Desarrollo político comparado.
Sobre la situación de la economía del modelo nacional y popular que busca construir el pueblo argentino, del que nos convertimos en acérrimos defensores por sus políticas de inclusión y de generación de empleo y mejor calidad de vida para los trabajadores en general, es frecuente la comparación con nuestros vecinos brasileros y chilenos. Por ejemplo, en los foros de ciertos grupos del sector privado empresariales, predomina la idea que nuestros citados vecinos crecen e invierten más y que cuentan así con mayor capacidad de resistencia frente a las crisis globales como la actual porque en ellos prevalecería una mayor previsibilidad económica y política que redunda en la fortaleza de las decisiones y de la gestión de las políticas públicas. Sin embargo, si esta posición fuese correcta, algo que nos contradice la propia realidad y los números de los que son tan afectos esos grupos de poder, el crecimiento actual de Brasil y de Chile sería más elevado que el de Argentina con una tasa mayor de inversión. Pero, desde el 2003 en adelante, es decir, desde que el kirchnerismo llega al poder y empieza a quedar atrás la crisis del neoliberalismo criollo hasta el momento actual, el crecimiento económico de Argentina simplemente duplica al de Brasil y al de Chile y la tasa de inversión es mayor aquí que en Brasil y comparable con la del país transandino. Además, Argentina logró compensar el impacto de la crisis por la especulación global sobre la situación interna mucho mejor que esos dos países vecinos en particular. En ese sentido, es importante observar más detenidamente que en el transcurso de esta última década, los tres países mencionados se beneficiaron con la mejora de los términos de intercambio en el comercio global, sin embargo, esa oportunidad fue mejor aprovechada por Brasil y por Chile pero simplemente porque esos países tienen una mayor valorización de sus materias primas exportables como el cobre y los minerales en general en relación a los productos agropecuarios de Argentina. Lo que trato de decir es que el contexto de intercambios comerciales externos no es, por lo tanto, un factor que sea suficiente para explicar el actual crecimiento más elevado de la economía argentina sino que, antes bien, tendría que ver con otros ponderables relacionados con la gestión pública y la acción política de los diversos actores sociales y políticos que así dan sentido al régimen político. Respecto de la inflación, se observa claramente que en los tres países se verifican condiciones de solvencia fiscal, de superávit de la balanza de los pagos internacionales y políticas monetarias más o menos responsables. Entonces, estamos en un escenario compartido de solidez macroeconómica que incluye una fuerte caída de los niveles y grados de endeudamiento externo. De hecho, Argentina logró salir del default de la deuda aunque cuenta, en comparación con Brasil y Chile, con una mayor suba de precios de productos y bienes básicos como los alimentos inclusive, aunque en los tres casos me niego a hablar de inflación, que en todo caso, refleja principalmente cierto comportamiento inercial de los precios fundados en hipótesis de aumentos que son asumidos por los actores económicos. En conclusión, creo que las múltiples tendencias políticas y económicas de esta década no desautorizan, en términos comparativos, salvo en el tema de la suba de los precios de ciertos productos esenciales, el acierto de la política económica argentina respecto de la brasileña y la chilena. Además, hay que considerar que si bien en los tres países, como en el resto de Latinoamérica, predominó el paradigma neoliberal con sus secuelas y consecuencias, fue Argentina, después del golpe de estado del año 1976 y hasta principios del nuevo siglo, en donde las reformas políticas y económicas estructurales auspiciadas por los neoliberales se aplicaron hasta las últimas consecuencias, incluyendo el desmantelamiento del mismo régimen político lo que, en definitiva, nos demuestra hasta que punto el modelo popular que busca definir y desarrollar Argentina, bajo sus propias concepciones políticas e ideológicas y bajo determinadas circunstancias históricas muy particulares, es muy superior a los modelos de Brasil y Chile. [1]
De hecho, en Brasil, incluso durante la etapa más dura de imposición del neoliberalismo, el régimen político logró consolidar el desarrollo y el crecimiento de empresas públicas o de capitales mixtos tan emblemáticas para ese país como Petrobras, Embraer que así se convierte en la tercera productora de aeronaves en el mundo, mientras que, al mismo tiempo, ese régimen político impulsaba el desarrollo de las empresas nacionales fundamentales en el sector de la infraestructura y de las industrias de base junto con el financiamiento de los bancos públicos. En concreto, al realizar un análisis de la política de Brasil por el motivo que sea, por ejemplo, para compararlo con el modelo argentino, hay que entender en primer lugar la formación histórico-social de ese país y delimitar la estructura política que se deriva de la misma. Así, Brasil presenta importantes y centrales diferencias políticas, económicas, sociales y culturales en relación con Argentina que van desde las características propias de sus pueblos originarios, que corrieron diferente suerte en la colonización y conquista europea, que derivó y se expresó por ejemplo en un modelo basado en la esclavitud y que aún hoy se expresa en su estructura social. Las diferencias también tienen que ver con la forma en que se desarrolló la independencia del país que, en realidad, fue conducida por los mismos colonizadores portugueses. Brasil también se caracteriza por una república de coroneles que, en su momento, no pudo alcanzar los desafíos de su democratización, por un modelo exportador, que entró en crisis y abrió paso a una industrialización nacional, proyecto político que después logró ensamblarse con el desarrollismo y que terminó generando ese milagro de la economía brasilera que lo colocó como novena economía a nivel global. Por último, es importante aclarar que por lo menos hasta la llegada de Lula, ese crecimiento y ese milagro económico del Brasil bajo ningún aspecto o circunstancias hicieron partícipes de esos beneficios a los sectores sociales históricamente más vulnerables. De hecho, hasta hoy Brasil continúa siendo uno de los países más desiguales del mundo y esa es también una tremenda diferencia con Argentina que siempre se perfiló, en el ámbito de Latinoamérica, como campeona de la movilidad y ascenso social de los trabajadores. A grandes rasgos, son estas las diferencias más importantes entre Brasil y Argentina para comprender cómo éstos inician sus respectivos procesos de democratización. Entonces, por un lado, la dictadura en Brasil logró generar ciertas transformaciones en el avance industrial del país que tuvieron grandes e importantes impactos en lo económico, en lo social y en político. Así, los gobiernos militares de facto desarrollaron algunos planes de industrialización que finalmente implicaron la construcción de un fuerte parque industrial en San Pablo que, a su vez, consolidó la industria pesada. Por otro lado, ese proceso derivó en la formación de nuevos sujetos y actores sociales muy dinámicos como, por ejemplo, la concentración obrera paulista, los campesinos que luchan por la tierra, los estudiantes secundarios, junto a otras tantas nuevas expresiones sociales como el feminismo, el indigenismo o la reivindicación afrodescendiente. Además, esa nueva expresión social impulsó y se tradujo políticamente en la formación de partidos políticos con nuevas bases sociales y programáticas.
En esas circunstancias históricas, el Partido de los Trabajadores surge y se consolida políticamente accionando a través de las huelgas metalúrgicas de los años ’80, integrando las reivindicaciones de la democratización del pueblo brasileño con el movimiento obrero compuesto centralmente por unos dos millones de trabajadores concentrados en la zona industrial de San Pablo, es decir, que el partido que llevó al poder a Lula surge y se consolida a partir de las propias luchas y la participación de los trabajadores. Por ejemplo, la campaña Directas Ya! y la propia sanción de una nueva constitución nacional finalmente lograron formar instituciones de una república con bases mucho más democráticas porque están centradas finalmente en la participación de los trabajadores. Participación que, en primer lugar, permitió que el PT generara otra propuesta política que enfrentó y hasta cierto punto logró revertir la tendencia neoliberal impuesta en los noventa de la mano de Cardoso. De esta manera se fue acrecentando la representación parlamentaria del Partido de los Trabajadores quienes, desde ahora, logran ganar algunas intendencias e incluso algunos estados provinciales hasta hacerse con la presidencia del país. Es decir, paso a paso, el régimen político brasilero logró generar, incluso en las situaciones más adversas, determinadas prácticas políticas de participación y de movilización de los trabajadores, la formación de una economía social y la misma conquista de nuevos derechos que se convirtieron en parte de su propio acervo histórico de lucha popular. En relación a las debilidades del régimen político brasilero, una crítica de la izquierda clásica, de manual y fuertemente dogmática, seguramente hará hincapié en las políticas macroeconómicas, en relación al pago de deuda externa, el libre cambio o la autonomía del Banco Central. Sin embargo, al ver las políticas y medidas sociales impulsadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores, esta crítica, fuertemente interesada, se nos viene un poco por el traste porque no es posible no considerar el proceso de inclusión política, social y económica que implicó la gestión de Lula. En verdad, las características que diferencian al gobierno de Lula de los otros es que, en primer lugar, se produce un crecimiento importante de la economía con estabilidad y con cierta distribución de la riqueza y de los beneficios a través de la expansión del mercado interno, reinserción internacional del país y una fuerte redefinición de las prioridades en el gasto público. (…) Además, de manera articulada con la universalización de los diversos servicios públicos, el aumento de los salarios de los trabajadores por encima de la suba de los precios y la garantía de una jubilación rural, sumada a la expansión del programa Bolsa Familiar, el país, siempre bajo la conducción de Lula y del Partido de los Trabajadores, logró provocar una fuerte movilidad y ascenso social por lo que, en definitiva, un importante grupo de los sectores pobres y menos favorecidos socialmente, lograron ascender socialmente a la clase media. En relación a la marginación y exclusión más dura, actualmente unos treinta millones de personas viven de la Bolsa Familiar
Este no es un objetivo menor porque en el caso concreto de Brasil, las élites gobernantes, que simplemente se perpetuaron en el poder durante por lo menos quinientos años, manejaban el régimen político de forma que sus privilegios estuviesen siempre protegidos de los otros grupos y sectores sociales ajenos a su cosmovisión del mundo y de la vida. Así, esas elites gobernantes se convirtieron en actores sociales, políticos y económicos trascendentes que crearon un arte de lo posible para mantener siempre el mismo juego político de manera que pocas cosas cambiaran para poder seguir defendiendo sus propios privilegios de clase. De hecho, así abortaban la aparición de cualquier actor político e histórico capaz de ocupar la escena para inaugurar un régimen mucho más moderno y mucho menos excluyente. Sin embargo, el uso, la participación y la movilización de los trabajadores dentro de las reglas establecidas por el mismo régimen político posibilitó, a su vez, que un trabajador, un tornero como fiel representante de la cultura popular, que apenas había terminado la escuela primaria, llegara al poder para colocar cierto orden y devolver a los trabajadores la dignidad perdida tras lustros y lustros de explotación. Lula inauguró otro tiempo en el que los planes sociales permitieron que el régimen político pleno de trabajadores despojados históricamente de sus derechos, reconociese y lucharan por sus derechos y conquistas en uno de los países más desiguales del mundo. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, aun hoy son veinte mil las familias que controlan por lo menos el 46% del total de la riqueza nacional mientras que el 1% de ellas posee el 44% de todas las tierras del país. Entonces, el gobierno inaugurado por Lula no puede ser criticado por su tibieza o falta de compromiso por las reformas políticas estructurales al modo como lo hace la izquierda tradicional, que así hacen el juego a los grupos de poder más concentrados, porque en primer lugar va a tono con el contexto político e histórico del coloso latinoamericano y, en segundo lugar, porque con Lula millones de hermanos brasileros pasaron de la miseria sufrida a una pobreza más digna y laboriosa e incluso, como vimos más atrás, de la pobreza a la clase media. En otras palabras, ese crecimiento permitió que casi treinta millones de trabajadores, en un país de por lo menos 190 millones, hayan migrado desde la pobreza a las clases medias, algo que es inédito en la historia de Brasil y del mundo y que es una de las claves centrales del masivo apoyo que logró Lula. Esos ocho años del gobierno de Lula lanzaron a Brasil como potencia global y regional en desmedro de Estados Unidos. Además, en el ámbito regional se rompió con la visión ideológica predominante de integración a partir del Alca, es decir, la integración nacional y latinoamericana a través de la perspectiva neoliberal implantando, muy por el contrario, una política mucho más agresiva y de expansión de la industria nacional incluido el sector de los servicios. En esas circunstancias, el sector industrial carioca entendió que en diversas áreas de la economía y de la producción, el rol del régimen político es altamente ventajoso para la recomposición de la capacidad de planeamiento económico basado en la soberanía del país en relación a la gestión de la cuestión pública. Con la ampliación de las inversiones productivas y la aceleración del crecimiento del PBI en el segundo mandato de Lula quedó fuertemente relativizada la importancia del capital especulativo y financiero en el juego económico recomponiéndose, a su vez, las estructuras de los bancos públicos y su rol en la producción e industria nacional. Este tipo de políticas públicas luego demostraron su vialidad frente a la crisis global, que se desatara a fines del 2007 en los países centrales después de la quiebra del banco Lehmann Brothers, cuando el crédito privado nacional y global entró en un período de sequía y fue sustituido, en el caso concreto de Brasil, por instituciones como el Banco do Brasil o el Banco Nacional de Desarrollo que evitaron que la economía naufragase junto con el sector privado, hecho que hubiera acarreado millones de trabajadores desempleados.
Por su parte, en el caso de Chile, después del estancamiento de la década de los años ‘70 y del fracaso del experimento económico de los llamados Chicago boys, en el comienzo mismo de la dictadura de seguridad nacional, el régimen político conservó, aún dentro de la primacía del discurso neoliberal, aún con la fuerte represión política, social y económica, aún con los muertos y los desaparecidos que paulatinamente fueron disciplinando a los trabajadores, un rol decisivo en la conducción y gestión de los factores macroeconómicos, sobre los niveles de deuda externa y la promoción de las inversiones extranjeras directas. Un ejemplo notorio de diferencia del caso chileno en relación a la experiencia argentina es la posición predominante que el régimen político chileno logró conservar en relación a la explotación y la renta del cobre. Incluso, después del retorno a una democracia aún tutelada por los sectores de las fuerzas armadas, que condiciona decisivamente la eterna transición democrática, el sector público fortaleció algunos roles esenciales en la conducción de la macroeconomía y en el impulso al desarrollo aunque el país no avanza en el tema de la redistribución de las riquezas y más bien juega sus fichas por la lógica del neoliberalismo. En Argentina, en el mismo período, es decir, desde mediados de la década del ’70 hasta el 2001 donde el régimen neoliberal eclosiona, además de la tragedia de la violencia y del terrorismo ejercido por las fuerzas armadas como política preponderante del régimen, el país tuvo que soportar la guerra y la derrota en Malvinas y una política sistemática de desmantelamiento del régimen político nacional. En esas circunstancias, fueron privatizadas empresas claves para el desarrollo y el control de la estructura de la economía como YPF, la fabrica de aviones de Córdoba junto a diversas empresas públicas y las mayores de capitales privados nacionales, que implicó, por ejemplo, la disolución del Banco Nacional de Desarrollo mientras, al mismo tiempo, el país se endeudó hasta el límite mismo de la insolvencia. Esta serie de calamidades, científicamente sustentadas bajo las premisas y las razones de los sectores neoliberales, demolió buena parte de la capacidad industrial argentina, como lo demuestra el asombroso hecho de que en ese período en cuestión el producto industrial por trabajador cayó en algo más de un 40%. Las consecuencias sociales, como nos lo demostró la propia reacción de los trabajadores con motivo de la crisis del 2001, fueron dantescas.
Esa crisis del 2001 fue consecuencia de años y décadas de pésimas políticas públicas, de las reformas neoliberales y de la caída de la producción en beneficio de los capitales especulativos, financieros y rentísticos. Así, la siempre inestable clase media argentina sufrió por lo menos desde las últimas seis décadas, hasta el 2001, un particular periplo de avances sociales y económicos, políticos y culturales más o menos significativos pero también profundos retrocesos. En el contexto de los avances más significativos del pueblo argentino tenemos la inédita transformación social y económica que se generó a mediados de los años cuarenta con la irrupción política del peronismo como movimiento social y político con una particular movilidad social ascendente, que incluso fue sostenida a pesar del golpe del ’55 en una curva creciente que fue paulatinamente estancándose hasta finales de los ’60. Sin embargo, después vendría el fuerte retroceso político que se plasmaría con los planes económicos de la dictadura cívico-militar de marzo de 1976, que implementó una profunda restructuración y un cataclismo en términos sociales, institucionales, políticos y económicos. Para eso, como no podía ser de otra forma, fue necesaria la instalación del terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, la tortura, el asesinato de combatientes y hasta la apropiación de sus hijos como forma de implementar el exterminio planificado hacia todos los sectores políticos opositores que esas mismas fuerzas armadas consideraban peligrosos para los objetivos que buscaba el nuevo plan económico, político y social instaurado. Este proyecto de país finalmente introdujo una lógica financiera, especulativa y rentística perversa que construyó prácticas sociales dependientes de la cotización del dólar y el desprecio al desarrollo industrial y tecnológico. Sin embargo, llegó el fin de la patria financiera que, producto de sus propias contradicciones y de sus consecuencias, se derrumbó con la debacle financiera de diciembre de 2001. En concreto, el colapso del régimen político neoliberal en Argentina abrió un acontecimiento paradojal, es decir, por un lado se produce un peligroso descreimiento de los trabajadores hacia las instituciones y del rol de la acción política, sin embargo, al mismo tiempo que esto pasaba, generó otra etapa donde la incertidumbre de los mismos trabajadores dio lugar a ciertas alternativas que eran impensadas en otro contexto. En otras palabras, la crisis abrupta y la confiscación de los ahorros de los sectores y grupos medios de la sociedad atentó contra los valores más internalizados del derecho inalienable de la propiedad privada mientras que, al mismo tiempo, la reivindicación de los derechos humanos a partir del gobierno de Kirchner y la inclusión política y social planteada a partir del mismo respeto por los derechos humanos jugaron definitivamente a favor de la primacía del derecho a la vida y, en esas circunstancias, surgen nuevos actores sociales y políticas que se movilizan por sus intereses. Este hecho poco común que, por una parte nos demostró que en última instancia el neoliberalismo, por sus aspectos fuertemente irracionales, ni siquiera es capaz de resguardar la propiedad privada de los trabajadores, en este caso los ahorros de los sectores medios, por otro lado constituyó un aliciente para la participación y movilización de los sectores populares en beneficio y defensa de sus propios derechos e intereses encontrando, esta vez, una recepción positiva de parte de los gobiernos que supimos conseguir a partir del 2003.
Así fue como en el otoño del 2003, los ecos de la insubordinación política y social con participación mayoritaria de los trabajadores ocurrida en diciembre del 2001, posibilitó que un gobierno muy debilitado, que en realidad recibía al país con más desempleados que votos, incursionara en territorios impensados hace solo unos meses atrás. En primer lugar, se pudo terminar con la infamia de las leyes del Punto Final y de la Obediencia Debida con la que Alfonsín terminó traicionando la voluntad y la soberanía nacional y popular mientras en lo económico se avanzaba en un proyecto que priorizaba en la producción y en la generación de empleo después de décadas de políticas neoliberales. Además, este cambio de paradigma rompió con los dogmas de los ajustes estructurales, auspiciados por los diversos organismos de crédito globales y que siempre perjudicaron a los trabajadores en general, que privilegiaron la disminución del déficit fiscal, hasta llegar a plantear el absurdo del déficit cero dada la lógica neoliberal y que, además, se superponía a las mismas necesidades de los jubilados y del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. De todas formas, esta impronta histórica inédita del gobierno de Kirchner y después del de Cristina, se ve limitado continuamente por una considerable cantidad de obstáculos que surgen por las posturas, las estrategias y el propio accionar político de significativos sectores y actores políticos representantes del establishment más reaccionario y conservador, las corporaciones mediáticas y una base de sectores medios, atravesados por la cultura heredera, después de por lo menos 27 años de democracia tutelada, nacida en el pacto de la continuidad política e institucional del reformismo político como fin mismo, sin ruptura, gestado por ciertos grupos políticos en los inicios mismos de la institucionalidad democrática en los años ‘80. Mientras tanto, los días por venir son fundamentales porque definirán si es posible articular las necesidades impostergables y urgentes de los trabajadores, ya sean que efectivamente trabajen, que estén excluidos o marginados, para que la igualdad de oportunidades no se convierta en un concepto vacío de contenido como en su momento pasó con la libertad, la igualdad y la fraternidad en manos del derecho exclusivo de los dueños del capital. Desde ahí hay que entender la actual etapa de confrontación de modelos en Argentina porque no sólo hay enormes intereses económicos y políticos en juego sino que existen dos paradigmas enfrentados que vienen batallando incluso desde el mismo inicio de nuestra historia republicana. De mucho antes de la disputa entre Moreno y Saavedra en el Buenos Aires de 1810. Esos grupúsculos son exactamente los mismos que apoyaron el genocidio de los pueblos aborígenes y la posterior entrega de sus tierras a los nuevos hacendados, los llamados fraudes patrióticos y los múltiples golpes de estado que echaban por tierra la soberanía popular. Esos grupúsculos, son los últimos bastiones del mitrismo, es decir, de un dogma y de un paradigma librecambista, sin industria y ligado definitivamente a los capitales foráneos de un país para unos cuantos como el que se estaba gestando en las selvas paraguayas con la triple infamia. En todo caso, está claro que Argentina hoy está lejos de transitar por una situación política revolucionaria o por lo menos prerrevolucionaria, antes bien, estamos en una etapa de reformismo político donde esa misma estrategia, auspiciada desde el gobierno y por los sectores populares en general, busca abrirse paso hacia el radicalismo en un contexto de lucha democrática con el mínimo costo social posible. En esas circunstancias, el equilibrio entre ese reformismo y el paso al radicalismo, es decir, hacia la propia (r) evolución que es permanente solo es viable con la conquista de las amplias mayorías nacionales y ahí, entonces, está el núcleo de las luchas por la hegemonía en la actualidad. Lo nuevo, el cambio, desde ahora, es simplemente la inclusión de dos millones y medio de trabajadores al sistema de la jubilación estatal y la inclusión de millones de trabajadores activos a través de la generación de empleo.
En resumen, el recorrido seguido por cada una de estas economías en la búsqueda de su propio desarrollo y de su crecimiento, son muestra de la importancia del rol que en ese proceso está dispuesto a cumplir el sector público en particular y el propio régimen político en general. De hecho, las diferencias esenciales entre los modelos de desarrollo comparados tienen que ver precisamente con el diverso comportamiento del régimen político en cuestión. En Brasil y en Chile, bajo los regímenes de facto, de dictaduras de seguridad nacional o de gobiernos civiles posteriores, el régimen mantiene elementos básicos del poder nacional de decisión y de impulso al desarrollo mientras que en Argentina, tanto bajo un régimen de facto como lo fue el mal llamado proceso de reorganización nacional de los militares como bajo gobiernos democráticos y constitucionales, en la década de los ‘90, se pusieron en práctica políticas que simplemente demolieron la capacidad de gestión pública del régimen político incluyendo inclusive la dispersión del poder de decisión en la explotación de los recursos del subsuelo bajo la última reforma de la Constitución. En el mismo sentido, la recuperación del país después de la salida de la crisis del 2001/02 a través de un régimen político nacional y popular mucho más radical que el modelo de Brasil o de Chile, donde en este último simplemente el neoliberalismo sigue siendo amo y señor de la vida de los trabajadores y, en ese sentido, la supuesta transición democrática es un gran fiasco político, ideológico, económico e institucional, y el favorable comportamiento del modelo argentino respecto a la inclusión de los trabajadores pero también respecto de los casos de Brasil y de Chile, puede explicarse precisamente por el mayor compromiso del régimen como un protagonista y actor esencial en el proceso económico y político de cambios, que va unos pasos más allá de los otros modelos acá analizados. Así, los continuos éxitos del modelo nacional y popular argentino frente al reformismo político, medio estéril y tedioso, de países como Chile y de otros fuertemente comprometidos aún con el neoliberalismo, se reflejan también en el ámbito político y estratégico. Basta ver el protagonismo que tuvo el país en los casos del golpe de Estado en Honduras y la intentona sediciosa en la Bolivia de hace un tiempo y Ecuador de hace unos días.
Por su parte, en Venezuela durante un poco más de una década, se generaron, gracias al modelo bolivariano, por lo menos 3,2 millones de nuevos empleos y se quintuplicó la inversión social en beneficio de los sectores más pobres y postergados. Sin embargo, son éstos también los más golpeados por la suba de precios que en el mismo período acumuló por lo menos un 733%. En ese contexto, el muy relativo estancamiento de la misma economía de la revolución bolivariana se convierte actualmente en el principal motor del descontento siendo una tarea de primera importancia el hecho de combatir esa pérdida de eficiencia no solo porque afecta a los propios trabajadores sino porque, además, es muchas veces capitalizado por los grupos y los sectores de la oposición y de las fuerzas conservadoras y reaccionarias. En esas circunstancias, los sectores opositores, desde los más moderados hasta los francamente reaccionarios, por primera vez enfrentaron en las recientes elecciones para la Asamblea Nacionalla Mesa de la Unidad Democrática de la que forman parte Acción Democrática que es de ideología reformista próxima a la socialdemocracia, la Alianza Bravo Pueblo de ideología claramente de derecha, el Copei (demócratas cristianos), la Fuerza Liberal (ultraliberal), La Causa R que vendrían a ser los sectores que anteriormente fueron parte del partido de los comunistas, el MAS, es decir, el Movimiento al socialismo, el Movimiento Republicano de típico corte neoliberal, el Podemos, que está por la democracia social y Un Nuevo Tiempo con una postura social-liberal. Es decir, aunque también por los sectores pretendidamente de izquierda le dieron batalla al partido gobernante, este nuevo escenario político, donde el gobierno popular logró mantener la mayoría aunque no absoluta para hacerse con los dos tercios de la Asamblea , configura la novedad política de que a pesar de que esta heterogénea coalición no fue suficientemente fuerte electoralmente para derrotar al proceso bolivariano, sí éste va a tener que dialogar en algunas cuestiones. Los sectores más reaccionarios entendieron que ésta es una oportunidad clave para avanzar institucionalmente contra la revolución bolivariana. En todo caso, los resultados nos demostraron que los trabajadores no se decidieron por el fin del proceso revolucionario porque éste sigue estando en las calles, en el dominio de las instituciones y en la iniciativa política del gobierno, en las fábricas y campos, pero sí su expresión institucional.
La nueva victoria electoral de los sectores populares, que se expresan políticamente a través de la revolución bolivariana, nos permite registrar un hecho político de trascendencia en relación a la estrategia de los sectores de la derecha más reaccionaria del país hermano. Esa coalición opositora, a pesar de encontrarse en minoría, por lo menos logró consolidar un espacio político e institucional de representación democrática desde el cual intentará acceder a sus demandas y reivindicaciones lo que es, en definitiva, un logro para el proceso de cambios en Venezuela en el sentido que, desde ahora, las disputas políticas se zanjarán por las vías políticas e institucionales, a través de la Asamblea Nacionalla Asamblea Nacionalla Ley de los Consejos de Poder Comunal o las que impusieron controles a la Bolsa y la banca. Además, quieren acabar con la Ley de Medios y todas esas que revirtieron todos los recursos mineros y la electricidad al sector público para que desde el propio régimen, a través de la gestión más democrática, los trabajadores puedan hacerse cargo de sus destinos. También buscan acabar con la Ley Orgánica de Educación, la de gratuidad del sistema de salud y la asistencia social o esa otra ley que modificó la misma doctrina y la educación militar incluyendo el socialismo en sus programas, que además pauta la formación de las milicias populares, las reservas y los simulacros de defensa militar junto con la población.
En fin, la derecha continental está muy nerviosa porque en Venezuela, una vez más, los sectores populares se hicieron con el triunfo en las urnas porque en Brasil, el gran coloso de Latinoamérica, también triunfaron los sectores populares y sin lugar a dudas lo harán esos mismos grupos en la Argentina que se nos viene en el 2011. Están nerviosos porque el Estado plurinacional en Bolivia se consolida. La derecha y sus grupos de poder están muy nerviosos, alterados y crispados porque por la fuerza, la calumnia, la conspiración y las mentiras, buscan conseguir lo que no son capaces a través de las urnas. Si no preguntémosle a los ecuatorianos.
Referencias bibliográficas:
Repetto Saieg, Alfredo Armando: “Más allá de la crisis y la utopía neoliberal” 1a edición, Buenos Aires, Argentina: el autor, 2010, 160 p.; 15x22 cm.
D. M. V: “Chávez a todo o nada” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
D. M. V: “Los medios son los partidos de la burguesía” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Montoya, Roberto: “El país suma protagonismo internacional al ser designado presidente del G- 77 en 2011” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Guido, Emiliano: “Brasil levanta temperatura” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Guido, Emiliano: “No debemos ser una potencia que deje atrás a nuestro pueblo” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Romero, Ricardo: “La herencia de Lula” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Goobar, Walter: “La victoria de un hijo de la pobreza” en Miradas al Sur de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Ferrer, Aldo: “Desarrollo comparado: Argentina, Brasil y Chile” en revista Argentina Económica de la edición del 26 de septiembre del 2010.
Guerrero, Emilio Modesto: “Un punto de inflexión en el destino de la revolución bolivariana” en diario Tiempo Argentino de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Brienza, Hernán: “En la Argentina de hoy no hay lugar para apresurados ni para retardarios” en diario Tiempo Argentino de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
López Girondo, Alberto: “El gran paradigma nacional” en diario Tiempo Argentino de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
Muracciole, Jorge: “La herencia de la movilidad social” en diario Tiempo Argentino de la edición del 26 de Septiembre del 2010.
[1] Para entender el proceso de formación histórica de las estructuras de nuestros países como países y naciones sometidas, en primer lugar, tenemos que diferenciar los conceptos de Estado y el de régimen político. Así, el régimen político está formado por todas las instituciones y las organizaciones públicas y privadas que se constituyen por clases, fracciones y sectores de estas clases representantes de los intereses y las verdades de esos grupos de poder alineados detrás de una élite dispuesta en un orden jerárquico desde donde se formulan decisiones que comprometen, de una u otra forma, a toda la población que habita determinado territorio. Son parte del régimen político todos los actores y agentes políticos y sociales, la burocracia, el gobierno, las entidades públicas o privadas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones y actores sociales y de base que, dentro o fuera del gobierno, inciden o intentan hacerlo sobre la solución de los problemas sociales como los sindicatos, las asociaciones civiles, locales, comunitarias, de base, los partidos políticos, las entidades empresarias, los diversos gobiernos y sus orientaciones políticas que también forman parte de las estructuras del Estado. No hay un tipo de organización colectiva de intereses y de defensa de ciertos valores que pueda plantearse por fuera de éste. Entonces, el régimen político es toda manifestación política e institucional del Estado, de los diversos actores que actúan en la lucha de clases y que intentan o toman decisiones frente a determinadas temáticas que son percibidas como socialmente de importancia para la gobernabilidad y el mantenimiento del consenso al interior de la sociedad. Es, finalmente, la expresión más concreta del Estado, o sea, a través del régimen político podemos ver al Estado en movimiento, accionando y reaccionando. Finalmente, el régimen político puede entrar en conflicto con la lógica del Estado en tanto este último es el garante, en última instancia, de la acumulación capitalista (véase por ejemplo el plan de salvamento del gobierno norteamericano en relación con la banca de su país tras la crisis financiera del 2008) y el régimen político puede minar este objetivo a través de determinadas políticas que busquen consolidar otro régimen de acumulación. Piénsese, por ejemplo, en los procesos de cambios y de transformaciones en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela que, a través del régimen, nacional y popular, intentan construir un modelo de sociedad que supere el mismo Estado capitalista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario