Crónica de una jornada tensa en la que el macrismo no sólo impuso el fin de las juntas de clasificación hasta hoy conocidas, sino menores niveles de control de las demoliciones. Los docentes sufren, las constructoras ríen.
La sesión del jueves en la Legislatura porteña fue caótica en todos y cada uno de sus sentidos. Adentro y afuera del recinto. Las imágenes de las patotas en la calle fueron una especie de metáfora de lo que terminó sucediendo adentro. No hubo heridos afuera, más allá de la leve lesión de Laura García Tuñón, legisladora de Proyecto Sur. No se puede decir lo mismo de adentro. Porque unos cuantos legisladores se inmolaron en esa sesión que se encuentra en cuarto intermedio hasta el próximo miércoles y a la que aún le queda una batería de temas, con algunos tan duros de resolver como el de las Juntas Docentes.
Bien temprano, los docentes que acampaban en la puerta de la Legislatura salían de sus carpas con el sol frío doliéndoles en los ojos, como preanunciando lo que sucedería. Cuando la concentración se poblaba a buen ritmo, a eso de las 11 de la mañana, tres micros de barrabravas quebraron brutalmente la jornada (ver La matriz futbolera del ejército pretoriano de Mauricio Macri).
La sesión estaba prevista para las cinco de la tarde, luego se corrió para las cinco y media y terminó arrancando a las seis. Al principio se creía que no iba a haber quórum. Marcelo Parrilli (MST) pidió el inicio de la sesión con la intención de que se cayera. La presión funcionó porque empezaron las corridas pero esta vez para que apareciera el número necesario de legisladores.
Aunque luego votaron por archivar el proyecto de la CC que finalmente fue aprobado, quienes ayudaron a llegar al quorum fueron los representantes del peronismo (Claudio Palmeyro, Mateo Romeo y Silvina Pedreira) y el Partido Socialista (Jualián D’Angelo). Los legisladores de las oposición creían que los peronistas no iban a estar entre los 31 necesarios, puesto que son todos de extracción gremial.
También votaron contra el proyecto de creación de siete juntas de calificación los cuatro integrantes del Frente para la Victoria (FpV), otros cuatro del Frente Progresista Popular (FPP), los dos de Nuevo Encuentro, el de Delia Bisutti (SI), los siete de Proyecto Sur, el de Parrilli (MST), Martín Hourest (Gen), D’Angelo (PS), dos de la UCR (Claudio Presman y Antonio Campos) y los tres del bloque peronista.
Lo que no fue sorpresa para nadie fue la performance de Sergio Abrevaya, quien lidera el ránking de los responsables de que las Juntas que existían hasta hoy hayan caído. Y el resto de la CC, con la honrosa excepción de Rocío Sánchez Andía.
Según los legisladores opositores Abrevaya se probó las ropas del verdugo porque “negoció con el macrismo dirigir el Congreso Pedagógico del año que viene” así como ir con el PRO al Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, un organismo previsto en la Constitución de Buenos Aires, que no está creado y tiene una función consultiva. Los legisladores dicen que esos acuerdos se hicieron directamente con el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich. Conviene aclarar que Abrevaya deja su puesto de legislador el 10 de diciembre.
María Elena Naddeo (FPP) remarcó lo sucedido en el recinto ante Miradas al Sur : “Es un dato muy importante la claudicación de la CC, de su defensa histórica de la Ley 1.420, de la escuela pública, gratuita y laica y del Estatuto Docente. Esta noción central de que las Juntas de clasificación son electas por los pares y que los concursos se organizan con prescindencia del poder político de turno, lo que ha sido una marca histórica de la escuela estatal argentina, acaba de ser sepultado en la Ciudad de Buenos Aires, con la complicidad de Sergio Abrevaya, Fernando Sánchez, Adriana Montes, Juan Pablo Arenaza, y Diana Maffia”, dice la legisladora. Probstinado. Naddeo cuenta que “el PRO mostró una obstinación fuertísima en incluir las juntas de clasificación docente en la sesión, a pesar de que había una movilización muy grande de todos los gremios, cinco paros docentes, cuestionamientos de todos los sectores. Ya todos sabíamos que iba a ser muy complicada y que iba a tener episodios de violencia. Porque es un tema que daña profundamente al sistema educativo”.
La legisladora del FPP insisitió en dejar en claro que su bloque “repudia todas las expresiones de violencia, pero no hay que olvidarse que es violencia también haber provocado la votación de un proyecto de ley cuestionado por la amplísima mayoría de los implicados, los docentes. Hace años que no se vota algo de esa manera, con esa actitud sumamente autoritaria, sin generar un proceso de debate más abierto y sin escuchar a los 15 gremios docentes”.
El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, salió al día siguiente de los disturbios a decir que “con la violencia no se llega a ningún lado”. Pareció una burla de quien es señalado por sus presuntas conexiones con los violentos.
Para Gonzalo Ruanova, “la forma en que Macri decidió tratar este tema tiñó toda la jornada en la Legislatura. No intentaba modificar un sistema, que sí se puede mejorar, con el ingreso a la carrera docente, la capacitación y el mejoramiento de la calidad educativa, sino que quería torcerle el brazo a los gremios docentes”, se lamenta el legislador de Nuevo Encuentro. “Y en esa lucha de poder hay un ciclo histórico en estos cuatro años en el que claramente Macri ha demostrado que el Estado, que en la Ciudad de Buenos Aires siempre fue el instrumento que se utilizaba de manera virtuosa para romper con las desigualdades que hay en el acceso al sistema educativo, no funcione más como tal, por eso sucedieron cosas como la transferencia de fondos públicos a la educación privada, la disminución de las becas de inclusión de los estudiantes secundarios, la centralización de los fondos de las cooperadoras para que no pudieran mantener los colegios. Por eso los problemas edilicios en las escuelas públicas, por eso (Mariano) Narodowski, por eso Abel Posse, por eso la presencia de las ONG que decidieron que las becas se recortaban y se restringían, cuando estamos hablando de becas de inclusión social, de 800 pesos, por eso también las listas negras de estudiantes secundarios.”
Pero la jornada del jueves fue maratónica porque se votó una gran cantidad de otras cosas, además del fin de las Juntas Docentes. Por ejemplo, se sancionó una ley de autoría de Naddeo para la inclusión laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que no estudian ni trabajan, que se recuperan en tratamientos de adicciones o que egresan de hogares para chicos en situación de vulnerabilidad o propuestos por distintos programas sociales de la ciudad. El macrismo lo había vetado y el FPP decidió aceptar el veto para que la ley no cayera (para ratificar una ley hay que tener 40 votos. En cambio, para aceptar el veto con mayoría simple basta).Otras leyes. También se creó el comité de seguimiento de mortalidad materna, que consiste en que cada hospital y en el Ministerio de Salud se constituya un comité con los jefes de servicio y directores de las áreas, para hacer el seguimiento de la morbimortalidad materna, detectar sus orígenes y diseñarlas estrategias para prevenirlas. También se creó el Registro de donantes voluntarios de la ciudad. Se creó un régimen de promoción para las Pymes, con una cantidad de facilidades y exenciones impositivas para fomentar su radicación en la ciudad.
La caída de las juntas docentes no fue el único triunfo macrista. El PRO no aceptó votar la prórroga de la Ley de Protección Histórica de los edificios anteriores a 1941, haciendo caducar esa ley. Ahora, el Gobierno de la Ciudad no tiene obligación de analizar o enviar a la comisión de patrimonio los pedidos de demolición de inmuebles anteriores a 1941 que no estén catalogados como patrimonio histórico. Para Naddeo esto “es muy grave porque puede generar la demolición de edificios que tienen un valor cultural e histórico. Otra vez se notan los fuertes intereses de la construcción e inmobiliarios”.
El miércoles que viene terminaría esta larga sesión final en la Legislatura. La mayor expectativa está puesta en la reglamentación que busca expulsar a los vendedores ambulantes (manteros) y en la que busca terminar con los plazos de las medidas cautelares que a menudo cuestionan decisiones del gobierno macrista. También se espera que se dé por terminada la expropiación del edificio de Gascón 123 que iba a permitir ampliar el futuro Corredor Oeste.
Fuente: Diego Long. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 4 de diciembre del 2011.
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