La mano invisible del derrumbe.

Aunque el boom inmobiliario hace al trasfondo de lo sucedido en la calle Bartolomé Mitre, los picos de construcción se dieron antes de la gestión Macri, con muchos menos “accidentes”. Los riesgos de una administración que estimula el laissez-faire.

La escena de la bola de demolición rompiendo con torpeza pedazos de mampostería alimentó 24 horas de transmisión en vivo de TN y C5N el domingo pasado. El cuerpo de Isidoro Madueña estaba a metros de los escombros crecientes. Su hijo, ese mismo día, le hablaba al movilero de Crónica TV sobre su padre desaparecido y le pedía a los medios: “Dejen de tapar”. “Nosotros no tapamos”, le respondió el cronista, “hablaste con nosotros ayer”. Por lo menos desde el sábado se sabía de la desaparición de Madueña. Algo que efectivamente, algunas cadenas, al principio, silenciaron. Su apellido se agrega a la lista de nueve muertes y 23 derrumbes sucedidos durante la gestión macrista. Que el boom inmobiliario salvaje hace a una parte crucial del problema es cierto pero parcialmente. Los records de superficies permisadas para la construcción se batieron justo antes del ciclo de gobierno macrista sin que se viniera abajo tanta casa, tanto edificio, tanto gimnasio. Sin tanta muerte.

El primer récord reciente de permisos de construcción se dio en 1998 con 2.727 obras y 2.236.126 m2 a construir. La cifra fue bajando hasta el piso de 690 permisos concedidos en plena crisis de 2002. Tras la recuperación económica nacional, los picos del boom se dieron en 2006 con 2.779 permisos (para 3.103.450 m2 de construcción) y al año siguiente con 2.589 (para 3.088.901 m2). Por entonces no se registró ni la alarmante cifra de derrumbes actual ni la de muertes de obreros de la construcción, como sucedía durante el menemismo. Estos datos sobre superficies permisadas son oficiales y corresponden al Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cedem), un organismo creado durante la gestión de Aníbal Ibarra en 2000, que desde diciembre de 2007 se incorporó a la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad.

En los dos primeros trimestres de este año el acumulado indica que hay 1.176 permisos pedidos para construir 1.462.997 m2. La cifra habla de una recuperación en relación a los años anteriores y de un gran negocio empresario; no necesariamente de un buen negocio social o urbanístico. La reactivación de la industria de la construcción no hace sólo a la felicidad beatífica del gobierno macrista, cuyas líneas de conducción están estrechamente vinculadas a ese sector. Tras los estragos del 2001-2002 también las gestiones progresistas celebraban (se entiende) y difundían las cifras impresionantes del boom, prometiendo algún equilibrio y un cierto control que el macrismo no se preocupó siquiera de incorporar en el discurso. “¿Quién puede estar en contra del progreso?”, preguntaba públicamente Mauricio Macri ante las protestas de los vecinos de Caballito que reclamaban por la megaconstrucción salvaje.

El reinado de las leyes de mercado es el que célebremente se verifica –en una ciudad en la que los desequilibrios y el déficit de vivienda son problemas estructurales– cuando se analiza a qué zonas va el grueso de la inversión. Cinco barrios (Almagro, Caballito, Villa Crespo, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) concentraron en el último tiempo el 27,8 por ciento del total. Otro 27,1 por ciento fue a parar a Recoleta, Belgrano y Palermo. Sumando las dos áreas se va el 54,9 por ciento del total contra apenas un 3,6 de construcción en la zona sur, fundamentalmente en Barracas. Y allá van y naufragan los discursos sobre políticas destinadas a igualar al Sur con el Norte, dado que a las estrategias, en el caso del desarrollo inmobiliario, las dicta el mercado.

Si hace crack es el boom.

Los que pasen los 40 recordarán el slogan de una célebre marca de papa fritas envasadas: “Si hace crack es Boom”. Traducido a buena parte de lo que cruje en Buenos Aires sería: lo que (en buena medida) causa el crack es el boom. Quien escribe recuerda el testimonio azorado de un funcionario de cuarta línea que en tiempos de Aníbal Ibarra intentaba llevar adelante un nuevo sistema de control de los cien mil ascensores de la Ciudad con ayuda ciudadana. Se trataba entre otras cosas de adherir un sticker a las paredes del ascensor en el que ir registrando información periódica sobre el cumplimiento de las verificaciones. ¿Cuál era el temor del funcionario? Para controlar cien mil ascensores el Estado porteño contaba con menos de diez inspectores. Ibarra a esa altura venía de intentar reestructurar y transparentar los sistemas de control con unas cuantas idas y vueltas. Terminó siendo expulsado de su puesto por la combinación Cromañón- política- la debilidad de no contar con un armado en la Legislatura.

Los gobiernos cambian, el Estado menos. Con Ibarra o Macri es el mismo Estado problemático el que debe controlar decenas de miles de comercios, caída de balcones, de árboles, el tránsito, el consumo de alcohol, la seguridad alimentaria y la del trabajo, no sólo las obras en construcción. Todo eso en un marco cultural en el que no sobra la responsabilidad ciudadana y sí el afán de lucro. Sobran sospechas sobre las facilidades que la gestión macrista da a la industria de la construcción (el nombre emblemático es Nicolás Caputo: amigo estrecho de Mauricio desde los años del Cardenal Newman, asesor, socio empresario de Franco y su hijo, proveedor/constructor del Estado porteño). En lo coyuntural, hay pistas de sobra respecto de las alertas dadas por los vecinos de Mitre al 1200, más la de la Uocra, que no fueron respondidas a tiempo por los funcionarios. La prueba más reciente y flagrante es el pedido urgido que cursó el inspector y arquitecto Ricardo Waishlat, casi 40 días antes del derrumbe, para que se verificara la construcción de los submuros.

La lógica político-empresaria de la gestión macrista y su feliz fusión con el boom inmobiliario se sintetiza en la frase escuchada en 2008 por vecinos de Caballito cuando se reunieron con el arquitecto y subsecretario de Planeamiento Héctor Lostri para hacerle llegar sus reclamos. La frase de Lostri fue: “Es la primera vez en la historia de la Ciudad que toda la línea, desde el jefe de Gobierno hasta los subsecretarios, somos arquitectos e ingenieros”. Antecedente problemático: años atrás los legisladores opositores le habían solicitado a Macri que se abstuviera de designar a Lostri en ese puesto. ¿La razón? Había sido procesado por la Justicia en 1998, incluida la elevación a juicio oral, por acceder en forma irregular a trabajos de reforma de institutos de menores. Lostri zafó mediante una probation de emergencia. Hoy sigue siendo subsecretario de Planeamiento Urbano y está al frente del Consejo Urbano Ambiental, al lado mismo de uno de los máximos cuadros macristas: Daniel Chain, ministro de Desarrollo Urbano.

No hay que recurrir exclusivamente a las fealdades del periodismo prontuarial para retratar las lógicas de una gestión. Chain fue fundador, presidente y director general de Audeco Inversiones S.A., una consultora de emprendimientos urbanos. También fue director de inversiones de Galicia Avent Socma Private Equity Fund, así como director de nuevos proyectos de Socma Americana S.A. También ocupó cargos en Sideco Americana y en Socma S.A. (a secas), como gerente de Proyectos y director de Proyectos Inmobiliarios.

Dispersos en espejo.

La dispersión, seguramente los egos y alguna debilidad de la oposición en la Legislatura espejan a su modo la inconsistencia del extinguido Grupo A en el Congreso Nacional. Porque se escuchan decir, en fragmentos que “no producen relato”, cosas espantosas sobre la gestión oficial, sobre funcionarios procesados, sobre controles que no se hacen, sobre políticas que producen resultados espantosos, pero esas denuncias no terminan de llegar al grueso de los porteños. No alcanza con decir que “la Corpo” y C5N tienden a blindar al macrismo, aunque la afirmación sea parcialmente cierta.

Está claro que Buenos Aires (y la gestión PRO) estuvo a minutos de tener otro Cromañón. La cifra de muertes pudo ser superior. Afirmar que la falta de más inspectores o las multas bajas que (no) castigan las “irregularidades” cometidas por las empresas constructoras son parte de un sistema amparado por el macrismo puede ser opinable. En cambio, la resistencia a controlar o impedir la edificación de torres, proteger áreas históricas o el entusiasmo rezonificador para construir más y más son otra cosa. Y cuando en una última reunión con legisladores el macrismo reconoce que el Ejecutivo porteño no reglamentó la ley sancionada precisamente para controlar mejor por las resistencias mostradas por el sector de la construcción, no queda mucho por decir.

Lo que sabe hacer bien el macrismo ante estas minicrisis es megacomunicar en continuado. Fue Chain, tras el derrumbe del gimnasio de la calle Mendoza, y no Macri o sus funcionarios de segunda y tercera línea, el que acudió primero al sambenito de “no se puede poner un inspector en cada esquina”. No, no se puede. Simplemente alcanza con extremar los recaudos en unos pocos días sensibles que son aquellos en los que se trabaja en el pozo de excavación. Lo reafirmó la Academia Nacional de Ingeniería en un informe sobre las responsabilidades de los profesionales en las “etapas críticas en algunas obras civiles, en las cuales los riesgos son mayores (…) Esto se verifica en las excavaciones de túneles y de subsuelos que requieren submuraciones de edificaciones vecinas. Será conveniente implementar un procedimiento para que la autoridad pública realice inspecciones en esas etapas. Incluso debería contarse, para estas tareas, con especificaciones especiales en los códigos de edificación, pero sobre todo, la exigencia de someter los procedimientos constructivos a una revisión previa al inicio de la obra”.

La gestión macrista parece no haber leído las recomendaciones. Mientras tanto en la ciudad de la furia suceden cosas increíbles. Como que, por ejemplo, del total de 1,4 millones de viviendas porteñas, 341 mil estén deshabitadas. Se cree que la mitad son oficinas o estudios profesionales. Los datos, asombrosos, surgieron tras el último censo nacional. Parte del derrumbe porteño, más allá de la denuncia legítima u oportunista, tiene que ver con una duda cruel: ¿Las diversas fuerzas políticas porteñas se preocupan por investigar las razones de estos números a la hora de diseñar proyectos de gobierno?.

Fuente: Blaustein, Eduardo: “La mano invisible del derrumbe” Publicado en Miradas al Sur de la edición del 13 de noviembre de 2011.