El Presupuesto 2012 prevé transferencias por unos 75 millones de pesos. Aquí, la opinión de tres especialistas.
La decisión del Gobierno Nacional de quitarles la totalidad de las subvenciones a los servicios de agua y energía con las que hasta ahora se beneficiaron las empresas mineras, petroleras, de telefonía móvil, compañías de seguro y casinos instaló en la agenda la necesidad de reorientar la política de subsidios. Los recursos transferidos entre 2003 y 2010 –especialmente en energía y transporte– se incrementaron en un 725 por ciento, lo que derivó en una sensible merma del superávit fiscal. Este aspecto es permanentemente señalado por la ortodoxia económica para demonizar el costo fiscal, pero sin advertir los beneficios sociales y productivos que el esquema generó durante el período.
La medida oficial de crear un Grupo de Trabajo entre los ministerios de Economía y Planificación tiene como objetivo principal avanzar en la reducción de subsidios hacia aquellas empresas que tienen una alta rentabilidad y, por lo tanto, no justifica una subvención estatal. En una segunda etapa, es posible que también se reduzcan las transferencias hacia aquellos hogares de altos ingresos que hoy reciben tarifas de luz y gas a precios bajísimos. De esta manera, la intención del Gobierno es focalizar los subsidios en los sectores productivos menos competitivos y en los sectores residenciales de bajos ingresos.
“La política de subsidios fue un elemento central del patrón de crecimiento con mucha intensidad a partir de 2006 y 2007, que necesariamente hay que profundizar logrando una mejor focalización”, sostiene Nicolás Arceo, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra). De todas maneras, Arco resalta el valor que tuvieron los subsidios en el marco de la recuperación económica alcanzada en estos años. “Sacando a sectores residenciales, si uno considera al conjunto del sector industrial en la Argentina, fue una política de transferencia de ingresos significativa. Uno lo que puede evaluar ahora es que había sectores que no lo necesitaban. Eso es cierto. Pero de todas formas determinó un nivel de competitividad más elevado del que hubiera prevalecido sin ese nivel de subsidios”, completa.
Ramiro Castiñeira, de Econométrica, entiende que “hay mucho dinero superfluo para ir achicando los subsidios”. Incluso cree que hay más empresas a las que se les pueden retirar drásticamente los subsidios como hizo esta semana el Gobierno. “Hay muchas que registran una alta rentabilidad y que están siendo beneficiadas con tarifas que tienen un carácter social. Eso realmente es un contrasentido. Por eso me parece correcto que se haya convocado a la Sindicatura General de la Nación para que analice las estructuras de costos de las empresas y evalúe cuáles tienen que dejar de recibir un beneficio que en realidad no les corresponde”, afirma.
“Al Gobierno se le plantean dos desafíos: no aumentar los costos de producción y que no haya una transferencia a los precios”, considera Marcos Rebasa, especialista en Servicios Públicos y titular de la cátedra Régimen Jurídico de las energías renovables de la Facultad de Derecho de la UBA. “En el caso de los sectores industriales o de los usuarios se puede hacer en forma paulatina y progresiva. De esa manera no se afecta al bolsillo del usuario o a los costos del productor que después lo termina trasladando a los precios, y no se favorece a la inflación porque al ser paulatino y progresivo, el efecto es a mediano y largo plazo”, añade.
En contraposición a lo que algunos sectores mediáticos trataron de instalar en estos días, los consultados no creen que el recorte necesariamente genere una caída del consumo o de la actividad económica. “Si únicamente dejan de recibir el subsidio los sectores más privilegiados de la sociedad, el efecto que genera no es una reducción en sus niveles de consumo sino en su capacidad de ahorro”, asegura Castiñeira. “Hay que tener en cuenta que el costo de los servicios tiene una injerencia mucho mayor en los sectores populares que en los sectores medios y altos, con lo cual el efecto sobre la capacidad de los sectores medios y altos es bastante reducido”, completa Arceo.
Métodos y herramientas.
Para el Presupuesto 2012, los subsidios se estiman en 75.000 millones de pesos, de los cuales el 54 por ciento se destina a energía y el 28 por ciento a transporte. A la hora de analizar una reducción de estas transferencias, Arco y Castiñeira coinciden en que lo último que se debe tocar son las que se vuelcan al transporte público. “La estructura de subsidios no es sólo una transferencia de ingresos a los sectores altos, es para el conjunto de la población. Un caso paradigmático es el de transporte, cuyo subsidio es significativo y afecta al conjunto de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, es mentira que los subsidios no mejoran el salario real de los trabajadores”, señala Arceo. Su colega de Ecométrica entiende que “el transporte beneficia claramente a los más pobres”. “Esto no quita que sea necesario llevar adelante un nuevo equilibrio. Me parece que hay margen para reacomodar precios de tarifas, aun sabiendo que pueden coexistir con los subsidios. El tema es encontrar un equilibrio que hoy no hay”, completa.
En este sentido, Castiñeira entiende que el Gobierno cuenta con dos herramientas muy útiles para mejorar la eficiencia de los subsidios: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta de transporte Sube. “La AUH habilita un mapa de la pobreza que es sumamente importante en cuanto a cómo focalizar eficientemente los subsidios. Combinando los datos que provee la AUH se pueden hacer cosas muy interesantes con la tarjeta Sube. Por ejemplo, a aquellas familias que reciben la AUH se les puede otorgar la Sube con el valor monetario de tres pasajes diarios, que es lo que suele gastar aquel que vive en el conurbano y se traslada para trabajar en la Capital. De esa manera, se está cubriendo a los hijos para que se puedan alimentar y estudiar, pero también al padre para que pueda ir a trabajar”, asegura.
Justamente uno de los objetivos que se buscó desde la Secretaría de Transporte con la implementación de la tarjeta Sube es que en el futuro no se subsidie a las empresas sino a los usuarios. Actualmente las transferencias a las empresas de transporte público se realizan mediante la declaración jurada que éstas presentan, lo que genera en muchas ocasiones que se reciban subsidios por servicios no realizados. De ser directamente los pasajeros los beneficiados, desde la Secretaría estiman que no sólo se mejoraría la eficiencia del subsidio, sino que además le generaría al Estado un ahorro de 2.000 millones de pesos anuales.
Energía. La necesidad de buscar fuentes alternativas
Mantener la oferta energética le cuesta al Estado un enorme esfuerzo fiscal. La combinación del crecimiento económico y la caída de la producción de gas llevó a que el país perdiera el superávit energético. En los primeros nueve meses del corriente año, se importó energía por más de 7.000 millones de dólares.
Para Marcos Rebasa, hay una combinación de causas que explican el fenómeno. “Por un lado, los grandes yacimientos de gas, como Loma La Lata, fueron perdiendo su abundancia y no fueron reemplazados por nuevos descubrimientos. Después de las privatizaciones nadie invirtió en exploración. Al no haber nuevos yacimientos y habiéndose agotado los existentes, cae la producción Por otro lado, cuando comenzó a producirse este agotamiento, algunas productoras de gas no pusieron el mayor esfuerzo en la explotación, porque los precios no eran los que ellos pretendían”, sostiene.
Para revertir esta situación, Rebasa cree que hacen faltas políticas públicas de largo alcance. “Como las empresas privadas argentinas han demostrado que no tienen mayor interés en hacer el esfuerzo necesario para evitar la importación, creo que es necesario crear una empresa nacional, con capitales mayoritarios estatales y con participación de privados. Tal como funciona Petrobras. Eso dispara a los privados a hacer la gran inversión que se necesita para la explotación del shale gas en Neuquén, que es lo que nos puede salvar de dejar de importar gas”, dice Rebasa.
Con una matriz energética que depende en un 90 por ciento de los hidrocarburos, Rebasa entiende que también es necesario fomentar la promoción de fuentes alternativas. “Existen actualmente planes que incentivan la generación de energías renovables, como la eólica, pero por ahora no se da de la manera que permita reemplazar a los otros tipos de energías”, remata.
Fuente: Por Pablo Galand. Publicado en Miradas al Sur de la edición del 6 de noviembre del 2011.
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