La hora del Congreso
El debate por la modificación a la Ley de Quiebras parece adquirir un nuevo giro tras la posibilidad de unificar los proyectos que están en tratamiento. Legisladores y representantes sociales aspiran a lograr una sanción positiva para antes de fin de año.
El Congreso Nacional avanza sobre una ley que desde hace años es reclamada por los trabajadores de las cooperativas y empresas gestionadas por sus trabajadores. Se trata de una modificación sustancial a la Ley de Concursos y Quiebras, que lleva aún la impronta liberal de Domingo Cavallo y del riojano dos veces presidente de los argentinos. De aprobarse el proyecto que impulsa el oficialismo, los trabajadores tendrán prioridad al momento de definir la continuidad de la compañía.
El salto sería ciertamente cualitativo, ya que la vigente Ley de Concursos y Quiebras 24.522 que data de 1995, posiciona automáticamente al síndico de la quiebra como director y sólo en casos verdaderamente excepcionales se otorga a los trabajadores la continuidad de la explotación.
Además, la reforma plantea que las acreencias laborales, que actualmente se cobran en un 50 por ciento una vez declarada la quiebra, puedan utilizarse como capital para adquirir bienes concursados y, principalmente, que se las tome en su totalidad. Éste es uno de los reclamos más sentidos de los representantes de empresas recuperadas, muchos de ellos nucleados en Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct).
Miradas al Sur dialogó con la diputada por Libres del Sur, Victoria Donda, quien es autora de uno de los dos proyectos actualmente en discusión en comisiones de la Cámara de Diputados. La legisladora adelantó que podría lograrse una cohesión con el proyecto que introdujo el oficialismo y subrayó que las aspiraciones de los bloques es llegar a 2011 con la modificación a la Ley de Quiebras ya aprobada.
Si sucede, los trabajadores pasarían a ser parte de la etapa concursal de la quiebra y la cooperativa que formalicen para garantizar la continuidad de los puestos laborales deberá tener prioridad en el usufructo de la empresa. También se extendería a cinco años el plazo en el cual no se puede volver a presentar un nuevo concurso.
Hace algo más de un mes, el propio ministro de Economía, Amado Boudou, se presentó en el Congreso de la Nación para llevar en mano el proyecto que impulsa el oficialismo y dejar en claro las motivaciones de la iniciativa: “Cuando se pierde una empresa, se destruyen empleos y producción nacional. Con este proyecto buscamos allanarles el camino a los trabajadores que se organizan para evitarlo”.
El titular de Economía señaló que también es aspiración del Ejecutivo que la nueva ley salga “antes de fin de año”; pronóstico compartido por otros actores políticos y sociales. Victoria Donda subrayó que “están dadas las condiciones para que se avance” en ese sentido.
Aunque aún no hubo declaraciones oficiales por parte de las cámaras empresariales, voceros del sector señalaron que, cuando el debate adquiera mayor relevancia pública, los representantes privados solicitarían un espacio en la Comisión que da tratamiento a la reforma, para dejar sentada su postura. Las instancias del trámite legislativo. Por lo pronto, en Diputados estarían las bases para generar un acuerdo entre legisladores que logre una aprobación del proyecto sin demasiadas demoras. Los bloques del Socialismo, GEN, Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y el oficialismo, ya adelantaron que apoyarán la reforma si es que se logra adecuar un texto conjunto.
En el caso del Senado, de lograrse un giro positivo, el desenlace no deja de ser una incógnita, al igual que en tantos otros debates. De todas formas, la diputada Donda estimó que “si el oficialismo tiene la intención de que realmente se transforme en ley, el proyecto también va a salir en la Cámara alta”.
En cuanto a la UCR, el PJ disidente y otros bloques cercanos de la centroderecha, como el que conduce la diputada Elisa Carrió, aún no se han pronunciado. No obstante, algunos trascendidos dejan entrever que buscarían obstaculizar la votación de la modificación a la ley original, en línea con la postura que posiblemente adopten las cámaras gremiales representantes de grandes compañías.
Hasta ahora, el proceso parlamentario se centró en la Comisión de Legislación Laboral que preside Vilma Ibarra, integrante junto a Ariel Basteiro, Martín Sabbatella, Carlos Heller y Jorge Rivas del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario. El dato no es menor, teniendo en cuenta que Ibarra había intentado impulsar esta reforma años atrás, por lo que su intención de que el proyecto se transforme en ley puede agilizar aún más el proceso en Comisión.
Además del presentado por Victoria Donda y el proyecto del oficialismo, existía un tercer proyecto, que llevaba la firma del diputado Eduardo Macaluse, que perdió estado parlamentario y confluyó de alguna manera con el que giró el Ejecutivo. En beneficio de los trabajadores y las empresas recuperadas. La actual Ley de Concursos y Quiebras fue promulgada justo en el centro de la década de 1990. Claro está, no hace falta un ejercicio intelectual arriesgado para deducir que los dueños de las compañías fueron los favorecidos en la relación capital-trabajo. En este caso, además, se sumaron al bando de los ganadores los acreedores.
Al mismo tiempo sucedió que los trabajadores, lejos de volverse a sus casas a formar parte de un ejército de reserva destinado a la nada, se quedaron en las fábricas quebradas, luchando por continuar con la producción. Y aunque resulte increíble para muchos, lo lograron pese a no contar con ningún amparo judicial establecido. Es por eso que festejan el debate en torno de la ley: celebran las modificaciones que van desde el reconocimiento de los créditos laborales, el derecho a cobrar el 100 por ciento de las indemnizaciones hasta la salvaguarda de la actividad productiva y, por consiguiente, la preservación de los puestos laborales.
En la actualidad hay más de 230 cooperativas formadas tras la quiebra de compañías y a partir de allí, la lucha quijotesca de sus empleados. “Lo que va a pasar ahora es que el empresario no va a poder cerrar porque sí, porque en la anterior ley al dueño de la compañía no se le pedía información y, sencillamente, cerraba la empresa, que es lo que pasó con el Bauen o con las cientos de recuperadas que hay en el país. Entonces, con las reformas lo que se va a evitar, junto con una Justicia innovadora, es que el empresario pueda sencillamente cerrar la empresa y dejar a la gente en la calle. Con la nueva legislación deberá explicitar cuál es la verdadera situación de la empresa y a partir de allí se podrán buscar las mejores alternativas para su continuidad. Lo importante es que la unidad productiva no se cierre”, opina Marcelo Roarte, trabajador del hotel devenido en unidad productiva gestionada por sus trabajadores en la forma de una cooperativa.
Tanto el espacio que nuclea a las empresas recuperadas en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (Cnct), como su par, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionados (Facta), el Poder Ejecutivo y algunos diputados nacionales, elaboraron diversos proyectos que pretenden transformar la ley actual.• COMPARATIVO
Comparativo:
Ley de Concursos y Quiebras 24.522
1- En la ley vigente, únicamente los acreedores son quienes deberán estar informados sobre todo los asuntos referentes a la etapa concursal.
2- Los créditos laborales no son tenidos en cuenta: sólo los prendarios y los acreedores son cobrados en un 100 por ciento.
3- El deudor no podrá presentar una nueva petición de concurso preventivo por un año.
4- El síndico puede continuar explotando la empresa o establecimientos si de la interrupción de las actividades productivas resultara dañado el interés de los acreedores.
5- La autorización de continuidad recae sobre el juez, quien la determinará en el caso de que el cese de actividades afecte un ciclo de producción que tenga que concluirse o disminuya el valor de realización.
Proyecto de Ley modificatorio
1- La reforma busca la incorporación del trabajador en la etapa concursal. Además, indica que deberán también recibir toda la información que se relacione con el concurso de la empresa.
2- Las acreencias laborales tendrán el mismo valor que las otras, por lo tanto serán reintegradas al empleado en un 100 por ciento. Además, esas acreencias podrán utilizarse eventualmente para adquirir los bienes de la empresa ya declarada en quiebra.
3- Extiende por cinco años el plazo en el cual no se puede volver a presentar un nuevo concurso ni convertir la quiebra en “concurso preventivo”.
4- La cooperativa será la primera que pueda continuar usufructuando la empresa. En caso de que no lo pidiera, entonces el síndico sí podrá continuar.
5- La continuación podrá ser determinada también en resguardo de la fuente laboral de los trabajadores, además de los otros motivos detallados en la Ley 24.522.
Moneda de cambio con el FMI
El 16 de mayo de 2002, habiendo estallado la crisis económico-social apenas unos pocos meses atrás, el diario La Nación titulaba “Duhalde llega a Europa con una de las leyes pedidas por el FMI”.
Duhalde era Eduardo y, además, era por aquel entonces el Presidente de la Argentina. La ley pedida por el FMI era una modificación a la Ley de Quiebras, para revertir una reforma que en febrero de ese mismo año había votado el Parlamento, a fin de intentar proteger a los empresarios nacionales que, como moscas, se caían del entramado productivo día a día.
El objetivo inicial de la reforma de febrero sonaba coherente ya que el texto legal impulsado por Cavallo en 1995, sumado a la realidad de una economía devastada tras la implosión de diciembre de 2001, hacía previsible un desenlace en el que el ingreso brusco de capitales foráneos con escasos dólares, iban a hacerse fácilmente del grueso de las empresas nacionales quebradas.
Sin embargo, el FMI puso el grito en el cielo y el eco llegó hasta el despacho del ahora ex presidente Duhalde, que amenazó literalmente con abandonar el sillón de Rivadavia si el Parlamento no volvía para atrás con esa modificación proteccionista.
Y el Congreso cumplió: “El Senado convirtió en ley, ayer, por amplia mayoría, la reforma al régimen de quiebras reclamada por el FMI como condición para que la Argentina recupere el acceso al crédito externo”, volvía a publicar el matutino de los Mitre.
A su vez, nadie debería espantarse por descubrir que las votaciones y proyectos de los legisladores responden a aspiraciones de determinados grupos de la sociedad. No hay quién pueda pretender que un diputado o senador lleve en sí un exhaustivo conocimiento de las necesidades y particularidades de una sociedad entera. (Y abrace en todos los casos, todas las causas). Lo que interesa es poder analizar cuáles son los intereses que juegan detrás de la presentación de un proyecto y a qué grupos de la sociedad responde. La ley de quiebras, y sus modificaciones, es un ejemplo bastante sugestivo: desde su sanción ha sido defendida y reclamada tanto por estudios de abogados de los grandes poderes económicos concentrados de la Argentina, como por organismos financieros internacionales.
En contraposición, por estos meses, y sentando un antecedente en la discusión sobre este marco legal, el Congreso analiza proyectos para reformular esa ley sobre la base de un legítimo reclamo de los sectores trabajadores de la Argentina, que hasta ahora habían sido literalmente corridos del debate. Por lo menos en este aspecto, la opinión de los obreros logró tener representación parlamentaria. Demoró 15 años en llegar.
Fuente: Por Jesica Farías y Alejandro Giuffrida en http://sur.elargentino.com
El 2010 se cierra con la ley aprobada
Desde el Bauen, consideramos que es muy saludable el tratamiento de esta modificación a la actual Ley de Quiebras. Si bien no prosperaron anteriores experiencias, ésta viene del Ejecutivo, pero además de la mano de alguien que tiene una mirada diferente en el desenvolvimiento del desarrollo de las fábricas recuperadas, como es Luis Caro (presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas).
Particularmente, nosotros creemos que el 2010 se cierra con la ley aprobada. Es importante recordar que muchas de las modificaciones que están presentes en este proyecto que se está impulsando, las empresas recuperadas ya ponían en práctica sin tener un marco legal concreto, a veces con mucha precariedad.
La modificación a la ley que fue promulgada en 1995 por Cavallo y el innombrable va a evitar que se cierren empresas, no sólo porque puede haber una actitud dañina por parte del empresariado, sino que muchas veces hay empresarios que ponen un capital y les va mal, y entonces somos los trabajadores los que estamos para dar una mano y evitar que se cierre la unidad productiva.
Al fin y al cabo el objetivo es ése: lograr que las empresas no cierren. Con las modificaciones se va a lograr una articulación entre la Justicia, el Gobierno, los trabajadores y el empresariado.
En ese sentido, festejamos las modificaciones promovidas y celebramos también que instituciones como la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo o federaciones como la nuestra, sean partícipes de estos cambios.
Fuente: Marcelo Roarte en http://sur.elargentino.com
Con la aprobación estaríamos mejor
La Ley de Quiebras abarca muchas realidades empresariales. Lo que nos interesa a la Cnct y otras federaciones es, puntualmente, la recuperación de las fábricas en mano de los trabajadores. Creemos que con la aprobación de las modificaciones estaríamos en una mejor situación.
Las reformas que se pretenden aprobar y que están en discusión tienen dos aspectos muy importantes: en primer lugar, considera a los trabajadores en la etapa concursal con derechos que, normalmente, no se les da. Hoy por hoy, en esa etapa y en la de quiebra, los trabajadores no tienen derecho a nada, más allá de que hagan o no una cooperativa. En cambio, con la modificación serían partícipes en las dos.
El otro aspecto interesante es que considera que la acreencia laboral que el trabajador tiene dentro de la empresa sirva para adquirir los bienes que se encuentren dentro del inmueble. Además, los convierte en acreedores al concurso. Lo que se ha dado en todos los casos –las 200 ó 300 fábricas recuperadas existentes– es que los créditos laborales no sirven para nada. Hubo sólo un caso en que un juez consideró que las acreencias laborales valían para la compra.
Entendemos que una quiebra es una puja entre acreedores, empresarios y trabajadores. El cierre de una empresa perjudica a todos esos actores y al propio Estado, por lo tanto, introducir las reformas a la ley que fue aprobada en la época de Cavallo como ministro de Economía y que responde a los requerimientos del FMI, asistirá a los que más sufren cuando las máquinas dejan de funcionar: favorecerá a los trabajadores.
Fuente: Por Diego Sancha en http://sur.elargentino.com
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