La reforma política e institucional.
Los múltiples desafíos pendientes que buscan mejorar la fiscalización política y la estructura institucional del régimen para evitar abusos como el trabajo en negro, infantil y la propia esclavitud o trata de personas.
A nivel de gobierno ya hace mucho empezó a debatirse las formas de avanzar políticamente en los cambios estructurales. En ese sentido, el año en curso va a ser un año clave políticamente hablando. Así, los sectores populares, mucho más democráticos, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para continuar recorriendo lo iniciado desde el 2003. La defensa de los cambios en curso implican defender lo hecho hasta ahora, defender los avances concretos que se perciben todos los días, siempre desde la mirada de los intereses populares, y al mismo tiempo defender la posibilidad de avanzar en lo mucho que falta en la medida en que el contexto político lo permita. En esas circunstancias, Cristina Fernández es la garante del modelo como lo viene demostrando públicamente. En relación a lo que falta por hacer, es necesario poner en sintonía la construcción territorial con los diversos debates nacionales existentes. Por ejemplo, en este momento particular, que es parte de un año electoral, Argentina debate cuestiones bastante profundas para su porvenir que por lo mismo produce en ocasiones contradicciones profundas. Por ejemplo, el rumbo de la política nacional plantea con claridad la no represión de la protesta social, sin embargo, al mismo tiempo, Insfran en la provincia de Formosa se jacta de que su policía actuó bien al reprimir el reclamo de tierras de la comunidad toba. El gobierno nacional avanza con la concreción del ministerio de seguridad, que plantea una política de seguridad democrática que busca recuperar el poder político sobre las fuerzas de seguridad, mientras Scioli busca fortalecer la autonomía de la policía con un discurso de demagogia punitiva típica de otras épocas y de otras ideologías.
Por otro lado, también es necesaria una amplia reforma de las leyes y de la defensa de los derechos de los trabajadores a partir de una mejora en la distribución de la riqueza porque todavía hay mucho que hacer en relación al tema. Por ejemplo, y a pesar de las coherentes políticas de redistribución del gobierno popular de Cristina, de reivindicación de los derechos de los trabajadores, enmarcados en un contexto de mayor respeto por los derechos humanos, hoy persisten como una cuestión claramente estructural del capitalismo, prácticas de extrema explotación e incluso esclavitud y trata de personas. En el caso concreto de Argentina, las redes de la trata de personas se alimentan casi con exclusividad de paraguayas y dominicanas. Entran al país con documentos falsos y esas mujeres son compradas y vendidas, sin embargo, las prácticas más habituales de captación de las víctimas de la trata son el engaño y hasta el secuestro. Tampoco existen cifras creíbles sobre la cantidad de mujeres que sufren esta forma esclavitud porque, en la generalidad de los casos, las víctimas o sus familiares temen represalias por parte de los traficantes mientras que, aunque cueste creerlo, muchas personas consideran naturales las condiciones de explotación laboral o sexual y los gobiernos carecen muchas veces de voluntad política o de recursos de poder y de control efectivo para solucionar el problema. Es que el negocio global de la trata sexual genera en el mundo ganancias por lo menos de unos 32.000 millones de dólares al año, ubicándose detrás de la venta y tráfico de armas y del comercio de drogas. Es decir, es un negocio tremendamente redituable económicamente y difícil de combatir porque se asienta en la complicidad de funcionarios, de jueces y de policías. En los hechos, las formas que puede adoptar la esclavitud en pleno siglo XXI son muchas. El comercio sexual es apenas una de ellas. El trabajo infantil y la explotación laboral infrahumana en general es otra.
En relación al trabajo infantil, la primera encuesta nacional sobre niños y niñas, realizada por el Ministerio de Trabajo en 2004, detectó que en el país trabajaba el 6,5% de los niños y niñas de entre 5 y 13 años, y que ganaban la increíble suma de 22 pesos por mes. Este trabajo puso en claro, además, que el 20% de los adolescentes que fluctúa la edad entre los 14 y los 17 años trabajaba por apenas 97 pesos la mes mientras que, al mismo tiempo, el 25% de ellos había abandonado la escuela. En realidad, si consideramos el hecho de la deserción escolar, de los años escolares repetidos, etc., el tema no es el sueldo, cuánto ganan estos chicos, sino más bien cuánto es lo que pierden porque el hecho de no terminar la educación secundaria, y aún la primaria en muchos casos, son condenados como sujetos a una vida de carencias, de miserias y de exclusión social. Son esos niños y esos jóvenes, por el hecho de ser socialmente muy vulnerables, los que después vivirán realidades lacerantes sumándose, por ejemplo, al trabajo en fincas y galpones, a la venta ambulante y la recolección de papeles y cartones para sobrevivir.
Los casos denunciados penalmente y difundidos por los diversos medios de comunicación durante la semana anterior acerca de trabajadores golondrinas, mayoritariamente de origen santiagueños, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajos en los campos de la provincia de Buenos Aires, abocados al desfloramiento del maíz, representan apenas una de las caras de un problema que es estructural y que incluso en los últimos años se profundizó ante la falta de capacidad y de recursos de poder reales del régimen para controlar este tipo de excesos que literalmente son ilegales. La increíble explotación laboral y las condiciones de real esclavitud existente en los llamados trabajadores golondrinas, que se desplazan por distintas zonas geográficas del país a partir de la estacionalidad de la cosecha de ciertos cultivos, es un fenómeno que se da a lo largo de todo el territorio nacional y que tiene a la provincia de Santiago del Estero como epicentro de los flujos migratorios. Tampoco es menor el hecho de que detrás del trabajo esclavo, y las consiguientes formas de explotación, exista toda una red mafiosa porque se estima, ni más ni menos, que el trabajo golondrina involucra cerca de 400.000 personas a lo largo del año en Argentina, una cifra que incluso es muy superior a la de los años ’90. Entonces, como en política rara vez dos más dos son cuatro, ese aumento considerable vino acompañado de las nuevas condiciones de producción y rentabilidad del país desde la primacía de las políticas que tienen que ver con un modelo popular que hace hincapié en el desarrollo del mercado y del consumo interno. Es decir, el aumento de la producción agraria y la necesidad de una mano de obra intensiva explican en parte el aumento de estas migraciones estacionales y la imposibilidad de poder controlar esas mismas actividades en todas sus dimensiones, por la falta de recursos reales del régimen político, hacen el resto.
El trabajo en negro, otra de las formas de explotación laboral que es la antesala de la precariedad del trabajo específicamente en la actividad rural, no se detiene y nos muestra las enormes heridas e injusticias que todavía afectan las relaciones laborales, los derechos humanos y la dignidad de los trabajadores agrícolas que así no pueden acceder a los mínimos derechos que les corresponden. Es el trabajo humano definido como mercancía en su máxima expresión. El problema es que el trabajo no registrado, en especial en el ámbito rural, la explotación infrahumana y la esclavitud, se da en esos lugares donde la mano de obra es intensiva y la cosecha dura poco tiempo, donde el patrón aprovecha esas condiciones particulares y evalúa correr el riesgo de mantener a los trabajadores en negro o no. De ahí las dificultades para controlar este tipo de situaciones aunque esto no es una justificación para caer en la desidia sino, antes bien, es necesario seguir la lucha por los plenos derechos de los trabajadores. Por eso, el gobierno de Cristina busca impulsar, a expensas de los grandes intereses de las transnacionales relacionadas con el agro de la que la Mesa de Enlace es su fiel representante, una reforma al mismo régimen de trabajo agrario donde se establece la negociación colectiva formal y se deroga la prohibición al derecho de huelga venida de la época de la dictadura militar. Además, se establece que, en materia de proveeduría, las deudas no se pueden descontar del salario y los artículos se deben suministrar a los precios del mercado. Sin embargo, y a pesar del proyecto de ley enviado por el poder ejecutivo nacional que se hace eco de estas cuestiones, el Congreso, todavía en manos de la oposición, se negó a aprobar el texto. De hecho en una reciente reunión entre Domínguez (ministro de agricultura) y los representantes de la Mesa de enlace, estos últimos llevaron cada una de sus exigencias al gobierno pero negándose a tratar el tema o a hacer una declaración contra las condiciones laborales denigrantes en la agricultura a pesar de la presencia de Carlos Tomada en esa reunión.
Entonces, los cambios estructurales y los desafíos políticos para los sectores populares son centrales. Más aún cuando vemos que las empresas que contratan a esos campesinos, en el caso de la explotación y esclavitud en los campos argentinos, simplemente por supuesta conveniencia comercial y económica, reproducen las condiciones de explotación y de esclavitud que también se dan en otras actividades, de índole industrial, como los talleres de ropa clandestinos que sobreviven en los sectores periféricos de la Ciudad o de la Provincia de Buenos Aires principalmente. Esas empresas, que en la mayor parte de los casos son filiales o simplemente responden a los intereses de las transnacionales relacionadas con las materias primas y los productos del agro en general, además montan toda una red de comercio ilegal de bienes y servicios, como los alimentos, donde incluso cuentan con una proveeduría de éstos con precios exorbitantes donde los campesinos pierden gran parte de lo ganado que así se les va sólo en la alimentación.
Finalmente, respecto a una mejora en la calidad institucional del régimen para hacerse cargo más eficientemente de estos temas, creo que es viable plantear como elemento indispensable en la construcción de otra cultura política, mucho más acorde a los desafíos que transitamos actualmente, la emergencia de los debates en relación a la temática del trabajo, de la calidad institucional del propio régimen para ejercer los múltiples controles que le corresponden en ese sentido que, a su vez, sea capaz de garantizar la profundización, radicalización y continuidad de largo plazo de un proyecto popular para poder continuar produciendo los cambios estructurales que Argentina requiere.
Alfredo A. Repetto Saieg.
Versión completa en:
Buenos Aires, Argentina, Enero 21 del 2011.
Referencias bibliográficas:
Galand, Pablo: “Trabajo golondrina, uno de los rostros de la explotación” en Diario Miradas al Sur de la edición del 9 de enero del 2011.
Ayala, Juan: “Las mujeres y los niños son las mayores víctimas” en Diario Miradas al Sur de la edición del 9 de enero del 2011.
Massaro, Mariano: “Cristina garantiza el modelo” entrevista a Martín Sabbatella en Diario Miradas al Sur de la edición del 9 de enero del 2011.
“El empleo en negro en el campo aumentó un 10% desde 2008” Publicado en Diario Tiempo Argentino de la edición del 9 de enero del 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario