Macri y la política privatista del arte: el desconocimiento, el mal trato y la persecución a los centros culturales no oficiales derivó en el Movimiento de Espacios Culturales y Alternativos (MECA). Ya presentaron dos proyectos de ley.
Llegaron unos inspectores del Gobierno de la Ciudad y clausuraron el lugar al son de un acta que decía: “Se constata la presencia de 20 personas leyendo poesía”. (Es inevitable no pensar en uno de los ciclos de poesía itinerantes de la ciudad que lleva por nombre la consigna clave: “Más Poesía Menos Policía”.) Los inspectores deben haber pensado en algo peligroso. Fue el mes pasado en La Usina Cultural del Sur, un espacio autogestionado en el barrio de Almagro sobre la calle Bulnes donde se dan talleres de arte y se realizan lecturas de poesía y narrativa.
No hay una sistematización de la cantidad de centros culturales no oficiales clausurados, desalojados y perseguidos durante la gestión de Mauricio Macri. No es novedad que el vacío jurídico sobre los centros los deja a la intemperie, resistiendo frente a una política vacía, de mal trato y desconocimiento de la cuestión cultural.
La legislación porteña no contempla este tipo de espacios y, al momento de ser clausurados, el centro cultural en cuestión se encuentra frente a la paradoja de no existir para la ley pero, sin embargo, ser clausurado por no contar habilitación para funcionar como tal. Insólito, pero real.
Esconderse para hacer arte.
La Usina Cultural, el lugar clausurado por tráfico de poesía, surgió como consecuencia de una agrupación juvenil de la Ciudad, del mismo nombre, que realiza trabajo social en las villas de emergencia de Retiro y Barracas.
“Parece una locura, pero, actualmente, los centros culturales deben habilitarse como algo que no son para que no los clausuren”, dice Florencia Minici, de la Usina Cultural y una de las redactoras de los dos proyectos de ley elaborados por el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) enviados a la legislatura la semana pasada.
Miradas al Sur pudo acceder a los proyectos que esperan ser tratados en la Comisión de Cultura. El primero plantea la urgencia de crear la figura de Centro Cultural y Social para así garantizar un marco de derechos a partir del cual establecer los requisitos habilitatorios. El segundo tiene que ver con la subsistencia económica de esos espacios a través de la creación de un Régimen de Concertación para la actividad de los CCySS. La idea es que los inscriptos sean eximidos del pago de impuestos municipales y reciban asesoramiento técnico, y asistencia legal y económica por parte del Estado.
Según calculan los organizadores del MECA, en la ciudad existen entre 40 y 60 centros culturales no oficiales que funcionan a puertas cerradas, sin habilitación. El MECA se plantea como un movimiento amplio desde donde poder discutir una nueva agenda para la política cultural de la Ciudad. “Nos organizamos porque entendemos que es el único camino racional para frenar la persecución. Pero también para aportar en la construcción de una ciudad diferente, popular, inclusiva y justa”, dice Minici.
La actividad de dichos centros es sin fines de lucro: “No somos bares ni boliches ni locales comerciales. Somos los espacios que hacen que Buenos Aires sea una de las capitales culturales del mundo”, resume el manifiesto del movimiento que busca funcionar como alternativa al circuito artístico oficial.
Una política de negocios.
Durante los cuatro años de gestión macrista, el sector cultural fue perseguido y atacado sistemáticamente a través de distintas medidas: recortes presupuestarios, cierre de diversos espacios culturales y avances en beneficio de intereses privados sobre los lugares destinados al desarrollo del arte, la educación y la cultura.
No se sabe qué hace el ministro de Cultura del PRO Hernán Lombardi –ex radical, ex ministro de De la Rúa– ante el desmantelamiento del teatro Colón, la no paga a los trabajadores del teatro San Martín, la persecución política que recibe el colectivo que autogestiona la Sala Alberdi, la privatización del mismo teatro, las denuncias por supuesto intento de privatización del Planetario, etcétera, etcétera.
Cuando se habla de privatización de lo público, se habla de gobernantes que actúan creyéndose dueños de los lugares a los que llegan para servir y no para servirse a ellos.
Al respecto, Minici señala: “La causa de estos verdaderos bochornos de la gestión macrista radica en la esencia misma del PRO: el privilegio de los que más tienen, la vocación privatista (no es vano recordar la propuesta de Carlos Pirovano, funcionario de la Ciudad: ‘¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata les pagamos a los chicos una buena escuela privada?’), la xenofobia, la restricción de derechos y una política cultural empresaria, fuertemente orientada al turismo”.
Centro Cultural vs. Comisaría.
Otro ejemplo de la política macrista es el caso del Espacio Cultural Bonpland, un viejo mercado en desuso que los vecinos de Palermo hicieron propio con el florecimiento de las asambleas barriales nacidas en 2001. A principios de 2009, se vence por primera vez el papel que da al espacio cultural el permiso para utilizar el lugar. Luego de un año de idas y venidas, el Gobierno de Macri manda la inspección al Bonpland. Por una garrafa y dos matafuegos, el predio no sólo fue clausurado sino que también fue multado con 26 mil pesos. Luego de reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, quedaron sobre la mesa los entretelones de la intención política. El Gobierno de la Ciudad planea instalar una comisaría de la Policía Metropolitana y así desmantelar el centro cultural, el comedor y la biblioteca popular.
“En plena lucha, nos cerraron dos blogs donde colgábamos youtubes de los artistas que brindaron su palabra de apoyo para el no cierre del Espacio. A fines del año pasado llegamos a juicio y se falló a favor nuestro. No hay ley que nos ampare en tanto centro cultural. Todo se resume a una cuestión de palabra: si querés que me vaya de acá, vení a sacarme que no va a ser muy fácil”, remata Carolina Arentio, del Bonpland.
“Para clausurarnos, alegaron una barbaridad de cuestiones. Por ejemplo, mencionaron que tenemos una garrafa en el comedor. Pero bueno, si no querés que tengamos una garrafa, poné gas, es su deber asistir al comedor que abandonan…”, cuenta Arentio.
Contradicciones constantes, excusas que en definitiva buscan el cierre de los espacios por cuestiones políticas y/o empresariales. En el caso del Espacio Cultural Bonpland, era claro: el terreno había sido pedido por la Policía Metropolitana.
Efecto Cromañón.
La mayoría de los centros culturales no oficiales llevan cinco años de funcionamiento. Todos los centros culturales, teatros independientes y demás espacios artísticos se vieron en serios problemas tras el efecto Cromañón y tiempo después tras la tragedia del derrumbe del entrepiso del boliche Beara, que en 2010 causó la muerte de dos jóvenes.
Hay que recordar el Musicalazo, la forma en la que los artistas salieron a la calle para manifestar la pérdida de la fuente de trabajo y la libertad de expresión. Desde 2004, se hace casi imposible para muchos grupos musicales encontrar un lugar para tocar.
Desde Actitud menos Arte, un grupo de artistas organizados declaran: “La música en vivo se ve limitada a la voluntad del Gobierno y a megafestivales patrocinados por grandes empresas, generando un monopolio y el control de la expresión artística. El verdadero arte no sale de las empresas ni del Gobierno. Sale de los sótanos y de la calle”.
Cromañón también significó desde muchos medios de comunicación, la vinculación entre la cultura, la inseguridad y la juventud. Desde MECA, Florencia Minici manifiesta: “Cromañón fue un hecho que demostró la convivencia de funcionarios del Estado con empresarios inescrupulosos que privilegian el carácter mercantil de la cultura por sobre los derechos humanos. El episodio de Beara demostró empíricamente que, a pesar de estar habilitado, un lugar no puede ser seguro si existen empresarios que gozan de vía libre para hacer negocios con la vida humana”.
Muchos establecimientos de la Ciudad post-Beara se disfrazaron de casas de fiestas privadas cuando en realidad son boliches sin ningún tipo de control. Desde el MECA diferencian: “El Estado debería clausurar estos espacios. De igual forma, los más castigados seguimos siendo los centros culturales que, además, solemos tener mayor conciencia y recaudo que los ‘empresarios de la noche’. Los centros culturales y sociales no somos ese tipo de empresarios, sino que cumplimos la función social de acercar a los barrios y a toda la ciudad con la cultura emergente”.
Los centros culturales no oficiales están organizados para darse colectivamente un marco legal que los contenga y los fomente. Es desde allí donde se construye la cultura popular de la ciudad. En esos lugares circulan los artistas emergentes que no forman parte del circuito formal de la industria cultural. En esos lugares hay jóvenes trabajando por la cultura, cotidianamente, autogestivamente. Vale la pena.
Fuente: Arnolfi, Jimena. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.
Llegaron unos inspectores del Gobierno de la Ciudad y clausuraron el lugar al son de un acta que decía: “Se constata la presencia de 20 personas leyendo poesía”. (Es inevitable no pensar en uno de los ciclos de poesía itinerantes de la ciudad que lleva por nombre la consigna clave: “Más Poesía Menos Policía”.) Los inspectores deben haber pensado en algo peligroso. Fue el mes pasado en La Usina Cultural del Sur, un espacio autogestionado en el barrio de Almagro sobre la calle Bulnes donde se dan talleres de arte y se realizan lecturas de poesía y narrativa.
No hay una sistematización de la cantidad de centros culturales no oficiales clausurados, desalojados y perseguidos durante la gestión de Mauricio Macri. No es novedad que el vacío jurídico sobre los centros los deja a la intemperie, resistiendo frente a una política vacía, de mal trato y desconocimiento de la cuestión cultural.
La legislación porteña no contempla este tipo de espacios y, al momento de ser clausurados, el centro cultural en cuestión se encuentra frente a la paradoja de no existir para la ley pero, sin embargo, ser clausurado por no contar habilitación para funcionar como tal. Insólito, pero real.
Esconderse para hacer arte.
La Usina Cultural, el lugar clausurado por tráfico de poesía, surgió como consecuencia de una agrupación juvenil de la Ciudad, del mismo nombre, que realiza trabajo social en las villas de emergencia de Retiro y Barracas.
“Parece una locura, pero, actualmente, los centros culturales deben habilitarse como algo que no son para que no los clausuren”, dice Florencia Minici, de la Usina Cultural y una de las redactoras de los dos proyectos de ley elaborados por el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) enviados a la legislatura la semana pasada.
Miradas al Sur pudo acceder a los proyectos que esperan ser tratados en la Comisión de Cultura. El primero plantea la urgencia de crear la figura de Centro Cultural y Social para así garantizar un marco de derechos a partir del cual establecer los requisitos habilitatorios. El segundo tiene que ver con la subsistencia económica de esos espacios a través de la creación de un Régimen de Concertación para la actividad de los CCySS. La idea es que los inscriptos sean eximidos del pago de impuestos municipales y reciban asesoramiento técnico, y asistencia legal y económica por parte del Estado.
Según calculan los organizadores del MECA, en la ciudad existen entre 40 y 60 centros culturales no oficiales que funcionan a puertas cerradas, sin habilitación. El MECA se plantea como un movimiento amplio desde donde poder discutir una nueva agenda para la política cultural de la Ciudad. “Nos organizamos porque entendemos que es el único camino racional para frenar la persecución. Pero también para aportar en la construcción de una ciudad diferente, popular, inclusiva y justa”, dice Minici.
La actividad de dichos centros es sin fines de lucro: “No somos bares ni boliches ni locales comerciales. Somos los espacios que hacen que Buenos Aires sea una de las capitales culturales del mundo”, resume el manifiesto del movimiento que busca funcionar como alternativa al circuito artístico oficial.
Una política de negocios.
Durante los cuatro años de gestión macrista, el sector cultural fue perseguido y atacado sistemáticamente a través de distintas medidas: recortes presupuestarios, cierre de diversos espacios culturales y avances en beneficio de intereses privados sobre los lugares destinados al desarrollo del arte, la educación y la cultura.
No se sabe qué hace el ministro de Cultura del PRO Hernán Lombardi –ex radical, ex ministro de De la Rúa– ante el desmantelamiento del teatro Colón, la no paga a los trabajadores del teatro San Martín, la persecución política que recibe el colectivo que autogestiona la Sala Alberdi, la privatización del mismo teatro, las denuncias por supuesto intento de privatización del Planetario, etcétera, etcétera.
Cuando se habla de privatización de lo público, se habla de gobernantes que actúan creyéndose dueños de los lugares a los que llegan para servir y no para servirse a ellos.
Al respecto, Minici señala: “La causa de estos verdaderos bochornos de la gestión macrista radica en la esencia misma del PRO: el privilegio de los que más tienen, la vocación privatista (no es vano recordar la propuesta de Carlos Pirovano, funcionario de la Ciudad: ‘¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata les pagamos a los chicos una buena escuela privada?’), la xenofobia, la restricción de derechos y una política cultural empresaria, fuertemente orientada al turismo”.
Centro Cultural vs. Comisaría.
Otro ejemplo de la política macrista es el caso del Espacio Cultural Bonpland, un viejo mercado en desuso que los vecinos de Palermo hicieron propio con el florecimiento de las asambleas barriales nacidas en 2001. A principios de 2009, se vence por primera vez el papel que da al espacio cultural el permiso para utilizar el lugar. Luego de un año de idas y venidas, el Gobierno de Macri manda la inspección al Bonpland. Por una garrafa y dos matafuegos, el predio no sólo fue clausurado sino que también fue multado con 26 mil pesos. Luego de reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, quedaron sobre la mesa los entretelones de la intención política. El Gobierno de la Ciudad planea instalar una comisaría de la Policía Metropolitana y así desmantelar el centro cultural, el comedor y la biblioteca popular.
“En plena lucha, nos cerraron dos blogs donde colgábamos youtubes de los artistas que brindaron su palabra de apoyo para el no cierre del Espacio. A fines del año pasado llegamos a juicio y se falló a favor nuestro. No hay ley que nos ampare en tanto centro cultural. Todo se resume a una cuestión de palabra: si querés que me vaya de acá, vení a sacarme que no va a ser muy fácil”, remata Carolina Arentio, del Bonpland.
“Para clausurarnos, alegaron una barbaridad de cuestiones. Por ejemplo, mencionaron que tenemos una garrafa en el comedor. Pero bueno, si no querés que tengamos una garrafa, poné gas, es su deber asistir al comedor que abandonan…”, cuenta Arentio.
Contradicciones constantes, excusas que en definitiva buscan el cierre de los espacios por cuestiones políticas y/o empresariales. En el caso del Espacio Cultural Bonpland, era claro: el terreno había sido pedido por la Policía Metropolitana.
Efecto Cromañón.
La mayoría de los centros culturales no oficiales llevan cinco años de funcionamiento. Todos los centros culturales, teatros independientes y demás espacios artísticos se vieron en serios problemas tras el efecto Cromañón y tiempo después tras la tragedia del derrumbe del entrepiso del boliche Beara, que en 2010 causó la muerte de dos jóvenes.
Hay que recordar el Musicalazo, la forma en la que los artistas salieron a la calle para manifestar la pérdida de la fuente de trabajo y la libertad de expresión. Desde 2004, se hace casi imposible para muchos grupos musicales encontrar un lugar para tocar.
Desde Actitud menos Arte, un grupo de artistas organizados declaran: “La música en vivo se ve limitada a la voluntad del Gobierno y a megafestivales patrocinados por grandes empresas, generando un monopolio y el control de la expresión artística. El verdadero arte no sale de las empresas ni del Gobierno. Sale de los sótanos y de la calle”.
Cromañón también significó desde muchos medios de comunicación, la vinculación entre la cultura, la inseguridad y la juventud. Desde MECA, Florencia Minici manifiesta: “Cromañón fue un hecho que demostró la convivencia de funcionarios del Estado con empresarios inescrupulosos que privilegian el carácter mercantil de la cultura por sobre los derechos humanos. El episodio de Beara demostró empíricamente que, a pesar de estar habilitado, un lugar no puede ser seguro si existen empresarios que gozan de vía libre para hacer negocios con la vida humana”.
Muchos establecimientos de la Ciudad post-Beara se disfrazaron de casas de fiestas privadas cuando en realidad son boliches sin ningún tipo de control. Desde el MECA diferencian: “El Estado debería clausurar estos espacios. De igual forma, los más castigados seguimos siendo los centros culturales que, además, solemos tener mayor conciencia y recaudo que los ‘empresarios de la noche’. Los centros culturales y sociales no somos ese tipo de empresarios, sino que cumplimos la función social de acercar a los barrios y a toda la ciudad con la cultura emergente”.
Los centros culturales no oficiales están organizados para darse colectivamente un marco legal que los contenga y los fomente. Es desde allí donde se construye la cultura popular de la ciudad. En esos lugares circulan los artistas emergentes que no forman parte del circuito formal de la industria cultural. En esos lugares hay jóvenes trabajando por la cultura, cotidianamente, autogestivamente. Vale la pena.
Fuente: Arnolfi, Jimena. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 19 de junio del 2011.
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