sábado, 18 de diciembre de 2010

Opinión:


Cómo hacer presente al Estado.

La posición adoptada por el macrismo, fue el regreso brutal de eso que nunca se fue del escenario político: la lucha de clases.
 
No está el Estado, dicen. Para la rancia derecha, el Estado sólo es la policía y sus fuerzas de seguridad. Si se reprime, se desaloja, se allana, se prueba solucionar a los tiros los conflictos sociales más angustiantes, el Estado está. Los derechos humanos, sólo para los niños por nacer, en obvia alusión a los prejuicios y preocupaciones eclesiásticas.
El Liniers, en junio pasado, Macri ya había anunciado cómo debía hacerse presente el Estado en la ciudad. Una madrugada, sin ángeles, bajo un frío descomunal, el alcalde envió a la Metropolitana a tener su bautismo de fuego. La fuerza debutó con los feriantes que venden barato a la salida de la estación del ex ferrocarril Sarmiento, sobre Rivadavia. Hubo presos, lastimados, embarazadas golpeadas, puesteros en la ruina por los metropolicías que les quitaron sus mercaderías para vender. Pero muertos no.
A la Metropolitana le faltaba un estreno. Si una fuerza del orden no provoca sangre, por acción u omisión, no vale. Macri le habla a un segmento cautivo del electorado porteño, que ronda el 30 por ciento, y que encuentra en las villas el tacho donde mandar a guardar sus miedos, el laboratorio de sus fracasos. Esos porteños “bien”, habitué de los restó palermitanos, votantes de las opciones más fashion, odian al villero, y trasnochan viendo Policías en acción, gozando como un voyeaur en vacaciones con el show de la violencia made in miseria.
Existe un jueguito aún más siniestro: el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La bipolaridad de su regente sí es muy grave. Los chicos y chicas PRO que han capturado para sí las estructuras del Estado capitalino, se burlan permanentemente del segmento poblacional más frágil de la ciudad. Mientras Macri, a la salida de su tercera luna de miel, ofrece ligeramente títulos de propiedad a los habitantes de las villas, y anuncia al mismo instante que adelantará las elecciones si no le votan el presupuesto (un presupuesto que después no ejecuta, imperdonablemente, especialmente el destinado a educación, vivienda y políticas sociales), su flamante policía primero deja hacer en el Parque Indoamericano, y después reprime. Montenegro: el más macho de los machos.
¿Se acuerdan cuando en enero de 2008 las Madres tomaron la Catedral para presionar al flamante Gobierno PRO, porque el síndico Macri retenía los fondos girados por el Estado nacional a Buenos Aires, y que financiaban los proyectos de construcción de viviendas que ellas gestionaban en Villa Soldati y Ciudad Oculta? El Estado como un mero administrador de los recursos públicos; otro mito Pro.
Al tiempo que se quiere reelegir en la Ciudad, Macri critica la permisividad de la normativa migratoria en vigencia. El ingenieri quisiera una Ley de Residencia, que devolviera a sus países de origen a los pobladores indeseables, no ya por portadores de una ideología foránea (como fue en 1902), sino por no portar nada, y sólo cargar con su pobreza a cuestas. La carencia, su cruz. Para apagar el fuego que provoca su política de continuo abandono, el fan de Queen tira a las brasas el solvente de su discurso xenófobo. Resultado: los pobres se cascotean entre ellos mientras la tele transmite los partidos. Los matones, en su salsa. Empezó Boca; Crónica anuncia el nuevo muerto en el entretiempo.
¿Y qué dice la izquierda? Se excita porque falta poco para el 20 de diciembre, y en 2011, que ya comienza, se cumplirán diez años de aquella rebelión popular. Elucubra, entonces, que si Macri no quiere dar respuesta al problema de las villas, entonces hay que tirarlo abajo todo, también lo que están haciendo las Madres. “Basta para mí, basta para todos”, parece ser la ecuación sobre la cual estructura sus mezquinas especulaciones políticas la izquierda. Criticar lo que no se hace, y criticar más si se hace por fuera de sus ceñidas organizaciones. Cuanto peor, mejor. Ferreyra, los Qom, los muertos en Soldati: el combo represivo K. Qué triste es ver las bellas banderas rojas de hoces y martillos enredadas en los manejos de la derecha más hostil.
Qué paradójico: el 8 de septiembre de este año, la Presidenta Cristina había anunciado un anteproyecto de ley sobre planificación territorial, tendiente a fijar políticas para incentivar el desarrollo de comunidades en su lugar de origen. Vivía Néstor Kirchner todavía. Un verdadero plan de progreso endógeno, integral, equilibrado, para que la gente que deambula tras la zanahoria del trabajo mejor remunerado ya no tuviera que dejar su comunidad de origen, su estar en el mundo, sus referencias sociales y culturales, para encontrarlo.
Para los medios, sin embargo, eso no es noticia. Un nuevo plan estatal que busque solucionar problemas medulares de la estructura social del país, no vende. Ni trabaja la parte más reaccionaria del argentino medio, condición indispensable para volver inviable cualquier proyecto de transformación. Se trata de un toma y daca con los intendentes; caja con los gobernadores; clientelismo ruin, sugestionaron.
Lo que pasó en Soldati, lo que pasa en Lugano, la intención desestabilizadora que opera por detrás; la posición adoptada por el macrismo, que viró del desprecio a los sectores más vulnerables a la vulgar xenofobia; la discusión subyacente sobre el rol del Estado, regresaron de manera brutal eso que nunca se fue del escenario político, también en el de la ciudad cenicienta del país: la lucha de clases. Pocas veces apareció tan nítida la disputa de estos años: el proyecto del gobierno central y el otro del macrismo, expresión a su vez de aquella confrontación de clases: un gobierno para los más excluidos, frente a otro cuyos interlocutores privilegiados son los poderosos de antaño. Entre un pobre y un pobre-pobre, la derecha que Macri sintetiza optará por el que esté más arriba en la pirámide social. Un poquito al menos. Así será siempre.
Hace siete años que el gobierno enuncia otro modo de entender el conflicto social. Venía cabalgando sobre la rebelión que empezó antes de 2001, pero que en aquel 20 de diciembre alcanzó su punto de hervor. El kirchnerismo configura un proyecto político, social y cultural, cambiante y dinámico, en disputa y tensión, pero que intenta superar histórica y dialécticamente ese esquema perverso que organizó el paradigma vigente por las clases pudientes. Y que venía imponiéndose. Las muertes y enfrentamientos en la zona sur de la capital son un intento desesperado por retrasarlo todo una década.

Fuente: Demetrio Iramain en Diario Tiempo Argentino de la edición del 14 de diciembre del 2010.

La verdadera punta del ovillo.

Lo del Parque Indoamericano pone sobre la mesa que, en los tres años de Macri, la ciudad retrocedió en materia de partidas sociales y de ejecución de esas partidas. Especialmente en la zona sur. Tanto en vivienda como en salud y educación.
El censo en el Parque Indoamericano servirá para detectar con bastante precisión cuánto hay de factor político y cuánto de necesidades sociales. Sin perjuicio de lo que surja de esa casuística, hay dos elementos concluyentes. El primero es que la magnitud de este conflicto se debe a que hay muertos y que se trataron de asesinatos –presumiblemente de balas policiales– destinados a crear un clima de miedo funcional a una derecha política argentina que necesita generar miedo y odio para poder instalar un discurso de cara a las elecciones de 2011. En ese sentido, Mauricio Macri decidió ser la cara visible de un intento tenebroso. Basta recordar que hace un año el jefe de gobierno puso en Educación a Abel Posse para irradiar una ideología autoritaria. Aquel fue un intento propagandístico en boca de un diplomático escritor tilingo que podía entusiasmar a ciertos lectores de La Nación. Esta vez, se ató al carro que le ofrecieron el legislador Christian Ritondo, un porteño plebeyo de la zona sur devenido nuevo rico, habitante del exclusivo country Nordelta en el partido de Tigre. Ritondo tiene las mismas prácticas clientelares de muchos punteros del Conurbano y abreva en el duhaldismo. Su intención, claramente, es que Macri juegue sus fichas para el adelantamiento electoral –si es posible a fines de abril– con la casi certeza de que el PRO tiene chances de imponerse sobre cualquier candidato del Frente para la Victoria, en un escenario de gran atomización de la oposición al macrismo. Hay que subrayarlo, en la Ciudad de Buenos Aires hay tanto dinero que muchos peronistas que dicen estar alineados con el gobierno de Cristina Kirchner dialogaron –y dialogan– con la pata peronista del PRO, porque eso les permite formar parte de algunos negocios de contratos y licitaciones. Si la oposición pudiera poner –de conjunto y sin hipocresías– la lupa sobre la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires podría comprobar lo que dicen quienes ahí mismo trabajan: los temas grandes no llegan allí sino que se acuerdan en los cafés cercanos a la Legislatura.
Lo que perdura en la ciudad es el célebre “sistema”, ideado por célebres peronistas porteños que acompañaron a Carlos Grosso durante su gestión. Dirigentes como Eduardo Vacca o Miguel Ángel Toma habían conformado una manera de compartir cuotas de poder, no sólo con otros dirigentes políticos, sino con empresas proveedoras y con instituciones de mucho peso en Buenos Aires. Concretamente, con el Episcopado y con los mandos de la Policía Federal, que entre sí tienen vínculos estrechos. La Constitución porteña lleva 16 años y su letra no logra traspasar los muros de intereses oscuros que siguen siendo factores de decisión claves.
Dos ejemplos claros es que la puesta en marcha de las comunas se haya retrasado y la descentralización se postergue y, en segundo lugar, que la creación de la Policía Metropolitana resulte el peor de los engendros: se suman las ambiciones procesistas de Macri a los despechos de ex policías de la Federal peleados con la actual conducción de esa fuerza. Si hubo un toque de atención con los crímenes alevosos de la semana pasada fue que la orden de la jueza María Cristina Azar incluyó la represión de la Federal, que cargó con la parte más fiera de la cacería dentro de la Villa 20. Desde que Néstor Kirchner echó –literalmente– a Gustavo Béliz en 2004, la orden fue sistemáticamente que los agentes federales deben ir a las protestas sociales con chaleco naranja y sin armas. Aquí llevaron pistolas y escopetas. Estas últimas no sólo con cartuchos de disuasión –goma– sino de plomo. Los usaron contra villeros desarmados. Una barbaridad que cobró –el martes pasado– las vidas de Bernardo Salgueiro y Rosemarie Cupeña. Esto tuvo un trasfondo de fuerte desafío a la autoridad de la presidenta de la Nación y de allí que Nilda Garré tomará mañana el control de las fuerzas de seguridad. Una señal importante fue que, hasta tanto asuma, el gobierno nacional desplegó fuerzas de Gendarmería y Prefectura que, desde ya, evitan el conflicto en vez de hacer ratoneras mortales.
 
Una ciudad complicada.

Si Garré avanza en una reforma profunda de la Policía Federal deberá contar con muchísimo respaldo para evitar pasos en falso. Un proceso de cambio lleva tiempos muchísimo más largos que las expectativas de un año electoral, y no debe haber ninguna tentación de confundir unos y otros. Sí se puede poner autoridad clara a través de colaborar con la justicia para esclarecer cómo fue la toma de decisiones de la represión del martes pasado y también en la determinación de la cadena de responsabilidades con las muertes, si es que las hubo. Pero también, además de lo sucedido en el Parque Indoamericano, un gran desafío para el nuevo Ministerio de Seguridad será el de establecer cuáles son los conductos de financiamiento ilegal y de compromisos con jueces, políticos, fiscales, empresarios del espectáculo, la noche, el deporte y también con altos dignatarios religiosos. Se trata de una trama compleja y que no es ajena a la corrupción estructural que existe en muchísimas instituciones. Los pasos en falso se pagan caro. La indecisión política también. En ese camino estrecho se movió, por ejemplo, León Arslanian en la Bonaerense y cuando llegó Daniel Scioli se ocupó de borrar con el codo todo lo que Arslanian había escrito con la mano. La gran ventaja es que Garré va a contar con todo el apoyo de la presidenta.
Pero los temas de seguridad no son ajenos a las políticas sociales. Y lo del Parque Indoamericano pone sobre la mesa que en los tres años de Macri la ciudad retrocedió en materia de partidas sociales y de ejecución de esas partidas. Especialmente en la zona sur. Tanto en vivienda como en salud y educación. En el primer caso, se menciona mucho que el Instituto para la Vivienda liberó este año menos del 20% de lo votado por la Legislatura. Y debe remarcarse que el aumento de población en las villas no sólo es por la llegada de inmigrantes de países vecinos sino por la cantidad de inquilinatos cerrados, edificios ocupados que fueron violentamente desa-lojados o fin de los hoteles como solución habitacional transitoria. La genialidad del macrismo consiste en dar unos pesos a cambio de evitar mandar la policía o las patotas que funcionan en el Ministerio de Espacio Público (Unidad de Control) o de Desarrollo Económico (la Unidad de Gestión e Intervención Social) y que están pensadas como auxiliares del clientelismo y la expulsión social.
El nuevo elemento que agregaron Macri y Ritondo es el de los falsos vecinos, a través de bandas armadas, cuyos antecedentes se remontan a los grupos de la Liga Patriótica, y sueñan en convertirse en comandos de la Triple A. Pero, para eso, necesitan mucho amparo estatal. El punto es que uno de los desafíos de cara al posible adelantamiento electoral es neutralizar el eficaz discurso antivillero y discriminador del PRO. Para eso, las caras más visibles del kirchnerismo en la ciudad –Daniel Filmus y Carlos Tomada– deberían tomar la iniciativa de salir juntos a convocar por un gran cambio en Buenos Aires.
Villas, narcos y negocios inmobiliarios.

Una Argentina que crece tiene en la Ciudad de Buenos Aires los mismos problemas con algunos nuevos. Es decir, desde hace 60 años, en las villas vive gente que es “dueña” de su casa sin título de propiedad. Es decir, hay unos 300 mil habitantes que no están inscriptos en el Registro de Propiedad. En las villas, la Dirección de Catastro nunca hizo la demarcación que hace en el resto de los barrios. No se trata de “barrios de emergencia” sino de gente que vive allí. Algunos hace dos y tres generaciones. Con el boom inmobiliario, el PRO quiere ganar simpatías entre los vecinos que ellos creen correctos y echar a los que para ellos son de segunda categoría. Para quien tiene una casita en Soldati, Mataderos, Patricios o Lugano, la idea de que no haya villeros cerca es la ilusión de que su vivienda valdrá más. Pero no es sólo eso: quienes trabajan en las villas saben que hay algunos intereses vinculados a la droga. Concretamente, las redes de distribución de paco, cocaína y otras drogas invierten en construcción en las villas y tienen allí algunas personas que les son útiles. También los tienen en barrios elegantes, desde ya. Y con complicidades en juzgados, fiscalías, partidos políticos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, en Buenos Aires se trata de un problema de baja intensidad criminal. Y que no tuvo ninguna incidencia en lo sucedido en Soldati. Lo que no puede negarse es que las problemáticas de seguridad en la ciudad van de la mano de políticas sociales.

Fuente: Por Eduardo Anguita en Diario Tiempo Argentino de la edición del 14 de diciembre del 2010.

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