La racionalidad o no de cierta política económica es posible afirmarla, reforzarla y hasta rechazarla en parte o en su totalidad, en relación a sus postulados y sus dogmas, confrontándola con la realidad más inmediata, es decir, con los múltiples índices de desarrollo económico, político, social y humano logrados por éstas y las diversas consecuencias de la aplicación de esas mismas medidas sobre la vida de los trabajadores. Así, por ejemplo, desde el año 2003 a la fecha, la cobertura previsional de la población en condiciones de jubilarse en Argentina pasó de algo de 3.185.000 a 5.585.000 de beneficiarios. La expansión de esta cobertura fue posible por la decisión de terminar con el gran negociado que en su momento, durante la etapa más cruda del neoliberalismo, significó el sistema de las jubilaciones privadas pero, también, por el sostenimiento de dos políticas gubernamentales que fueron combinándose y que, en definitiva, potenciaron fuertemente el sistema público de jubilaciones, a saber, por un lado, la creación de empleos de mejor calidad y, por otro lado, la promoción de la formalización laboral para aumentar los aportantes activos al sistema de jubilaciones público. Como resultado de estas medidas políticas, la cobertura previsional pasó de cubrir el 57% al 90% del total del universo de los habitantes de la tercera edad.
Por el contrario, el sistema de capitalización privada e individualista, implementado por Menem a través de la prepotencia ideológica y política de Cavallo, operó sobre la base de asegurar la mayor rentabilidad posible para las diversas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones mediante comisiones sobre el total de los aportes. Luego venía la búsqueda de utilidades nominales sobre el total de la cartera de fondos colocados pero, en definitiva, esa combinación sólo pudo sostenerse a condición de agrandar la masa de los aportantes disminuyendo, al mismo tiempo, la proporción de beneficiarios del sistema porque, desde esa perspectiva, para que el negocio funcionara, había que prolongar lo más posible la permanencia dentro del sistema del mayor número posible de contribuyentes en relación con los beneficiarios potenciales. Es decir, más aportantes y mayor extensión del tiempo de aportes fueron precisamente igual a mayores ingresos para las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Desgraciadamente, una vez más, los que menos tienen, en este caso concreto los jubilados, se quedaron afuera de este negocio financiero.
El régimen de capitalización privada de las jubilaciones, impuestas por el gobierno de Menem, permitió así determinados ajustes para los jubilados que quedaron en el sistema de reparto mientras que los que fueron empujados al sistema de capitalización se convirtieron en víctimas de los resultados que las administradoras de jubilaciones y pensiones prometieron obtener sobre la colocación de sus aportes. Sin embargo, el ajuste que en teoría se obtuvo para los que quedaron en el régimen de reparto fue una mera ilusión debido al mecanismo de actualización dispuesto, es decir, éste dependía de la variación de los aportes divididos por el número total de afiliados pero como, en la práctica, el negocio consistía en vaciar progresivamente al régimen de reparto, los aportantes eran cada vez menos. Por eso, las actualizaciones de las jubilaciones pasaron a ser una vana ilusión en los dos mercados en que quedaron separados los jubilados: en el de capitalización, porque los haberes jubilatorios se convirtieron en rehenes del manejo de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones mientras que, en el sistema de reparto, fueron ilusorios por el agotamiento mismo que se impuso al sistema. Un ejemplo paradigmático en ese sentido es que la jubilación mínima, a principios de los años ’90, era de $150 y permaneció así hasta el colapso del neoliberalismo a fines del 2001. A partir de ahí, con la llegada del cambio de políticas, el sistema previsional, ahora mucho más racional política, social y económicamente hablando, se sustentará en políticas y medidas económicas que promueven el mercado interno, la creación de puestos de trabajo, el consumo interno y la formalización laboral. (1)
A pesar de ello, de la mejora en los índices económicos y sociales, a pesar de la mayor cobertura del sistema público de jubilaciones y pensiones (…) una porción importante de la oposición de ese entonces, apuntalada por los medios de comunicación hegemónicos, volvió a la carga con el supuesto mal uso que, desde el sector público, se realizaba supuestamente con los fondos previsionales aunque, en la mayor parte de los casos, esos mismos dirigentes y sectores se mostraron muy solícitos, durante el gobierno de la Alianza, para recortar las jubilaciones y pensiones en un 13% en la búsqueda de más ajuste y déficit fiscal cero.
En cuanto a la lucha contra la pobreza, el gobierno de entonces se hizo con el modelo y los paradigmas de países como China porque precisamente en ese país la lucha contra la pobreza fue muy exitosa. Por ejemplo, en China, durante la década de los ’80, vivían poco más de 1.000 millones de habitantes, de los cuales unos 862 millones eran pobres, es decir, personas que vivían con menos de 2 dólares por día. Según un informe del Banco Mundial, ya para fines de la primera década del siglo XXI eran pobres unos 207 millones. Esto significa que, en aproximadamente unos 27 años, China logró reducir considerablemente la pobreza, es decir, logró que nada más y nada menos 655 millones de trabajadores, excluidos o marginados dejaran de serlo. La diferencia es que en la década de los ‘80 esa pobreza representaba el 86,4% de la población mientras que a fines del 2010, sobre 1.320 millones de habitantes, el índice de pobreza era apenas un 16,5%
¿Cómo logró el régimen político chino bajar de forma tan tajante los índices de la pobreza, cómo se hizo? Ellos consideraban que los pobres, los marginados y los excluidos no tenían tiempo para un ciclo educativo de al menos 12 años, por lo que reunieron ejércitos de carpinteros, de albañiles y plomeros, gasistas y electricistas, que son todos oficios que conllevan cursos rápidos orientados a la construcción de viviendas, carreteras y diversas obras de infraestructura, y se metieron en las zonas económicamente más pobres, las rurales, capacitando, durante algo más de un año, a una considerable cantidad de personas que, en general, eran analfabetos de cuarta generación. Cuando estas personas terminaron con su capacitación, el Estado, a través del régimen político les daba trabajo en las obras públicas y de infraestructura que se llevaban adelante en las zonas urbanas. Al año siguiente capacitaron a otra cantidad y así sucesivamente. El resultado está a la vista, es decir, que China sacó a 655 millones de personas de la pobreza.
Por otro lado, los hijos de estos nuevos trabajadores, decididamente incluidos en el mercado del trabajo y del consumo, que ya terminaron la escolarización primaria y la secundaria, después empezaron a cursar la universidad y diversos oficios de mayor capacitación con lo que se crea todo un círculo virtuoso de lucha contra la pobreza, creación de empleo, inclusión y capacitación constante de los trabajadores. Se podrá decir que China no tiene en realidad un régimen democrático sino que, antes bien, ahí sobrevive un régimen de partido único, de socialismo real si se quiere o de capitalismo más o menos asistido, pero los resultados obtenidos en el ámbito de la lucha contra la pobreza son ejemplos dignos de imitar. Después vendrán los tiempos de la democratización que, en todo caso, es una cuestión interna del propio pueblo chino que intenta buscar satisfacer de la mejor manera sus propias necesidades.
El régimen político chino, en 1982 decidió erradicar la pobreza, la exclusión y la marginación y abrieron su país y sus mercados al ingreso de capitales foráneos con el único objetivo de lograr el pleno empleo de la fuerza de trabajo y el ascenso social de los trabajadores que, desde ahora, gozan de mejor salud. En ese sentido, al pueblo chino no se le ocurre pensar que el Banco Central pueda tener autonomía económica y aún política en relación a las decisiones del poder político o que el sistema previsional, de jubilaciones, pensiones y diversos subsidios, lo administre otro que no sea el Estado a través del régimen político. Tampoco buscan reducir sus gastos e inversiones para solventar los negociados del capital financiero.
En realidad, cuando me refiero al sistema de jubilaciones y pensiones, a la lucha contra la pobreza, a la primacía de la producción interna antes que la especulación o el crecimiento y el desarrollo nacional antes que el endeudamiento, simplemente estoy planteando dos visiones distintas de la vida y del hombre. En una de ellas, el hombre en general, son considerados como una mercancía que implica, entre otras muchas consecuencias, que el hombre y su trabajo son una simple variable de ajuste económica, por lo que da lo mismo que tenga trabajo o no porque, en verdad, lo importante es que cierre el déficit y las cuentas fiscales para que los sectores dominantes puedan seguir jugando con nuestras vidas y nuestras necesidades. Ese es el país representado por lo peor de la reacción: los partidos políticos de la mal llamada centro derecha que, en el caso de Argentina, nunca se hicieron responsables por la crisis del 2001. Está el poder que detentan los dueños de los medios de comunicación en especial de ese poder fuertemente concentrado que fue característico antes de los cambios que impulsó la ley de medios del 2010. El poder que detentan es increíble porque la impunidad de la que gozaron, que fue posible por la presión y la tensión que ejercieron sobre el régimen político desde sus medios, sobrepasó los límites de lo imaginable.
En realidad, los sectores dominantes siempre estuvieron por encima de toda autoridad y de todas las leyes porque esas normas estaban hechas para defender sus propios intereses que están mucho más allá de las obligaciones que impone nuestra democracia, nuestras reglas y nuestra Justicia. Desde su poder comunicacional siempre juzgaron el accionar de todos los actores de la sociedad en especial de los trabajadores más consecuentes. Incluso lograron marcarnos cuál era el estándar que divide lo que está bien de lo que está mal. Sancionaron leyes pero también las verdades sobre la bondad o la maldad de los hombres, los trabajadores, sus dirigentes y políticos, de los empresarios o de los sindicalistas (…)
Por otro lado, también están los sectores que representan a la iglesia más conservadora y con múltiples pecados que son bastante terrenales a pesar de que ellos tienen la prepotencia de creerse por encima de los hombres como representantes de dios. Desde esta perspectiva, habría que preguntarse cuánto poder tiene la iglesia en nuestros países. En este sentido, la iglesia tiene una fuerte influencia política porque maneja cierta simbología y mitos religiosos que son muy importantes para dejarlos en manos de la reacción y el conservadurismo porque, además, tiene fuertes nexos con el poder económico y político tanto a nivel nacional como global. Es necesario entender que lo religioso es muy profundo en el hombre, los trabajadores y los más humildes, entonces, quien logre manejar y controlar esa simbología necesariamente tienen una fuerte cuota de poder bastante terrenal por lo demás.
Entonces, cuando se avanza en temas delicados, que la iglesia asume como propios, como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización del aborto, esta institución eclesiástica, de fe conservadora y reaccionaria en lo político y en lo espiritual, por lo menos en los niveles más altos del poder de decisión, se sienten amenazados por el gobierno que plantea ese debate porque cree que se le quitan determinados espacios que considera propios. O sea, piensa que se le quita poder porque se creen partícipes de una verdad revelada por la divinidad. En ese sentido, los sectores más reaccionarios de la iglesia se manifiestan, en estos casos concretos, como dirigentes políticos que, sin embargo, están por encima de toda la oposición porque ellos son los que convocan. Pero, lo de ellos es hipócrita porque se pretenden mensajeros del Evangelio, de Jesús de Nazaret, de un mensaje de libertad, de igualdad y de aceptación de lo diferente, de una moral que está por encima de todo y de todos y, sin embargo, hicieron alianzas con los sectores más reaccionarios de nuestros regímenes políticos, en diversos momentos de nuestra historia, apoyando, por ejemplo, la entrega de nuestro patrimonio nacional o la vida de miles de luchadores. Y, cuando surgen gobiernos nacionales y populares, una vez más se muestran y se ubican como articuladores de la oposición, en función de generar un polo fuerte encargado de poner palos en la rueda a esos gobiernos de mejor talante. El problema es que ese tipo de gobiernos nacionales y populares avanzan sobre temáticas que la iglesia considera propios donde, en un Estado y un régimen político multicultural y laico no puede haber privilegios para los distintos credos. En otras palabras, con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la legalización o no del aborto también se discute el orden, el régimen, la disciplina y hasta la jerarquía. Hay mucha discusión cultural.
Al igual que los diversos grupos cívico-militares, que en su momento fueron el soporte de las dictaduras de seguridad nacional y que hoy están interesados en una amnistía general para todos los crímenes de los genocidas, para todos los que quebrantaron el régimen político constitucional para seguir gozando de sus privilegios, un importante sector del la iglesia, del episcopado, simplemente considera que el catolicismo es un elemento integrante e integrador de la nacionalidad, de la religión y de la Patria de los vende patria como, en otro momento de nuestra historia, esa misma unidad y Patria se planteó a través del binomio religión y rey. Aunque larvada, esta doctrina, altamente conservadora y reaccionaria, sobrevivió al final de las diversas dictaduras de seguridad nacional que sufrieron nuestros pueblos y emerge cada vez que las instituciones democráticas avanzan sobre cuestiones que la iglesia, como institución, cree que le competen por mandato divino.
Así ocurrió en 1986, cuando Alfonsín impulsó la ley de divorcio y, en el caso del episcopado argentino, ni siquiera reaccionó frente el caso de Von Wernich para, desde ahí, intentar abrir un debate sobre la responsabilidad institucional de la iglesia en los años de plomo de la dictadura de seguridad nacional. En general, en nuestros pueblos, la iglesia aún atada al pasado, la cúpula de la Iglesia Católica se resiste tan siquiera a considerar que las leyes retrógradas nada cambiarán, sea cual sea la opinión de los exégetas de Dios.
Pero, por otro lado, también está el país del modelo soberano, nacional y popular donde las decisiones se toman en base a la mejora en la calidad de vida de los hombres que pueblan su geografía. El país donde el cruce de Los Andes va de la mano de hombres del talle del libertador San Martín y su pueblo, los Granaderos, los indios y los negros que hicieron nuestra historia. No estuvieron Rivadavia ni los burócratas del puerto que los abandonaron. Por este nuevo país del siglo XX marchan y van los trabajadores fabricando autos, heladeras y sueños colectivos, con Yrigoyen, con Perón y Evita. Pero, definitivamente no van el golpista Uriburu ni el dictador Aramburu o Videla, Pinochet o Strossner. La historia argentina y latinoamericana es pródiga en ejemplos de lealtades y de traiciones. Defeccionar se cotiza en el mercado de distintos modos: un puñado de monedas, un programa televisivo o el elogio permanente en un par de medios de comunicación que buscan controlar nuestras vidas. Seguramente, en este nuevo país, es la pasión de Evita la abanderada de la patria que es más hermosa. Mientras tanto, la historia está en movimiento, se moviliza, anda y mientras lo hace construye su propio destino. Es del otro lado, desde donde se construyen las mentiras, los mitos y las fábulas y por eso se hace necesario desarmar la trampa de los mitómanos. Ahí está el ejemplo de las medidas económicas y políticas que plantearon los sectores opositores que aún hoy, a pesar de todo y contra todos, insisten en el neoliberalismo. Entonces, tendríamos que preguntarnos si está dentro de las políticas y medidas neoliberales contemplado, por ejemplo, el desarrollo y el crecimiento, la inclusión, el disfrute y la satisfacción de las necesidades de los trabajadores como mayorías. La respuesta solo puede ser negativa porque ellos militan contra la producción, el empleo y el ahorro interno. Y precisamente, la imposibilidad de contar con un ahorro interno significativo y relativamente estable, representa un gran obstáculo en todo proyecto de desarrollo nacional autónomo. En otros términos, esa carencia implica una dependencia del financiamiento externo para impulsar las inversiones que transformen el patrón de especialización productiva hacia etapas industriales que sean cada vez más avanzadas.
El tema de las inversiones y de los capitales no es menor porque, por ejemplo, el hecho de confiar nuestro desarrollo a los capitales foráneos o los nacionales implica dos regímenes políticos y modelos de desarrollo que son, a todas luces, antagónicos. También hay que considerar la alta volatilidad del flujo de capitales que es un fenómeno histórico de las economías de nuestros países periféricos, inherentes a la lógica de sus sistemas de acumulación, cuya dinámica en países como Argentina se relacionó con el crecimiento de la deuda externa y consecuentemente de la dependencia estructural en relación a la lógica del sistema comercial global.
El primer auge de esta patología, es decir, de la volatilidad del flujo de capitales, se remonta a las políticas de liberalización y de desregulación de los mercados impuestos por el golpe cívico y militar de 1976 en el caso de Argentina. En ese entonces, la apertura de la cuenta capital, el crónico y creciente endeudamiento externo, las altas tasas de interés domésticas, la apreciación cambiaria y la baja de aranceles a la importación volcaron los capitales decididamente hacia la especulación financiera, en detrimento de la base de industrialización lograda hasta entonces. En cambio, las políticas aplicadas desde la devaluación, en un contexto que es posterior a la crisis del 2001 que se caracteriza por una mejora de los términos de intercambio de los productos agrícolas y de las materias primas en general, instauraron un modelo donde el negocio y la especulación financiera quedó relegada por la actividad productiva nacional y el mercado y consumo interno. Rápidamente, el nuevo régimen económico mostró una vigorosa capacidad de reacción y una gran fortaleza estructural que permitió configurar otro contexto de crecimiento y de desarrollo. Sin embargo, diversos shocks, generados tanto por factores internos como externos, reavivaron la problemática estructural de la fuga de capitales a partir del 2008 donde empiezan a hacerse notar las consecuencias de la crisis global en el país.
En este escenario es bastante interesante poder analizar la regulación al movimiento de activos financieros en el marco de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista sostenido por el modelo nacional y popular. A medida que el modelo nacional y popular, soberano e inclusivo, nos conduce al pleno empleo de todos nuestros recursos, incluida la fuerza de trabajo, a medida que genera superávits gemelos, de balanza de pagos internacionales y fiscal, se vuelve necesario que el excedente de divisas sea absorbido por el sistema para evitar la apreciación del peso que milita precisamente contra el tipo de cambio de equilibrio desarrollista que trabaja en beneficio de la producción nacional. Para esto, el gobierno tomó cuatro medidas que fueron centrales. En primer lugar, fueron flexibilizados los límites establecidos a la compra de divisas. En segundo lugar, se asumió una nueva política de acumulación de reservas. En tercer término, el poder Ejecutivo, usando parte del superávit fiscal, también restó dólares del mercado a través de las compras por parte del Banco Nación. Por último, para minimizar la volatilidad de la cuenta capital, se restringió el ingreso de ciertos capitales ligados a la especulación financiera.
A principios del 2008, en plena crisis global, el primer y mayor shock que potenció la fuga de divisas y de capitales fue el conflicto que el gobierno mantuvo con los grandes pool de la siembra y los sectores concentrados de la producción agro industrial por las retenciones móviles, la 125. El gobierno, en contra de las expectativas, decidió apreciar el peso a pesar de que ya estaba entre nosotros la crisis financiera global aunque así la salida de capitales tendió a desacelerarse, poniendo de relieve la importancia central de los factores de acumulación internos. Por otro lado, para evitar un pánico general por la misma crisis global, generada por los países centrales tras la quiebra del Lehman Brothers, la caída del precio de los commodities, la devaluación de las monedas de los principales socios comerciales de Argentina y la estatización de los recursos de las administradores de fondos de jubilaciones y de pensiones, el gobierno, nacional, soberano y popular, indujo exitosamente a los grandes operadores financieros y especulativos a minimizar su compra de dólares.
Entonces, esa concreta coyuntura política y económica nacional e internacional, caracterizada por la fuga de capitales y una tremenda crisis generada en las economías de los países centrales y dominantes, dio evidencias contundentes de la fortaleza que reviste el régimen nacional y popular con sus políticas heterodoxas que buscan la inclusión, la generación de empleo pero que, particularmente, muestra también sus fortalezas en un tema tan sensible como es la fuga de los capitales nacionales hacia los paraísos fiscales o economías más desarrolladas. En ese mismo contexto, quedó evidenciada la gran debilidad del modelo neoliberal de valorización financiera a nivel global pero también a nivel nacional cuando, a principios del nuevo siglo, bajo el gobierno de la Alianza, Argentina no pudo sostener su economía ni aún con el tan promocionado blindaje de ese entonces. En otras palabras, mientras la solvencia del modelo productivo, nacional y popular, quedó en evidencia en el marco de la peor crisis global en ocho décadas y fue capaz de resistir la salida de algo más de 50.000 millones, en ese mismo contexto de fuerte crisis y fuga de capitales, fue incluso capaz de reducir considerablemente la deuda pública, de generar empleo, inclusión, un mejoramiento real de la economía, del consumo de los trabajadores (…) cuando el modelo neoliberal naufraga ya definitivamente con la crisis del 2001.
Notas:
(1) Los fondos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, se originan en los propios aportes de los trabajadores, en las contribuciones de los patrones, más los recursos impositivos que hacen posible que las prestaciones previsionales se paguen en su totalidad. A manera de ejemplo, en el año 2009, el 42,4% de los ingresos totales del sistema correspondieron a fuentes que no eran tributarias. En su momento, el régimen político destinó parte importante, de numerosos impuestos, para financiar, por afuera de los diversos aportes y de las contribuciones previsionales, los haberes de los jubilados. Entre esos gravámenes se encuentran los llamados impuestos coparticipables a las ganancias, al valor agregado, a las naftas, el gasoil, el diésel, kerosene y el gas natural comprimido.
El nuevo sistema, inaugurado con el modelo nacional, inclusivo, soberano y popular, se completó con el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad que se forma con las colocaciones que venían del régimen de capitalización privada. En realidad, ese fondo no se usa para el pago de los haberes, sino que se destina, en exclusividad, a garantizar la propia sustentabilidad del sistema para todas las generaciones. Esto es importante porque los sistemas de seguridad social de reparto se basan en el precepto básico de la solidaridad intergeneracional entre los trabajadores, es decir, los que están en actividad mantienen, con sus aportes y contribuciones, a los que se encuentran retirados. Sin embargo, el sistema de reparto, basado en la solidaridad entre generaciones, se encuentra amenazado por dos fenómenos.
El primero se asocia al mercado laboral, es decir, la persistencia de la alta desocupación y del empleo precario y flexibilizado deriva e implica, en fin, el desfinanciamiento del sistema porque los recursos que ingresan al sistema, los aportes de los trabajadores activos, no son suficientes para hacer frente a los gastos demandados para el pago de las jubilaciones a los trabajadores pasivos. Pero, este problema de la desocupación y del empleo precario y flexibilizado, puede ser una cuestión relativamente temporal siempre que los cambios políticos y económicos deriven en la superación del régimen neoliberal como sucede en una serie de países latinoamericanos que evolucionan decididamente hacia el radicalismo político y así buscan una humanización de las relaciones entre los hombres.
El segundo fenómeno, dentro de la lógica capitalista, es permanente y también más o menos inapelable porque se refiere al envejecimiento de la población. Es decir, es sabido que la esperanza de vida viene experimentado un sostenido crecimiento gracias a los avances en la medicina, la mejora en la calidad de vida, el mejor acceso a la salud y al agua potable entre muchos otros factores que precisamente mejoran la calidad de vida de los trabajadores y así sus propias expectativas. Este fenómeno provoca un aumento del tiempo durante el cual los trabajadores pasivos, los jubilados, perciben haberes. El problema no es ése sino, antes bien, que, en la medida en que los países se desarrollan, la tasa de natalidad disminuye de manera considerable. En esa perspectiva, si uno observa los países centrales y la constitución de sus sociedades, es fácil percibir que cada vez hay mayor cantidad de ancianos y menos jóvenes que aporten al sistema. En otras palabras, una sociedad envejecida es síntoma de un mayor grado de desarrollo pero solo desde la lógica del capitalismo.
En otras palabras, este segundo fenómeno así me parece más una cuestión cultural antes que económica porque la falta de interés por procrear, por formar una familia con hijos (…) tiene más que ver con las exigencias sociales de la vida moderna y de las formas de producción del capitalismo, con las múltiples exigencias a que son expuestos los hombres como padres y cabeza de familia y, aún más, las mujeres que, por un lado, trabajan fuera de casa y, por el otro, también lo hacen dentro, dedicándose, por ejemplo, a los chicos y hasta resignan sus diversas expectativas profesionales, laborales, sociales, etc.
Para el capitalismo, en realidad, la cuestión no es cómo financiar la seguridad social, el sistema de jubilaciones y los diversos subsidios, sino quien la financia teniendo en cuenta que, de por sí, este rol no corresponde al régimen neoliberal. De esto se sigue que como el Estado no puede financiar la seguridad social hacen su aparición las administradoras de jubilaciones y pensiones, nacen las AFJP. Entonces, puede observarse que la gestión de la seguridad social es una tarea bastante compleja y delicada porque involucra diversas formas de percibir y plantear la realidad de los trabajadores.
Autor: Alfredo Repetto.
Referencias bibliográficas:
Galand, Pablo: “La caja previsional, motor de desarrollo” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Mancinelli, Jorge: “Por la creación de empleo hay dos millones más de jubilados” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Lieutier, Ariel: “Hay que discutir el financiamiento del sistema” Miradas al Sur de la edición del 4 de Julio de 2010.
Giles; Jorge: “El jardín de la república nacional y popular”. Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Heyn, Iván: “200 años de una disputa”. Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Valdés, Eduardo: “Un gigante asiático contra la pobreza” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Bencivengo, Gabriel: “Bergoglio, mariscal de los cielos” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Pérez, Graciela: “Cuando el diablo mete la cola” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Álvarez, Santiago: “Nos toman por boludos y dicen que llueve” Miradas al Sur de la edición del 11 de Julio de 2010.
Kestelboim, Mariano: “Fuga de capitales, y qué?” Revista Argentina Económica de la edición del 11 de Julio del 2010.
No hay comentarios:
Publicar un comentario