La política de seguridad nacional y los cambios democráticos que conlleva en favor de la inclusión social.
En el tema de la inseguridad durante el gobierno popular de Cristina los cambios son más que sustanciales. Al punto de que la gestión nacional al respecto es considerada como una nueva forma de abordar las relaciones (desde siempre muy tensas) entre los trabajadores y sus agentes del orden en el marco de la llamada seguridad democrática. En otras palabras, se trata nada menos que de extirpar la raíz totalitaria y autoritaria que aún anida en las instituciones policiales siendo ésta una de las más claras herencias reaccionarias venidas de la época de los golpes palaciegos y en especial de la última dictadura que fue de seguridad nacional, es decir, que consideraba a los trabajadores como su enemigo interno. Y actuaban en consecuencia con la represión más atroz de la que tengamos memoria. En fin, una política de seguridad democrática lo que busca es saldar esa deuda del sector público, del gobierno y del Estado con los trabajadores que dice servir y representar. Deuda que sigue pendiente desde el mal llamado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, en estos años, de la mano de los cambios auspiciados por el gobierno nacional y popular, se produce una profunda reestructuración en la Policía Federal con el claro propósito de abortar las cajas policiales tras las cuales se protegen delitos tan aberrantes como el tráfico de droga, la prostitución infantil incluso o la trata de personas. En resumidas cuentas, una política de seguridad democrática como la que lleva adelante el gobierno es una demostración de capacidad, de fuerza y de poder político de los sectores populares y democráticos que nos dicen que de ahora en más las fuerzas de seguridad abdican del autogobierno para subordinarse por fin a la conducción política de los gobernantes. Por eso, se impulsó la Mesa de Participación Ciudadana cuya tarea es la de evaluar el funcionamiento de las dependencias policiales, además de aportar datos y propuestas que sirvan, por caso, para confeccionar un mapa del delito que a su vez ayude a la prevención.
Como la política de seguridad democrática toca importantes intereses ya consolidados desde tiempos anteriores, como hay resistencia por parte de quienes no quieren renunciar de sus privilegios y prebendas (aunque estas sean menores) los escollos para su aplicación, desde luego, no son menores. No es una novedad que algunos comisarios hayan urdido un plan secreto de operaciones para entorpecer este proceso de cambios estructurales. Además, en cuanto a la aplicación de esta nueva política de seguridad democrática, la gran batalla está en lograr compatibilizar el carácter dispar de las agencias policiales que actúan en Argentina y los diferentes criterios ideológicos de sus funcionarios políticos. En esas circunstancias, se requiere de un gran acuerdo nacional en favor de la convivencia democrática y el afianzamiento de los derechos civiles de los trabajadores que va mucho más allá de las formalidades a que nos acostumbró el neoliberalismo en su proceso de dominación y de hegemonía. La gran batalla al respecto continúa después bajo el eje central de la solvencia y capacidad de la política de seguridad para mejorar en este aspecto la vida de los trabajadores que tiene que ver con reafirmar de una buena vez el control político sobre las fuerzas de seguridad como única posibilidad real de terminar con la herencia ideológica de la dictadura de seguridad nacional y sus enemigos internos que nos condujo por la peor irracionalidad del régimen. Ese es un eje fundamental, dado que esta subordinación del poder policial y de las propias fuerzas armadas al poder civil gobernante estuvo ausente durante mucho tiempo.
En ese contexto de represión y de reacción sobrecogedora contra la cultura popular, contra el movimiento peronista y sus múltiples expresiones tanto políticas como sociales, las fuerzas de seguridad en los tiempos de la dictadura tomaron una autonomía exagerada que no les corresponde hoy en un proceso democrático de toma de decisiones. De modo que es importante profundizar en la depuración de ciertos sectores policiales que puedan estar ligados con el delito o tener algún compromiso grande o pequeño, superfluo o importante, con la corrupción. El sector público no debe dejar la política de seguridad en manos de los grupos de interés más reaccionarios y tiene que actuar en consecuencia batallando y haciéndose con el control y el dominio de instituciones tan necesarias como las fuerzas de seguridad y de orden en un contexto de cambios en favor del bien común. Pasa en todos los lugares y en todos los gobiernos que reivindican los derechos y las necesidades de los trabajadores en donde respecto al tema de la seguridad- tema central además en la reivindicación del derecho a la vida de los trabajadores- la autonomía policial se corrige en beneficio del control de los actores sociales y políticos democráticos y representativos de las mayorías. Las fuerzas de seguridad en un régimen popular deben responder al control y a la conducción política y estratégica del gobierno nacional a través de sus funcionarios técnicamente calificados. Nos compete como trabajadores la gestión de este y todos los temas diseñando, implementando y evaluando en un mismo tiempo y lugar las políticas de prevención y control de la violencia y el delito. No olvidemos que aún con las reformas auspiciadas desde el gobierno central relativas a la inclusión social, seguimos viviendo en un régimen político tremendamente exclusivo, bastante violento, deprimido, incluso tosco y un poco macabro. Es la herencia de los años de neoliberalismo que progresivamente dejamos atrás con el protagonismo de los trabajadores y en beneficio directo de la mayoría.
Estamos en nuestro derecho de cambiar la realidad del hombre a partir de una profunda democratización de nuestras formas de vida. Lo importante es que en este y en todos los temas que hacen a la agenda pública siempre se impone el hombre de acción, ese tremendo titán de la vida que conquista su propia civilización y obliga a los dioses a aliarse con sus valores, con sus prioridades y con sus necesidades que son tanto materiales como espiritaules. El hombre tiene derecho a imponerse frente al conformismo y frente al conservadurismo de otros. Por eso, no podemos dejar el tema de la seguridad en manos de la delegación de los sectores sociales que no nos representan porque se mueven por otros intereses y paradigmas. La política de seguridad democrática tiene que contribuir al pleno disfrute de los bienes jurídicos personales de los trabajadores para desde ahí reivindicar en toda su plenitud el goce de las libertades individuales que reivindican la vida en comunidad a expensas de los intereses de esos grupos a los que me estoy refiriendo. Es necesario el uso de la fuerza pero dentro del marco de autorizaciones que concede la ley de la democracia, y entender que su misión es la protección de la persona, de la vida de los trabajadores y no la de un régimen determinado que insiste en valores y en principios que la historia y la actualidad de crisis global se está encargando de mostrarnos como fuerte y altamente irracionales porque no se condicen con un régimen de plena democracia y de creación de derechos y virtudes en favor de los intereses de las mayorías. Este proceso es inexorable. Los conflictos sociales siempre están y seguirán presentes en nuestros regímenes políticos pero esa conflictividad hay que tratarla a través del gobierno y sus agencias. Si creyéramos que la seguridad democrática es un problema penal, cuyo tratamiento es, simplemente, policial, significa que todavía no hemos entendido absolutamente nada porque en realidad la inseguridad es un tema social, es decir, íntimamente relacionado con nuestros modos y condiciones de vida. De hecho, por ejemplo involucra desde una mejor iluminación de las calles, más presencia policial, una capacitación democrática de los agentes que insista en la capacidad de mediación de éstos (que coloque énfasis en los derechos humanos) y también involucra mejoría de las condiciones de vida de las personas, la generación de oportunidades y de empleos, los comedores barriales o políticas de contención de los sectores sociales más vulnerables entre otras tantas medidas.
Todo está relacionado con todo. Entonces, lo que necesitamos como trabajadores al servicio de los intereses de las mayorías (y más aún como grupos sociales que siempre fuimos víctimas de una exclusión que es casi bicentenaria) son políticos, conductores y dirigentes mucho más serenos, maduros, consecuentes ideológicamente en sus acciones para llevarnos a un régimen político más racional, de auténtico bienestar. Necesitamos dirigentes con una elevada autocrítica y, fundamentalmente, con mucha memoria y mucha vergüenza. Lo digo porque los opositores como el radicalismo y más aún el alfonsinismo a quienes se caracteriza como un partido democrático sin ningún fundamento real (vale un análisis más o menos serio de la historia argentina para concluir lo contrario) son sinónimos de hambre, de miseria, de marginación y de exclusión de los trabajadores en la gestión de sus vidas y condiciones de trabajo. Sería bueno que recordemos que la dictadura militar (esa que entiendió la política de seguridad de la manera más reaccionaria posible, es decir, contra los intereses de los trabajadores) modificó la Ley de Contrato de Trabajo que en su momento fue sancionada por el peronismo, infringió los beneficios establecidos en las Convenciones Colectivas de los trabajadores públicos, reglamentó la Ley de Asociaciones Profesionales que buscaron debilitar al gremialismo, suspendió el Estatuto de los docentes y abolió el de los empleados bancarios y del Seguro. Por otro lado, suspendió la vigencia de la Ley 14.250 sobre Convenciones Colectivas de Trabajo y el régimen de los trabajadores gastronómicos y hasta tuvo la indecencia de anular el Estatuto del Peón y del Trabajador Agrario, a la vez que dispuso el cierre de más de 200 delegaciones de Trabajo. Pero, lo que importa acá a los efectos de este análisis es que una vez recuperada la democracia, ahora bajo la conducción de la UCR y de la mano de Alfonsín, no se hizo nada al respecto. De hecho, el régimen alfonsinista adoptó la política laboral de los genocidas porque ni la vetó, ni la revisó ni menos la modificó. En 1983, Alfonsín fue incluso más lejos y denunció un pacto militar-sindical mientras le siguieron la intentona del proyecto de reordenamiento sindical de Mucci (que logró frenarse en el Senado), la suspensión de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo, el veto presidencial a las leyes que favorecían a los trabajadores y los sistemáticos intentos por despojar a las entidades gremiales de sus obras sociales y reglamentar el derecho de huelga.
¿Acaso a nosotros no nos miviliza todo esto? ¿No somos conscientes de lo que significó en ese contexto de dictadura y de falsa democracia, de la abstracción y formalidad de nuestros derechos como trabajadores durante el alfonsinismo, la política de seguridad y represión de esos regímenes políticos para quienes los sectores populares son los grandes enemigos a vencer? Por supuesto que nos moviliza y por eso hago memoria sobre lo que una errada, conservadora y reaccionaria definición de la política de seguridad (en la medida en que define los intereses de los trabajadores como irracionales) puede significar en la práctica para la calidad de vida de todos nosotros y la convivencia en términos mucho más democráticos. Definitivamente, bajo la conducción de una política de seguridad donde unos son los amigos y otros los enemigos, no es posible si buscamos una mejoría en la calidad de vida de todos que implica antes que represión política la libre manifestación de las expresiones populares. ¿Alderete nos dice algo? ¿Recordamos acaso los catorce paros generales durante el gobierno de Alfonsín, la represión y las matanzas en dictadura? ¿El genocidio que nos quisieron imponer? ¿Y los ajustes a la población trabajadora mientras pagábamos a los organismos globales de créditos cifras de unos 5.000 millones de dólares? ¿Recordamos que entre 1983 y 1989, en apenas seis años, el desempleo y subdesempleo saltaron desde el 13,9 al 16,2%, mientras que la participación de los mismos trabajadores en el ingreso cayó del 27% en 1988 al 20% en 1989 (43% estaba en 1974)? Lo que digo es que ya no es posible seguir administrando para los representantes de la Argentina del Centenario, de ese país históricamente fracasado porque intentó marginar y excluir a dos tercios de la población en un proyecto que hasta hoy tanto anhelan los grupos de interés dominantes.
La definición de los cambios auspiciados desde el gobierno nacional, del que una política de seguridad democrática es una expresión más de que hoy algo profundo bulle por abajo, nos muestra que es el pueblo trabajador el que percibe que esta vez es dueño de su destino y actúa en consecuencia. Los trabajadores estuvieron dispersos durante mucho tiempo, la mayor parte de la historia, pero la misma nos demostró que cuando logró juntar sus banderas, cuando cruzó el Riachuelo y mojó las patas en la fuente de la Plaza de Mayo, empezó de verdad la lucha por la democracia por la inclusión y la defensa de la calidad de vida. Somos un proyecto de país, no una divisa partidaria o un movimiento social y político transitorio y banal. Lo dice Cristina con toda la fuerza de una Presidente que supo ganarse el respeto y la admiración de los hombres de buena fe. También somos los hijos y los herederos de las Madres de Plaza de Mayo y somos los nietos de las Abuelas de la Plaza. Eso lo dijo Néstor que supo ganarse un lugar en la historia y en el corazón de todos nosotros por no dejar en la puerta de la Casa Rosada sus convicciones. A partir de ahí otra vez somos un pueblo trabajador, por fin.
Referencias bibliográficas:
Nietzsche, Federico: “El origen de la tragedia” Andrómeda Ediciones, Buenos Aires, Argentina, 2003.
Eduardo Anguita y Ricardo Ragendorfer: “La inseguridad no es sólo un asunto de tipo policial” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 9 de octubre de 2011.
Ricardo Ragendorfer: “Democratizar la policía es la deuda del Estado con la sociedad” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 9 de octubre de 2011.
León Arslanian: “Hay decisión para formular políticas” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 9 de octubre de 2011.
Federico Bernal: “Ricardo Alfonsín y los trabajadores” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 9 de octubre de 2011.
Jorge Giles: “Ejercicio plástico para la victoria” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 9 de octubre de 2011.
Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.
