Ferreyra y la muerte como hecho político.
En menos de setenta y dos horas se cerró el círculo político sobre los presuntos autores materiales del ataque que terminó con el crimen de los compañeros Mariano Ferreyra y Elsa Rodríguez.[1]
Lo importante es que las investigaciones posteriores de la propia fiscal, junto con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos, permitieron después determinar quiénes fueron los autores materiales del crimen. En efecto, el viernes a la tarde de esa misma semana, la jueza de la causa ordenó diversos allanamientos en distintas dependencias de la Unión Ferroviaria y en la sede de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia de la ex línea Roca, tras lo cual se pudo determinar que un grupo de barrabravas, que decididamente figuran en la plantilla como empleados ferroviarios, fueron el brazo ejecutor de este crimen que es político. El principal sospechoso es Favale que es un barrabrava de Defensa y Justicia, hombre reclutado por Trezza, quien a su vez fue subsecretario de transporte ferroviario, fluvial y marítimo durante la presidencia de Duhalde. Además, cabe aclarar que Favale forma parte de la llamada Banda de Varela que, en realidad, no sólo actúa en esa zona sino que también lo hace para Banfield, club en el que militan Trezza y el ex presidente Duhalde. Sin embargo, rápido de reflejos, varios medios masivos de comunicación como Clarín o La Nación, claramente opositores y enemigos de todo lo que huela a popular y soberano, se apresuraron a publicar fotos de este barrabrava con el ministro de Economía y de Educación así como con la periodista Sandra Russo para intentar responsabilizar precisamente al gobierno de la muerte de Ferreyra. Es decir, otra vez, los grandes medios masivos de comunicación y de desinformación, así habría que llamarlos, junto con los dirigentes y políticos representantes de los intereses de los grupos y sectores más reaccionarios y conservadores, buscaron usar esta tragedia para sacar algún rédito o ventaja política. En este sentido, desde que se produjo el asesinato de Ferreyra, los titulares de los principales medios de comunicación, que están militando en una batalla tremenda contra el gobierno por, entre otros temas, la ley de medios o la cuestión de Papel Prensa, se dirigen más a explotar la hipótesis de una presunta responsabilidad gubernamental, que a informar e investigar responsablemente acerca de los autores intelectuales y materiales del crimen. No llama la atención que nuevamente Clarín se encuentre a la cabeza de ese operativo mediático como tampoco puede sorprendernos el contraste entre la célebre portada del 2002 “La crisis causó dos muertes”, al día siguiente del asesinato de Kosteki y Santillán en Avellaneda, con la del viernes posterior a la muerte de Ferreyra: “Presión al gobierno por el crimen del militante”. En la cobertura de ambos casos, es decir, por un lado los asesinatos de los militantes en la estación de Avellaneda, en el 2002 en plena crisis terminal, Clarín escondió las fotos y la información con la que contaba al respecto, pese a que estos elementos podían ayudar en la resolución de esos hechos, tal como terminó pasando con el trabajo de periodistas y fotógrafos de otros medios. En otras palabras, la diferencia en el tratamiento editorial de ambos casos, es decir de la muerte de Kosteki y Santillán por un lado y la de Ferreyra por el otro, hay que buscarla en la relación amistosa que Clarín sostiene aún hoy con el ex presidente Duhalde que salvó al grupo de la quiebra con la aprobación de una ley hecha a medida de Clarín. De hecho, hoy esa ley es conocida como la ley Clarín, y el claro enfrentamiento que hoy sostienen con el gobierno de Cristina. Más aún: todos los recursos, mediáticos y políticos con los que cuenta el grupo Clarín, en estos días, salieron a contrarrestar las diversas versiones acerca de una mal probada vinculación entre lo sucedido el miércoles con presuntos contactos entre Duhalde y el líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. De todas maneras, tanto Trezza como Duhalde aparecen vinculados a los autores materiales del crimen. En esas circunstancias, en la manifestación popular luego del crimen de Mariano se gritó en la calle contra la burocracia sindical, sin embargo, las relaciones del sector público con el mismo aparato sindical permitieron muchos cambios importantes a partir de la asunción de Néstor Kirchner y la continuidad de Cristina Fernández. De hecho, la alianza política de ambos sectores, que buscan militar a favor de los intereses de los trabajadores, permite la consolidación del modelo nacional y popular. En ese contexto, hay que evitar entrar en el juego de los sectores conservadores que quieren colocar al actual gobierno o a la misma CGT como responsables, cómplices e incluso como partícipes necesarios de este crimen en particular. Está claro que hay que aprovechar este hecho que es político, tan lamentable como condenable, para que muchas de las estructuras sindicales de hoy, tanto las que son parte de la CGT como las que no, logren abrirse al juego y la democracia interna para desde ese lugar plantear el debate político e incluso ideológico por una profundización del régimen político democrático que milita a favor de los intereses de todos nosotros. Además, está el tema, que puede ser muy peligroso en caso de prolongarse en el tiempo, entre los tiras y afloja entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que pretende, este último dominado por la oposición política, sobrepasar sus propias atribuciones a expensas del Ejecutivo y de la propia gobernabilidad general del régimen. Esto es central porque está directamente vinculado con la gobernabilidad y la calidad de las instituciones democráticas, es decir, con la misma vialidad de ésta. Por lo mismo, hay que ir al fondo de la investigación sobre los hechos de Avellaneda.
Quienes trabajan en la investigación del caso tienen un gran desafío no solo judicial sino también político porque además se encuentran ante una cantidad de evidencias que revelan la sensación de impunidad de una trama que involucra tanto a Trezza como a los directivos de la Unión Ferroviaria en un asesinato que estuvo destinado a dar una clara lección a los trabajadores tercerizados y precarizados que no dejaron de luchar y de movilizarse contra los despidos injustificados en un encuadre salarial fuertemente desventajoso en relación a los trabajadores de la planta permanente de ferrocarriles. Esos trabajadores tercerizados y precarizados, que nacen en la época neoliberal pero que en muchos casos hasta hoy son parte de la realidad política aún en los regímenes populares que buscan construir otra realidad, que están organizados gremialmente y cuya cara política visible es Diego Cardía, habían previsto cortar las vías del tren al mediodía y enviaron correos electrónicos a varias redacciones y medios de prensa advirtiendo que esa medida la tomaban en reclamo de los despidos de nada menos que unos 120 trabajadores que en la casi totalidad de los casos fueron marcados por los activistas de la Lista Verde de ferroviarios manejada por Pedraza. Con tanta impunidad se teje la trama de los múltiples vínculos entre los jerarcas sindicales de la Unión Ferroviaria y los concesionarios de los servicios ferroviarios que ese vínculo es casi tan burdo que es una prueba flagrante de los intereses políticos, empresariales y sindicales que llevaron al desguace del sector público en los noventa, en la época neoliberal, pero que todavía perduran en muchos sectores de la vida nacional. Es central detenerse en esta trama de intereses políticos y económicos porque la batalla judicial más difícil será la de establecer a los autores mediatos del crimen de Mariano y precisamente los móviles económicos y de poder que los llevaron al crimen. La instrucción más compleja en ese contexto tiene relación con la trama oscura de los vínculos entre los sindicalistas ferroviarios y las empresas concesionarias. Así, las empresas tercerizadas del ferrocarril son parte de un negociado por lo demás formidable desde el punto de vista de que son los socios privados de esas empresas tercerizadas o de los familiares de los dirigentes sindicales quienes reciben subsidios de parte del sector público obviando, de esa manera, el riesgo empresario característico de ese tipo de actividades. Entonces, al emplear trabajadores precarizados pagan la mitad del salario que perciben los empleados ferroviarios de planta permanente. Por lo mismo, el trágico desenlace de ese día miércoles en Barracas, con sujetos e individuos vinculados a la Unión Ferroviaria baleando a los trabajadores que fueron despedidos por esas empresas tercerizadas que brindan diversos servicios a los trenes, puso en blanco sobre negro los manejos políticos de este sindicato que desde la privatización de los años noventa pasó a funcionar como una verdadera patronal que milita contra los intereses de los trabajadores permanentes y sindicalizados. El asesinato de Ferreyra desnuda el trágico destino en el que puede culminar el pasaje de dirigente gremial a millonario empresario, hecho por José Pedraza y su entorno político. Así, la intransigencia a los tiros de la patota sindical a que se corten las vías del ferrocarril es una más de las brutales expresiones por mantener los márgenes de rentabilidad y acentuar la explotación de los trabajadores que ya tercerizados están en clara inferioridad de condiciones laborales con respecto a los trabajadores de la planta permanente. Se estima que son cerca de 20 las empresas por las que desde el ferrocarril Roca se terceriza trabajo que antes realizaban empleados directos. Entre ellas se encuentran empresas encargadas de controlar la evasión de boletos, empresas de limpieza, vigilancia y mantenimiento de vías. Además, la implementación de este tipo de cooperativas para tercerizar el trabajo y bajar en consecuencia el costo laboral se dio de manera muy marcada en el caso de los talleres precisamente donde Pedraza tiene una influencia muy fuerte.
Por otro lado, en relación al rol asumido por la CGT como genuina representante de los intereses de una gran mayoría de los trabajadores, es importante señalar que existe una diferencia notoria entre Pedraza y Moyano, a la hora de defender los intereses de los trabajadores. De hecho, Moyano en la época del neoliberalismo batalló y se opuso decididamente a éste a través del Movimiento de los Trabajadores Argentinos sin abandonar la CGT. Este hecho político nos muestra la importancia del compromiso político asumido por el secretario general de la central sindical en el sentido de que los trabajadores despedidos no sólo serán reincorporados sino que pasarán a estar contemplados en el mismo estatuto ferroviario. Es decir, Moyano no liquida a los trabajadores sino que los protege mientras que las diferencias entre uno y otro dirigente sindical, que además tiene que ver con diferencias del modelo, de la ideología y de la forma de hacer política, quedó claramente marcada en los noventa porque mientras Pedraza entregaba a los trabajadores a los intereses espurios del capital privado más concentrado y se convertía en el empresario y parásito típico de los años noventa, Moyano, como acabamos de ver, enfrentó la precariedad y la flexibilización laboral. En ese contexto, el dirigente de los camioneros personalmente se comprometió a interceder para que el Ministerio de Trabajo reincorpore a los 117 despedidos y los encuadre bajo el convenio de trabajadores ferroviarios. Pero el asunto no termina acá porque muchos de los trabajadores tercerizados recibieron amenazas de muerte en caso de que se reincorporen a sus lugares de trabajo y, por lo tanto, le pidieron al líder de los camioneros que interceda para que no sufran represalias. En esas circunstancias, además, habría que preguntarse porqué plantear estas medidas de fuerza tan extremas como, por ejemplo, intentar cortar las vías del ferrocarril, cuando acá tenemos, desde el 2003 en adelante, un gobierno que responde a los intereses y demandas de los trabajadores. Así, en vez de marchar para cortar las vías del tren (que además es un fastidio para otros trabajadores que van o vuelven de sus trabajos) porqué no buscar una reunión con el ministro de trabajo o marchar precisamente a ese ministerio. Lo digo porque estas acciones, en definitiva, favorecen a los sectores de la derecha política en tanto visibilizan un conflicto que no tiene porque ser tal. Lo mismo pasó con la marcha de algunos grupos de estudiantes de la facultad de Cs. Sociales de la UBA, altamente politizados, que reclamaban el edificio único y que, más allá de la justeza del reclamo, acudieron al ministerio de educación con una violencia y método de lucha inusitado si tenemos en cuenta que estamos frente a un gobierno que ha demostrado que responde a los más vulnerables. Me parece que los cortes de rutas, de las vías del tren o de calles, etc., si bien es una manera legítima de manifestarse tiene que ser considerada como opción política última porque precisamente el caso de Ferreyra nos demuestra que el hecho de que tengamos un gobierno que no reprime las demandas sociales y políticas expresadas en manifestaciones y movilizaciones, ello no garantiza finalmente la seguridad y la vida de los manifestantes. Así, es importante que a partir del la muerte de Ferreyra, se haya visibilizado la cuestión de los trabajadores tercerizados, es decir, que la situación que viven los trabajadores tercerizados haya tomado tanto estado público es lo peor que le puede pasar a dirigentes como Pedraza y su gente. Este crimen además es un desafío a las autoridades judiciales, políticas, sindicales, empresarias y del régimen político en general que no parece dispuesto a tolerar nuevamente el asesinato como modo de imponer y defender privilegios. En fin, esta semana decidí hablar y hacer un análisis sobre los motivos y las implicancias del crimen de Mariano Ferreyra porque no solo es un hecho lamentable y repudiable que conmociona al país sino que, además, es un hecho claramente político en la medida en que nos muestra las profundas consecuencias del neoliberalismo en la organización de ciertas estructuras sindicales que no han acusado recibo del momento histórico popular y democrático que hoy transita el país. Sin embargo, y por más indignante e increíble que parezca, algunos miembros de los grupos de la oposición política, precisamente con el Grupo Clarín a la cabeza, no perdieron un instante en intentar usufructuar políticamente la muerte de este joven para atacar al gobierno y a su aliado estratégico, la CGT de Moyano. El problema es que así, una vez más y bajo la exclusiva responsabilidad de la oposición política, las causas estructurales del asesinato del compañero Ferreyra quedan desnaturalizadas y ocultadas por la gran prensa reaccionaria que defiende los intereses de las élites dominantes.
Entonces, es necesario el análisis histórico, pasado y presente, de las causas estructurales del crimen de Mariano Ferreyra y que están íntimamente relacionadas con la política nacional ferroviaria y en donde hay que insistir en el proceso de desguace y privatización neoliberal, un proceso que además contó con el oportunismo y la traición del sindicalismo de quienes tanto hoy como ayer tienen el control la Unión Ferroviaria. Si bien resulta claro que algunos sectores de la oposición necesitaban un muerto para reactivar su proceso de intento de desestabilización política del gobierno popular ante la falta de un proyecto acorde al momento histórico y electoral concreto del año próximo, no es menos cierto que ese muerto, Ferreyra, justamente se produce en un sector que es vital para la economía nacional que todavía, y a pesar de lo estratégico del sector, todavía no es despojado de la lógica y los intereses del neoliberalismo que precisamente milita contra una política nacional y popular, política que por el contrario sí avanzó en otros sectores igualmente centrales y vitales como la energía o las comunicaciones. En su momento, con la instauración de la última dictadura militar en Argentina, la conducción del área de transporte quedó radicada en el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Fue esta secretaría la que elaboró un plan de acción que permitió retomar cada una de las medidas de racionalización recomendadas por lo menos 15 años antes por el Plan Larkin que fue elaborado a instancias del Banco Mundial y que implicó para la estructura ferroviaria nacional el cierre de múltiples ramales que bajo la óptica neoliberal no eran rentables económicamente hablando, la supresión de trenes de pasajeros de bajo uso, el cierre de estaciones y de talleres, etc. El resultado fue que en cuatro años, es decir, desde 1976 hasta 1980 se abandonaron unas 560 estaciones de trenes, se redujeron los trenes de pasajeros interurbanos y locales del interior en un 30% y se cerraron 5.500 kilómetros de líneas secundarias. Sólo a nivel de los talleres, la cantidad de trabajadores se redujo desde 155.000 empleados en 1976 a 97.000 en 1980. A partir de ahí, es decir, desde la desconexión del país y la intensa eliminación de esos talleres, se contribuyó a la decadencia y muerte de unos 700 pueblos y la aceleración y profundización de la pobreza, la marginación y la desigualdad regional. Sin embargo, con la vuelta de la democracia bajo la presidencia de Alfonsín, el gobierno radical simplemente continuó con la política de desmantelamiento iniciada en dictadura de manera que ya para finales del año 1986, el gobierno encomendó al ingeniero Manuel Madanes la elaboración de un plan para reducir la planta ferroviaria en unos 65.000 trabajadores. De todas formas, la dura oposición de los sindicatos del sector, sumada a la fuerte derrota radical en las elecciones legislativas y provinciales del año siguiente lograron frenar la avanzada privatizadora de lo que podría haber sido una reactualización del Plan Larkin en tiempos de Frondizi. De todas maneras, esta victoria no fue suficiente y en ese contexto la presión se tornó insoportable porque además, siempre bajo la presidencia de Alfonsín, la tormenta privatizadora se cernió amenazante sobre el sector de las comunicaciones y de Aerolíneas Argentinas también ligadas a la cuestión del transporte. Luego vendría el menemato con sus políticas reaccionarias y defensoras de los intereses y de una visión ideológica aperturista, de un rol mínimo del sector público por lo que es necesario, bajo esas circunstancias, preguntarnos que pasó con Ferrocarriles Argentinos y con la situación del sector en ese período. Las experiencias privatizadoras de los gobiernos anteriores, tanto los militares como los de la democracia formal, fueron revisadas mientras, al mismo tiempo, el neoliberalismo aprobaba el Decreto 666 del año 1989 y con él, el desmantelamiento y privatización de los ferrocarriles. A partir de entonces, las nuevas concesionarias se harían cargo de todas las actividades laborales, es decir, de las actividades técnicas como las de mantenimiento, de operación e incluso de las actividades comerciales, financieras y económicas como, por ejemplo, las inversiones ferroviarias.
A propósito de la compleja sinergia y vínculos políticos entre el menemismo, las privatizaciones y el nuevo sindicalismo ferroviario que batalla contra los intereses de los trabajadores, es justo señalar que la Unión Ferroviaria en un primer momento se opuso a las acciones privatistas. Sin embargo, la huelga ferroviaria del año ’91, precisamente conducida por la Unión Ferroviaria y que se extendió por 45 días, no pudo frenar el proceso de privatización propuesto. El resultado fue que de 93.445 trabajadores que pertenecían al sistema ferroviario nacional en el año 1989 se pasó a 36.557 en apenas los dos años siguientes. Poco después, el líder del sindicato de la Unión Ferroviaria, Manuel Pedraza, se declararía abiertamente partidario del gobierno y de las políticas neoliberales. En ese contexto, sin una oposición sindical en el sector capaz de detener el proceso privatizador, si no peor aún, cómplice del desguace, a la privatización de la red de cargas le siguió la de subterráneos y la de los servicios suburbanos. El fin del sistema ferroviario público trajo aparejado un ejército de decenas de miles de desempleados, de excluidos y hasta marginados los cuales pasaron a integrar, en el mejor de los casos, diferentes cooperativas de trabajo y empresas proveedoras de servicios y de actividades para las concesionarias produciéndose de esa forma una multiplicidad de nuevos abusos relacionados con la tercerización de los empleos, la precarización y la flexibilización laboral por la que en estos días fue asesinado Ferreyra. El problema es que, como viéramos recién, a diferencia de lo acontecido en otras áreas sensibles y estratégicas de la economía y del sistema productivo argentino donde una política nacional y popular empezó con la erradicación del neoliberalismo y su automatismo de los mercados, la política ferroviaria implementada por el kirchnerismo no logró todavía reparar tan vital sector para la economía nacional ni mucho menos colocarlo al servicio y al nivel del modelo de desarrollo y justicia social implementado desde el 2003. Por eso, el tema ferroviario en particular, y en general el sistema de transporte público de pasajeros como de carga es un tremendo desafío para los tiempos venideros. ¿Será que el todavía poderoso sindicalismo de Pedraza, fuertemente reaccionario, conservador y mafioso, es un importante escollo político para plantear y aplicar un proyecto nacional en el rubro ferroviario? ¿Será el mismo Pedraza el que impide la inclusión de la CGT en el sector ferroviario? Por otra parte, ¿hará lobby el sector automotriz que se siente afectado, tal vez con razón, para obstaculizar el resurgir de una política ferroviaria nacional?
De todas formas, lo concreto es que tal como se vio a lo largo del presente trabajo, la política de privatización y desmantelamiento del sector durante la época en que dominó el neoliberalismo provocó, entre otras tantas consecuencias, la tercerización, precarización y flexibilización laboral, de los servicios y de las actividades que antes eran manejados por el propio sector público que, por definición, milita a favor del bien común. En efecto, la tercerización se da en tres ámbitos de trabajo. Por un lado, las vías y obras, por otro lado, la maestranza y finalmente en el ámbito de la seguridad. Además, si bien en muchos casos el proceso de tercerización actualmente fue equiparando las condiciones de trabajo de los afectados por estas políticas en relación a los convenios de los trabajadores de planta de la Unión Ferroviaria, también es cierto que, por ejemplo, en mayo de este año, alrededor de 120 empleados del Ferrocarril Roca fueron despedidos de las empresas que los contrataban. A pesar de que en el mes de agosto se llegó a un acuerdo político con el ministro de trabajo del gobierno nacional, en el que esas empresas se comprometían a reincorporarlos, la situación en lo concreto no cambió y de ahí la reacción. Entonces, ese fatídico miércoles los trabajadores despedidos, ya cansados de que no se respete lo pactado, junto a un grupo de militantes de izquierda decidieron cortar las vías para volver a pedir por las fuentes laborales, el pase a planta permanente y la equiparación salarial con los trabajadores estables porque, en fin, una de las diferencias que existen entre los trabajadores permanentes y los tercerizados tiene que ver con los salarios percibidos. En otras palabras, mientras un trabajador de planta permanente afiliado al sindicato de la Unión Ferroviaria recibe unos 6.000 pesos por la reglamentaria jornada de las ocho horas, los tercerizados cobran alrededor de 2.500 pesos por el mismo trabajo pero con mayor carga horaria. Además, en relación a los trabajadores que son parte de la planta permanente, mientras ciertas tareas son catalogadas como insalubres, no pasa lo mismo con los trabajadores tercerizados. Finalmente, mientras el trabajador ferroviario, sindicalizado y de planta permanente, está protegido por un convenio de trabajo legal, los tercerizados no tienen defensa alguna por lo que tampoco forman parte de la Unión Ferroviaria, sino que quedan en otros gremios como puede ser la UOCRA o, incluso, en el gremio de los empleados de comercio. Entonces, el crimen de Ferreyra es un hecho político porque actualmente, y bajo la presidencia de Cristina Fernández, están siendo cuestionadas las políticas neoliberales y sus consecuencias que, ya hace más de 20 años, se constituyeron en el instrumento central para terminar con el empleo formal muy costoso en términos económicos de acuerdo a los intereses y visión política de los dueños del capital privado. Definitivamente, el menemismo tomó un país en crisis y, en menos de cuatro años, aplicó el núcleo duro de las políticas neoliberales cuyas consecuencias ya todos conocemos. Este aspecto de la transformación de la estructura económica y productiva e incluso de la lógica y la cultura del trabajo fue el terreno desde el cual muchas veces se asociaron el sector público, los empresarios y los propios sindicatos en contra de los intereses de los trabajadores que así progresivamente fueron perdiendo poder de presión frente al resto de los actores políticos y sociales del régimen. En los servicios públicos, fue donde más proliferaron esos acuerdos lo que condujo a que solo en un par de años muchos sindicalistas se convirtieran en patrones y empresarios que así sumaron a su capital el poder de control de los propios sindicatos y sobre los propios afiliados que, en consecuencia, fueron perdiendo sus conquistas históricas. Eso es lo que en definitiva está en juego con la muerte de Ferreyra, es decir, una forma de hacer política y un modelo de país que nos recuerda a lo peor del neoliberalismo.
De todas formas, actualmente hay una multiplicidad de ejemplos de luchas exitosas como la de los trabajadores de los subterráneos o de las empresas metalúrgicas, donde los trabajadores fuertemente precarizados, flexibilizados y tercerizados, fueron equiparando sus condiciones laborales en relación a los trabajadores de planta. En esto es clave el rol del sindicato y de su capacidad de convocatoria y movilización, de lucha y de resistencia, es decir, donde hubo voluntad de lucha se ganó y los trabajadores fueron ampliamente beneficiados con nuevas conquistas y derechos. En cambio, donde la complicidad o el protagonismo político de la dirigencia sindical en su carácter empresario se impuso, la injusta situación fue estallando en protestas interminables con finales trágicos como acabamos de vivir con el asesinato de Ferreyra. Entonces, las coordenadas y circunstancias históricas, para entender el fondo del asunto están ubicadas en la intersección de un modelo económico nacional y popular, que plantea la inclusión de los trabajadores y que, a su vez, crece arrastrando en lastre cada una de las políticas neoliberales del modelo anterior mientras la misma fuerza de los trabajadores constantemente busca romper los lazos de la explotación y de la miseria. El gobierno nacional, los sindicatos y los propios trabajadores están siendo interpelados por esta contradicción política en el contexto de una conflictividad creciente en la medida en que el régimen político se radicaliza. En conclusión, el régimen político nacional, soberano y popular argentino, para profundizar sus diversas políticas y medidas de cambio social iniciadas a partir del 2003, precisa urgentemente de una política ferroviaria nacional que plantee una nueva empresa estatal de ferrocarriles en relación a este tema en particular y, al mismo tiempo, de una política nacional en relación al transporte en general. Además, del usufructo que la reacción hace del crimen de Ferreyra se desprende la imperiosa necesidad de fortalecer el movimiento y la organización de los trabajadores identificado con la cultura y el modelo nacional y popular. Así, la CGT es fundamental para radicalizar el proyecto nacional que urgentemente necesita de una política ferroviaria promotora de la industrialización, el crecimiento y el desarrollo del país.
Notas:
[1] Desgraciadamente, este tipo de hechos nos traen como recuerdo lo peor de la violencia de la historia política argentina donde una vez más, la ciudad de Avellaneda queda vinculada violentamente con un crimen perpetrado como reacción frente al protagonismo de los trabajadores y de los excluidos en general y sus luchas por mejorar su calidad de vida o simplemente mantenerla y del que son responsables las patotas, los barrabravas y hasta las fuerzas de seguridad como la policía. De hecho, las muertes de Santillán y de Kosteki tuvieron como máximo responsable a las fuerzas del orden durante la crisis del 2001. De todas formas, el caso emblemático tiene más de 44 años, cuando en una noche del 13 de mayo de 1966, en la Confitería La Real, la patota de Augusto Vandor asesinó a Rosendo García, con un certero tiro en el medio de la espalda. Esa trágica noche también fueron asesinados Blajaquis y Zalazar. Los disparos salieron de la mesa de Vandor que sería clave en el apoyo sindical para el golpe de Estado que vendría sólo un mes y medio después. Las víctimas eran integrantes de una renovada resistencia peronista que empezaba a gestar los embriones de algunas organizaciones revolucionarias de los años ’70. Tanto Blajaquis como Zalazar formaban parte de Acción Revolucionaria Peronista. Comandada por Cooke, esta organización confluiría, poco más de un año después, con la CGT de los Argentinos y con las FAP. Al igual que ahora, en esa oportunidad, también se dijo en los medios de comunicación que el asesinato había sido una pelea entre fracciones sindicales, pero no era verdad, al igual que ahora. Como en el barrio de Barracas en estos días, las armas estuvieron de un solo lado.
En realidad, los asesinatos de La Real siguen impunes porque la justicia y los dirigentes políticos de entonces no estuvieron a la altura de las circunstancias porque si lograban resolver el crimen ellos mismos se inculpaban al sacar a luz toda una serie de estructuras conformadas por seudos dirigentes sindicales que antes que defender los intereses de los trabajadores se habían convertido en empresarios que apoyaban ciertos negociados que, a su vez, eran custodiados por políticos y la policía. En esas circunstancias se llamaron a silencio. Sin dudas, en el incidente del miércoles que comenzó en Avellaneda y terminó trágicamente en Barracas con la muerte de dos compañeros de la militancia popular, hubo un sector agresor y otro que claramente fue agredido, es decir, a pesar de los medios masivos de comunicación hegemónicos, en ningún caso hubo enfrentamiento. Sí hay negocios y corrupción de por medio de la que siempre salen perdiendo los trabajadores. Uno de los grupos, los que no tenían armas, buscaban defender sus puestos de trabajo para poder alimentarse e intentar cubrir sus necesidades básicas más o menos sin sobresaltos todos los días. Los otros, los que sí estaban armados y que tras de sí tenían toda la estructura política y sindical reaccionaria y fuertemente corrupta, buscaban mantener sus privilegios a través de oscuros negociados al amparo de estructuras sindicales que hace mucho dejaron de serlo. En ese contexto, es necesario preguntarnos que hacía un militante de Sarandí llamado Mariano Ferreyra, a quien le gustaba la historia y el teatro por el barrio de Barracas. Es simple: ejercía nada más ni nada menos que sus convicciones de solidaridad para con los trabajadores desde su particular punto de vista.
Alfredo Repetto Saieg.
Buenos Aires, Argentina, 6 de Noviembre del 2010.
Referencias bibliográficas:
Blaustein, Eduardo: “Sugestivos silencios y llamativos gritos” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Anguita, Eduardo: “¿Quién mató a Mariano? en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Galand, Pablo: “Unión Ferroviaria Sociedad Anónima” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Galand, Pablo: “Compromiso de Moyano” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Arrosagaray, Enrique: “Vandor, Pedraza y Walsh” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Bernal, Federico: “Ferrocarriles: el mapa después del desguace neoliberal” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Pérez, Graciela: “Trabajadores en la vía” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
Pulón, Victorino: “Tercerizaciones a la vuelta de la historia” en Diario Miradas al sur de la edición del 24 de octubre del 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario