Todas las políticas públicas de características neoliberales, apoyadas y sustentadas ideológicamente por autores como Popper, Hajek, Friedman o Fukuyama entre tantos otros, sobreviven a pesar de la crisis del sistema comercial global, una crisis financiera y especulativa de fines del 2007 que afectó mayormente a los países centrales, los más desarrollados que, aún así, con su prepotencia y su fundamentalismo económica y político, continuaron insistiendo en políticas de desregulación, de flexibilización laboral y ajustes. Son políticas que sobreviven a pesar de que, en esta actualidad de crisis global, pero también de cambios y de ciertas oportunidades, es posible obtener importantes lecciones sobre las medidas y las políticas económicas a aplicar, incluso en estos períodos de crisis, contrastando con la experiencia de nuestros propios países, es decir, los periféricos que, desde fines del siglo XX en adelante, empezaron a aplicar políticas económicas heterodoxas que, en varios casos, derivaron en regímenes políticos más radicales, de cambios y transformaciones alternativas, como en Bolivia, Ecuador, Venezuela y, en menor medida, Argentina. (1)
Entonces, si tenemos en cuenta el desempeño económico de cada uno de estos países desde fines del siglo XX en adelante, incluido su desempeño durante la crisis global que se hizo sentir a partir del 2008, en relación a las tres décadas previas de globalización financiera, es decir, desde los años ’70, pasando por la década perdida de los ’80 hasta los ’90 de dominio neoliberal, la lección más importante al respecto es el nuevo rol determinante de las políticas públicas macroeconómicas impulsadas desde gobiernos que buscan construir regímenes políticos alternativos para enfrentar, de la mejor manera, el desafío del crecimiento y del desarrollo con inclusión social manteniendo, por ejemplo, la estabilidad financiera a través del superávit fiscal, financiero, un tipo de cambio de equilibrio desarrollista y la acumulación de reservas del Banco Central con las que se financian estos nuevos procesos de inclusión social, de crecimiento y de expansión de la producción de bienes y servicios nacionales.
Así, las múltiples políticas públicas características del nuevo modelo inclusivo, nacional y popular, en relación a la cuestión macroeconómica son las siguientes: primero, un sistema cambiario de flotación administrada porque éste combina la flexibilidad del tipo de cambio con las intervenciones discrecionales de la autoridad monetaria en el mismo mercado cambiario. En segundo lugar, la acumulación de una considerable cantidad de reservas internacionales por parte del Banco Central porque, en fin, son esas mismas reservas las que le dan vialidad al régimen político a través de la confianza de los inversores, públicos y privados, por lo que, a su vez, en cierto modo, financian el crecimiento y el desarrollo por lo menos en una primera etapa, bastante duradera en el tiempo, de transición a regímenes políticos mucho más radicales. En ese contexto de acumulación de reservas, es necesario superávit fiscal y de balanza de pagos. Por otro lado, es necesaria una política monetaria que sea activa y que se vea facilitada por la esterilización de las intervenciones oficiales en el mercado cambiario y la inexistencia de dominancia fiscal. Finalmente, el régimen político, siempre en relación a las políticas macroeconómicas básicas, es decir, que financien y den sustento político y económico a los cambios políticos, necesita plantear, defender y preservar un tipo de cambio de equilibrio desarrollista que, entre otras tantas funciones, tiene que evitar la fuerte apreciación de nuestra moneda local para defender los bienes, los productos y servicios nacionales en relación a la competencia venida desde el exterior.
Por ejemplo, cuando hablamos de las retenciones, de los subsidios, de aranceles o derechos de exportación (…) es necesario que todos los actores sociales y políticos involucrados reflexionen sobre este y otros tantos temas en los que subsiste mucha confusión porque si en realidad, en el tema de las retenciones al campo, en el caso de Argentina, o derechos de exportación y otros tributos o impuestos a los múltiples productos ligados a las materias primas, donde nuestros países tienen ventajas comparativas, se piensan solo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, en realidad, estamos confundiendo los tantos porque lo que está en juego es, nada más y nada menos, que la estructura política, productiva y el desarrollo y crecimiento económico de nuestros pueblos. Por eso, es muy difícil llegar a un acuerdo mientras el problema se discuta en términos de distribución del ingreso. Porque, si el objetivo de las retenciones, de los derechos de aduana o de aranceles fuera simplemente aumentar la recaudación del sector público, entonces, los sectores económicos y productivos gravados por esos mismos impuestos o aranceles, podrían razonablemente preguntarse porque gravar solo su sector y, en todo caso, porque no por otros medios, por ejemplo, a través de un impuesto a las ganancias o a la tierra libre de mejoras. Lo mismo sucede si cada uno de estos instrumentos fiscales, en el caso de Argentina y concretamente en el sector agroindustrial, se piensan solo para desacoplar los precios internos de los alimentos que consume la población de los precios internacionales, manejados a través de los múltiples intercambios en el sistema comercial global, porque el mismo objetivo podría alcanzarse con los subsidios. En resumen, las retenciones, y cada uno de estos impuestos o gravámenes, para ese fin concreto perfectamente podrían ser suplantados por otros instrumentos. Sin embargo, para el único fin para el que estos impuestos son insustituibles es para establecer tipos de cambio diferenciales, que es lo realmente importante en relación a la competitividad de toda la producción nacional e interna que se encuentra sujeta a la competencia de los bienes y servicios internacionales.
Así, es necesario entender porqué es fundamental la rentabilidad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional para que, en definitiva, seamos capaces de construir, a través de un proyecto político nacional, soberano y popular, un régimen político de defensa de los intereses de las mayorías, es decir, de los trabajadores como clase de trabajadores. Es fundamental esa rentabilidad por la simple razón que toda la cadena agro industrial y de la producción de materias primas en general, genera, a lo más, un tercio del empleo al interior de nuestros países por lo que, en fin, es un sistema económico y productivo inviable porque deja fuera de los beneficios del régimen a dos tercios de nuestra población. Además, ya no es necesario plantear ningún argumento para tener, más o menos claro, que el desarrollo de un país se estructura en base a la tecnología y la ciencia que agregan valor a nuestros productos, bienes y servicios. Sin embargo, para poner en marcha este modelo de crecimiento y desarrollo, es indispensable una estructura productiva nacional diversificada en la producción de bienes que, a su vez, sea lo bastante compleja, tecnológicamente hablando, para agregar valor tanto a nuestra producción primaria como a nuestras manufacturas que son portadoras de los conocimientos de frontera. Desde esta perspectiva, las retenciones y de los diversos aranceles o derechos de exportaciones, son un instrumento de política económica para proteger nuestra producción nacional respecto de los bienes y servicios de los países centrales, tecnológicamente superiores, y para equilibrar los precios de nuestras materias primas, mucho más baratas, respecto al de las manufacturas industriales con costos muy superiores precisamente por las anomias características de nuestras industrias nacionales. En Europa se da el mismo proceso pero a la inversa, es decir, como las manufacturas industriales son relativamente más baratas que los productos agropecuarios, los países de Europa terminan protegiendo su producción agropecuaria a través de subsidios porque, en caso contrario, desaparecería la actividad rural bajo el impacto de las importaciones de nuestros países con materias primas mucho más baratas y competitivas que las de los propios países europeos. Esta situación es inadmisible porque impide conseguir la seguridad alimentaria y el equilibrio social que deviene de esa soberanía.
En resumen, todos los países usan, de una o de otra manera, un arsenal de instrumentos económicos y fiscales como aranceles, subsidios, tipos de cambio diferenciales, para manejar y controlar el posible impacto de los precios internacionales sobre las realidades internas de cada uno de nuestros países con el expreso objetivo de defender los intereses nacionales. Eso no lo dicen los neoliberales a pesar de que, en fin, la causa de la diferencia entre los precios relativos internos y los precios internacionales en el seno de los intercambios globales, radica en razones propias de cada realidad nacional. Entre ellas, por ejemplo, están los recursos naturales, el nivel tecnológico, la productividad o organización de los mercados. En Argentina inciden, entre otros factores, la excepcional dotación de recursos naturales y los factores que históricamente condicionaron el desarrollo del agro y la industria. En ese contexto, los tipos de cambio diferenciales reflejan las condiciones de rentabilidad de la producción primaria y de las manufacturas industriales. La brecha entre ambas, es decir, las retenciones, los aranceles o subsidios, no son estrictamente impuestos sobre la producción primaria, sino que son, en primera y última instancia, una herramienta de política económica que busca un desarrollo más armónico de nuestras estructuras productivas para así generar trabajo para todos.
En el caso hipotético de que quisiéramos unificar el tipo de cambio para eliminar cada uno de estos impuestos, en nuestro ejemplo concreto, si el tipo de cambio fuera el mismo para la producción primaria como para los bienes industriales, es decir, tanto para la soja, el trigo, la carne como para la maquinaria agrícola, desaparecerían la producción de bienes industriales y gran parte de esa misma industria manufacturera que, con un dólar muy apreciado como en los años ‘90, sería sustituida por las importaciones que así son más baratas y de mejor calidad. En ese caso, las consecuencias son el desempleo masivo, el aumento de las importaciones, déficit en el comercio internacional, aumento inicial de la deuda externa y, finalmente, el colapso del sistema tal y como sucedió en el menemato y en la monarquía delarruista. En el caso de un dólar muy depreciado se produce, por el contrario, una extraordinaria transferencia de ingresos a la producción primaria, el aumento de los precios internos y el desborde inflacionario. En principio, en este caso, podrían elegirse caminos alternativos como absorber, vía impuestos, las ganancias excedentes de la producción primaria para, con esos recursos, compensar a la industria manufacturera y subsidiar el consumo de alimentos. Sin embargo, en la práctica, esta variante económica es bastante utópica por su misma complejidad y así, en la actualidad, las retenciones y los diversos impuestos a los sectores primarios de nuestros países, son la forma más práctica de resolver el problema de las asimetrías de los precios relativos internos y externos. En otras palabras, dada nuestra estructura productiva desequilibrada, es inviable unificar el tipo de cambio para toda la producción nacional sujeta a la competencia del sistema comercial global. El camino pasa porque el pleno desarrollo y crecimiento de nuestros países paulatinamente vaya eliminando los actuales desequilibrios y transformando la formación de los precios relativos, lo cual, permitiría unificar el tipo de cambio, eliminar esos impuestos y emplear otras herramientas para tener bajo control las señales que transmite el sistema comercial globalizado.
Así, el sistema comercial de intercambio global de bienes, servicios y productos, permite que nuestros países ocupen determinado lugar en la división global del trabajo a partir de cierta estructura productiva que se caracteriza, en primer lugar, por nuestra dependencia estructural en relación a las estructuras de poder globales. Por un lado, estamos todos nosotros, los países periféricos, que vendemos alimentos y productos que están ligados a las materias primas, también los hay quienes venden computadoras, zapatos, software, los que comercian con diversas manufacturas y bienes, mucho más elaborados que los nuestros, con teléfonos y automóviles. Este tipo de intercambio de productos se hace entre distintos países y, en tanto cada uno de éstos tiene su propio régimen político nacional, se realiza entre países con distintas monedas. Ahí entra en acción el tipo de cambio que constituye, en definitiva, la relación de valor que existe entre las más diversas monedas nacionales y que puede tener la forma comercial de peso- dólar, yen- euro, euro- pero, etc. En estas otras circunstancias históricas, para que dos tipos de regímenes políticos comercien, es decir, que intercambien bienes y servicios, tienen que tener ciertas capacidades y una estructura productiva más o menos similares y homogéneas. Sin embargo, cuando esa homogeneidad no existe, por ejemplo, entre el sistema de producción y los bienes y manufacturas de Argentina o Chile, Brasil (…) en relación a países más desarrollados como Alemania, entra en juego el tipo de cambio de equilibrio desarrollista que, en este caso concreto de intercambio, defiende la producción nacional con respecto a los bienes alemanes. Por eso, la industria necesita de un tipo de cambio más alto que el sector de materias primas para ser competitiva, es decir, costos en dólares que sean más bajos mientras que nuestra producción de materias primas, por sus ventajas comparativas en el sistema comercial global en relación a los países centrales, con un tipo de cambio más cercano a la paridad del uno a uno respecto al dólar, puede perfectamente competir a nivel internacional. Los derechos sobre las exportaciones, las retenciones, los impuestos o subsidios, así funcionan como un mecanismo para diferenciar los tipos de cambios, o sea, con un tipo de cambio alto, los costos de nuestros productos y actividades bajan, pero, si yo no aplico estos impuestos al sector de las materias primas vendería esa producción, que incluye los alimentos, en dólares y así su producción, que es central para la soberanía alimentaria, para la alimentación de los trabajadores, se encarece considerablemente y los salarios reales de todos tenderían a la baja, ante el mayor costo de la alimentación básica para la vida, en beneficio de los dueños del capital.
Surgen dos cuestiones centrales. Por un lado, el tipo de cambio que maximice la competitividad de toda la producción nacional sujeta a la competencia internacional, es decir, a las importaciones de determinados bienes y productos venidos desde el exterior. En otras palabras, la aplicación del tipo de cambio de equilibrio desarrollista para proteger nuestros propios bienes de la competencia externa. Por la otra, El planteo de los tipos de cambio diferenciales, expresado en la aplicación de un tipo de cambio de equilibrio desarrollista que se sustenta en retenciones e impuestos a nuestra producción primaria, en los nuevos términos acá planteados, es decir, en los términos de defensa y desarrollo de nuestra estructura productiva nacional. En todo caso hay que tener en cuenta que, por la misma lógica de los costos en el capitalismo, de esta manera no se elimina la puja distributiva del ingreso entre los diversos sectores productivos, el campo, la energía, la minería y las materias primas por un lado y, por el otro, la industria y las manufacturas y entre los actores políticos y sociales que se expresan a través de las variables del capital y la fuerza de trabajo. De todas maneras, siempre en términos de transición, por lo menos permite que esa doble puja, la lucha por la distribución de los ingresos, se encuadre en el marco del desarrollo y del crecimiento nacional y así pueda decididamente influir en el pleno desarrollo de todos y cada uno de los potenciales de nuestros países, en un mejor tipo de gobernabilidad, en la libertad de maniobra de una realidad siempre inestable, en la inclusión social a través de la generación de trabajo de mejor calidad, factores todos que, en fin, son más que esenciales para la prosperidad del campo, de la industria, de las regiones, para el capital, la inversión, el ahorro, el consumo interno y el trabajo. En resumen, solo de esta manera se resuelve la puja distributiva de manera progresista, a favor de los trabajadores porque, a su vez, esta manera es más consistente con el desarrollo y la estabilidad desde la perspectiva de un gobierno y un régimen nacional, popular y soberano, es decir, defensor del interés nacional.
La racionalidad de estas políticas públicas, del nuevo marco teórico y práctico, de políticas macroeconómicas definidas a partir de un nuevo modelo nacional, popular e inclusivo, a nivel global, quedó demostrado desde el momento mismo de su aplicación, es decir, desde fines del siglo XX y principios del siguiente, en el período previo al comienzo de la crisis financiera global, producto de la especulación de los grandes actores y agentes globales, y más aún durante todas las diversas fases de esa misma crisis porque, en definitiva, todos los países que habían adoptados estas nuevas políticas economías de inclusión y de desarrollo social y político, adoptando para ello otra configuración macroeconómica, fueron mucho menos golpeados por los efectos financieros de la crisis y así disfrutaron de mayores grados de libertad para aplicar políticas anticíclicas que redundaron en torno de la defensa del trabajo y del consumo interno. Del otro lado, las economías más desarrolladas, las del centro del poder global, expresado en la lógica de los intercambios de bienes y productos internacionales a través del sistema comercial global, mantuvieron una inserción financiera internacional enmarcada por las políticas macroeconómicas neoliberales, de reducción del gasto del sector público, de ajustes y enfriamiento de la economía, tal como en su momento lo planteó la oposición, que los llevó a sufrir las peores consecuencias de la crisis como el desempleo masivo, la caída del consumo, del ahorro, la inversión (…)
En la crisis del 2008 ninguno de nuestros países, como tampoco los centrales, estuvieron libres de los efectos recesivos a través de la contracción del comercio internacional, sin embargo, los datos evidenciaron claramente una resistencia nueva frente a las consecuencias de la crisis por parte de los países periféricos. En otras palabras, el conducto de los intercambios comerciales globales fue el principal mecanismo de transmisión de los efectos recesivos de la crisis en nuestros países mientras que el conducto financiero y especulativo jugó un rol secundario. Más allá del impacto, relativamente breve, del colapso que siguió a la quiebra de Lehman Brothers, en nuestros países existió un claro desacople de los efectos del contagio financiero de la crisis. Antes bien, los efectos recesivos de la contracción en el comercio, una vez más, son específicos de cada país y dependen de la lógica de nuestro sistema de producción, de nuestra tecnología, recursos y de la inserción comercial particular e histórica de cada uno en el sistema comercial global. Dado los distintos impactos recesivos a través del conducto de los intercambios comerciales, la resistencia a la crisis estuvo vinculada, de manera directa, a las políticas macroeconómicas implementadas en los años previos. Esas políticas fueron el factor determinante para desacoplarse del contagio financiero y especulativo y de la posibilidad de implementar ciertas políticas anticíclicas que defendieron el trabajo y la producción de bienes y de servicios nacionales.
El hecho de que en los países desarrollados la crisis tuviera impactos más evidentes simplemente nos muestras que, en fin, una política económica encarada desde la perspectiva del trabajo, del consumo y de la producción nacional, la inclusión, el desarrollo y la lucha por una mejor distribución de las riquezas, del ingreso y la consecuente búsqueda de igualdad, es muy superior, mucho más racional, que las políticas que defienden los teóricos de la ortodoxia económica neoliberal. Para ellos, resulta una herejía que un gobierno apueste al mercado, al consumo y el ahorro interno, que aplique retenciones a determinados productos de exportación para, de esa manera, reactivar y equilibrar otras actividades productivas y hasta use la maquinaria del régimen político para incentivar la demanda agregada. No es extraña esta aptitud porque ellos son los grandes defensores del automatismo de los mercados, son los nostálgicos de la libre competencia, que otra vez erraron en sus predicciones y en sus evaluaciones. Entonces, a diferencia de la década de los años ’90, en pleno dominio del neoliberalismo más extremo, el crecimiento económico deviene de una mejora en la calidad de vida de los trabajadores que no solo significa trabajo sino que, además, significa acceso a la salud, a la educación, a pensiones y jubilaciones después de toda una vida de grandes y de tremendos sacrificios.
Ahora, los cambios en la matriz de las políticas macroeconómicas de nuestros regímenes políticos están vinculados a una transformación en el régimen cambiario que, una vez más, se apoya en un tipo de cambio de equilibrio desarrollista. En segundo lugar, junto con el movimiento a una mayor flexibilidad cambiaria, el otro cambio relevante en el proceso de globalización financiera, fue la reversión del sentido de los flujos netos de capitales, que comenzaron a moverse desde los países en desarrollo a las economías más avanzadas. Muchos de los países que inicialmente se habían insertado en el sistema como receptores de capitales para financiar sus propios déficits en cuenta corriente, déficits fiscales (…) después, con el modelo nacional y popular, lograron generar superávits gemelos, o sea, de la balanza de pagos internacionales y fiscal, aumentando así las reservas de los respectivos bancos centrales. En el contexto macroeconómico, el superávit en la cuenta corriente y de la balanza de pagos, sumado a la acumulación de reservas internacionales, mejoraron considerablemente el desempeño de nuestros países periféricos no sólo reduciendo las primas de riesgo ante una crisis sino también impulsando el crecimiento y el desarrollo económico a partir de la preservación de niveles competitivos de tipo de cambio real. Por el contrario, son los sectores neoliberales los que aún retratan y expresan didácticamente un modelo de país que sigue siendo injusto, que está ajustado, achicado en sus pretensiones, dependiente y sometido económica y políticamente hablando como ya lo sufrimos en un pasado no tan remoto.
En consecuencia, no es solo una cuestión de coyuntura política sino de disputa y control del poder en democracia porque estamos defendiendo los intereses de los trabajadores que son muy distintos, contrapuestos incluso, de los intereses de clase privilegiada. La patria de los dominantes, expresada de manera feroz a través de una oposición antológica frente a los regímenes populares, simplemente es la renta. Sin eufemismos ni intermediarios. En la otra vereda estamos todos nosotros, las organizaciones y los movimientos sociales representativos de los intereses de los trabajadores que buscan, bajo nuevos parámetros, un régimen político más igualitario, mucho más libre, más inclusivo y soberano. No es un tema menor porque hace solo unos años el domicilio del poder político estaba en el Fondo Monetario Internacional, en el monopolio mediático y en los sectores más concentrados, monopólicos y oligopólicos, de la economía afectando precisamente la gobernabilidad de nuestros pueblos, entonces, ahí está el hecho maldito de la democracia. Es por eso que la oposición política, representantes de los sectores económicos más concentrados, se quedan sin sustancia, es decir, sin política, sin el arte de la resistencia mientras los sectores populares, representados en el peronismo más consecuente, con sus múltiples matices, sus variaciones en el tiempo y diferencias en su interior, constituye en Argentina la fuerza de representación políticas de los sectores del pueblo que batallan a favor de la igualdad social.
Esta pretensión de lucha y de movilización a favor de la igualdad, es la característica inmutable del peronismo a lo largo de su historia política que, al definirlo de esa manera, lo distingue de cualquier otro partido o proyecto político. Es cierto que en los ’90, bajo el influjo del neoliberalismo, se produjo un profundo y dañino viraje ideológico pero esto también pasó con otros movimientos y fuerzas políticas populares del mundo, basta ver, en la actualidad, las posturas políticas e ideológicas del socialismo chileno que derivó en una socialdemocracia, cobarde, timorata, ineficiente y corrupta o el europeo que termina ajustando contra los trabajadores. Sin embargo, el viraje ideológico del peronismo, encarado desde arriba en los ’90, nunca caló en la mayor parte de los militantes que, después de la pesadilla neoliberal, vuelven a encarar la realidad a través de una conducción del régimen político que nos identifica nuevamente con nuestras históricas banderas de inclusión y de respeto por los intereses y las necesidades nacionales y populares.
Finalmente, los opositores, aún no son capaces de entender que los proyectos políticos posibles y duraderos, en el contexto de la democracia y de una nueva calidad institucional, de la gobernabilidad, no son los proyectos mesiánicos, sino que son proyectos que se sostienen en sectores sociales en constante progreso, es decir, de los sectores populares. Así como el modelo nacional y popular hunde sus raíces en importantes franjas de trabajadores, de profesionales, estudiantes, mineros, obreros o artistas populares, está claro que los múltiples sectores de la oposición, unidos por el espanto que les produce el avance del pueblo, naufragan sobre el vacío social y político. No deja de ser un progreso el hecho que, desde ahora, la democracia avanzó a tal punto que logra fotografiar fielmente su propia disyuntiva, a saber, la defensa de un modelo nacional y popular o de una oposición política conservadora y arrendataria del poder económico concentrado.
Notas:
(1) Para entender el proceso de formación histórica de las estructuras de nuestros países como países y naciones sometidas, en primer lugar, tenemos que diferenciar los conceptos de Estado y el de régimen político. Así, el régimen político está formado por todas las instituciones y las organizaciones públicas y privadas que se constituyen por clases, fracciones y sectores de estas clases representantes de los intereses y las verdades de esos grupos de poder alineados detrás de una élite dispuesta en un orden jerárquico desde donde se formulan decisiones que comprometen, de una u otra forma, a toda la población que habita determinado territorio. Son parte del régimen político todos los actores y agentes políticos y sociales, la burocracia, el gobierno, las entidades públicas o privadas, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones y actores sociales y de base que, dentro o fuera del gobierno, inciden o intentan hacerlo sobre la solución de los problemas sociales como los sindicatos, las asociaciones civiles, locales, comunitarias, de base, los partidos políticos, las entidades empresarias, los diversos gobiernos y sus orientaciones políticas que también forman parte de las estructuras del Estado. No hay un tipo de organización colectiva de intereses y de defensa de ciertos valores que pueda plantearse por fuera de éste. Entonces, el régimen político es toda manifestación política e institucional del Estado, de los diversos actores que actúan en la lucha de clases y que intentan o toman decisiones frente a determinadas temáticas que son percibidas como socialmente de importancia para la gobernabilidad y el mantenimiento del consenso al interior de la sociedad. Es, finalmente, la expresión más concreta del Estado, o sea, a través del régimen político podemos ver al Estado en movimiento, accionando y reaccionando.
Finalmente, el régimen político puede entrar en conflicto con la lógica del Estado en tanto este último es el garante, en última instancia, de la acumulación capitalista (véase por ejemplo el plan de salvamento del gobierno norteamericano en relación con la banca de su país tras la crisis financiera del 2008) y el régimen político puede minar este objetivo a través de determinadas políticas que busquen consolidar otro régimen de acumulación. Piénsese, por ejemplo, en los procesos de cambios y de transformaciones en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela que, a través del régimen, nacional y popular, intentan construir un modelo de sociedad que supere el mismo Estado capitalista.Referencias bibliográficas:
Repetto Saieg, Alfredo Armando: “Más allá de la crisis y la utopía neoliberal”. 1º edición, Buenos Aires, Argentina: el autor, Marzo del 2010, 160 p.; 15x22 cm.
Giles, Jorge: “El domicilio del poder político: De la rural a la Rosada” en Miradas al Sur de la edición del 1º de Agosto del 2010.
Galand, Pablo: “Un crecimiento a contramano de los agoreros” en Miradas al Sur de la edición del 1º de Agosto del 2010.
Heyn, Iván: “Retener dólares es agrandar el país” en Miradas al Sur de la edición del 1º de Agosto del 2010.
Abal Medina, Juan Manuel: “Nacional y popular” en revista veinte y tres de la edición del 22 de julio del 2010.
En Revista Argentina Económica de la edición del 1º de Agosto del 2010:
Frenklel, Roberto: “Nuevos fundamentos de las políticas macroeconómicas en los países en desarrollo”.
Ferrer, Aldo: “Las retenciones: ¿Qué son y para qué sirven?”
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