Noticias destacadas de la semana:

Sin Macri, diez candidatos porteños presentaron sus planes para la Ciudad.

Hubo dos puntos de coincidencia: las críticas a la gestión del jefe del PRO y el traspaso de las 53 comisarías de la Federal al distrito. Las propuestas de infraestructura y mejora de los servicios públicos concentraron el intercambio.

Sin debate y sin la presencia de Mauricio Macri. Así fue anoche el primer y único round público que mantuvieron los diez candidatos a jefe de gobierno que participaron del encuentro organizado por la Universidad de Buenos Aires para exponer sus propuestas de campaña, a cuatro días de los comicios porteños de primera vuelta para elegir alcalde, legisladores y representantes comunales. A pesar de las cámaras, la expectativa y las siete, pero cortas, oportunidades que tuvieron para hablar, los candidatos no debatieron, pero aprovecharon el escenario del viejo cine Cosmos de la Avenida Corrientes, para mostrar sus diferencias y desnudar algunas coincidencias, hasta ahora, inesperadas. Rodeados de asesores, consejeros y maquilladores, los diez candidatos tuvieron dos horas de una austera fama, sobre los tablones del Cosmos, especialmente acondicionados de rojo para recibir a Daniel Filmus, del Frente para la Victoria; Fernando Pino Solanas, por Proyecto Sur; María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda; Javier Castrilli, de Acción Ciudadana; Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad; Jorge Todesca, del Peronismo Federal; Silvana Giudici, por la UCR; Jorge Telerman, del Frente Progresista Más Buenos Aires, y Ricardo López Murphy, del Partido Autonomista.
A todos los unió sólo una coincidencia: la ausencia del jefe de gobierno Mauricio Macri, que buscará su reelección el próximo domingo y que decidió no asistir a la convocatoria de la UBA, por considerar que se trataba de un lugar donde sería muy difícil debatir. A pesar de sus pronósticos, lo cierto es que cada uno de los candidatos pudo exponer, en capítulos de un minuto y veinte segundos cada uno, sus plataformas sobre seguridad, salud, infraestructura pública, educación, además de los dos minutos libres que tuvieron para hablar con agenda propia.
Quizás el poco tiempo impidió que cada candidato profundizara, pero esa brevedad salvó al encuentro del tedio e hizo menos notoria la ausencia de debate. Como si fuera un anticipo de lo que vendrá, al menos ocho de los diez candidatos se manifestaron de acuerdo con el traspaso de las 53 comisarías porteñas de la Policía Federal a la Ciudad y de su integración a la Policía Metropolitana. A pesar de la ausencia del alcalde, las falencias de su agenda marcaron los principales temas, en donde la mayoría de los candidatos coincidieron: subejecución presupuestaria y abandono de la zona sur. Mientras el ex árbitro Castrilli terminaba cada una de sus intervenciones diciendo “Vótese usted mismo, vote a Castrilli”, un Luis Zamora muy serio pidió “que los pueblos manden y los funcionarios ejecuten. Que los pueblos decidan y los funcionarios hagan lo que los pueblos decidan.”
Al comienzo, Filmus apoyó su defensa basado en la gestión del gobierno nacional: “La educación es el tema donde más nos diferenciamos”, porque “es una política central desde 2003, cuando nos hicimos cargo en el peor momento de la educación y logramos levantarla”, expresó. A su izquierda, y sólo separado por Telerman, Solanas habló de un plan propio para subtes que fue muy similar al que propuso el macrismo, mientras que Estenssoro recordó su origen boliviano y recordó las palabras de Macri en las elecciones de 2007, cuando el entonces candidato se preguntó: “¿Pero qué somos? ¿Idiotas? ¿Cómo no podemos construir diez kilómetros de subtes al año?”, recordó la candidata de la Coalición Cívica. Luego de demostrar que hizo mucho menos, la diputada nacional se preguntó: “Entonces, ¿es idiota?”, y aclaró: “Es una pregunta, no una afirmación.” El momento cosechó las mismas risas que el contrapunto entre Castrilli y López Murphy, que mantuvieron un llamativo cruce en el final de sus intervenciones, cuando pedían el voto para sus listas. El ex árbitro cerraba: “el domingo vote por usted mismo, vote por Castrilli”. A su izquierda, el “Bulldog” reclamó un “voto por convicción, un voto para López Murphy”.
El otro economista en disputa, Jorge Todesca, por el Peronismo Federal, habló de créditos para pymes, igual que el ex ministro de la alianza, y luego reivindicó no haberse peleado con ninguno de los candidatos. Pero el debate, moderado por el subsecretario de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de la UBA, Ariel Sujarchuk, no dejó mucho lugar para el contrapunto. Antes de finalizar, Solanas pidió a los porteños que no se dejen engañar por una falsa polarización, mientras Filmus aprovechó los últimos minutos para hablarle a la comunidad universitaria y decirles que “los 130 millones que Macri puso para contratar consultoras privadas tienen que ser para la universidad pública”. Habían pasado dos horas desde el comienzo, y mientras Castrilli sacaba su tarjeta roja para ganar recordación entre los televidentes del encuentro, la candidata del frente de izquierda prometió seis horas para todos los trabajadores del transporte. En el medio desfilaron las promesas inconclusas del macrismo en salud y educación, y un opaco contrapunto entre candidatos. Quizás el primer casting político de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Maradones, Claudio. Publicado en Tiempo Argentino de la edición del 7 de julio del 2011.

Avanza la investigación judicial por una campaña sucia contra Filmus.

La jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, anticipó acciones inmediatas y le dio traslado al fiscal del caso. En el FPV crecen las sospechas sobre un call center que podría estar vinculado al gobierno macrista.

La justicia está investigando la denuncia realizada por el senador Daniel Filmus sobre la existencia de una falsa encuesta telefónica que busca relacionar a su padre, Salomón Filmus, un comerciante jubilado de 88 años que nunca terminó la escuela primaria, con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. La encuesta, en realidad una oscura operación política, falsifica la biografía de Salomón Filmus al presentarlo como arquitecto y contratista de Schoklender. Todo falso.
Ayer, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, quien recibió la denuncia de los apoderados del Frente para la Victoria (FPV), anunció que en las próximas horas se realizarán acciones inmediatas para avanzar con la investigación. Servini también le dio traslado al fiscal del caso, Jorge Di Lello, quien ordenó que se tomen “medidas urgentes” para terminar con el perjuicio que supone, para el kirchnerismo, la difusión de la encuesta engañosa.
El candidato a jefe de gobierno del FPV adjudicó la falsa encuesta a la existencia de una “campaña sucia” en su contra, que busca restarle votos a pocos días de la elección porteña. “Me parece gravísimo. Además de una mentira, es una falta de respeto total, que afecta claramente a mi familia. Por más que estemos en un momento de debate, la política no puede caer de ninguna manera en esto”, denunció.
La falsa encuesta guarda todas las formas de un sondeo electoral telefónico. Con el tono metálico de una voz grabada, el cuestionario comienza con las clásicas preguntas de edad y estado civil. Con la tercera pregunta queda expuesto el verdadero objetivo de la operación: asociar a Filmus con el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo investigado por supuesto lavado de dinero y desvío de fondos. “¿Cree usted que el caso Schoklender perjudica a Daniel Filmus?”, interroga la voz. Si el destinatario de la llamada responde “Sí”, la campaña de desprestigio muestra entonces su faceta más descarnada. El engaño llega a su punto límite con la sexta pregunta: “¿Sabe usted que el padre de Daniel Filmus es arquitecto y uno de los principales contratistas de Sergio Schoklender?” En el caso de que la respuesta vuelva a ser positiva, la operación redobla la apuesta: “Ahora que usted sabe que el padre de Filmus está involucrado con Schoklender, ¿igual lo votaría?”
La falsa encuesta fue recibida por abonados de teléfonos fijos en distintos barrios de la Ciudad. Tras reunir pruebas aportadas por los vecinos, chequear información y cruzar datos, los dos apoderados del FPV, los abogados Juan Manuel Olmos y Mauro Riano presentaron sendas denuncias ante el Superior Tribunal de Justicia porteño y ante el Juzgado Federal de Servini. El máximo tribunal porteño pasó la denuncia a un juez de primera instancia en lo penal y contravencional: hoy se sorteará el juzgado. La investigación deberá definir si los autores de la campaña sucia llevaron a cabo la maniobra utilizando fondos públicos de la Ciudad. La Ley Electoral 268 de la Ciudad establece penas para las campañas de desprestigio que se realicen con presupuesto de la administración porteña. Este tipo de operaciones también está penado por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) en su artículo 140. Las sospechas del FPV apuntan hacia un call center que podría estar vinculado al gobierno de Mauricio Macri.

Fuente: Piqué, Martín. Publicado en Tiempo Argentino de la edición del 7 de julio del 2011.

La hora de los comuneros.

Dentro de 7 días se elegirán por primera vez autoridades comunales porteñas. Candidatos de todos los partidos debaten sobre el presente y el futuro de la descentralización.

La disputa por la Jefatura porteña, el enigma que rondó la definición de las candidaturas en todos los partidos, los dirigentes que coquetearon durante meses con competir a nivel nacional y luego se decidieron por la Ciudad: estos hechos, entre otros, dejaron detrás de un velo un dato trascendente, el nacimiento de las 15 comunas en las que se dividirá la Ciudad de Buenos Aires. Sucederá el próximo 10 de julio, cuando se elijan autoridades comunales por primera vez. ¿Qué rol tuvieron (y tienen) los comuneros en la campaña electoral? ¿Cómo imaginan el vínculo con los vecinos y el funcionamiento de las comunas? ¿Hasta qué punto los porteños tienen interés por las comunas? Con estas y otras preguntas, Miradas al Sur habló con candidatos a la Junta Comunal –a quienes todos se refieren como “comuneros”– de distintas fuerzas políticas.

En el territorio.

Gabriela Castillo es candidata del FpV en la comuna 2: “Nosotros trabajamos en el territorio y conocemos los pequeños problemas de cada cuadra”. Subrayó que eso les permite “hacer una campaña focalizada hablando de problemas muy concretos”.
Otro dato singular, según Victoria Roldán Méndez, candidata del PRO en la 13, es la reacción de los vecinos cuando se enteran que están hablando con alguien del barrio: “Se produce una cercanía distinta. Los comuneros competimos en la misma comuna en la que vivimos. La gente cambia de actitud al enterarse de eso”.
Paula Resels compite por Proyecto Sur en la comuna 11 y tuvo una visión bastante más escéptica sobre la actitud de los vecinos: “Es cierto que cuando la gente se entera de qué se trata la comuna, su predisposición cambia. Pero la cuestión es que cuando estás volanteando se detiene uno cada tanto y sólo con ése se puede hablar”.
Las palabras de Resels dispararon dos interrogantes: 1) ¿Hasta qué punto los porteños saben sobre la existencia de las comunas? Y 2) ¿hasta qué punto les interesa participar? “El desconocimiento todavía es muy grande –sostuvo Castillo–. Hay mucha gente que ni siquiera tiene idea de qué se tratan las comunas y las confunden con los Cgps”. Castillo agregó que es importante difundir la capacidad de acción que tendrán. En cuanto a la visión sobre el desconocimiento ciudadano en relación a las comunas fue menos tajante: “Me parece que hay gente que sabe y otra que no”. Luego agregó que “como en cualquier cosa nueva tomará un tiempo para que la gente se acostumbre”.
La última frase de Roldán permitió un contrapunto con Resels. La comunera de Proyecto Sur dijo: “Es cierto que hace falta tiempo, pero también la voluntad política para difundir y el Gobierno de la Ciudad no la tiene”. Roldán –que es del PRO– le respondió: “Hay concejos consultivos que están funcionando hace más de un año para que los vecinos ejerciten”. Y Resels cantó vale cuatro: “Un par de esos preconcejos consultivos no reemplaza a la difusión masiva”.
Un párrafo para el lector que todavía no conozca del todo la diferencia entre los Cgps y las comunas: Los Cgps son sólo centros para trámites. Allí se puede desde pagar patentes hasta solicitar el certificado de convivencia. Las comunas (con la salvedad de que la ley aún no se reglamentó) se ocuparán del mantenimiento de las calles: iluminación, barrido, bacheo, limpieza. No tendrán bajo su área las avenidas, que quedarán para el gobierno central. Las comunas también se encargarán de la conservación de las plazas y espacios verdes de una extensión no mayor a una manzana. De los parques, que son más grandes, se encargará el gobierno municipal. Estas funciones no le impiden a la junta comunal tomar cualquier demanda sobre seguridad, salud o educación. La Ley 1777 les da atributos legislativos. Un proyecto de ley presentado por el jefe comunal tiene el mismo peso legal que el de un legislador porteño. Y, además, la junta puede proponer decretos ley para que el Ejecutivo simplemente los firme y comiencen a aplicarse.

El concejo.

Otra pata fundamental son los concejos consultivos y su función. Se trata de grupos formados por los vecinos que se reunirán periódicamente con los siete miembros de la junta comunal. Allí plantearán las problemáticas del barrio y revisarán la evolución de las soluciones. Los concejos no tienen carácter vinculante, es decir, su voto no tiene peso legal. Pero sí un enorme peso político. La ley de comunas obliga a los miembros de la junta comunal a reunirse periódicamente con el concejo consultivo de cada comuna.
Dicho esto, se puede retomar una pregunta de las formuladas más arriba y quedó sin responder: ¿hasta qué punto los porteños tienen vocación de participar? La percepción de las candidatas comuneras fue disímil. Castillo dijo: “Durante la campaña hemos visto que cuando la población conoce lo que se puede hacer se entusiasma”. Resels remarcó que le resulta difícil evaluar el interés. Retomó su argumento sobre el nivel de difusión. “Me parece que todavía no se informó bien al ciudadano, casi no hubo programas de televisión con comuneros debatiendo. Además, el Gobierno porteño no hizo difusión. Es difícil, en ese marco, evaluar el interés”. Roldán tuvo una evaluación diferente. Le dio menos peso a la difusión masiva y más al “trabajo de hormiga”. “La primera tarea –dijo– será la presentación de la junta comunal. La gente del barrio tiene que saber quiénes somos.” La candidata del PRO agregó que “eso será un trabajo de hormiga y ayudará a que la gente sepa que existe un concejo consultivo del que puede participar”.

La junta.

La junta comunal estará integrada por siete miembros de todas las fuerzas políticas que consigan como mínimo un 3 por ciento de los votos en la comuna. Para repartir los escaños se utilizará el mismo sistema que en la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Una vez que se forme la junta, el sistema de decisión será parecido al de una comisión de la Cámara de Diputados. Se impone la mayoría simple y el voto del jefe vale doble. Si la elección en la comuna es pareja entre distintas fuerzas políticas, la integración de la junta también lo será.
Las candidatas se refirieron a esta característica. Roldán señaló que “vamos a estar obligados a los consensos para poder funcionar”. Agregó que “es importante que lo hagamos bien porque vamos a sentar las bases de los futuros gobiernos comunales”. Hablando de consensos, Castillo coincidió con la candidata del PRO: “En las juntas comunales una fuerza tendrá la mayoría, pero tendrá que acordar con las otras. Se puede parecer al funcionamiento de una comisión parlamentaria, pero sólo en parte”. Y marcó una diferencia nada sutil: “La junta también tiene funciones ejecutivas”. A modo de cierre, Castillo, teniendo en cuenta aquello de “del dicho al hecho hay mucho trecho”, reflexionó: “Hablar y escribir sobre la democracia participativa es una cosa, construirla es bastante más complejo”.

Fuente: Verduga, Damián. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 3 de julio del 2011.

La conciencia del deber social.

El problema del deber social como central en el proceso de cambios, sus implicancias, la relación con un proyecto de país de largo plazo, el rol de la renta nacional, la ideología y las consecuencias de la derrota de los sectores populares.

Muchos de los países latinoamericanos, a pesar de que parte de ellos se encuentran fuertemente comprometidos con cambios que son estructurales porque buscan mejorar las formas de vida de los trabajadores a partir de transformaciones en las estructuras económicas y productivas, también en la cuestión relativa a la política, la ideología y la cultura popular, son aún hoy, y a pesar de los avances en el sentido contrario, países de tipo rentistas. Ejemplo paradigmático en este caso es la Venezuela actual, la del socialismo del siglo XXI, que desde hace por lo menos unos cien años, bajo esta condición de país rentista construyó un régimen político sui generis, en el que las diversas clases y sectores sociales simplemente se constituyen y giran alrededor de la renta generada por la producción del petróleo. Así, los sectores y las clases dominantes, sus lacayos y representantes, se forman y se nutren, no fundamentalmente de la plusvalía de los trabajadores, sino de la transferencia de la renta generada por la producción de crudo. Lo mismo podríamos decir de los trabajadores y de los excluidos, los marginados y los pobres pero también de la clase media y de las oligarquías porque su condición social, su cultura, sus valores y su ética dependen de su relación con la renta petrolera. Entonces, en países como Venezuela y muchos otros de los latinoamericanos, de los países que en general son estructuralmente dependientes respecto del sistema comercial global y sus formas de poder, donde la riqueza se genera fundamentalmente a partir de ciertos commodities asociados a materias primas como el petróleo, el cobre, la minería en general o la agricultura, el problema político central que se plantea a los sectores populares en la gestión de sus propios asuntos es cómo se invierte esa renta.
Esta cuestión es crítica porque las respuestas que estemos dispuestos a dar respecto a este problema tienen que ver con la definición de un programa y de un proyecto de país, tienen que ver con las formas de distribución de las riquezas, con el cómo y el qué producir, el para quién y cómo distribuir esa renta socialmente generada. En otras palabras, quien determina las formas de resolver esto es el proyecto de país que estemos dispuestos a defender y que estemos dispuestos a llevar adelante porque, en definitiva, cada uno de estos interrogantes tienen respuestas muy distintas ya se trate de un régimen capitalista, ya se trate de un régimen nacional y popular que busca radicalizar los cambios en favor de los trabajadores. Unos postulan que no es definitorio en qué se invierte la renta. Por lo tanto, se puede crear capitalismo con ella, siempre y cuando se mantenga la propiedad sobre las grandes empresas que son parte del sector público y que son las generadoras de esa renta. Esta cuestión es fundamental porque así nos proponen una especie de híbrido que históricamente fracasó porque derivó ni más ni menos que en el propio neoliberalismo. Frente a esa opción de la socialdemocracia que deriva en el neoliberalismo, otros postulan que el cambio en las estructuras políticas y sociales depende ante todo de un problema relacionado con la creación de conciencia del deber social, de la imposición por la fuerza de los argumentos, del ser genérico que todo lo puede. Sin embargo, la imposición del ser genérico solo es posible a partir de las reivindicaciones que manifiestan la primacía del derecho a la vida como rector y como paradigma primero de los derechos humanos. Entonces, llegados a este punto fácilmente percibimos que las formas y decisiones relacionadas con la inversión de la renta nacional no es un asunto simplemente económico, al contrario, se trata principalmente de un asunto de formación de conciencia, de ideología, valores y cultura. Por tanto, es necesario invertir la renta para formar un régimen político solidario, nacional y popular cuyas acciones sean generadoras de conciencia del deber social.
No puede ser de otra manera porque seguir apostando por la socialdemocracia o por los socialismos reales, que constituye ni más ni menos que un capitalismo de Estado, es prácticamente un suicidio colectivo que solo reivindica el reformismo político como fin último para que los sectores dominantes continúen defendiendo sus privilegios, cada uno de sus rentas y sus granjerías. Es que en realidad, la historia reciente lo demuestra, este tipo de regímenes, que caen presos del realismo político impuestos por las oligarquías y los actores políticos y sociales, culturales y económicos que los representan, no son viables estratégicamente hablando porque no postulan la primacía del derecho a la vida de los trabajadores y de ese modo están estructuralmente imposibilitados para crear las bases políticas, económicas, culturales y espirituales que nos permitan avanzar en favor de la gestión popular y democrática de los trabajadores.
En todo proceso de cambios y de transformaciones, que se dicen o por lo menos se insinúan como estructurales, una vez que logran avanzar hacia el radicalismo de sus formas, se produce un fenómeno que es común a todos los grandes cambios a saber, el surgir en su seno la propia contrarrevolución que busca acabar con los cambios y transformaciones en beneficio de mantener el estatus quo anterior, ese que los favorece y a través del cual fueron capaces de coartar los valores, la libertad y la democracia de las mayorías en defensa de sus privilegios de clases. En ese contexto hay que entender la opción reformista, en el sentido que las conquistas logradas hasta entonces por los sectores populares son conducidas, a veces de manera paulatina pero siempre constante en el tiempo, al patíbulo. Por eso, no les queda otra opción que insistir en el reformismo político, en una especie de socialdemocracia, Estado de bienestar, socialismo real o como queramos llamar a esos regímenes que finalmente coartan las modificaciones estructurales porque no alteran ni la conciencia, ni las relaciones de propiedad , ni mucho menos son capaces de dar una solución política viable a la cuestión social, gravísima y urgente, relacionada con la pobreza estructural, con la exclusión y la marginación.
Hay que recordar que en todos los procesos de cambios estructurales, la principal de las batallas por la hegemonía de los trabajadores ocurre en el propio seno de esos cambios, en las estructuras políticas y en los diversos actores y sujetos sociales y políticos, de todos los tipos, que forman parte del régimen político y que pujan por imponer sus puntos de vista, su visión, sus intereses, definiciones y cultura. Es precisamente allí donde la ideología, de manera práctica y de manera teórica, opera con la mayor fuerza, porque surge de las barreras psíquicas al cambio, de los miedos instalados en el inconciente, de las costumbres. Así, mientras los sectores populares pujan y se movilizan en defensa de sus intereses buscando protagonizar los cambios en curso, las otras fuerzas, los sectores de la reacción y de la restauración política, de la falsa ley y del orden, sectores que son fuertes y muchas veces difíciles de reconocer, por eso actúan en la mayor parte de las veces con impunidad contra el bien de las mayorías. De allí la importancia de la presidente Cristina Fernández cuando en sus intervenciones públicas apela al imaginario de sus idearios, ideas que buscan defender un modelo de país que nació por ahí en mayo del 2003. Por eso, la importancia para el proceso de cambios en curso que Cristina haga referencia a conceptos como los de “proyecto” y de “modelo”. Ahí, directamente está apelando a la formación de conciencia de los trabajadores con un importante plus que la diferencia de todos los presidentes que la precedieron desde que se iniciara la recuperación de la democracia. Es que ella inauguró, como líder política que está incluso por encima de los diversos procesos comunicacionales, una nueva pedagogía política, cultural y social que reivindica los derechos humanos en general y las conquistas históricas de los trabajadores. En esa pedagogía, la referencia al proyecto y al modelo de país, el régimen democrático y popular, se nutre de modo permanente con el repaso de los objetivos y las metas involucradas en los contenidos concretos de las diversas políticas públicas auspiciadas por su gobierno, planteando de manera simple, el significado estratégico de cada obra que se comienza o inaugura, lo que solo puede ir en directo beneficio de la hegemonía cultural de los sectores populares.
Fundamentalmente por todo lo anterior, es decir, porque la lucha por la hegemonía se manifiesta en el ámbito ideológico y cultural pero también en el ámbito de las relaciones comerciales y económicas, en las formas de las relaciones de producción, sintetizadas en la posibilidad real o no de favorecer la creación de una conciencia del deber social, es que la batalla cultural, la nueva conducción pedagógica de Cristina Fernández en Argentina o la renta petrolera en Venezuela o la del cobre en Chile, de la minería en general en Perú (…) es central en el proceso de cambios, para reafirmarlo o traicionarlo. En ese sentido, los sectores y grupos dominantes, en general los grandes propietarios de los medios masivos de comunicación, embisten con todas sus fuerzas, desde esos mismos medios, contra los objetivos y el sentido de las políticas públicas de los regímenes políticos que se definen como populares. Es que buscan de esa manera defender sus privilegios apostando todos sus recursos a la derrota de la gestión popular de los asuntos que son socialmente relevantes para las mayorías o por lo menos que se perciben como tales. Y las consecuencias de semejante derrota de los sectores populares frente a los grupos más atomizados, que históricamente son minoritarios pero claramente dominantes, originan una serie de consecuencias que pueden frustrar los cambios por varias generaciones. En concreto, la derrota de los trabajadores produce una sucesiva atomización orgánica, fragmentación, pobreza y exclusión social y una dispersión ideológica que nos impide avanzar en el radicalismo político.
Por un lado, la atomización orgánica es la expresión que tiene que ver con el deterioro de la conciencia de clase, que niega la voluntad colectiva y la asociación de intereses y que se impone tras la derrota de las luchas de los trabajadores en el proceso histórico de libertad, democracia y justicia social. Esta atomización orgánica reduce el ejercicio teórico a miradas claramente personalistas que refuerzan el individualismo de los sujetos, que va en directa negación de los valores del ser genérico, dando origen a un proceso político de autorreferencia y caudillismo conductor. Esta es una expresión concreta y negativa de la derrota. Por otro lado, está la fragmentación social en la que, de ahora en más, los sectores y clases dominantes, para mantener e incluso profundizar en fenómenos como los de la pobreza y la exclusión, al mismo tiempo, apelan a la fragmentación de la ideología donde quedan escindidas y separados los ámbitos sociales de lo político que nos niega la lucha en términos de imposición de intereses contradictorios para desde ahí militar nuevamente en favor del reformismo político al que me referí más arriba como falsa opción de cambio. Por último, se impone la dispersión ideológica que, por oportunismo o por lo que sea, gira alrededor de opciones que no son tales porque insisten o no cuestionan siquiera el régimen político fundado en la primacía del derecho a la propiedad privada sobre lo que constituyen los medios de producción. En definitiva, cada uno de estos fenómenos, como parte de un proceso de derrota de las luchas populares, confluyen en un desarme orgánico de los actores y sujetos representantes de los intereses de los trabajadores, en la confusión y divisiones de éstos que solo derivan en la postergación indefinida de las demandas de los trabajadores, alejándonos de los objetivos de transformación estructural de nuestros regímenes políticos. No podemos permitirnos esa opción sin hipotecar por décadas el bienestar de todos.



Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.


Referencias bibliográficas:

Aponte Antonio: ¿Quién ganó en Venezuela el 2 de diciembre? Publicado por Punto Final en la edición del 7 de diciembre del 2007, # 653.
“Reconocer el desgaste para poder avanzar” Publicado en Debate Socialista de la edición del 1 y 3 de octubre del 2010, #115.
Blaustein, Eduardo: “La Presidenta que inauguró una pedagogía de la conducción” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.
Pady Ahumada: “Socialismo o capitalismo” Publicado en la página web: www.elquecallaotorga.cl