viernes, 21 de enero de 2011

Noticias de la semana:



Entrevista con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada: “Es importante que las patronales repudien el trabajo esclavo”

El funcionario criticó a los parlamentarios opositores por frenar el tratamiento de la ley de trabajo rural. Se expresó a favor de la reelección de la presidenta y aseguró que la acompañará desde el lugar que ella decida. Criticó a Macri.
Carlos Tomada, uno de los ministros más antiguos del gabinete kirchnerista junto con Julio De Vido, recordó cuando en 2003 se negociaban “kilos de pan y carne” con los desocupados, al hacer un balance de su larga gestión al frente del Ministerio de Trabajo. En cambio, destacó que ahora se pelea por mejoras en las condiciones laborales. En diálogo con Tiempo Argentino denunció la violencia que enfrentan los empleados del ministerio cuando intentan realizar tareas de inspección en los establecimientos rurales, y criticó a los legisladores que traban la sanción de la ley de trabajo rural. “Todos los sectores interesados han hechos sus gestiones y presiones para que este Parlamento, dominado por la oposición, no avance”. También subrayó la responsabilidad de Mauricio Macri por la falta de inspección de los talleres textiles donde se registró trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo califica la reunión con las entidades ruralistas?

La reunión fue muy clara en un sentido, y un tanto rara en otro. Clara porque fuimos a expresar y a pedir respuestas por parte de las cámaras patronales agrarias frente a esta mayor visibilización de estas formas de explotación de los trabajadores. No nos deja de llamar la atención la ausencia de definiciones concretas y de rechazo por parte de las cámaras. Es importante que las patronales expresen que el trabajo esclavo es un hecho repudiable, si no termina habiendo una suerte de aval donde muchos empresarios, respaldados por editoriales del diario La Nación, terminan creyendo que eso puede y debe ser así. Ante ese planteo no hubo una posición unívoca, ya que Eduardo Buzzi sí repudió, pero los otros buscaron evasiones, justificaciones. Lo único que faltaba decir era que, como el hecho no estaba probado en la justicia, no se podía hablar del tema. Nuestro segundo planteo fue la necesidad de un compromiso mayor, una actitud más proactiva de las cámaras para facilitar las inspecciones.

¿Cuál fue la propuesta que le hicieron a las patronales?

Los invitamos a participar de estas tareas que venimos realizando hace más de cuatro años. Eso sería una posibilidad de expresar claramente que esto no es el verdadero trabajo rural. El impacto en la opinión pública nos va a ayudar a exhibir una lacra que la Argentina siglo XXI no se merece y que ha sido producto de un desdén y un desprecio por el trabajo y el trabajador muy grande. Hemos tenido experiencias de mucha violencia cada vez que hemos hecho inspecciones en el sector rural. La presidenta lo dijo: no es ni necesaria, ni imprescindible, ni uniforme esta forma de explotación. Hay muchas empresas y establecimientos que son rentables y que tienen respeto por las normas laborales y las condiciones de trabajo en las tareas de cosecha.

¿La visibilización de estos hechos puede impulsar la sanción de la ley de trabajo rural?

Los tres proyectos de ley que están en el parlamento regulan colectivos con proporción muy alta de trabajo en negro, ilegal. Además de la ley de trabajo rural, está el de casas particulares y a domicilio, cuyo mejor ejemplo son los establecimientos donde se explota a trabajadores textiles. La competencia para la inspección de trabajo es de las provincias y la Ciudad. Planteamos la reforma para que haya mayor centralización, pero en el Senado las autonomías provinciales se opusieron. Y hoy en la Ciudad de Buenos Aires el responsable de la inspección de los talleres textiles es el gobierno. Y así florecen. Esperamos que la ley de trabajo rural empiece a ser tratada por los diputados. Todos los sectores interesados han hechos sus gestiones y presiones para que este parlamento dominado por la oposición no avance.

Usted es uno de los ministros más antiguos del gabinete. ¿Qué balance hace de estos años?

Estoy orgulloso de haber sido el ministro de Trabajo de un proyecto como el que se puso en marcha en mayo de 2003, de haber sido el ministro de trabajo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, que pusieron el tema del trabajo y la calidad del empleo como un eje central de la gestión. Eso no ocurría en la Argentina desde hacía muchísimos años. Y yo he tenido la fortuna de estar en ese lugar. No puedo decir que estoy satisfecho porque no podemos bajar los brazos ni un día mientras siga habiendo desocupados, trabajo no registrado, lugares donde hay trabajo infantil. En 2003 la situación era dramática. Desde este ministerio se llegó a negociar kilos de pan y kilos de carne junto con planes sociales. Luego pasamos a la etapa de generación de empleo, y más tarde fue el turno de los salarios a través de la negociación con distintos colectivos. Y ahora es el tiempo de mejorar las condiciones laborales en todos aquellos lugares donde parece mentira que haya trabajadores que tienen menos derechos que otros, o que no puedan ejercerlos a la par de otros colectivos.

Fuente: Diario Tiempo Argentino de la edición del 15 de enero del 2011.

 

El primer debate del 2011.

Las tres muertes de bebés en el Piñero, que se suman a las treinta ocurridas en el Argerich durante 2010, imponen en la agenda legislativa el histórico problema de la falta de enfermeros e insumos.

Faltan enfermeros.

También insumos. Y control sobre la limpieza. Faltan turnos. Sobran pacientes. Un tema viejo que no encuentra solución. La muerte de tres bebés en el hospital Piñero y la denuncia de 30 fallecimientos durante 2010 en el Argerich a causa de infecciones intrahospitalarias pone de manifiesto el deficiente sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Estas muertes retumbaron días atrás entre las filas opositoras en la Legislatura porteña. Pero para el oficialismo, se parecieron más al graznido de un pato: no hicieron eco.
Sobre el Piñero, la legisladora por la Coalición Cívica Adriana Montes pidió un informe para que el Gobierno de Mauricio Macri precise el origen de la infección. Por su parte, María Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, propuso medidas para prevenir y auditar las muertes infantiles mediante la formación de juntas o comités y jerarquizar la carrera de enfermería incluyéndola en la carrera de salud. Sobre las enfermedades que circulan dentro de los hospitales, el senador nacional de Proyecto Buenos Aires Federal, Samuel Cabanchik, presentó una iniciativa para vigilar, controlar y preverlas a través de la creación de un Programa Nacional,
Para la legisladora porteña Gabriela Alegre (Bloque popular para la Victoria), “el tema de las infecciones intrahospitalarias es complejo y no siempre es atribuible a una mala gestión. Pero, en este caso, en abril de este año ya hubo 17 muertes por la misma bacteria en el Piñero. Esto generó un pedido de informes por parte de la Legislatura, que trajo como respuesta una descripción protocolar sobre la bacteria y nada más. Y ahora volvió a repetirse”.
Jorge Selser, legislador de Proyecto Sur y presidente de la Comisión de Salud, afirma que este tipo de infecciones son un problema mundial y en ningún caso pueden evitarse por completo, pero destaca la influencia del grado de asepsia y las medidas que se toman para evitar el contagio entre pacientes. “El sistema de enfermería, la limpieza de la institución, las medidas preventivas que se toman son muy influyentes. En lo que respecta a la limpieza, el servicio está tercerizado y así se pierde el control acerca de cómo se realiza”, y agrega: “La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de enfermería, sobre todo en la parte de neonatología, que tiene un 35 por ciento menos de lo necesario. Ahora, a raíz de las licencias de fin de año, debe alcanzar al 50 por ciento.”
La falta de enfermeros es un problema histórico en la ciudad, y en el país. “Durante muchos años los gobiernos priorizaron construir hospitales lindos, con mármol y ladrillo a la vista en la entrada. Nunca hasta el actual Gobierno Nacional había escuchado que hay que formar enfermeras y médicos. En 2008, la Presidenta dijo que faltaban 40 mil enfermeras en el país. Y se está trabajando en eso. En el área de neonatología se calcula que faltan 5 mil enfermeras, cuyo rol es crucial para que sobrevivan los chicos muy chicos”, dice el doctor Néstor Vain, vicepresidente de la Fundación para la Salud Materno Infantil (Fundasamin) y docente titular de Pediatría en la UBA. En la Ciudad, la oferta de enfermeros es menor a la demanda, y la demora burocrática sumada a la inhibición presupuestaria hace que el ingreso de personal se dilate. ¿Qué hacen los enfermeros entonces? Optar por el sistema privado.

Cifras que inquietan.

La muerte de los tres bebés en la sala de Neonatología del Piñero se suma a una cifra que evidencia las falencias de la actual gestión. “Este hecho coincide con el índice de mortalidad infantil más alto en un quinquenio. Sobre todo en la zona sur, que coincide con el área programática del Piñero. En la ciudad, hay 17 villas de emergencia y 16 están al sur de la Avenida Rivadavia. En la Comuna 8, que incluye Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati, la mortalidad infantil trepa al 12,8 por ciento. Una cifra superior a la del resto de la ciudad y del país”, dispara el médico sanitarista y ex subsecretario de Salud Edgardo Trivisonno.
Claro que no todas las muertes son evitables, pero de los ocho mil chicos que anualmente nacen en la ciudad con menos de 1.500 gramos, fallecen casi tres mil. Y si hubiese una buena atención en todos los hospitales –tanto públicos como privados–, la cifra no llegaría a mil, según Vain.
Para Trivisonno, “el bajo peso de los bebés tiene que ver con la falta de controles de las madres durante el embarazo. No es casual que haya sucedido en el Piñero, un hospital de trinchera. La salud no tiene que ver solamente con los servicios de atención. El medio ambiente y las condiciones de vida son determinantes. Y este gobierno tiene recursos –salud posee el 22 por ciento del presupuesto– pero no políticas.”
Sobre las declaraciones del jefe de Médicos Municipales Jorge Gilardi, la diputada Alegre se lamentó porque hablara de “sobrepoblación” para argumentar la tragedia. “Infiero una postura discriminatoria, ya que el Piñero es el hospital que atiende a varios asentamientos de la zona, donde hay gran cantidad de población migrante. El sistema de salud es uno de los más afectados por esta política xenófoba, ya que es donde menos se están poniendo recursos. La salud no puede ser vista como un negocio, y así lo están haciendo. En la Legislatura hubo cientos de pedidos de informes, porque es la manera que tenemos de alertar sobre el problema, pero no estamos teniendo una respuesta por parte de las autoridades del ministerio que resuelva la situación”.
En este sentido, Selser agrega que “la distribución de recursos, de medicamentos tanto como de insumos, es el reflejo de la incapacidad de gestión de este gobierno, que ha incumplido con las obras de infraestructura y ha disminuido el presupuesto del Garrahan en un 30 por ciento. Igual que el suministro de medicamentos, en manos de una empresa totalmente irresponsable y de calidad dudosa”.

Fuente: Cleiman, Ana Laura en Diario Miradas al Sur de la edición del 9 de enero del 2011.

Cuando el PRO dice “cultura”

Persecución política y criminalización de la protesta para los trabajadores del primer coliseo nacional

Mauricio Macri señaló en recientes declaraciones periodísticas que los reclamos laborales del primer coliseo argentino son sólo de un grupo minúsculo y, en un lenguaje que quiere ser popular sin lograrlo, atacó: “El Teatro Colón es de los vecinos”.
Y, como si el maltrato que vienen recibiendo los trabajadores del Teatro Colón no alcanzara, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumó la persecución política, la criminalización de la protesta y la penalización de los delegados.
Sin embargo, los trabajadores reclaman desde mayo pasado una mejora salarial del 40 por ciento que los iguale con quienes cumplen las mismas tareas en otros teatros, ya que en gran parte de los casos cobran hasta una tercera parte que sus colegas. Además de los pedidos por mejoras inmediatas de las condiciones de trabajo, el Colón es un cúmulo de problemas: el piso del escenario está en mal estado y fue mal hecho, al punto de haber provocado la lesión de bailarines; hay riesgos graves en los talleres extramuros donde conviven hacinados elementos inflamables (goma eva, tinner, elementos de madera) junto a soldadores de punto y compresores eléctricos con conectores a la intemperie o puestos en paredes con humedad; matafuegos vencidos, de los que dio cuenta en dos informes personal de la Superintendencia de Policía Federal, a raíz de la denuncia de los trabajadores.
En el mes de diciembre pasado, un total de 17 empleados y 8 delegados recibieron sanciones e instrucciones de sumarios, de los cuales las dos terceras partes fueron enviadas a los domicilios los días 30 y 31 de diciembre.
Después de casi cuatro meses de negociación, ni el Gobierno de la Ciudad ni la dirección del Teatro presentaron ni una sola propuesta a los reclamos presentados”, señaló a Miradas al Sur Máximo Parpagnoli, delegado adjunto de ATE y uno de los delegados sancionados. Y le respondió al intento populista de Macri: “¿A quien considera vecinos cuando aumenta la entrada más barata un 738 por ciento y la más cara 128 por ciento?”.
El Teatro Colón tiene conflictos muy anteriores a los que se conocieron en la apresurada reinauguración. Es más: nadie duda que la reapertura buscó un rédito político que sirviera de plataforma a la candidatura presidencial de Macri. “Si pudimos con el Colón, podemos con el país”, pregonaban los afiches amarillos del PRO.
Pero resultó que los pisos del teatro, tanto el del escenario como los de las salas de ensayo del ballet, fueron tan mal colocados, tan espantosamente armados y con un material absolutamente inadecuado para su utilización (recordar que se invirtieron 120 millones de dólares en la puesta a punto del área) que los bailarines presentaron infinidad de reclamos a la dirección desde el primer día luego de su reinauguración. Claro que ningún pedido fue escuchado hasta que, en el mes de septiembre, los bailarines (que ya tenían 15 personas lesionadas) se plantaron y señalaron que no seguirían bailando en esas condiciones.
Estoy en el Colón desde los 16 y soy primera bailarina desde los 21. Tengo 40 –señaló Karina Olmedo– y siento un dolor indescriptible por lo que están haciendo. Hemos sufrido su cierre muchísimo y teníamos muchísimas ganas de volver. Pero es indignante que haya que pedir condiciones mínimas de trabajo.”
En lugar de dar una solución, la respuesta del director Pedro Pablo García Caffi frente a este planteo fue levantar funciones condenando a un cuerpo entero a no tener funciones el resto del año. Se presentaron los reclamos formalmente ante la Dirección General del Teatro Colón, pero nadie contestó. Luego de más de diez días de espera, los trabajadores se reunieron en asamblea. Y allí sí llegó una respuesta autoritaria de García Caffi, lo que motivó que ese mismo día cayera la función.
Paritarias sin respaldo, falta de respuesta, medidas de fuerza, conciliación obligatoria: el Colón era un hervidero. El Gobierno de la Ciudad extendió entonces el plazo de la conciliación al máximo, hasta que se firmó un acta donde se declaraba la intención de buena fe de negociar. Pero Mauricio Macri designó para tal fin a Jorge Rey. Y el funcionario reconoció desconocer todo lo referente al Teatro Colón. Todavía se escucha el eco de sus advertencias: “Yo propuestas salariales no tengo, y en el mediano plazo no va a haber modificación alguna”. Luego, acusó a los delegados por la situación que se vivía en el teatro. Los trabajadores respondieron con una medida de fuerza.
La Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad determinó la ilegalidad de la medida (a pesar de que sólo puede hacer eso el Ministerio de Trabajo de la Nación o la Justicia) y comenzó el plan de sanciones y sumarios. El día 4 de diciembre llegaron oficios y sanciones a ocho personas, siete de los cuales son delegados gremiales (entre ellos, dos estaban en las listas para ser director representante en las elecciones que se realizarían el 17 diciembre).
La noche del 16 diciembre, sabiendo que en las elecciones perdía su gente, García Caffi suspendió los comicios argumentando que dos de los candidatos estaban con instrucción de sumario, y advirtiendo que eso podía lidiar con la ilegalidad y la falta de representatividad.
Desde que se inició el conflicto, los trabajadores dieron tres conciertos sucesivos en la calle (dos en la puerta del teatro y uno frente a la Jefatura de Gobierno) con gran caudal de gente y más de 150 músicos tocando. Además, hubo una función autogestionada del ballet que se realizó en el teatro Cervantes a sala llena, con localidades agotadas y críticas excelentes.
Para muchos trabajadores del Teatro Colón, la gestión cultural del PRO se limita a la convocatoria a eventos y arrinconando a la cultura a un mero carácter de esparcimiento y de diversión sin contemplar el concepto de estructuradora de criterio y de formación de la identidad. Una política que dinamita mucho de lo conseguido por los trabajadores de la cultura en el país.

Fuente: Deslames, Felipe en Diario Miradas al Sur de la edición del 9 de enero del 2011.


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