de Nidera, el fiscal que actuó en la causa contó en un programa de radio que era una cosa que lo había impactado. Se supone que un fiscal es alguien acostumbrado a ver situaciones que requieren la presencia del Estado. Sin embargo, uno después ve que La Nación y Clarín lo único que hicieron sobre este tema fue reproducir el comunicado que sacó Nidera explicando que fueron todos contratados en Santiago del Estero, que todos tenían ART, que los menores tenían permiso de sus padres. Parecían dos realidades completamente diferentes…

–Primero: el comunicado de Nidera y algunas declaraciones de las cámaras patronales, llegan a un nivel de negación del tema y ocultamiento del problema que realmente sorprende. He escuchado a algunos representantes de las patronales hablar de que esto no estaba todavía demostrado, como si el problema fuera la demostración, como si fuera una cuestión de un juicio penal. Esto es tan brutal que estremece. Me parece que lo que ocurre es otra cosa. Lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que pretendió hacer una editorial de La Nación de hace unos días, que señaló como eje de su argumentación acerca de los problemas con el trabajo rural que esperan que esto se analice “sin connotaciones políticas e ideológicas”. Yo quisiera expresar que espero que esto se analice con connotaciones políticas e ideológicas porque las tiene, porque esto es lo que ocurre. Quienes están tolerando, apañando, justificando este tipo de organización del trabajo, en realidad lo hacen desde una concepción ideológica que arranca por un especial desdén por el trabajo, pero sigue luego con pretender un mundo del trabajo desregulado. No sé si recordamos qué es esto. Un mundo sin fiscalización, un mundo del trabajo sin sindicatos, sin negociación colectiva, es decir, una verdadera concepción ideológica sobre el trabajo. Pero también es una concepción política. Porque cuando Nidera dice que ellos están cumpliendo la ley, sería bueno recordar que la ley vigente, que ningún gobierno intentó modificar hasta el actual, es una ley sancionada en 1980 y que lleva la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Pocas veces una ley laboral ha tenido un contenido, ya no solamente sectorial o de defensa de intereses patronales, sino que además lleva la firma de alguien que está defendiendo intereses personales. Porque a nadie escapa que Martínez de Hoz es un hombre que viene de una familia de larga tradición agraria.

–¿Además de la ley se van a crear herramientas de fiscalización o de poder de policía sobre las peores formas de explotación y que incluya, además, el tema de los niños?

–Uno de los objetivos que nos trazamos a partir de que pusimos en marcha el Programa Nacional de Trabajo Registrado fue caracterizar los distintos tipos, porque hay una gran heterogeneidad entre los distintos tipos de trabajo en negro, las distintas formas de trabajo fuera de la ley. Y una de esas formas es específicamente el tema de los trabajadores migrantes de los que estamos hablando en estos días. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando empezamos a ver esto empezamos a trabajar con los distintos gobiernos provinciales tratando de revertir una práctica habitual que consistía en trasladar a los trabajadores en camiones de una provincia a otra, donde iban padres, madres, hijos y donde, naturalmente, en ese intento de naturalizar esas prácticas aberrantes se decía: “Bueno, estos niños adónde van a ir. Mejor que acompañen a sus padres mientras trabajan”. Y esto se convertía, entonces, en una forma más de expresión del trabajo humano. Nosotros, con las distintas provincias con las que hemos ido trabajando, hemos empezado por bonificar el mecanismo de transporte, subsidiamos el transporte en medios de transportes razonables. Esto nos permite un mayor registro de los trabajadores que se desplazan de una provincia a otra y nos permite un cierto control y una mejor fiscalización. En algunas provincias estamos avanzando, acá debo decirlo, junto con el sector empresario, en la generación de jardines de cosecha que hacemos junto con el Ministerio de Desarrollo Social, donde los niños quedan al cuidado de gente especializada mientras los padres van a trabajar. Esto recién comienza, pero es una expresión de un gobierno y de una política que va en un sentido absolutamente diferente al de aquella que pretendía naturalizar estas formas de explotación. En la ley, todo esto que hoy forma parte de las políticas, pasa a ser obligación y responsabilidad del Estado, de los empresarios y, en algunas cosas, también responsabilidad compartida con las organizaciones sindicales. Como le dije a las cámaras empresarias el otro día en una reunión que tuvimos, les propuse que trabajáramos concretamente sobre la registración de los trabajadores, siempre y cuando no vengan a sentarse a la mesa a proponerme que lo que quieren es que no haya ninguna regulación o que lo que pretenden es rebajar cargas sociales y desfinanciar la seguridad social.

–En general, los trabajadores cosecheros, que es gente de bajo nivel de instrucción, son escuchas de radio. Eso es un dato comprobadísimo. ¿Están pensando alguna manera de generar algún tipo de comunicación, así como se han pensado en radios que estén en las comunidades autóctonas, en una radio que sea de los mismos cosecheros?

–No con ese grado de propuesta de una radio de cosecheros. Lo que sí estamos planteando nosotros es una muy activa campaña a través de los medios y a través de la difusión, en el lugar de origen, de los derechos laborales que les corresponden a estos trabajadores. Incluso, cuando suben a los colectivos que los llevan a los lugares de trabajo, se les entrega material para que conozcan también cuáles son sus derechos. Admito que eso no alcanza, estoy diciendo en qué dirección se va y todo es susceptible de ser profundizado. Nosotros firmamos con la provincia de Santiago del Estero, que es de donde proviene mucha de la gente involucrada, un acuerdo en ese sentido en noviembre del 2010, cuando paralelamente ya estaban produciéndose estas contrataciones que hoy se denuncian. Espero que en la cosecha del año que viene no tengamos que volver a ver estas cosas. Confío en que, muy por el contrario, podemos pensar en retroceder en este tipo de prácticas.

–Para ir adentrándonos en el tema de la Ciudad de Buenos Aires, aunque en continuidad con éste, ¿cuál es la situación en cuanto a la supervisión a nivel local de las condiciones de trabajo, en particular en relación con los talleres textiles clandestinos?

–La competencia primaria en materia de fiscalización del trabajo está en cabeza de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha pretendido, con la reforma de la llamada ley Banelco, generar una mayor centralización pero, el Senado, celoso custodio de las competencias provinciales, no nos permitió avanzar en ese sentido. Nosotros pretendíamos tener un rol coordinador más activo en términos de apoyo y asistencia técnica a las autoridades provinciales para que tengan una acción más efectiva en esta materia, algo para nosotros fundamental. El caso de la Ciudad de Buenos Aires es, por lo menos, llamativo. La Ciudad de Buenos Aires armó hace algún tiempo, no mucho, un cuerpo de inspección en materia laboral. Uno hubiera pensado que ya en el año 2007 el retroceso de las ideas sobre el Estado mismo, sobre la necesidad del juego de mercado, había retrocedido lo suficiente como para que en todos lados a lo que se apuntara fuera, como estaba haciendo el Gobierno Nacional, a la recuperación de la inspección del trabajo, al incremento de los inspectores, al fortalecimiento de la tarea de fiscalización. A lo mejor era válido para todo el resto del país. Pero lo curioso es que en la Ciudad de Buenos Aires se empezó primero a congelar, y luego a retroceder. Si ustedes lo analizan de cerca, comprobarán que casi ninguno de los descubrimientos que ha habido en materia de trabajo textil responde al ejercicio de las facultades que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y si hay una ciudad que debería tener un cuerpo de inspección importante, técnicamente preparado, conceptualmente dispuesto a meterse en cuanto lugar sea necesario, es la Ciudad de Buenos Aires. No se tolera una ciudad tan desigual como Buenos Aires. No es posible que en la ciudad más rica del país, con uno de los presupuestos más importantes, se tenga estos niveles de inequidad, de desbalance.

–Está el caso de las denuncias hechas por La Alameda, que es una ONG. ¿Se puede promover ese tipo de acción para que ustedes no invadan la jurisdicción y terminen con un problema?

–Yo creo que el control y la fiscalización debe estar en manos del Estado. Eso no impide que todas aquellas organizaciones que tengan una verdadera preocupación por estos temas actúen como agentes de denuncias, inclusive como parte querellante en algunas de estas tareas de inspección y de sus resultados. Creo que hacen un aporte, como decía la Presidenta los otros días, para una tarea que nos convoca a todos en una gran cruzada. En esa convocatoria entran empresarios, las organizaciones sindicales particularmente y, por supuesto, el Estado. Yo siempre digo que la Argentina tiene uno de los mejores sistemas sindicales en materia de tutela de los delegados sindicales. Esa tutela que nuestra ley establece promueve una activa participación de los delegados en la vida interna de la provincia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Trabajo teníamos 21 delegados, no alcanzaba a uno por provincia. Ahora tenemos 450 inspectores y estamos en un proceso de profundización de la tecnología disponible para hacer mayor inteligencia fiscal. Pero siempre digo que si los delegados sindicales –que los hay, muchos, muy buenos y muy comprometidos– asumieran esta tarea propia del rol del delegado, creo que tendríamos 60.450 inspectores.

Fuente: Por Eduardo Anguita y Santiago Diehl en Diario Miradas al Sur de la edición del 16 de enero del 2011.

Análisis político de la semana.

El régimen político y la intervención en la economía.

El rol histórico del régimen político en favor de los intereses de los dueños del capital, a expensas de los trabajadores, nos revela otro de los grandes mitos neoliberales, el de la no intervención en la economía.

En el análisis de la realidad política de un país, del rol que juega el Estado capitalista y su correspondiente régimen político, es decir, de los diversos grupos y de los actores sociales y políticos, gubernamentales o no, representante de los intereses y de la cultura popular o de las élites que lo componen, es necesario que nos fijemos en la participación y en la influencia de esos mismos grupos sociales, políticos y económicos que interactúan entre sí para definir la agenda de gobierno que necesariamente es indispensable para considerar el modelo de desarrollo que se aplica porque, en fin, esa agenda pública depende también de la estructura de la economía y de las relaciones de poder existentes. Sin embargo, esto no es todo porque también hay que considerar los valores y las restricciones vigentes a partir de esas mismas relaciones de poder. Por ejemplo, en el caso particular de Argentina, el régimen político fue variando de acuerdo a qué valores, grupos de poder y tipos de relaciones sociales hegemónicas se establecieron en determinado momento histórico. Así, claramente existió entre 1880 y 1946 una Argentina agraria, del tipo agro exportadora, mientras que a partir de ese año hasta la instauración de la última dictadura militar, con sus diversos matices, tuvimos una Argentina más o menos industrial, que a partir del Proceso de Reorganización Nacional, dará paso a una Argentina de renta financiera que, a su vez, a partir del 2003 buscara reivindicar nuevamente el régimen popular. Definitivamente, durante esa primera época, de la Argentina agraria, los diversos agentes económicos y políticos dominantes fueron la oligarquía terrateniente tradicional, los exportadores y el capital extranjero sobre todo esos que estuvieron ligados a la construcción de la infraestructura. En ese contexto, los empresarios nacionales eran incipientes porque los que tenían el poder real eran los terratenientes a su vez ligados a las empresas extranjeras. Como sabemos, la política económica fue de apertura comercial, incentivos para el capital extranjero y estímulo a la inmigración europea como proceso virtuoso. Hubo estabilidad política a fuerza de bayonetas y la consigna del poder hegemónico era civilización o barbarie, en el ámbito de las ciencias se aplica el positivismo y el liberalismo en todos sus aspectos especialmente en lo económico. En la Argentina industrial que verá a luz con Perón, en una primera etapa los grupos y actores dominantes fueron los trabajadores, ahora organizados, que usaron bienes de consumo masivo y los empresarios nacionales que los producían, en su mayoría medianos y pequeños. Así, tanto por el lado de la producción como del consumo, estaban dadas las bases para un régimen democrático y popular porque el discurso dominante insistía en una Argentina justa, libre y soberana que era insoportable para los grupos económicos más concentrados que nunca estuvieron dispuestos a perder sus posiciones de privilegio. Entonces, en el proceso posterior al golpe de Estado contra Perón se consolida el poder de los grupos de ingresos más elevados mientras que los productores pasan a ser las empresas grandes o medianas a expensas de los empresarios medianos y más pequeños que son relegados a la subcontratación a través de diversas políticas públicas aplicadas por los nuevos gobiernos de por sí ilegítimos. En el plano político son los grandes empresarios nacionales y las empresas multinacionales los que en los hechos controlan la definición y la aplicación de las nuevas políticas que estructuran la agenda de gobierno incidiendo de esa manera en la vida de todos. Además, este esquema es compatible con los gobiernos militares autoritarios que continuamente nos habla de un discurso dominante donde son centrales el orden y una economía eficiente y fuertemente concentrada en sus formas. De ahí a la Argentina de la renta financiera y la especulación no hay más que un paso. Los dueños del país ahora son los bancos, los concesionarios de las empresas privatizadas y los explotadores de los diversos recursos naturales. Son conglomerados empresarios extranjerizados en sus intereses y en su ideología que hacen hincapié en las políticas neoliberales. En definitiva, todos ellos fueron los ganadores del modelo que arrancó con la Ley de Entidades Financieras y que tuvo otro hito fundamental el 15 de julio del ’77 con la Ley 21.599 que disolvió la Confederación General Económica. En el núcleo de ese grupo estaban las familias Pérez Compac, Rocca, Macri, Soldatti y Roggio; además de la tradicional oligarquía asociada al complejo agro exportador encabezado por firmas como Cargill y Bunge & Born.

Los grupos en cuestión mantuvieron vínculos más que privilegiados con el sector público y estrechas relaciones con el sistema financiero. El primer factor, es decir, sus vínculos con el sector público en los que se incluye al propio gobierno de turno, les concedió la protección para operar en condiciones monopólicas fijando los precios de los bienes y de los servicios para así acrecentar sus ganancias. El otro factor, sus relaciones con el sistema financiero, los proveyó de la liquidez necesaria que les permitió explotar las diferencias entre las bajas tasas de interés internacionales y las altas tasas locales. Además, la diversificación productiva les posibilitó volver a orientar sus inversiones a actividades mucho más rentables, según las necesidades del momento. Todas estas políticas, que fueron auspiciadas desde el régimen político, entonces no tuvieron nada de inocentes porque la contracara de sus consecuencias, especialmente en el ámbito social y económico, fue que las pequeñas y medianas empresas, de capitales nacionales mayoritariamente, fueron desarticulizadas y virtualmente arrasadas por la misma apertura comercial que se incentivaba desde las esferas más altas del poder.

Actualmente, son pocos los marcos jurídicos que subsisten sin grandes modificaciones desde la época de la última dictadura militar. Sin embargo, dos muy importantes, en el sentido de que condicionan decididamente las políticas económicas y el rol del régimen político, siguen en pie. Primero, la Ley de Entidades Financieras y segundo, la Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que estoy tratando de decir es que en ese contexto, es falso que el régimen político, como representante del propio Estado capitalista, no interviene en la economía porque, en realidad, a la luz de los hechos históricos, sí lo hace, aún en los años '90 donde se insistía en achicar el rol del régimen, pero lo hace en favor de los grandes intereses de los sectores históricamente dominantes y a expensas de los trabajadores. En otras palabras, el régimen político, durante la mayor parte de la historia de nuestros países, interviene en la economía en favor de la acumulación privada del capital y contra los intereses de la fuerza de trabajo. Así, la supuesta no- intervención es otro de los mitos del neoliberalismo.

La novedad es que a partir del 2003 se aplica un modelo de desarrollo con inclusión social que interviene centralmente en favor de los trabajadores, por ejemplo, a través de la aplicación de un tipo de cambio que busca el equilibrio desarrollista, de la consolidación del mercado y consumo interno a través de la generación de trabajo, de la inversión tanto privada como pública (…) que produce importantes cambios en el ámbito político, económico, social y cultural que se resumen en la búsqueda de un régimen nacional, popular y soberano que reivindique la cultura de los trabajadores. Desde ahora, las organizaciones políticamente dominantes son las que integran el sector público como el gobierno popular, el partido oficialista, los sindicatos e incluso algunos grupos de pequeños y de medianos empresarios que se ven fuertemente favorecidos con las actuales políticas económicas. En el terreno político además el gobierno cuenta con el importante apoyo de algunas organizaciones, gubernamentales o no, que por sí mismas se definen dentro del campo y de la cultura popular mientras que, al mismo tiempo, el funcionamiento económico terminó con la sujeción al establishment y al Fondo Monetario Internacional reforzándose la inclusión social y económica sobre todo a partir de la expansión del empleo y la ampliación de las jubilaciones. De todas maneras, una vez más, se produce como reacción cierta recomposición dentro del establishment, con una recuperación de los empresarios industriales y una actitud política destituyente de las mayores organizaciones empresarias, tanto industriales como agrarias, y de los medios masivos de comunicación más concentrados. Lo paradójico es que los empresarios y los rentistas agrarios nunca ganaron tanto como bajo las directrices de este gobierno. Sin embargo, esa paradoja se deshace cuando consideramos que esos grupos de poder dominantes, los antiguos dueños del país, no pueden consentir su desplazamiento del gobierno, ni las medidas económicas que les quitaron recursos de poder y ganancias. Entonces, el paro de las patronales rurales, el intento de lockout, es el verdadero inicio de la campaña electoral de los opositores porque es imposible entender en toda su amplitud la virulencia de la Mesa de Enlace desde la óptica y la lógica de las corporaciones patronales que defienden sus intereses económicos a secas porque, desde siempre, se trata de la lógica propia de toda disputa por los recursos de poder que finalmente explican mejor el cuadro de situación. Por eso son insaciables a la hora de defender los privilegios del viejo país agro exportador. Desde ahora es más fácil entender que el objetivo central de los ruralistas es desgastar por todos los medios al gobierno de Cristina más aún en las actuales circunstancias donde entramos en un año electoral, que pone en consideración la consolidación o el retroceso del modelo de desarrollo actual y vigente desde el 2003, donde inexorablemente crece la preocupación del poder económico real por la inevitable fractura del arco político opositor, donde ya no cuenta con un poder ideológico definido que pueda competir realmente con el régimen nacional y popular y donde, en fin, en estas últimas semanas fueron descubiertos en sus miserables madrigueras, explotando a los trabajadores rurales como lo hacían desde tiempos inmemoriales.

Desde ahora, ellos perciben que el compás de la gobernabilidad y de la representación y gestión democrática cambió abruptamente en la Argentina y con sus matices, en toda Latinoamérica. Ahora el punto de apoyo de la gobernabilidad y del crecimiento es la redistribución de las riquezas en favor de los intereses de los trabajadores que ahora sí están asociados a la idea del pueblo y de la nación. Ahora, renegando de su actuación histórica anterior donde en general actuó en beneficio de los dueños de los medios de producción y de los intereses de la concentración de la propiedad y de los capitales, el régimen político se ubica del lado de la rebeldía y de la justicia social. Ahora, el antiguo poder cultural, económico, monopólico, injusto y criminal, ya no cuenta con el cobijo y la complicidad del régimen político y así se quedaron a la intemperie. Casi sin argumentos, sin poder de reacción por lo menos dentro de la legalidad democrática. De todas maneras, eso no quita que no busquen continuar en la senda de seguir naturalizando las injusticias pero la diferencia con el pasado es que ahora es el propio gobierno, ejerciendo el legítimo control de la agenda pública, el que a expensas de los intereses de los grupos históricamente hegemónicos, busca profundizar el rumbo de un país inclusivo, justo, popular y soberano. Ésa es la contradicción a resolver en las próximas elecciones. Todo lo demás son excusas. Simplemente la impotencia los obliga a mostrarse tal cual han sido desde siempre, es decir, como actores y grupos de poder que batallan contra la participación y el ejercicio de la ciudadanía de los trabajadores porque saben que de esa manera, más temprano que tarde y por el hecho de ser minorías, tendrán que ceder en beneficio de los intereses de las mayorías.

Alfredo A. Repetto Saieg.

Versión completa en:

http://masalladelacrisisylautopianeoliberal.mex.tl/

Buenos Aires, Argentina, Enero 28 del 2011.

Referencias bibliográficas:

Giles, Jorge: “La campaña electoral opositora” en Diario Miradas al Sur de la edición del 16 de enero del 2011.

Verduda, Demián: “La vieja política no quiere primarias” en Diario Miradas al Sur de la edición del 16 de enero del 2011.

Eric Calcagno, Alfredo: “Empresarios y modelos de desarrollo” en Diario Miradas al Sur de la edición del 16 de enero del 2011.

G. B: “Los ganadores del modelo neoliberal” en Diario Miradas al Sur de la edición del 16 de enero del 2011.

Economía:

De la peor de todas a una de las mejores

En el último cuarto del siglo pasado y primeros años del actual, entre todas las economías que integran el orden mundial, el comportamiento de la argentina fue el peor. En ningún otro caso significativo, se registró, en el periodo abarcado entre 1975 y 2002, una caída del PBI per capita del 10%, y del industrial en 40%, un profundo deterioro de todas las variables sociales y, finalmente, un caos macroeconómico que provocó el default sobre la deuda externa.

En cambio, entre el 2002 y la actualidad, la economía argentina registra una de las mayores tasas de crecimiento dentro del orden mundial, en un contexto macroeconómico ordenado. El único indicador relativamente negativo es el del aumento de precios sin que, de todos modos, existan evidencias de descontrol ni obstáculos insalvables al crecimiento de la producción y el empleo.

Por lo tanto, es necesario explicar porque la evolución de la economía argentina pasó, de ser una de las peores a una de las mejores del mundo. Influye, en alguna medida, la mejora de los mercados mundiales de alimentos y materias primas, que han fortalecido los pagos internacionales y estimulado el crecimiento de los países exportadores de productos primarios, como el nuestro. Pero esto es solo parte de la explicación, entre otras razones, porque aún entre ese grupo de países, que incluye a los de América Latina, el comportamiento de la economía argentina figura entre los mejores. Además, en ningún otro caso, se verifica un cambio tan radical de tendencia como en el argentino.

Los factores externos influyeron positivamente pero el cambio de comportamiento es consecuencia, principalmente, de los acontecimientos de fronteras para adentro y las respuestas propias a los cambios de circunstancias y a los problemas planteados. Esto incluye la radical disminución del endeudamiento externo que fue esencial para recuperar los equilibrios macroeconómicos y la gobernabilidad de la economía y resistir, al final de esta década, las consecuencias de la extraordinaria crisis del orden económico mundial, la más severa desde la debacle de los años treinta.

El deterioro de la economía en argentina en el período 1975-2002 reflejó las consecuencias del prolongado periodo de la hegemonía neoliberal, inaugurado con el golpe de estado de 1976. A comienzos del 2002, las propuestas para el futuro de la economía argentina, fundadas en los mismos principios que culminaron en la debacle, incluían la licuación de los activos monetarios en pesos, la dolarización, el establecimiento de la banca off shore, la renuncia definitiva a conducir la política económica y descansar en el salvataje internacional, bajo la conducción del FMI. Sobre estas bases hubiera sido imposible la recuperación que tuvo lugar después del 2002.

La explicación del cambio entre uno y otro periodo descansa, esencialmente, en dos causas principales. Por una parte, al cambio de circunstancias impuesto por la misma crisis. Esto incluye, la pesificación de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera y la consecuente recuperación de la autoridad monetaria del Banco Central, el superavit en los pagos internacionales debido a la caída de las importaciones y los buenos precios internacionales de los commodities, el ajuste cambiario que abrió espacios de rentabilidad clausurados durante el prolongado periodo de apreciación del tipo de cambio y la aparición del superavit primario en las finanzas públicas, por el repunte de la economía y el aumento de la relación tributos/PBI.

Por la otra, al cambio de rumbo de la política económica. Esta abandonó la búsqueda de soluciones a través de la asistencia internacional y se dedicó a consolidar el control de los principales instrumentos de la política macroeconómica: el presupuesto, la moneda, los pagos internacionales y el tipo de cambio. La fortaleza emergente de la situación macroeconómica, permitió formular una propuesta propia para resolver el problema de la deuda en default, que culminó exitosamente y, poco después, en enero de 2006, cancelar la pendiente con el FMI.

La convergencia de las nuevas circunstancias y del rumbo de la política económica, provocó, en poco tiempo, un cambio radical del escenario macroeconómico y recuperar la seguridad jurídica demolida por la estrategia neoliberal. La respuesta de la oferta al repunte de la inversión y del consumo y al fortalecimiento de la competitividad de bienes transables, fue inmediata, permitiendo un aumento acumulado del PBI del 60%. La inflación se mantuvo en niveles manejables pero por encima del límite aconsejable del 10%.

Las perspectivas de corto y mediano plazo indican que la economía argentina conserva su actual sendero de crecimiento, equilibrio macroeconómico y gobernabilidad. Es decir, puede seguir siendo una de las economías de mayor crecimiento en el orden mundial Esta dependerá de que se termine, definitivamente, el “péndulo” entre los modelos alternativos de organización de la economía argentina. Es necesario la inclusión del “campo” en el proceso de transformación. Como sucedió en otros grandes productores agropecuarios que son, al mismo tiempo, economías industriales avanzadas (Estados Unidos, Canadá y Australia), es preciso insertar los intereses rurales en la nueva estructura, asumiendo un rol de creadores de riqueza no hegemónico, pero protagonistas dentro de un sistema productivo integrado y complejo.

¿Cuáles son las prioridades de la política económica en una Argentina que esta aprendiendo a vivir con estabilidad institucional, cuya economía resiste adversidades y, en la cual, está pendiente, la transición, desde el subdesarrollo, a la formación de una estructura integrada y abierta capaz de erradicar, definitivamente, niveles intolerables de pobreza e injusticia distributiva?

La política económica debe responder a cuatro desafíos fundamentales: i) la gobernabilidad de la macroeconomía, ii) crear un escenario propicio al despliegue de los medios y talento de los agentes económicos, iii) orientar la asignación de recursos y la distribución del ingreso hacia los objetivos prioritarios del desarrollo y la equidad distributiva y iv) fortalecer la posición internacional de la economía nacional. Estos cuatro desafíos son interdependientes.

La gobernabilidad requiere consolidar la solvencia del sector público en sus tres jurisdicciones (Nación, provincias, municipios) de un Estado federal y el reparto racional de ingresos y responsabilidades, entre las mismas. Debe consolidarse el proceso de desendeudamiento. La solvencia fiscal tiene, como contrapartida, el superavit del balance de pagos, un nivel suficiente de reservas del Banco Central para preservar al sistema de los shocks externos y la administración de la paridad a través de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista (TCED). La administración de la paridad es una tarea compleja que debe adecuarse a la evolución de las variables internas y externas de la realidad económica, incluyendo la regulación de los movimientos especulativos de capitales. La instrumentación del TCED recae en la autoridad monetaria pero su existencia es un requisito del éxito de la política económica y, por lo tanto, responsabilidad primaria de la política económica del Estado nacional.

La gobernabilidad de la macroeconomía es esencial para crear el escenario propicio a la inversión privada. Los agentes económicos deben convencerse que el lugar más rentable y seguro para invertir el ahorro interno es el propio país y que la puja distributiva, inclusive la relación utilidades-salarios, debe resolverse en el marco de la estabilidad razonable del nivel de precios. Si se consolida la gobernabilidad del sistema, el país dispone del poder necesario para vincularse al orden mundial en una posición simétrica no subordinada. La experiencia de las naciones emergentes de Asia revela que los países con suficiente densidad nacional y recursos propios, tienen la capacidad de decidir su estructura productiva y, consecuentemente, su propio destino en el orden global. Este es el rumbo necesario y posible, también, en la Argentina.

Para ello es necesario observar los problemas desde la perspectiva de los intereses nacionales, sin prejuicios y buscando las coincidencias para encuadrar y resolver los conflictos. El mayor obstáculo para responder a lo dilemas que enfrentamos no radica en la gravitación de los intereses neoliberales ni en las restricciones externas. El problema de fondo es la división de los sectores y actores sociales creadores de riqueza, es decir, la falsa división de las aguas dentro del mismo campo de los intereses nacionales. Así se frustraron procesos de transformación en el pasado y corre el riesgo, actualmente, de volver a repetir la experiencia. En diversas expresiones políticas, están dispersos actores económicos y sociales, partícipes necesarios y beneficiarios del desarrollo nacional, los cuales, aparecen divididos por cuestiones periféricas a los problemas centrales que tenemos por delante. Esta es una severa debilidad subsistente en la densidad nacional que debe resolverse para consolidar lo alanzado en estos últimos años.

Fuente: Por Aldo Ferrer en revista Argentina Económica de la edición del 17 de octubre del 2011.