La recuperación de la acción política.

Las diversas consecuencias que produjo el abandono y denigración de la acción política como método de militancia y transformación de la realidad y el análisis del nuevo contexto de recuperación de ésta en favor de una mayor democratización de las estructuras políticas, económicas y sociales.

Durante la época histórica específica que va desde el golpe de Estado de marzo de 1976 con su época de horror, de terror, muerte, desapariciones y apropiaciones, hasta fines del 2001 con el colapso manifiesto de las formas de hacer política del régimen neoliberal argentino, con la caída de De la Rúa y los siete presidentes en una semana, con los saqueos y la tremenda crisis social pero también política y económica, con la caída de bruces de los grandes paradigmas venidos desde los centros globales del poder, con el surgir y el nuevo protagonismo de los actores y sujetos políticos venidos desde la cultura popular y sus nuevas formas de lucha como el propio movimiento de los piqueteros, durante esa época digo, los sectores y grupos dominantes, que podríamos caracterizar como cierto establishment cívico y militar de tipo nacional pero que responde a los intereses foráneos de las grandes corporaciones globales, por lo mismo, por esa concepción de la política y del desarrollo, renunció históricamente a la soberanía nacional. Es decir, al mismo tiempo que denigraba y aplastaba los intereses y la soberanía nacional, militaba contra la soberanía popular porque precisamente ésta es la base central sobre la que se fundamentan los intereses y la soberanía e independencia nacional. De ese modo, los grupos nacionales dominantes reprimieron la soberanía, los valores populares y la propia cultura del trabajo a partir de la destrucción de gran parte del sistema productivo en favor de las grandes corporaciones, devastaron la industria nacional, endeudaron al país en términos impresionantes para financiar la evasión de capitales, dilapidaron el patrimonio de todos (en especial a partir de la liquidación de las empresas públicas), redujeron la inversión y finalmente deterioraron los salarios reales de los trabajadores que se convirtieron en moneda de cambio y de ajustes en favor de los intereses de la acumulación privada de capitales.
Según el momento histórico en que nos encontráramos, prevalecían diferentes modos de regímenes políticos que reivindican múltiples y diversas formas de degradación de la soberanía nacional y del bienestar de los propios trabajadores. También es cierto que con la llegada de Alfonsín se produjo la recuperación de la democracia en términos políticos pero también es cierto que ese régimen democrático en su accionar real, en especial cuando se trató de la defensa de la soberanía popular, de la defensa de los intereses de los trabajadores y en conscuencia de la defensa de la propia soberanía nacional, se mostró como altamente ineficiente por la formalidad y abstracción de los derechos y reivindicaciones de los ciudadanos en relación con los intereses y derechos del poder real que descansan en las grandes corporaciones. En otras palabras, puede decirse que existía un régimen político democrático en lo formal pero las decisiones de mayor trascendencia, decisiones políticas y económicas que definen por ejemplo un modo de crecimiento y de desarrollo nacional, eran definidas e instrumentadas en la práctica por la lógica del Consenso de Washington a través de los programas de ajuste impuestos por actores globales que nada tenían que decir sobre los intereses nacionales como el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Fue la época donde prevalecerá la economía por sobre la política, o mejor aún, donde la acción política, militante y comprometida con la idea de soberanía nacional, será reemplazada por nuevas formas de hacer política más ligadas con la adminsitración, el gerenciamiento privado, que insiste en conceptos de eficiencia y eficacia que nada tienen que ver con el bienestar de las mayorías, y con falsas presunciones de objetividad, imparcialidad y racionalidad de las decisiones adoptadas. Así, mientras nos alternábamos entre las dictaduras militares y las democracias de baja intensidad, que fueron fuertemente formales, abstractas y viciadas de origen (no olvidemos que el peronismo estuvo proscrito durante buena parte de la historia nacional), el poder real siempre perteneció al establishment. El requisito fundamental para que ese desastre fuera posible, es decir, la denigración y la supresión de la política en términos de acción política de redención de la soberanía nacional en favor de las nuevas maneras de administración y de gobierno, fue posible a partir de la imposición del neoliberalismo militante primero a través de la desaparición masiva de personas, de la prohibición total de la militancia, del fraude que significó la proscripción del peronismo y luego, en una segunda etapa, a través de formas más refinadas de control social. En ese contexto, el intenso proceso de pérdida de la soberanía nacional, que tuvo lugar en los años '90, consolidó el predominio de las transnacionales en el ámbito de la economía argentina mientras la política, siempre en el sentido de acción política transformadora, desaparece bastardeada por los nuevos dogmas y verdades de la racionalidad de los sectores dominantes que reivindican, de ahora en más, el predominio de la visión de mundo de las transnacionales.
Simplemente, la nueva concentración económica que tuvo lugar en esos años produjo que los nuevos actores, las transnacionales y los grupos que los representan, se hicieran en la práctica con un considerable poderío económico y de veto sobre el funcionamiento y la lógica del sector público que además deben su origen, monopólico y extranjerizado, a la inserción del país en un tipo de capitalismo que es periférico, es decir, estructuralmente dependiente de los grandes centros globales de poder, que nos imponen sus formas de vida y visión política del crecimiento y el desarrollo. A partir de ahí, esos capitales lograron incluso hacerse con crecientes porciones de la riqueza nacional afianzándose en los núcleos productivos más dinámicos del nuevo sistema económico iniciado tras el colapso de la convertibilidad y que caraterizan y delinean la inserción de nuestro país en el sistema comercial global.
De todo lo anterior deriva que en la actualidad, las transnacionales que se desenvuelven en el medio nacional tienen, en términos productivos, una suerte de doble inserción estructural. Por una parte, están todas las que se vinculan con un tipo de producción más tradicional, o sea, con la producción relacionada con ventajas comparativas estáticas, en especial las que tienen que ver con las materias primas abundantes (la agroindustria, el petróleo, la minería y ciertos commodities industriales más o menos relevantes). Por otro lado, están las más modernas, todas esas trasnacionales ligadas a la nueva fase de internacionalización de los procesos productivos que tienen que ver con la imposición de la lógica del neoliberalismo. Finalmente, consecuencia de ese tipo de inserción estructural de las transnacionales en el ámbito de la producción local y nacional, que les entrega un tremendo poder de veto y de decisión, con la correspondiente y ostensible pérdida de decisión y soberanía nacional en cuestiones estratégicas para el país por parte del sector público y de los actores populares y democráticos en general, el predominio del capital extranjero en la economía conlleva una serie de aspectos críticos adicionales que se sintetizan en el hecho de que las transnacionales, que en realidad son poco generadoras de empleo si analizamos la cuestión por unidad producida, en cuanto a sus estructuras productivas internas representan, de manera clara y manifiesta, una distribución del ingreso que es muy regresiva en términos de justicia social, de igualdad de oportunidades y de distribución de la riqueza. Es que, desde el ámbito de las formas de actuar y de producción de las transnacionales, el salario de los trabajadores, el salario real, es antes que nada un costo en el proceso de producción y en cuanto tal tiene que ajustarse en beneficio de la tasa de ganancia del capital. Entonces, en la medida que se imponen los ajustes al salario, que se acompaña de la pérdida de derechos y de conquistas históricas por las que otras generaciones dieron incluso sus vidas, se nos plantean una serie de interrogantes importantes y centrales en cuanto al poder realmente existente que oficia de conductor de un modelo de acumulación con inclusión social que nos beneficie a las mayorías y tras cuya lógica queden supeditadas incluso los intereses de las transnacionales que son parte de nuestras estructuras de producción. En otras palabras, un proceso de cambios sistémico y estructural, que así es defensor de los intereses nacionales y populares, que reivindique la soberanía nacional en base a la soberanía popular, para que perdure y se consolide en el tiempo, tiene que batallar contra el poder real, contra esas verdades y esas razones, siempre reaccionarias y conservadoras, que plantean que los salarios de los trabajadores son simplemente un costo de producción para reivindicar, muy por el contrario, que los salarios reales de los trabajadores son un factor dinamizador de la economía, de la producción y de la soberanía porque actúan sobre la demanda interna.
En otro aspecto, la notable extranjerización del sistema económico y productivo nacional expresa la ostensible debilidad del propio gran capital local que termina respondiendo, por una cuestión ideológica y cultural, a los intereses de los centros globales del poder. Se trata de un sector social que, ante su incapacidad estructural de competir con los capitales foráneos, despliega determinadas acciones y estrategias que los llevan a resignar importantes porciones de la estructura económica, comercial y productiva en un contexto de repliegue hacia ámbitos productivos ligados al procesamiento de recursos básicos relacionados con las formas más básicas y primitivas del accionar empresario que también apuesta a una política de salarios bajos como dato estructural. A partir de entonces, bajo esta concepción estratégica y del lugar subordinado que les corresponde como unidades de producción, estos sectores están incapacitados para encarar un proyecto susceptible de impulsar la industrialización del país sobre la base del desarrollo y el control de las nuevas capacidades productivas que puedan recrear y/o potenciar las ventajas dinámicas de la economía local, como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria. El problema es que el concepto estratégico en que se sustentan las formas de producción de estos grupos de empresarios nacionales menores, que generalmente son muy reaccionarios en términos ideológicos, supone profundizar un perfil productivo sumamente regresivo que reivindica una inserción pasiva y subordinada de nuestros países en el sistema comercial global. Por lo mismo, estos grupos son un tremendo obstáculo a la conformación de un modelo de desarrollo inclusivo y sustentable en lo económico, en lo político, en o cultural y en lo social. De allí la necesidad de avanzar en la formación de un esquema de alianzas con los sectores genuinamente consustanciados con la industrialización nacional, con el incentivo de la demanda, el ahorro interno y con la redistribución del ingreso. Esto implica asumir las numerosas y múltiples dificultades que se derivan del enfrentamiento contra los actores políticos y económicos más poderosos en términos reales y sus cuadros orgánicos para buscar reivindicar, defender e imponer, con todos los medios que generosamente nos da la democracia, un régimen nacional, popular y soberano.
No hablo de imposibles ni de utopías o bienaventuranzas, no hablo de dioses ni mucho menos de demonios sino que, en primer lugar, reivindico los diversos regímenes nacionales y populares actuales, el gobierno presidido por Cristina Fernández, reivindico la felicidad y los sueños de esta época y de esa en que los trabajadores, protagonistas y movilizados, tuvieron la posibilidad de ser felices, de soñar y constuir un proyecto de vida, de satisfacer realmente sus necesidades más básicas para luego ir por otro tipo de necesidades, tal vez de carácter más suntuarias, pero que también hacen al mejoramiento de la calidad de vida y de la felicidad de los trabajadores. Defiendo ese proceso que arrancó a mediados de los años ’40 hasta el golpe de Estado que derribó al gobierno popular del general Perón. Defiendo el proceso de cambios inaugurado a partir del 2003. En ambos procesos, no me refiero a un mito sino a un recuerdo personal o familiar. No fue ni es una metáfora sino que fue y es una realidad que existió y existe. Habíamos pasado de la economía agraria a la hegemonía del sector industrial, con una mayor justicia social, con migraciones internas, con una renovación casi total de la elite política y organización de los trabajadores. Se vivía mejor y se vive mejor a partir de la recuperación de la política como herramienta de cambios y transformaciones. Entonces, es necesario reivindicar la acción política, es decir, un arte de posibilidades de cambios en términos populares y democráticos porque la historia reciente de nuestros pueblos, en los hechos, nos muestran que la política implica la defensa de lo que se tiene o la adquisición de lo que se carece, según diferentes visiones del mundo, de cada uno y de todo el resto. El regreso de la política, en esencia, significa la defensa de la cultura popular que fundamenta la soberanía nacional.

Referencias bibliográficas.

Schoor, Martín: “Extranjerización y proyectos de país”. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.
Calcagno, Eric: “El rescate de la política” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.

Autor: Alfredo A. Repetto Saieg.